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En este blog se recogen artículos y monografías históricas de diversos autores, publicadas en otros medios; la autoría de todos ellos y la fuente es citada en cada artículo. Las fotografías que le acompañan son tomadas habitualmente del buscador de google, desconociendo si en algún caso pueden tener derechos de autor, si así fuera, pueden comunicarlo a cgtbilbao@cgt-lkn.org y serán retiradas de inmediato.

 

Pensiones Públicas, sostenibilidad del sistema, pobreza, reparto y solidaridad intergeneracional

 

Los sistemas públicos de pensiones

Los Sistemas de Seguridad Social, en su contexto histórico-social, representan un conjunto de medidas que adoptan los Estados para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas frente a diversos riesgos: enfermedades, accidentes, invalidez, vejez, subsidios de desempleo, pensiones, etc. Se engloban dentro de las denominadas políticas de gasto social.

Estas medidas protectoras fueron implantadas por parte de los Estados europeos, de forma más o  menos  universalizada1, entre la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial.

El Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentado ante la ONU en 1949, sintetiza lo que se pretende con estos sistemas de protección: “un anhelo de los pueblos trabajadores del mundo, de que no se repitan los sufrimientos anteriores a la guerra” .

 

Como plantea el catedrático de la UCLM… “La Seguridad Social no responde a una idea pietista de atender a los menesterosos, sino que es pieza esencial del Estado Social y Democrático de Derecho en que España se constituye (art. 1.1 de la Constitución) porque su fin no es otro que colocar a la ciudadanía al abrigo de la necesidad para hacer posible la igualdad en sentido material”. (Joaquín Aparicio Tobar, 2015). Los actuales modelos de prestaciones sociales, en lo referente a pensiones, siguen el modelo establecido en el Código de Lovaina, el cual fija tres niveles en las prestaciones:

  1. a) Básico: la accesibilidad del mismo se extiende a toda la población, con independencia de la contributividad realizada. Los Estados siguen el principio de solidaridad social.

b ) Profesional: sistemas de contributividad. Aportaciones de empresarios, trabajadores y trabajadoras. Esta contributividad2 da derecho a unas prestaciones.

c ) Libre: el que cada persona “puede crearse”, con independencia de si está cubierto por el segundo nivel.

 

Los modelos de prestaciones de Pensiones.

 El modelo USA y su área de influencia y el modelo U€ y su área de influencia. En el modelo USA y su área de influencia, el sistema de pensiones es un mecanismo de solidaridad. Los Estados sólo cubren los supuestos de necesidad, dejando en manos de la iniciativa privada todo lo demás3. El caso de Chile4 en América Latina, -con posterioridad otros países del área adoptan el mismo modelo- implantado en 1981, es paradigmático: se eliminan los sistemas públicos de prestaciones y se establece un sistema privado de capitalización y obligatorio.

 

El modelo Europeo se desenvuelve entre la libertad de mercado y la solidaridad. Una parte de Europa, terminada la guerra, adapta sus políticas sociales a los sistemas de protección que engloba el Estado Asistencial (pleno empleo, subsidios de desempleos, acceso a unos determinados niveles de consumo, educación, vivienda, seguridad social, asistencia sanitaria, etc.).

En ambos sistemas la tendencia es ir hacia una mayor potenciación de los sistemas de “libre elección”, bien de forma individual, bien a través de las empresas como los casos de Inglaterra, Suiza, Holanda, Irlanda, Dinamarca y Suecia.

 

El giro radical se produce en los sistemas de pensiones de los países del Este (Polonia, Hungría, República Checa y Bulgaria). Como en el caso chileno, el sistema de reparto ha sido sustituido por uno de capitalización obligatorio de gestión privada y basado en cuentas individuales de las personas trabajadoras. Italia, Portugal y Grecia mantienen el sistema universal neto. Están amenazados y las tensiones sociales, sobre todo en Italia, son consecuencia de las reformas del sistema universal hacia sistemas de planes de pensiones privados En el Estado Español conviven desde 19875, un sistema obligatorio público donde se encuentran comprendidos los dos niveles: básico y profesional, y un sistema “libre” o complementario, los denominados Fondos de Pensiones Privados6. En la actualidad, el debate sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones públicos, universales, solidarios y de reparto, se encuentra de manera interesada, manipulado, con la excusa de varios argumentos falsos y tramposos: la mayor tasa de sobrevivencia, el menor número de cotizantes y, en consecuencia, el menor ingreso en el segmento contributivo y, de manera descarada, el tema del déficit o equilibrio financiero al cual vienen sometidas las cuentas de la Seguridad Social desde el 20127.

