Las primeras movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril, exigían la eliminación del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible. ¿En qué consiste dicha Ley y por qué ha podido ser el detonante de protestas masivas?

El proyecto de ley presentado por el gobierno de Iván Duque del Centro Democrático suponía una política de ajuste económico neoliberal en medio de la profunda crisis económica desatada por la pandemia y que supuso una disminución del PIB para 2020 en -6.8%. Este proyecto, la tercera reforma tributaria patronal presentada por la administración uribista en tres años de mandato, buscaba reducir el déficit fiscal calculado en 35 billones de pesos colombianos, mediante el aumento de los impuestos directos e indirectos sobre la población trabajadora, manteniendo el modelo general de grandes exenciones tributarias sobre las empresas y la burguesía.

El trasfondo de este programa patronal era la crisis histórica de salud pública y una crisis económica similar a la 1929, que ha aumentado la desigualdad, la pobreza que llega al 42% de la población, el desempleo que golpea al 15% y el trabajo precario que lleva al 88% de los trabajadores a ganar menos de dos salarios mínimos.

El proyecto de ley pronto contó con un amplio rechazo de la población trabajadora, y el movimiento del 28 de abril, el séptimo movimiento de paro general contra el gobierno, logró catalizar en parte por un importante trabajo de agitación, el fuerte rechazo contra el gobierno. Finalmente, por la presión de la calle el gobierno se vio en minoría en el parlamento, lo traicionó la dirección de su propio partido, y el 4 de mayo se vio obligado a retirar el proyecto y aceptar el día 5 del mismo mes la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, uno de los hombres fuertes de la coalición uribista, conservadora y evangélica en el poder.

El origen de la protesta fue superado desde el primer momento, sumándose desde la exigencia del fin del feminicidio, la oposición de proyectos de megaminería o fracking, respeto por los pueblos indígenas o demandas estudiantiles. ¿Cuáles son las exigencias que sostiene el movimiento?

Lo cierto es que la demanda inicial general de rechazo a la reforma tributaria, se articuló de forma temprana con un conjunto más abierto, diverso y desarticulado de demandas sociales como las que mencionan, además por ejemplo del proyecto de reforma neoliberal a la salud que también fue retirado el pasado 19 de mayo. Además, pronto los grandes niveles de represión policial y parapolicial desplegados contra el movimiento pusieron en el centro la reivindicación de las victimas de violencia policial y el rechazo a la violencia estatal y paraestatal, que se ligan con demandas históricas como el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional o el fin del asesinato contra líderes y lideresas sociales.

En paralelo, durante las jornadas de protesta nacional de noviembre-diciembre de 2019 el Comité Nacional de Paro, un organismo burocrático principalmente dinamizado por los sindicatos mayoritarios, elaboró un programa que luego fue ampliado durante la crisis de 2020 y las protestas de ese año. Si bien se ha planteado que la movilización obedece a este programa, que puede contener reivindicaciones importantes, esto es impreciso pues el mismo es en general desconocido por la mayoría de manifestantes y su elaboración y puesta en común fue absolutamente reducida.

Por otro parte se ha sumado en esta coyuntura la lucha previa de las maestras estatales contra el retorno a clases presenciales sin condiciones sanitarias, de las estudiantes universitarias por gratuidad en la matrícula, de las trabajadoras estatales por un pliego nacional estatal, de comunidades indígenas, negras y campesinas por políticas de apoyo agrario.

Una de las demandas es la dimisión del derechista Iván Duque. ¿Este rechazo al Gobierno está siendo capitalizado por la oposición de Gustavo Petro? ¿O las protestas se encuentran alejadas de partidos políticos?

Hay una gran oposición contra el gobierno Duque y desde el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 se generalizó la consigna de fuera Duque. Sin embargo, la demanda de salida del gobierno no ha logrado instalarse lo suficiente y este es un elemento que no se contempla en las reivindicaciones más concretas por lo menos en lo inmediato.

Por un lado, se encuentran los sectores centristas de la llamada Coalición de la Esperanza, que han buscado sin éxito representar un movimiento que habían condenado y reprimido desde los gobiernos locales. Por otro lado, se halla el liderazgo socialdemócrata de Gustavo Petro y el movimiento electoral Colombia Humana. Son populares entre muchos manifestantes, tanto entre entre las organizaciones sindicales y sociales, como entre la juventud popular que está haciendo su primera experiencia política. Sin embargo, aunque tienen un cierto papel mediático, no han jugado un papel relevante en la organización y el desarrollo de la protesta. El propio Petro, que ha sido llamado por senadores uribistas el “mayor anarquista del país”, solo participó de una movilización tras 20 días de protesta y sus partidarios buscan una canalización electoral de esta dinámica en miras a las elecciones presidenciales de 2022.

