• Los países del Norte global son los que más armas exportan, más gasto militar presentan y más contaminan, mientras los riesgos del cambio climático se concentran en los países del Sur global.
• Un nuevo informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau constata cómo la degradación ecológica es inherente a los procesos de militarización.

El conjunto de los principales países exportadores de armas representa el 35,48% de la población mundial, concentra el 82% del gasto militar global y es responsable de generar el 67,1% de las emisiones mundiales de CO2 que causan el calentamiento planetario. Además, estos países concentran los centros de poder que controlan de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales. Es decir, mientras que, el foco de poder y la fuerza militar se concentran, principalmente en los países del Norte -gasto militar, exportaciones de armas y poder corporativo-, son los países del Sur los que más sufren los efectos de la crisis ambiental, de la que el militarismo como forma de seguridad mayoritaria es, en gran parte, responsable.

Sólo la actividad militar de EE.UU. fue la responsable de la emisión de 212 millones de toneladas de CO2e durante el año 2017. Estas emisiones son casi el doble de las emisiones totales de un país como Bélgica (114 millones de toneladas de CO2 en un año). De hecho, las fuerzas armadas de EE.UU. consumen más petróleo y emiten más Gases de Efecto Invernadero (GEI) que la mayoría de los países de tamaño medio.

“Todo ello mientras se estima que, con el gasto de 1,8 billones de dólares repartidos en 10 años, se ayudaría a paliar los efectos del cambio climático en los países más vulnerables, esta cantidad es exactamente la misma que dedicamos al gasto militar en todo el mundo solo en un año, en 2018”, alerta Pere Brunet, investigador del Centre Delàs y también coordinador del informe.

“Los daños medioambientales de la actividad militar ocurren tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, y tienen repercusiones tanto en las emisiones de CO2 provocadas por el elevado consumo de combustibles fósiles de las armas y equipamientos militares, como en la destrucción de hábitat y ecosistemas, y en la contaminación de aguas y tierras por los desechos tóxicos de las armas, del desarrollo tecnológico y de las infraestructuras militares, entre muchos otros”, apunta Chloé Meulewaeter, investigadora del Centre Delàs y coordinadora de la publicación.

Además, la relación entre medioambiente y militarismo impacta de forma agresiva en la vida y los derechos de las personas, ya que el militarismo es la respuesta que se da a las consecuencias de esta crisis ambiental. Se estima que los desplazamientos forzados por causas climáticas superarán los 200 millones de personas en 2050. En las últimas décadas se ha producido un incremento notable de construcción de muros en las fronteras que interfieren en las rutas migratorias de las personas desplazadas por cuestiones ambientales, de hecho, de los 15 países más contaminantes del mundo, cuatro de ellos (Estados Unidos, India, Arabia Saudí y Sudáfrica) han construido muros en sus fronteras. La figura de refugiada climática o ambiental sigue sin estar contemplada en el derecho internacional, con lo que estas personas se encuentran en absoluta desprotección.

Cabe destacar, que las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales tienen tres veces más probabilidad de sufrir violencia y coacción en relación a otras personas defensoras de derechos humanos. En 2018, el 77% de las personas asesinadas defensoras de derechos humanos, eran defensoras de derechos ambientales.

La publicación constata entonces que para hablar de crisis ambiental es necesario tener en cuenta el gasto militar y el militarismo. Porque, como ha demostrado la pandemia de la Covid19, los actuales modelos de seguridad militares no dan respuesta a las grandes problemáticas de nuestro siglo, entre ellas la crisis ambiental.

“La seguridad será imposible sin una justicia climática”, concluye el informe , “las propuestas para una transición ecológica deben incorporar necesariamente un estudio riguroso del actual gasto militar, de la producción y comercio de armas, y de las prioridades para redistribuir los gastos presupuestarios de los países, con el fin de pasar de enfoques basados en el concepto de seguridad nacional militar a un enfoque basado en las necesidades y los derechos sociales de todas las personas”.