Ninguno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del 23 de julio ofrece ninguna solución a la creciente miseria social, particularmente entre los hogares de clase trabajadora y los jóvenes.

Según el diario digital El Salto, desde la crisis capitalista global de 2008 hasta 2022, se han llevado a cabo 784.556 desahucios en España, convirtiéndose en un problema crónico que afecta a miles de familias cada año.

Aunque el número de desahucios ha disminuido en los últimos dos años hasta situarse en torno a los 40.000 anuales, por debajo de los más de 90.000 que se produjeron en los primeros años tras la crisis de 2008, todo apunta a que esta cifra volverá a aumentar por la subida de los tipos de interés, el crecimiento desenfrenado de los alquileres y las hipotecas, el aumento de los precios y los aumentos salariales por debajo de la inflación impuestos por los sindicatos y el gobierno PSOE-Podemos sobre millones de trabajadores. En 2022, mientras que los alquileres aumentaron un 7,4 por ciento, los salarios promedio cayeron un 0,7 por ciento.

El gobierno PSOE-Podemos ha reaccionado ante este desastre social retirando todas las escasas medidas sobre vivienda que aprobó durante la pandemia de COVID-19. A partir de julio, ha eliminado la extensión de los contratos de alquiler que expiraban y que mantenían así su precio congelado, cuya aplicación se extendió de enero al 30 de junio. Después de que estalló la guerra en Ucrania el año pasado con los precios disparándose a continuación, el gobierno aprobó esta congelación de los alquileres en un momento en que muchos propietarios probablemente aumentarían sus precios.

El gobierno ha aprobado una nueva ley de vivienda que establece el límite de los aumentos de contratos en un máximo del 2 por ciento en 2023 y del 3 por ciento en 2024. Esto es un fraude. La ley de vivienda ni siquiera se está aplicando en la mayoría de las autonomías que tienen delegadas las competencias sobre vivienda. Después de las elecciones locales y autonómicas de mayo, la mayoría de las comunidades autonómicas están ahora gobernadas por el derechista Partido Popular y el neofascista Vox, opuestos a las míseras medidas incluidas en la Ley de Vivienda.

Incluso en aquellos casos en los que se apliquen estos incrementos marginales, sólo lo harán en los contratos de alquiler ya vigentes. Los precios de alquiler se pueden aumentar sin límite si se renuevan con nuevos contratos.

A finales de año, el gobierno también levantará la prohibición de desalojar a hogares vulnerables cuando no haya alternativa de vivienda.

Los aumentos en los precios del alquiler afectarán a los jóvenes y a las familias de clase trabajadora que se ven cada vez más obligadas a alquilar debido a la imposibilidad de comprar una vivienda por culpa de los bajos salarios, la inseguridad laboral y el endurecimiento de las condiciones para obtener una hipoteca. Según un informe del Banco de España, entre 2011 y 2021 el número de viviendas en alquiler ha crecido en 800.000 y el número de inquilinos en dos millones de personas.

En este último año, el 24,2 por ciento de los hogares viven en alquiler. De ellos, el 48,9 por ciento están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que el Banco de España atribuye a “unos precios elevados en relación con las rentas del trabajo.” Un poco más del 40 por ciento de la población se ve obligada a destinar más del 40 por ciento de su presupuesto familiar a la vivienda.

Analizando la situación de Madrid, la ciudad donde más crecieron en Europa los precios del alquiler en el mes de mayo, un 4,5%, Bloomberg señalaba que “hemos asistido a dos fenómenos: la turistificación y la gentrificación” y añadía que “Las familias tienen que competir con los fondos de inversión o los inversores extranjeros. La vivienda se sigue viendo como una inversión, no como un bien que tiene una función social”.

Los fondos de inversión controlan ya en España más de 500.000 viviendas mientras que el número de pisos turísticos no deja de aumentar y alcanza ya el 1,6% del total un número que es similar al de viviendas sociales destinadas al alquiler.

Para los trabajadores con hipotecas, la situación es igual de mala. Según el portal web Idealista, el principal portal inmobiliario español, el precio de la vivienda ha aumentado un 7,3 por ciento entre marzo de 2022 y marzo de 2023, mientras que las cuotas de las hipotecas se están encareciendo en promedio en más del 50 por ciento desde que el Banco Central Europeo comenzó a aumentar los tipos de interés.

La decisión de los partidos gobernantes PSOE y Podemos (que se presentará dentro de la marca Sumar para las elecciones del 23 de julio) de levantar sus insignificantes medidas de vivienda en medio de una crisis habitacional cada vez más profunda y unas elecciones anticipadas convocadas por ellos mismos, ayuda a allanar el camino hacia una victoria derechista del Partido Popular (PP) y del partido neofascista Vox.

En los últimos cuatro años, el gobierno PSOE-Podemos ha implementado ataques brutales contra la clase trabajadora. Sus recortes en pensiones elevaron la edad de jubilación a los 67 años, impuso aumentos salariales por debajo de la inflación a amplias capas de trabajadores y aprobó una reforma laboral que recortó las protecciones legales de los trabajadores en sus lugares de trabajo. También implementaron el mayor aumento del gasto militar en la historia de España, subiéndolo a más de 27 mil millones de euros por año.

La indiferencia del gobierno en funciones hacia la vida humana se expresa en su política de beneficios sobre vidas en la pandemia del COVID-19, que provocó más de 160,000 muertes en exceso y decenas de millones de infecciones.; y en el salvaje encarcelamiento y asesinato de migrantes, incluido el hecho de los treinta y siete migrantes que se ahogaran frente a las costas de las Islas Canarias el mes pasado.

El PSOE y Sumar no han llamado a elecciones para renovar el gobierno de coalición PSOE-Podemos, sino para entregar el poder a un gobierno de coalición PP-Vox de cara escalar la guerra en Ucrania y también la guerra en casa contra los trabajadores. Estas fuerzas están aterrorizadas por la creciente oposición que crece por su izquierda, ya que los trabajadores entran en constante confrontación con el gobierno, incluyendo huelgas de tripulaciones aéreas, pilotos, trabajadores del metal, funcionarios judiciales y otros.

Según datos recientes del Ministerio de Trabajo, entre enero y marzo las horas perdidas por huelgas sumaron 181.979, un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el número de huelgas creció a 239, un 28 por ciento más.

Es esta fuerza social la que debe movilizarse con los trabajadores en toda Europa e internacionalmente para poner fin al empeoramiento en la crisis de la vivienda. El actual sistema privado con fines de lucro debe ser reemplazado por un programa socialista bajo el cual la vivienda sea tratada como un derecho social básico. Ni un solo problema social importante puede ser resuelto mientras los recursos de la sociedad, creados por la clase trabajadora, estén controlados por una oligarquía corporativa. Un gobierno obrero redirigiría la enorme riqueza acumulada por los multimillonarios, promotores inmobiliarios y especuladores financieros, y los miles de millones que se gastan en el ejército y la guerra de Ucrania de la OTAN contra Rusia a la vivienda y otras necesidades sociales esenciales. Para hacer eso, colocaría a los bancos, las instituciones financieras y las industrias inmobiliarias bajo propiedad pública y control obrero.

(Publicado originalmente el 14 de julio de 223)