La campaña #VidasSinRastro insta al Defensor del Pueblo a tomar cartas en el asunto.

Danilo Albin

El listado no deja de crecer. Muertes anónimas, muertes sin nombre. Muertes que no llegan a plasmarse en un funeral, porque hay cuerpos que se pierden en el mar. Desde 1998, año en el que se documentó el primer naufragio de una patera en las costas del sur de Europa, 12.208 personas perdieron la vida mientras procuraban llegar a España.

#VidasSinRastro es el nombre de la campaña que este martes han dado a conocer más de 100 organizaciones del ámbito de los derechos humanos y de apoyo a las personas migrantes. Según ha dado a conocer la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) –promotora de esta iniciativa– el objetivo es claro: evitar que esas muertes queden sumergidas en el olvido y la impunidad.

Entre las medidas que reclaman se encuentra la creación de “una oficina que asegure atención integral a las familias”, la firma de convenios con los países de origen de las personas migrantes “o un protocolo para el banco de ADN”. Sus peticiones llevan también impresa una denuncia: advierten así sobre “las numerosas trabas burocráticas y la falta de medidas efectivas que tienen que afrontar las familias de las miles de personas que cada año desaparecen o fallecen en la frontera sur”.

La campaña se ha conocido este martes coincidiendo con el Día de las Madres de México, una efeméride en la que tantas y tantas familias recuerdan y denuncian “la desaparición de sus hijos e hijas en las rutas migratorias que atraviesan este país”, una iniciativa que, según destaca la APDHA, “se está extendiendo a otros países como Túnez, Senegal y a otros países africanos”.

“Ese sufrimiento no es solo por no poder hacer el duelo, la incertidumbre de desconocer qué ha ocurrido, y también porque afecta a muchas cuestiones de la vida cotidiana como los derechos sucesorios o la posibilidad de rehacer la vida en el caso de personas casadas”, subraya.

#VidasSinRastro ya ha dado pie a una primera acción: las entidades firmantes –entre las que se encuentran defensores de derechos humanos y organizaciones antirracistas de distintos puntos del Estado– han elevado una queja al Defensor del Pueblo “para que se adopten los protocolos y mecanismos necesarios que aseguren el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas fallecidas, desaparecidas y sus familias”.

“Son muchas las personas que contactan con activistas y entidades para localizar a sus familiares, porque no existe un protocolo claro, con medidas reales y adaptadas a las situaciones que se producen en la frontera sur, señalaron los promotores de la campaña.

Critican además “la falta de transparencia por parte de la administración hace que las familias dependan de la buena voluntad del funcionariado para conocer el paradero de sus familiares que, en muchas ocasiones, se entierran con el nombre de ’desconocido’ o de ’inmigrante’, despojándoles así de toda dignidad”.
Pactos y acuerdos internacionales

De esta manera, las propuestas lanzadas este martes están basadas “en el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, derivados de los pactos y acuerdos internacionales”.

Entre ellos se encuentra precisamente “la creación de una oficina que asegure una atención integral en la denuncia, búsqueda, localización e identificación de personas fallecidas o establecer un protocolo específico de actuación para el banco de ADN, en coordinación y cooperación con los países de origen”.

“La ausencia de vías legales y seguras, los acuerdos de externalización y la progresiva militarización de las fronteras se traducen en una desprotección institucional”, afirmaron.

Migrantes en la frontera de Ceuta.