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Los mitos de la II República: la reforma,la represión y el anarcosindicalismo español

 

Los mitos de la II República

La historia de la II República nos presenta un nuevo capítulo en el conflicto entre el Estado, por un lado, y grandes sectores del pueblo español y el movimiento anarcosindicalista, por el otro. Como ocurre con todo lo relacionado con la rebelión de los de abajo, los historiadores han creado muchos mitos y siguen repitiendo refrito el cliché del anarquismo irreflexivo y violento1.  En cuanto a la República existe el mito de que el anarquismo radical y violento atacó el nuevo régimen desde el primer momento. La realidad es bien distinta: la República llegó en abril de 1931 y votaron miles y miles de obreros, gente del movimiento libertario, y sobre todo de la CNT a los candidatos republicanos porque querían un cambio político.

Sabemos que la CNT estaba dividida sobre la cuestión de cómo interpretar el nuevo contexto  político pero el caso es que en 1930-1931 tanto radicales como moderados defendieron el voto pro republicano. Solo una pequeña minoría de anarquistas “puristas” estuvo en contra de la República desde el primer momento, pero pocos les hicieron caso.

 

Sin embargo, en poco tiempo se produjo un gran cambio en la postura anarcosindicalista. Muy importante, en este sentido, fue una oleada de huelgas de la CNT en el verano del 31, lo que fue un “verano caliente”, que interrumpió la luna de miel republicana y que culminó con huelgas generales en las ciudades más importantes, como Barcelona y Sevilla. No eran huelgas revolucionarias, eran huelgas para recuperar las condiciones laborales y los salarios que habían sido erosionados en los años anteriores debido al pistolerismo patronal de los años 1919-23 y a la Dictadura de Primo de Rivera. Desde el poder, los republicanos y los socialistas interpretaron las huelgas como desmanes, como ataques contra la paz democrática y, por tanto, se produjo una nueva represión, una represión democrática. Y por eso gana terreno la idea de que la República no era mejor que la monarquía.

Esta interpretación de la radicalización anarcosindicalista choca con los mitos propagados acerca del anarquismo violento y tampoco encaja con la visión de la mayoría de los historiadores, sobre todo los historiadores autoproclamados “objetivos”, siempre dispuestos a denunciar lo que llaman la “historia militante”. Los historiadores “objetivos” demuestran el nivel de hipocresía que existe

entre los del gremio: muchos historiadores ocultan su partidismo o su perspectiva pero siempre tienen uno, la cuestión es si lo esconden bien o no. Además muchos de los supuestos historiadores “objetivos” escriben su pro-verepia versión de la “historia militante”, que consiste de la defensa “militante” de la democracia liberal o, en algunos casos, del neoliberalismo de la FAES2.

 

Mi enfoque aquí cuestiona los mitos sobre la República, o sea, la visión de la República como la Edad de Oro del liberalismo español en el siglo XX o, como dijo un republicano catalán, el ‘paraíso perdido’3. Se han forjado muchos mitos en torno a la capacidad democrática de la República y, sobre todo, del ‘bieno reformista’ (1931-1933), los primeros dos años de la República cuando republicanos y socialistas formaban el gobierno. En gran parte estos mitos tienen su origen con los historiadores liberales y social-demócratas, que han dominado el discurso histórico en las universidades españolas en los últimos 40 años y que analizan la República a través del prisma del largo invierno de la represión franquista. Tampoco se pueden olvidar los mitos que existen en corno a las democracias en general. Como ha observado Sidney Tarrow, un especialista

norteamericano en los movimientos sociales, los ‘sistemas liberales pueden ser ferozmente iliberales cuando se enfrentan con aquellos que no comparten los valores del liberalismo.’4 Tal fue el caso de la Segunda República española, o sea, tal fue el caso sobre todo de la República y la izquierda.

 

Así, la ortodoxia historiográfica presenta a la República como un sistema esencialmente benigno y a sus políticos como personajes bienintencionados, atacados por anarquistas sangrientos por un lado, y una derecha cavernícola por el otro. Hay que recordar que este panorama tiene mucho que ver con el contexto de la Transición de los años setenta, cuando una nueva generación de  historiadores españoles surgió con el miedo de la amenaza de la violencia de ETA o de los militares golpistas, presentaban a la santa alianza democrática. Muchos de estos historiadores extrapolaron el contexto de los años 70 y su visión de una democracia sitiada a sus estudios de los años 30, y de manera natural concedieron a los anarquistas el papel de ETA, o sea el malo de la película.

