El 21 de noviembre arrancaron las protestas sociales, gatilladas de manera inmediata por la aprobación de un Presupuesto 2021 que recortaba aún más la ya debilitada inversión social, enriquecía a los poderosos y se endeudaba públicamente para beneficio de la oligarquía.

Las manifestaciones pacíficas fueron contestadas con brutalidad policial, dejando, al menos un saldo de dos muchachos con amputaciones oculares, decenas de heridos y detenidos.

La exigencia del pueblo alzado es la renuncia del presidente de extrema derecha Alejandro Giammattei, y de los miembros del Congreso. O sea, el cuestionamiento radical de todo el sistema de partidos políticos institucional.

Con el fin de contener la revuelta popular, este 25 de noviembre el Ejecutivo y el Legislativo guatemalteco anularon las causas inmediatas del levantamiento. Sin embargo, ni unos ni otros podrán resolver un problema estructural de Guatemala que no se limita al Presupuesto 2021. De acuerdo a datos oficiales, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica en el país, y casi el 60% de la población guatemalteca vive por debajo de la línea de pobreza. La crisis social, sanitaria, política y económica, se ha visto intensificada por la covid 19 y los estragos causados por los huracanes y tempestades recientes, las cuales castigaron con muerte y destrucción a la mayoría empobrecida.

En la misma línea, el Estado guatemalteco, sus relaciones sociales y de poder, se expresa en entidades formalmente separadas entre Ejecutivo, Legislativo, Judicial, FFAA y policías, pero que orgánicamente actúan como una sola totalidad que representa los intereses de la ínfima minoría oligárquica del país centroamericano, y su subordinación canina al Pentágono.

Hasta ahora, las movilizaciones continúan.