En estos 45 años, Marruecos no ha cumplido en ningún momento con los Acuerdos de Paz y los Derechos Humanos. La ocupación ilegal del territorio, el bloqueo a la celebración del referéndum, las violaciones de Derechos Humanos contra la población saharaui y el expolio de sus recursos naturales son buena muestra de ello. Desde hace tres años, a estos incumplimientos se suman las obras de una carretera que cruza el paso del Guerguerat, incumpliendo una vez más los acuerdos de 1991, con la intención clara de exportar las mercancías fruto del expolio del territorio ocupado.

Desde Alternativa Antimilitarista.MOC, de la mano de NOVA (Noviolencia en el Sáhara), mostramos nuestra más enérgica denuncia a este nuevo ataque a los Derechos Humanos y de ruptura del alto el fuego por parte del régimen marroquí así como reconocemos el derecho del pueblo saharaui de autodeterminación, al que le asiste toda la legalidad internacional y los Acuerdos de Paz.

España no es un agente neutral en este conflicto. El estado español es responsable político de la situación y es además la potencia administradora del Sahara Occidental, como así ha reconocido la ONU. Por tanto, el gobierno español no puede seguir manteniendo una falsa impostura de neutralidad ante esta situación. España lleva casi treinta años obviando e incumpliendo el compromiso de realizar un referéndum de autodeterminación como recoge los acuerdos de 1991, siendo un posicionamiento que de facto le sitúa con el régimen marroquí y contra el derecho internacional.

La ocupación militar marroquí también resulta harto rentable para las compañías de armamento. Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española y durante los últimos 7 años se ha exportado material por más de 500 millones de euros. Buena parte de estos productos acaban utilizándose en la zona ocupada, como por ejemplo buques militares, vehículos blindados o sistemas de vigilancia. La naviera gallega Rodman había exportado ilegalmente buques militares haciéndolos pasar por embarcaciones civiles así como el uso de vehículos blindados de otra empresa nacional, llamada Urovesa, para reprimir las protestas del pueblo saharaui y perpetuar su ocupación en el Sáhara Occidental. Estas exportaciones contravienen la legislación internacional y nacional de venta de armamento. Además, la multinacional Indra, que tiene un 18% de participación pública a través del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cerró en 2019 un contrato de 6,3 millones de euros con el Gobierno marroquí para ampliar su red de vigilancia por satélite, que abarca las ciudades ocupadas de El Aaiún, Smara y Dajla. Además de los regalos de material policial, a través de una fundación del MAEC, al régimen marroquí por parte del Gobierno español.

Todo para defender los intereses de las grandes empresas españolas en el Sáhara Occidental, que perpetúa la ocupación y la guerra permanente contra el pueblo Saharaui.

El silencio de la comunidad internacional sobre el Sáhara Occidental y la difícil situación de las refugiadas saharauis equivalen a aceptar décadas de sufrimiento e injusticia.

Ahora más que nunca, ha llegado el momento de emprender acciones globales en pro de la paz. Como expresan nuestras compañeras de NOVA, asegurando que el proceso de paz sea inclusivo y representativo, desde la garantía a un proceso de paz plural y apoyando la participación de los jóvenes y también de las mujeres en el proceso de negociaciones.

Expresamos nuestro apoyo y exigencia a un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

Exigimos al Gobierno español la denuncia inmediata de la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos, que asuma su papel como potencia formalmente administradora del territorio y se garantice el respeto de los derechos humanos, sociales y económicos del pueblo saharaui y el cese del saqueo de recursos naturales, así como el negocio de venta de armas, como pasos previos a asegurar una solución justa, pacífica, democrática y duradera a este conflicto que pasa ineludiblemente por el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Estado español, a 28 de Diciembre del 2020