“Las prestaciones (y entre ellas las pensiones), mientras no cambie la Constitución, son sostenibles porque lo tienen que ser, porque lo ha mandado el constituyente, que es “el jefe de todo esto”. (Joaquín Aparicio Tovar, 2015). Es decir, si creyéramos la lógica instituida (artcs. 50 y 41 de la CE),

debiéramos concordar que no existe ningún problema de sostenibilidad, sino que los Estados, gobierne quien gobierne y el legislativo que “decrete” en cada momento, simplemente debe obtener ingresos suficientes de sus ciudadanos y ciudadanas, para “garantizar la suficiencia de las pensiones en cada momento”, por medio de una utilización eficiente de sus ingentes recursos económicos.

Todos los diagnósticos pesimistas acerca del futuro de las pensiones públicas (su sostenibilidad), además de interesados, son tramposos, pues su argumentación viene determinada por una supuesta “objetividad económica” que en si misma ya lleva la inevitable solución…”el sistema está en crisis como consecuencia inevitable del sistema público de reparto…luego este debe ser sustituido por fórmulas de capitalización de las pensiones…”

Diagnósticos y análisis de expertólogos, los cuales en su mayoría trabajan para consultoras ligadas al capital financiero y al mundo del seguro. Criterios por otra parte, nada democráticos pues no solo carecen de legitimidad (no han sido elegidos o elegidas), sino que además no tienen vergüenza, al ningunear los principios constitucionales de “garantía y suficiencia de las pensiones, siempre y en todo momento”. El debate simplemente debe establecerse bajo esta premisa: las pensiones se pagan y punto y lo que la “sociedad” tiene que decir es qué parte del PIB (la riqueza que generamos entre todos y todas) se destina a cubrir las necesidades sociales a través de lo que en nuestro estado conocemos como Seguridad Social y en qué parte debe contribuir cada ciudadano/a en función de sus rentas a través del sistema tributario.

 

 La Unión Europea, el pacto de sostenibilidad y el gran asalto a los sistemas de reparto y solidaridad.

La UE en su Conferencia de Ámsterdam de Junio de 1997, define el déficit público como el problema central. La Europa de los quince -en esos momentos-, acuerda un “pacto de estabilidad” consistente en mantener una disciplina presupuestaria para siempre. El Déficit Público (la diferencia entre ingresos y gastos de los Estados) debe estar por debajo del 3% del PIB. En el caso del Estado Español la tasa de paro dobla la media europea y si, además, sumamos el envejecimiento de las poblaciones y el crecimiento de número de pensiones y en su cuantía, el problema social puede llegar a adoptar tensiones y conflictos de cierta envergadura, pues los Estados no pueden intervenir a través de políticas monetarias (devaluación de sus monedas, por ejemplo) y no tienen ninguna intención política de intervenir en las políticas de ingresos (aumento de la presión fiscal sobre los capitales, los beneficios, las rentas altas, las rentas financieras o/y establecer políticas radicales de lucha contra el fraude fiscal que está focalizado en las rentas altas).

Las consecuencias de las políticas monetaristas -enla zona europea la imposición del euro es su expresión y dimensiona las mismas- “obligan” a debilitar los sistemas de protección social (prestaciones de desempleo, educación, servicios públicos, pensiones, sistemas sanitarios, etc.), precarizar el mercado de trabajo, desregular los mercados de servicios (la energía y  telecomunicaciones, esencialmente) y privatizar los servicios públicos, con el fin de competir en esta economía globalizada.

La Ley 27/2011 fue la primera respuesta ante una situación de desempleo galopante, reducción de los ingresos del Sistema y déficit de las cuentas públicas. Esta ley no hace sino “profundizar en la lógica fundamentalmente contributiva del sistema y de diferenciación de sus fuentes de financiación”, encaminando al “sistema” de reparto y solidaridad, al campo de la capitalización individual.

