Haití, el país más vulnerable de América, está siendo golpeado por el covid-19 y al mismo tiempo, la población está afectada por los ciclones, la pobreza generalizada, un gobierno gangrenado por la corrupción y totalmente desacreditado. Las últimas palabras de Georges Floyd se han convertido en un grito de alarma en las redes sociales haitianas: “Ayiti paka respire”, Haití no puede respirar.
En los últimos días, las fechas y datos simbólicos han marcado a Haití. El 1 de junio, que señala el comienzo de la temporada de tifones y huracanes, una temporada que, a diferencia del año pasado, se anuncia como especialmente dura y difícil; el dólar estadounidense a cien gourdes (la moneda nacional), la mitad de lo que se necesitaba hace cinco años; los 3.000 casos confirmados de personas infectadas con covid-19, aunque el número real de infecciones es sin duda mucho mayor.
Haití fue uno de los últimos países de América Latina en ser afectado por el coronavirus. Pero aunque el virus llegó tarde, golpeó al país más vulnerable del continente en el peor momento posible. Casi el 60% de la población vive en la pobreza, el 40% de los haitianos está en situación de inseguridad alimentaria y unos 2,5 millones de personas, es decir, más del 20% de la población del país, viven en la capital, Puerto Príncipe, en un caos urbano en el que predominan los asentamientos precarios.
Falta de todo
La situación sanitaria es indicativa del estado del país. Hay una cama de hospital por cada 1.502 habitantes, un médico por cada 3.353 habitantes y un total de 124 camas de cuidados intensivos. Y las instituciones de salud – la gran mayoría de las cuales son privadas – carecen de todo: equipamiento, equipos de protección, medicamentos, acceso al agua y la electricidad, etc. En 2004, el presupuesto de salud, que representaba el 16,6% del gasto público, era superior a la tendencia regional. Pero cayó vertiginosamente para situarse en el 4,3% en 2017-2018. Esto representa 13 dólares por persona; 26 veces menos que la media regional.
Al mismo tiempo, la proporción de la financiación externa en el gasto total en salud ha sido duplicada. El resultado ha sido una transferencia: de una política pública hacia una privatización a través de las ONG. Y esta transferencia, lejos de ser un accidente, es la consecuencia de un reparto de los papeles y lugares que cada parte ocupa en una configuración neoliberal, entre el Estado haitiano, la “comunidad” internacional y las ONG.
El neoliberalismo y el autoritarismo han agravado el empobrecimiento
Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que combina la esperanza de vida, el nivel educativo y el producto interno bruto (PIB) per cápita, Haití ocupa el puesto 169 de 189 países en 2019; entre Sudán y Afganistán. Perdería todavía diez lugares más si el IDH se ajusta a las desigualdades. En realidad, el actual IDH de Haití es inferior al de 2007 (el más alto que conoció el país), y esta caída sintetiza el deterioro de las condiciones de vida del pueblo haitiano.
Desde la década de 1970, de generación en generación, la población ha ido creciendo y empobreciéndose, los recursos naturales se están agotando, la economía se está “descapitalizando” como se dice en Haití. La combinación de los choques neoliberales y las cristalizaciones autoritarias, bajo la presión o el mando internacional, aceleraron y agravaron este empobrecimiento. Desde el derrocamiento de la dictadura en 1986, pasando por el mantenimiento en el gobierno del actual presidente, Jovenel Moïse, o los trece años (2004-2017) de la misión de los cascos azules (Minustah), no hay ningún acontecimiento político importante en Haití que no haya sido objeto de un acuerdo con las instituciones internacionales y las grandes potencias, en primer lugar los Estados Unidos. Y eso continúa siendo así en las últimas semanas, con el préstamo de 111 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúa cada vez más como simple caja de resonancia de Washington y con el calendario electoral propuesto por el Presidente haitiano.
Frente a la corrupción, la liberalización y la privatización: una ola de movilizaciones sin precedentes
Pero el deterioro de las condiciones de vida se acentuó desde 2011, con la llegada al poder de Joseph Martelly, luego de su sucesor, Jovenel Moïse, en febrero de 2017. Con la inflación y la devaluación de la gourde, el precio de la canasta básica de alimentos aumentó un 20%. La corrupción, que es endémica, adquirió proporciones espectaculares, la liberalización -con su famoso eslogan “Haití está abierto a los negocios” (“Haïti is open for business”)- se intensificó aún más, la privatización de la administración pública fue total y la inseguridad creció de manera exponencial. El panorama sería aún más oscuro sin la luz de una ola de movilizaciones sin precedentes y a gran escala que sacudió al país en 2018-2019.