 

Esta tesis se sostiene sólo por ignorar lo que era un claro déficit democrático del sistema  republicano, un déficit muy ligado al deseo del primer Gobierno republicano, o sea el mismo gobierno del sagrado ‘bienio reformista’, de crear una ‘República del orden’. Y como veremos a continuación, las nuevas autoridades, al igual que las monárquicas, emplearon la represión por encima de la reforma para neutralizar la protesta y, en fin, para consolidar el nuevo régimen.

No quiero insinuar que los monárquicos y los republicanos fuesen el mismo animal político pero sí es indiscutible que existieron continuidades importantes entre las prácticas y las mentalidades de los políticos monárquicos y las de los republicanos. Esto no es de sorprender cuando recordamos que hubo importantes trásfugas de las filas monárquicas al republicanismo, como, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que formaron parte del gobierno bajo el Rey y después ocuparon cargos importantes bajo la República. Por otro lado, después de hacer su ‘revolución’, los políticos republicanos no tardaron nada en intentar parar el tren. Pero el problema principal para los republicanos era que el tren del cambio ya tenía bastante velocidad. Y debido a las luchas contra la Dictadura y la Monarquía en los meses anteriores, así como las nuevas libertades, las autoridades se toparon con una CNT resurgente, sobre todo en las ciudades rojinegras como Valencia, Zaragoza y, principalmente, Barcelona, donde, en los primeros meses de la República, cerca de la mitad de la clase obrera barcelonesa se encontraba en las filas de la CNT. A finales del 31, la CNT tenía casi un millón de afiliados.

 

Reforma, represión y anarcosindicalismo

Desde el poder, los republicanos y sus aliados socialistas se sintieron obligados a frenar el  anarcosindicalismo de masas y eligieron la reforma –y, cada vez más, la represión- para controlar el ritmo de cambio. En fin, su proyecto no era más que una nueva aspiración para controlar a la sociedad civil desde arriba. Hay un antes y un después en el discurso republicano. Antes de llegar al poder, los republicanos hablaban de compensar lo que veían como la debilidad de la ley bajo la monarquía, cuando los políticos no respetaban las libertades civiles -no es de extrañar el alto número de abogados en filas republicanas, mientras para los socialistas la reforma era la clave del progreso social. Naturalmente la promesa de un futuro mejor fomentó muchas expectativas populares: con la llegada de la República, en muchos pueblos los obreros rurales aparentemente brindaron a los republicanos con el grito: “¡Vivan los hombres que nos traen la ley!”

En el poder, muchas veces las reformas republicanas eran un arma de doble filo. Con eso quiero decir que superficialmente, tenían un aspecto progresista, pero el contenido dejaba ver otras finalidades. Tomemos como ejemplo la reforma del sistema educativo: en un sentido formó parte de la lucha contra una iglesia obscurantista, una lucha por la cultura, pero la reforma educativa fue también un intento de fabricar ciudadanos nuevos, un intento de crear la ‘nación republicana’ como ya había pasado con la República francesa. En fin, fue un intento de crear nuevos vínculos entre el pueblo y el Estado, o sea, una forma de control social más extendida. Este proyecto fue muy importante para cambiar la percepción popular del Estado dado que el Estado monarquíco, sobre todo a partir de la crisis revolucionaria de 1917, no tenía muchos mecanismos ideológicos para reproducirse y se basaba cada vez más en la represión.

 

Otro ejemplo de la reforma como arma de doble filo es la reforma más famosa de estos años: la  Ley de Reforma Agraria. Para muchos, esta reforma es la reforma estrella de la República y encarna el compromiso de los republicanos y los socialistas de hacer justicia social. Pero iba más allá. Primero, constituía parte de un proyecto anti-crisis para fomentar la actividad capitalista. De forma más amplia, la reforma agraria era una pieza clave en la construcción de un capitalismo de consumo. Se trataba de una medida para estimular el consumo agrario –que había sido muy bajo con el modelo de capitalismo de subsistencia basado en los latifundios- y, por extensión, fomentar

el capitalismo urbano. En el ámbito político, la finalidad de la reforma agraria era crear campesinos felices, un sector que así podría servir como apoyo social para el nuevo estado republicano. Sin embargo, no les salió bien la jugada: como es bien sabido, la reforma agraria fracasó y de hecho su fracaso lo podemos tomar como la reafirmación de muchos de los argumentos de los  revolucionarios. Si consideramos las leyes más abiertamente represoras, están primero las leyes laborales de Francisco Largo Caballero, el ministro de Trabajo socialista y secretario de la UGT. Aparentemente sus leyes ofrecían protección legal a los sindicatos, algo que no existía con la monarquía, pero eran leyes muy sectarias y la protección legal no llegaba a los sindicatos anarcosindicalistas, dado que criminalizaron las prácticas de acción directa, de manera efectiva, colocando a la CNT fuera de la ley. Se trataron abiertamente de un nuevo intento a desarmar el anarcosindicalismo desde el poder. Luego están las nuevas leyes extraordinarias, como la Ley de Defensa de la República (octubre de 1931), basada en la Ley de Defensa de la Democracia Alemana de 1922. Como apuntó Manuel Azaña, cuando era Presidente del Gobierno, era una ley  fundamental para consolidar la República. La clave de esta ley era su aspecto preventivo: no estaba diseñada para reprimir una amenaza real sino, según Azaña, ‘para evitar que el peligro nazca’.5 Por ejemplo, restringía la libertad de expresión de la prensa radical –sobre todo la anarcosindicalista bajo el pretexto que podría incitar “ataques” contra la República.