Esta ley preveía que en 2027 se estudiaría la introducción de un Factor de Sostenibilidad entendido como un corrector automático de las prestaciones en función de la evolución de las finanzas del Sistema. El PP ni tan siquiera espera a esa fecha y por medio de la Ley 23/2013 ha regulado ya ese factor, que entrará en vigor en 2019, y además introdujo el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, el cual decreta que mientras los ingresos y gastos de la Seguridad

Social no estén en equilibrio, solamente serán “actualizadas” en un 0,25%.

Ley que vino precedida por la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria, que impone la exigencia del equilibrio o superávit presupuestario a la administración de la Seguridad Social, según lo mandado por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la U€, e impone la limitación del gasto en función del crecimiento del PIB.

La descapitalización de la Seguridad Social

El “gran desfalco” correspondiente al vaciamiento de recursos de nuestro sistema Público de Seguridad Social, que a diciembre 2016 han colocado a la Seguridad Social en un déficit nominal de 16.707 Millones de €, lo que equivale al 1,5% de todo el déficit del estado español, dependen de la voluntad política de quienes gobiernan, que explican la desposesión, el robo y el camino al  desmantelamiento de nuestro sistema Público de Pensiones:

En primer lugar nos encontramos que la gran destrucción de puestos de trabajo, las horas extraordinarias no pagadas y, en consecuencia, no declaradas8 y los contratos precarios, suponen una minoración de ingresos de 32.966 millones de euros.

El mercado de trabajo: el empleo nuevo que se genera, sus precios salariales9 por debajo de los 750€ y las cotizaciones de éstos, ha entrado en un campo lleno de minas, que hace crecer el ingreso respecto a los gastos, en tasas negativas. Es decir, se ingresa casi 2 puntos menos de lo que se gasta en prestaciones mensualmente. Las Tarifas Planas y las exenciones de cotización empresarial (exención de cotizar hasta los 500€), además de las bonificaciones al empleo, permite dejar de ingresar 1.500 Millones de €.

El empleo que termina, especialmente vía jubilaciones, al ser de personas con carreras laborales largas y cotizaciones medias altas, sus pensiones son más elevadas. La otra gran sangría es el mantenimiento de los topes máximos de cotización y las rentas salariales que se exoneran de cotizar, que asciende a la friolera de 26.775 Millones de €, es decir unos 7.000 millones de euros al año.

Y en el mismo sentido no reformador de todos los gobiernos, es la no equiparación de las bases medias de cotización entre el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y el Régimen General, que sustrae otros 7.000 Millones de €. Las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social han supuesto 21.106 millones de ahorro a las empresas a cambio de crear empleos precarios, inestables y baratos.

El recorte en la Ley de Dependencia, ha supuesto en cuatro años, desde que el PSOE “despidió” a cientos de miles de cuidadoras/es, la pérdida de 4.109 millones de euros en cotizaciones.

Es decir, el problema del déficit tiene su razón de ser en la caída de los ingresos del Sistema y no en un exceso de gastos, pues las pensiones han sido recortadas sistemáticamente10 desde 1985 y más que lo van a ser en el cálculo de su cuantía inicial cuando se aplique el factor de sostenibilidad a partir del 1 de enero de 2019.

Conclusiones

Concluyamos, entonces, que si todas las personas decentes estamos de acuerdo en las causas de los problemas:  desempleo, empleo de baja calidad, devaluación salarial, contratos precarios y temporales de muy corta duración, subvenciones directas a los empleadores y reducciones de sus cuotas contributivas, así como la no contribución de las rentas altas, y que éstas son el origen del “mal”, la solución parece fácil: reversión de la Reforma Laboral, terminar con los fraudes en la contratación, salarios suficientes y que el capital (todo el capital) contribuya en la parte correspondiente a sus ingresos al mantenimiento del sistema de Pensiones Público de la Seguridad Social, para cumplir con el mandato constitucional de que todas las personas en “la tercera edad, tengan pensiones suficientes y actualizadas”.

La financiación de la Seguridad Social por transferencias desde el Estado, esto es, por impuestos, no es nada novedoso, todo lo contrario, se encuentra en nuestra norma suprema (CE) y la propia Ley de la Seguridad Social en su artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dice que las prestaciones a las que llama contributivas se financiarán “básicamente” con cotizaciones sociales, pero no cierra la vía para la financiación por impuestos, que pueden ser finalistas para evitar un uso imprudente de la discrecionalidad por el legislativo.