Gangrenado por la corrupción y el autoritarismo, el gobierno de Jovenel Moïse logró poner al país casi unánimemente en su contra. El movimiento anticorrupción de la juventud urbana precarizada, los Petrochallengers[1], estimulado por las luchas feministas, se unió a la masa de hombres y mujeres trabajadores pobres, y a los restos de una clase media, a menudo intelectual, asustada por la decadencia del Estado. Sin embargo, por muy poderosa y original que hay sido esta ola de protestas, se enfrentó a un doble escollo inquebrantable: la oligarquía haitiana y los Estados Unidos. Su interdependencia ha excluido hasta ahora cualquier alternativa.[2]
Un confinamiento imposible
Es demasiado pronto para tener una idea de la escala que finalmente tomará la pandemia en Haití. Pero los temores están justificados: el hacinamiento en las viviendas, el escaso acceso al agua, el predominio del sector informal, la violencia contra la mujer, etc. hacen que el confinamiento sea en gran medida contraproducente, si no imposible. Las instituciones de salud harán lo mejor que puedan dentro de sus posibilidades, que son… irrisorias. Tal vez lo más grave sea que la total falta de legitimidad del gobierno está alimentando la negación de la pandemia entre la población. Como dijo el escritor Lyonnel Trouillot en una columna reciente: “La epidemia se nos viene encima en este contexto en el que la gente no confía en ninguna declaración del poder político. La población no puede ser castigada con motivo de sordera. Jovenel Moïse y el PHTK (el partido del presidente y de su predecesor) han hecho todo lo posible para que los haitianos hayan llegado a este grado cero de confianza”.[3]
Dadas las declaraciones contradictorias, la falta de más transparencia, las promesas rotas, es difícil desentrañar los efectos del anuncio de medidas concretas contra el covid-19. A esto se añade la desconfianza: las mismas instituciones, señaladas en los informes del Tribunal de Cuentas sobre la corrupción, están a cargo de la gestión de los fondos de emergencia. Sin ningún control. La aplicación de medidas autoritarias con el pretexto de la lucha contra el coronavirus, y la batalla sobre el plazo – 2021 o 2022 – para las próximas elecciones, tienden a mostrar que el gobierno está actuando frente a la pandemia como siempre lo ha hecho: de acuerdo con sus intereses.
“Ayiti paka respire” (Haití no puede respirar)
Pero cualquiera que sea el resultado de la pandemia, su impacto será particularmente grande para Haití. El país pagará no sólo por las consecuencias de décadas de políticas neoliberales, sino también por su dependencia de los Estados Unidos, que ha sido duramente golpeado por el covid-19. Dependencia directa: un tercio de las importaciones y el 83% de las exportaciones haitianas proceden de ese país o están destinadas a él. Dependencia indirecta también: la principal fuente de ingresos de Haití son las remesas de los haitianos en el extranjero, la mayoría de los cuales se encuentran en los Estados Unidos; representan el 30% del PIB. Y el impacto de la disminución de estas transferencias será tanto más negativo cuanto que se utilizan principalmente para satisfacer las necesidades más básicas.
Las últimas palabras de Georges Floyd, asesinado por la policía en Minneapolis, “I can’t breath” (“No puedo respirar”), retomadas por el movimiento Black Lives Matter, se han convertido en un grito de alarma en las redes sociales haitianas: “Ayiti paka respire”. El país se está asfixiando bajo el peso de su oligarquía y de los Estados Unidos. Y la impunidad que ambos encubren: no hay ningún proceso, y mucho menos sanciones, por la corrupción y las masacres que han ido en aumento durante los últimos dos años.
“La solución sólo puede venir de la lucha”
Sensibilizar e informar a la población sobre los riesgos del covid-19, distribuir máscaras y jabón, luchar contra esa otra pandemia de la corrupción y la de la violencia de género -incluida la investigación de los cargos de violación que pesan sobre el presidente de la Asociación de Fútbol de Haití-, las organizaciones feministas, sociales y los Petrochallengers están en todos los frentes. Saben por experiencia propia que la solución sólo puede venir de su auto-organización, de alianzas con la mayoría de la población, de la construcción de un espacio público. Y la lucha. De nuevo volver al “cambio”.
Los hombres y mujeres haitianos están cansados. No sólo de tener que hacerle frente a la crisis económica, a la inseguridad y a la corrupción, al covid-19. Sino también a la alianza del statu quo interno e internacional, y esa política de la fatalidad con su ristra de desastres. Más que de la pandemia, se trata de sacarse de encima el punto de vista colonial, de las desigualdades y la dependencia, que hacen que cada variante climática, cada enfermedad, cada fluctuación de los precios del mercado sea un desastre en Haití. Y para recuperar el aliento.
Frédéric Thomas es doctor en ciencias políticas, responsable de cursos en el CETRI – Centre tricontinental (www.cetri.be)
19/06/2020
Basta! https://www.bastamag.net/
Traducción Correspondencia de Prensa https://correspondenciadeprensa.com/
Notas
[1] Petrochallengers, Movimiento nacido en la comunidad haitiana refugiada en Canadá que designa a los manifestantes contra el gobierno de Jovenel Moïse. El término hace referencia directa al escándalo de corrupción de PetroCaribe, un fondo especial constituido por el Estado de Haití gracias a un acuerdo concluido en 2008 con la Venezuela de Hugo Chávez. Véase https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1460879/jeunesse-revolution-haiti-petrochallengers (Redacción Correspondencia de Prensa)
[2] Véase: Frédéric Thomas, « Haïti : « C’en est assez ! Il faut une rupture avec cette classe dominante qui est dans le mépris total », Bastamag, 11-12-2019. Véase también « Les deux racines de la colère haïtienne », Le Monde diplomatique, febrero de 2020.
[3] Antoine Lyonnel Trouillot, “Si lo dice el presidente, es mentira “, 21-5-2020, Le Nouvelliste.