 

En la práctica la Ley de Defensa era muy arbitraria y dio al traste con las libertades constitucionales. Reflejaba la obsesión del gobierno con la ‘subversión’ y era una ley muy elástica: servía para cerrar sindicatos considerados ‘antirrepublicanos’. También restringió el derecho de asociación: se prohibían los mítines sin previo aviso a la policía como reuniones clandestinas. En la esfera sindical, la Ley de Defensa reforzó las leyes laborales de Largo Caballero, prohibiendo aquellas huelgas inspiradas en la acción directa o por motivos ‘políticos’. Esta ley permitía tratar como ataques contra la República actividades como la formación de piquetes o cualquier encontronazo con la policía. Es una buena muestra de la mentalidad legalista de muchos de los abogados republicanos: lo que hace esta ley es legalizar algunas de las medidas inconstitucionales –restricciones sobre el derecho de asociación, por ejemplo- como las que los republicanos habían criticado durante la monarquía, medidas que, con la República, llegaron a ser legales.

 

En 1933, en pleno ‘bienio reformista’, la Ley de Defensa de la República fue sustituida por la Ley de Orden Público, redactada por Anguera de Sojo, un jurista republicano que luego pasó a la derecha autoritaria. La nueva ley era más draconiana aún: a modo de ejemplo, legalizó las redadas policiales. Luego, bajo el pretexto de un supuesto complot contra la República o durante una época de subversión –términos siempre muy imprecisos- era posible suspender la Constitución e imponer la ley marcial. Lógicamente, la Ley de Defensa y después la de Orden Público fueron utilizadas ampliamente para contener las protestas de la CNT, como las huelgas de inquilinos o las huelgas salvajes. Quizás el uso más notorio de la ley de Defensa ocurrió con el intento de decapitar el movimiento libertario de febrero de 1932, cuando deportaron a unos cien militantes anarquistas, incluyendo Durruti y los hermanos Ascaso, a Africa.6 Otra ley preventiva que iba contra los anarquistas era la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, aprobada también durante el mitificado ‘bienio reformista’. La nueva ley se justificaba como una medida contra parásitos antisociales, ‘gente peligrosa’ entre comillas o sea chulos, camellos y pequeños delincuentes, aunque como veremos, las víctimas de la ley eran bien distintas. Esta ley también muestra que los políticos republicanos eran, ante todo, hombres de orden. El objetivo de la ley no era el procesamiento

de actos criminales, ya de por sí castigados bajo el código penal, sino la represión de aquellos individuos cuyo ‘estado de peligrosidad’ constituía una amenaza para la República y, por eso, fueron destinados a nuevos campos de concentración.

 

Es interesante destacar que el arquitecto de esta ley preventiva era Luis Jiménez de Asúa, el reconocido jurista socialista y asimismo arquitecto de la Constitución de 1931. En lo que constituye una buena muestra del dicho “lo que se da con una mano se quita con la otra”, la Ley de Vagos denegaba de forma selectiva los derechos prometidos en la magna carta democrática republicana. Pese Frana condenar los campos de concentración de la Alemania Nazi, los socialistas y los republicanos no tenían escrúpulos en establecer sus propios campos para la ‘gente peligrosa’.

7 Y había un consenso muy amplio a favor de esta ley en las filas republicanas. Por ejemplo, la Esquerra Republicana de Catalunya, el ala izquierda del republicanismo de los años 30, consideró la nueva ley como ‘una de las más exitosas que había salido de las Cortes republicanas’.8 La Ley de Vagos nos muestra la voluntad del gobierno para reprimir a los sin trabajo y crear un clima de terror judicial entre los parados en una época de crisis económica.