Este debate, debemos arrancárselo a los “expertos” y serán todas las personas presentes (pensionistas, personas asalariadas, paradas, jóvenes), quienes tenemos que exigir que nuestras pensiones, las actuales y las de las siguientes generaciones, se deben pagar y punto. Es una cuestión de solidaridad y de modelo social, a la vez que estaremos peleando por un principio esencial de convivencia:la equidad social11.

 

Creer en un sistema racional dentro de los parámetros del capitalismo, entendido como respeto de unas reglas de juego que supuestamente garantizarían el “pacto entre la ciudadanía y el soberano (lo instituido), no dejaría de ser un “acto de fe” contrario a cualquier lógica de que otros modos de entender la vida buena y digna para todos y todas sean posibles.

 

Por el contrario, creemos simplemente en la voluntad y la buena conciencia de las personas, que entienden los modelos de sociabilidad, como modelos relacionales solidarios, donde siempre y en cualquier momento de la existencia humana, las necesidades serán cubiertas suficientemente y con calidad de buena vida y a nadie, absolutamente a nadie, se les deja tirados o tiradas a merced

del mercado.

LA SOLUCIÓN PARECE FÁCIL: REVERSIÓN DE LA

REFORMA LABORAL, TERMINAR CON LOS FRAUDES

EN LA CONTRATACIÓN, SALARIOS SUFICIENTES Y QUE

EL CAPITAL (TODO EL CAPITAL) CONTRIBUYA EN LA

PARTE CORRESPONDIENTE A SUS INGRESOS AL MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE PENSIONES PÚBLICO

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

 

NOTAS:

1 La universalización hay que entenderla en su aplicación, de forma muy desigual, pues parece un sarcasmo político hablar de sistemas de prestaciones universalizadas en las poblaciones de un continente entero como es África o el ejemplo paradigmático de los EE.UU. Ni siquiera en los diferentes estados del continente europeo, la universalización, no sólo no es homogénea, sino que es muy desigual.

2 Son los sistemas de cotizaciones en cualesquiera de sus regímenes. En el caso del estado español, el general, el autónomo y los especiales.

3 La reforma Obama (Obamacare), viene a corregir en una pequeña parte, la dependencia del seguro privado de su protección en la salud duranteel tiempo que trabajas y de su prestación de pensión cuando se produce alguna contingencia ( jubilación, invalidez, etc.), aún así, no dejan de ser gestionados la inmensa cantidad de fondos públicos que los estados federales inyectan al sistema, por parte de las aseguradoras privadas.

4 Con el gobierno de la socialista Bachelet, se ha revertido el sistema privado al público, encontrándonos con un “mix” bastante ingobernable.

5 Publicación de la Ley 8/87 de Planes y Fondos de Pensiones que permite los tres sistemas de capitalización: el individual, el asociado y el de empleo.

6 A finales del 2015, según la patronal INVERCO, los partícipes de Fondos de Pensiones privados, fundamentalmente del sistema individual, ascendían a 11,3 millones de personas.

7 Hay que situarla en el contexto de la reforma del art. 135 de la Constitución, hecha en septiembre de 2011, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera;

8 Según estudio de CC.OOO la no declaración de millones de horas extraordinarias equivale a 156.000 puestos de trabajo.

9 Según el INE se han perdido 54.443 millones en el reparto de la renta entre 2008 y 2013.

10 En la actualidad, más del 52% de los 8,5 millones de pensiones públicas se encuentran por debajo del SMI (707 €).

11 La equidad se entiende como la necesidad de tratar desigualmente a los desiguales para alcanzar actos justos. Es todo lo contrario que el principio en el que se sustentan los sistemas de capitalización: a cada uno según el esfuerzo que haya hecho en proporción a su capacidad de ahorro. Este principio antisocial y anti-solidario, es el que parece se quiere instaurar con la medida de alargamiento del período de cálculo (toda la vida laboral), más la aplicación del principio de contributividad y proporcionalidad y, hacer depender la pensión de los ingresos y gastos, sujetos a las regla del déficit y del crecimiento nominal de la economía,

por medio de la introducción de los dos factores de sostenibilidad: El índice de Revalorización (que entró en vigor desde el 2012) y el Factor de Sostenibilidad (entra en vigor en el 2019), es decir a cada uno según las aportaciones que haya hecho al sistema contributivo.

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