Las analíticas de contaminantes químicos realizadas por los organismos oficiales en el año 2019 muestran que todas las cuencas hidrográficas presentan contaminación con sustancias tóxicas en sus aguas superficiales (ríos, embalses, lagos) y subterráneas. Los tóxicos detectados tienen múltiples orígenes y características, desde sustancias de la industria petroquímica hasta plaguicidas de uso agrario pero también disruptores endocrinos.

Los datos subrayan deficiencias en la legislación europea y española, como el no disponer de normas de calidad para contaminantes en uso y en su lugar medir sustancias que ya no están autorizadas ni se usan desde hace años.

Los datos recibidos también ponen de manifiesto deficiencias en la gestión. Las administraciones estatales y autonómicas deben actuar coordinadamente para vigilar y reducir la contaminación desde su origen, por ejemplo, evitando la contaminación difusa de pesticidas de uso agrario.

Un claro ejemplo es la amplia contaminación de las aguas de varias cuencas con el herbicida glifosato (principal contaminante en número de superaciones de la norma en agua del Tajo, Miño-Sil, Cantábrico Occidental y Oriental, Duero, Guadiana, cuencas internas andaluzas, Júcar y Segura) algo que Ecologistas en Acción anticipó en su informe “Contaminación por glifosato en el medio acuático” del año 2021.

La contaminación química de las aguas superficiales y subterráneas tiene graves consecuencias, no sólo para los ecosistemas acuáticos sino para todo el medio ambiente, fauna, flora y salud humana. Estas consecuencias superan la toxicología oficial basada en el riesgo individual de cada tóxico y deben considerar el efecto combinado que se produce por la interacción de varias sustancias químicas en el medio ambiente.

Teniendo en cuenta que los datos de este informe demuestran la presencia de multitud de contaminantes químicos distintos en aguas superficiales y subterráneas españolas, la conclusión lógica es que las administraciones deben tomar medidas urgentes para controlar y reducir esta contaminación.

A la luz de los resultados del informe, Ecologistas en Acción recomienda al Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

• Analizar plaguicidas en uso tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas, ya que la administración no analiza en torno al 80 % de la contaminación procedente de los plaguicidas que se utilizan actualmente en los campos.
• Retirar la autorización a la comercialización de productos fitosanitarios (plaguicidas de uso agrario) que supongan un grave perjuicio para los ecosistemas acuáticos.
• El bajo número de analíticas realizadas en la matriz sedimentos manifiesta la necesidad de favorecer la introducción de programas de control de contaminantes en esta matriz.
• En especial, respecto a plaguicidas, sería recomendable la obligatoriedad de evaluar los plaguicidas susceptibles de contaminar las aguas subterráneas.
• Emplear límites de cuantificación inferiores al 30 % del valor de la norma de calidad ambiental de las sustancias evaluadas, como indica normativa legal.
• Asegurar que la recogida de información sobre el uso de plaguicidas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sea completa, desagregada por territorios y sirva, a su vez, como punto de partida para proteger a nuestros ríos y aguas subterráneas, al medio ambiente y a las personas.
• Redactar normas armonizadas para el muestreo y el análisis de contaminantes químicos, en especial plaguicidas, que sean de obligado cumplimiento para los gestores de las demarcaciones hidrográficas.
• Implementar medidas de corrección de la contaminación por cada demarcación hidrográfica para cada sustancia que impida el buen estado ecológico de las masas de agua.

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Informe