 

Según el gobierno, era un mecanismo para separar a los ‘parados respetables’ de los ‘pobres  peligrosos’ que se vendían a los provocadores monárquicos o anarquistas. Pero en la práctica, la Ley de Vagos era sumamente peligrosa para todos los humildes. Cualquier obrero que no tuviese trabajo fijo podía ser detenido por tener aspecto ‘sospechoso’. Con un sarcasmo marcado, se aplicó la Ley de Vagos en varias ocasiones contra obreros que recorrían talleres en busca de trabajo. Se aplicó también de manera muy arbitraria: se produjeron, por ejemplo, detenciones de obreros durante su día libre.

 

Por último, la Ley de Vagos se aplicaba mucho contra los rebeldes sociales, por ejemplo contra los exiliados antifascistas italianos, alemanes y argentinos que se encontraban en España de manera clandestina. También en esta categoría se puede incluir a muchos militantes cenetistas, los que pegaban carteles, los que distribuían volantes, los que organizaban a los parados o los que recaudaban las cuotas sindicales. Durante una campaña propagandística por Andalucía, un grupo de anarquistas fue detenido por ‘vagabundeo’, entre ellos Durruti y Frana cisco Ascaso, pese a tener trabajo en una fábrica textil y encontrarse de permiso por asuntos sindicales con el consentimiento de sus patronos.

 

Conclusión

Es interesante destacar la clara diferencia que existe entre el discurso y la práctica del  republicanismo en la oposición, cuando es más progresista, incluso radical, y el republicanismo en el poder, que persigue el sueño de las clases medias de un mundo ordenado. La obsesión conel orden fue evidente el mismo día del nacimiento del nuevo régimen, cuando Lluis Companys, un republicano de izquierdas y futuro Presidente de la Generalitat, habló de la necesidad de ‘disciplina’ dentro de lo que llamó la ‘República del orden’. Y ese orden iba completamente ligado a la represión, y claro, esa represión iba dirigida principalmente contra el movimiento libertario.

En el proyecto republicano, el ‘orden’ y la ‘reforma’ eran conceptos inseparables: sin estabilidad los políticos no lograrían consolidar la democracia ni llevar a cabo las reformas. Como dijo un republicano, ‘si la monarquía era el desorden, la República tiene que ser el orden’.10 De esta forma, los republicanos podrían determinar el ritmo del cambio desde arriba, mientras la clase obrera esperaría quieta la llegada de las reformas. Por ello, el Estado republicano no podía permitirse ser ‘un régimen de debilidades’ y reprimiría a aquellos que ‘intentasen perturbar el orden’ o acelerar el ritmo del cambio desde abajo.11

 

El sueño de una República reformista se convertió en una utopía, una utopía que chocó con la dura realidad económica y los conflictos ocasionados por la exclusión social y la crisis económica. Los republicanos se apostaron por la igualdad política, el sueño de los republicanos en el ámbito europeo desde el siglo XIX. De esta forma, optaron por ignorar la estructura de represión económica que había motivado tanta protesta en las décadas anteriores. Y no sólo dejaron intacta la estructura económica de la monarquía sino que también continuaron imponiendo la misma política económica liberal. Por ejemplo, el socialista Indalecio Prieto, el primer ministro de Hacienda  republicano, fue todo un precedente para la beautiful people y los socialistas del champán de los años 80 y, en el primer gobierno republicano, siguió obsesivamente una política dedicada a apaciguar a los financieros domésticos e internacionales, nivelando el presupuesto y liquidando las deudas contraídas antaño por los gobiernos monárquicos a pesar de las consecuencias nefastas para el nivel de vida de la clase obrera.

Con el paro había efectivamente dos opciones: reformas inmediatas o un subsiguiente conflicto entre los parados y las autoridades. Y la clase política optó por la represión para consolidar el nuevo estado, promulgando leyes draconianas en pleno ‘bieno reformista’. Estas leyes, la de la Defensa de la República, la de Orden Público y la de Vagos y Maleantes, supusieron un avance importante en el repertorio ‘normal’ del control estatal y marcaron un paso significativo

en el camino hacia un ‘estado de orden público’ autoritario. Así mantuvieron la Guardia civil, pese a que los republicanos estaban perfectamente informados del odio popular contra un cuerpo con tan mala fama. Hasta los sindicatos socialistas habían pedido la abolición de este polémico cuerpo. Además, el gobierno creó nuevos cuerpos, como la Guardia de Asalto, que se convirtió en las tropas de choque de la República, y otras fuerzas policiales más especializadas para perseguir a vagos y maleantes. En fin, todo era un intento desde el poder para elevar los costes de la protesta al incrementar las leyes represivas, militarizar el orden público y usar la represión de forma rutinaria. Por eso, mantengo que la represión y el orden siempre fueron por delante de la reforma, a pesar de lo que cuentan los que mantienen vivos los mitos de la Segunda República.

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