Las llamadas “zonas de sacrificio” son lugares en los que los gobiernos de EEUU y el soviético ruso los empleaban para realizar cualquier ejercicio con la energía nuclear. Los sitios quedaban inhabitables para siempre y se vaciaban de personas sacrificándose por un pretendido bien común. Hoy en día, hay zonas de sacrificio en todo el mundo. Zonas perdidas, remotas y desiertas anegadas de vertidos tóxicos. Hoy se multiplican de manera exponencial. Los residuos contaminan a sus vecinos habitantes. Y la vida humana no vale nada frente a la contaminación. Cualquier industria consigue políticos que a espaldas de la sociedad, sin control alguno, les permite contaminar. La amplia mayoría de la sociedad, la parte más débil, es víctima de la contaminación y sus nocividades. Cuando hay legislación controladora se hace a la carta por las industrias y sus cómplices políticos. Las leyes medioambientales son un auténtico teatro porque no afectan al bolsillo a corto plazo. Nos hemos habituado a las nocividades que son un hecho execrable que afecta no sólo a la salud pública.
El medio ambiente y los impactos en el mismo lo externalizan las instituciones en organismos que lo regulan, en el mejor de los casos, a medida de las industrias. Se intentan soslayar todas las regulaciones medioambientales que estabilizan as categorías de impacto ambiental. Estos organismos están en función de los intereses concretos de la parte minoritaria de la sociedad civil que es la patronal. Se precisa una administración de burocracia ágil y que no se sirva preferentemente a los operadores turísticos inmobiliarios ni a la industria. El modelo turístico low cost precisa un urbanismo estilo Benidorm altamente poco diversificado y muy exhaustivo. Se precisa un turismo sostenible en el litoral español. El turismo low cost depreda los recursos de suelo y agua. Pero son los interesados en contaminar los que determinan una regulación laxa para sus intereses. Todas las nocividades, impactos ambientales y problemas medioambientales se traducen en problemas de salud pública. Y sólo se moviliza la sociedad civil y se ejercen los propios derechos cuando el mal ya está hecho.
La información está controlada por lobbys manipuladores que hacen creer que todos son malos y fomentan la pasividad y la esquizofrenia de la desconfianza. No se sabe cual es la verdad y hay que desarrollar un espíritu crítico.
Cuando una compañía emite contaminantes a la atmósfera sin control, en la práctica se apropian del recurso común del aire. Las incineradoras de residuos tóxicos necesitan una moratoria de parón y una reconversión. Los poderes públicos miran a otro lado, son inanes o están trufados de conflictos de intereses y ha de ser la propia sociedad civil la que plantee alternativas. No todo lo que se emite a la atmósfera se mide legalmente y productos novedosos se libran del control. Cuando hay normativa se incumple y cuando no, se contamina sin ninguna pega. Las empresas influyen organizadamente con lobbys que tienen el poder de millones de votos sin concurrir a elecciones frente a los poderes públicos. Incluso las empresas que más contaminan se publicitan como verdes y exponen a sus trabajadores a venenos. La sociedad civil no sólo lo debe ser por un mejor consumo sino contar en determinar el modo de producción y el trabajo. La sociedad necesita una vertebración y un rearme moral y ético que haga de los sinvergüenzas y los pícaros una minoría. La lucha no puede ser solitaria sino colectiva para tener mayor recorrido social. Las soluciones individuales no son eficaces y éticamente son un paso atrás.
El tráfico rodado es un gran contaminante privado y la alternativa a los combustibles fósiles que son los automóviles eléctricos están tardando. Los poderes públicos tienen que mejorar los transportes públicos, el ferrocarril de cercanías, etc. El modelo del AVE tiene un diseño territorial en forma de estrella de las periferias al centro favoreciendo al centro frente a aquellas. La administración derrocha en infraestructuras que solo satisfacen algunos intereses privados empresariales.
En cuanto al modelo urbanístico, se produce la gentrificación de los cascos urbanos que se turistifican. Se precisa una mejora en la peatonalización y la mejora del transporte. En el litoral ha habido pelotazos urbanísticos a los que no acceden los servicios. El derecho a una vivienda digna es un derecho humano y no puede limitarse a tratarlo en términos económicos de especulación y la ley de la oferta y la demanda.
Por otro lado, el sobreembalaje aumenta los residuos de los productos y su gestión.
La verdad es que la sociedad tiene una gran capacidad de autoalienarse y se precisa una educación crítica. Se precisan organizaciones continuadas y ordenadas que vertebren a la sociedad civil y que participe en la toma de decisiones.
Cualquier vertido al medio ambiente se hace en territorios de pobres (vertidos de ordenadores a Ghana, explosiones atómicas en Polinesia, etc) La pobreza siempre es un comodín sobre el que se vierte cualquier cosa.
