Uno de los puntos tiene vínculo con que el Estallido develó tanto las fisuras institucionales como la descomposición general del modelo. Ambas producen un nuevo marco de las “tolerancias” éticas y políticas aceptables bajo este “nuevo Chile”.

También puedes leer: Víctimas de trauma ocular siguen sin justicia a dos años del Estallido Social

La polémica transacción en paraísos fiscales por parte del presidente en funciones Piñera y Délano en el marco de minera Dominga y la aparición del polémico destape del Proyecto Imán, las asesorías y lobby del candidato Sichel o los recursos de financiamiento irregular de la política en los partidos políticos son aristas que, si bien siempre debiesen ser condenables y juzgadas, actualmente generan un rechazo ciudadano que los medios de comunicación no han sido capaces de ocultar, ni tampoco las instancias judiciales y parlamentarias han sido capaces de blanquear o sobreseer. La acusación constitucional a Piñera por segunda vez en su mandato y su procesamiento por negociación incompatible por parte de la Fiscalía son muestras de aquello, pese a que ambas no son seguras de perseverar, denotan tanto el nuevo marco ético mínimo aceptable en lo político como también la fragilidad de las instituciones. Como complemento, la corrupción en las Fuerzas Armadas y fuerzas de orden, con el Paco Gate, altos mandos del Ejército juzgados y procesados por malversación de fondos públicos y el procesamiento del exdirector de Investigaciones, Héctor Espinosa, sólo confirman que el mantra laguista de las “instituciones funcionan” nunca estuvo más en entredicho como en la actualidad.

A su vez, la contingencia nacional ha aportado a esta tormenta con la discusión del cuarto retiro, la crisis económica asociada a la pandemia, la discusión en torno a la liberación de los presos de la revuelta social y la militarización, gentileza de los gremios empresariales y patronales, del Biobío y la Araucanía.

Un segundo punto, y otra consecuencia inmediata del Estallido Social, se asocia el posicionar las desigualdades sociales, económicas y afrontar un cambio profundo en la visión del Estado y Sociedad frente a temas importantes como son la salud, la educación, el género y el medio ambiente. El correlato institucional, con el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, es la actual Convención Constitucional que comienza a debatir los temas de fondo justo en esta semana.

Esto nos lleva a la discusión institucional versus la discusión desde la base social, recordemos que la sociedad chilena comenzó a deliberar los cambios posibles ya desde octubre y noviembre de 2019 versus la actual convención que comenzó el mismo en julio del presente año. Mas allá de los 2/3 el debate que se viene se presume de una alta complejidad unida a una alta expectativa por parte de la sociedad de los resultados de este apronte.

Se podría decir que la mezcla de una institucionalidad frágil, corrupción y presión social económica unida a las expectativas a la discusión constitucional en proceso son elementos claves para comprender que el Estallido, con sus implicancias movilizatorias, aún se mantiene en estado latente y generan que la actual “tormenta perfecta” reviva y mantenga vigente sus principales causantes de ebullición.

Varios afamados columnistas políticos han dado por finalizado el Estallido Social con la elección y puesta en marcha de la Convención, yo pregunto ¿una convención constitucional resume los afanes de cambio profundo de las estructuras políticas, económicas y culturales de nuestro país? ¿La calle que se movilizó en octubre de 2019 percibe esto como el cambio esperado? ¿Los presos que aún permanecen en dudosas prisiones preventivas salieron a la calle sólo por el cambio de la Constitución? La historia nos enseña que los procesos sociales, pese a los afanes institucionalizantes, sigue su curso y su marcha. Quizás no en la magnitud de 2019 pero sí en la continuidad de demandas profundas de cambio al modo de percibir el modelo de desarrollo.

El gran desafío como Sociedad Civil, pueblo organizado o pueblo marchante (según como sea su apreciación) es el mantener una vigilancia constante al proceso institucional, así como también el fomento a las instancias de participación directa que inundaron el Chile durante el Estallido. Las asambleas populares y comunitarias como formas de organización validas desde la propia base social que permitan dinamizar el proceso y bloqueen las opciones de repetir los errores históricos anclados a la transición y generen un modelo que permita hacerse cargo de los principios y demandas asociadas al Estallido Social.