Los partidos políticos de izquierda han jugado un papel en esta coyuntura especialmente en el marco de la actividad sindical o estudiantil, pero no han conducido un movimiento tan explosivo e inorgánico. Aunque se actúa sobre un trasfondo de muchos años de actividad y organización comunitaria, en muchas actividades locales las barras de futbol o los grupos de amigos de los barrios, han jugado un papel más importante que las organizaciones sociales tradicionales.

Vemos imágenes y leemos relatos de barrios alzados, con gran nivel de movilización y en los que incluso se han expulsado a las fuerzas policiales. ¿Cómo se están organizando estos lugares? ¿se han creado nuevas estructuras que permitan la autoorganización barrial o ya existían con anterioridad?

Estas situaciones resultan muy interesantes, pero hasta ahora son cortas y fragmentarias. Sí existe un elemento claro de rechazo por parte de importantes sectores de jóvenes populares a la Policía, que se expresa en los ataques contra instalaciones policiales como los Comandos de Atención Inmediata (CAI), retomando elementos de la revuelta contra la brutalidad policial del 9 y el 10 de septiembre de 2020, tras el cruel asesinato de Javier Ordoñez, movimiento cuya represión se saldó con al menos 13 muertos.

El nivel de movilización varía mucho a nivel regional y local, destacándose sobre todo la situación del departamento del Valle del Cauca en Cali o Yumbo por los llamados puntos de resistencia con bloqueos más o menos continuos de calles. También sectores de trabajadores y empresarias del transporte como camioneros o taxistas realizaron bloqueos en carreteras en la segunda semana de movilización, con sus propias reivindicaciones de corte más corporativo.

En general prima la idea de actividad espontánea y la práctica de la movilización permanente, aunque las formas de organización propia son aún débiles. Frente a la protesta de 2019 donde se desarrollaron de forma embrionaria asamblea populares locales luego disueltas, los niveles de auto organización comunitaria parecen más débiles en esta coyuntura, aunque sí se han desarrollado experiencias en ese sentido en Cali, algunos barrios populares y universidades públicas.

En sitios como en Cali, hemos podido ver a pueblos indígenas acudiendo a la ciudad para unirse a las marchas. ¿Cuáles son sus exigencias y cómo es su participación en las protestas?

Los pueblos indígenas han tenido una participación diversa en la coyuntura y han recibido en general una respuesta racista de parte de la prensa empresarial y los sectores conservadores que los retratan como incivilizados. Por un lado, sectores del pueblo misak organizados en Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) han desarrollado acciones simbólicas centradas en el debate de la memoria histórica, como el derribo de estatuas de conquistadores coloniales como Sebastián de Belalcázar en Cali o Gonzalo Jiménez de Quezada en Bogotá. Por otro lado, pueblos indígenas de la región del amazonas, el caribe y el centro del país han participado de diversas movilizaciones en las grandes capitales nacionales y liderado algunas actividades propias de protesta.

En paralelo, un sector indígena mayoritariamente nasa del departamento del Cauca organizado en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) venía desarrollando desde mediados de abril una lucha por la recuperación de tierras en manos de hacendados y empresas que llamo “Minga hacia adentro”. Desde principios de mayo la Minga hacia adentro se desdoblo hacia afuera, y empezaron a realizar bloqueos de la carretera panamericana en conjunto con organizaciones campesinas y de comunidades negras, en parte por las demandas nacionales, pero también exigiendo el cumplimiento de acuerdos previos del gobierno nacional con los sectores rurales. En este mismo periodo un grupo del CRIC se trasladó hacia Cali, como lo había hecho en la segunda mitad de 2020, para participar de la protesta y eventualmente de los bloqueos, hechos donde sufrieron una fuerte y racista represión policial y parapolicial, así como intentos de masacre.

Si bien las protestas tienen un marco ideológico muy amplio, vemos una fuerte participación de colectivos anarquistas ¿Qué papel está teniendo el anarquismo en las movilizaciones?

Sí existe una presencia anarquista en el estallido social, aunque aún es muy débil y marginal. Mientras que en noviembre de 2019 logramos un liderazgo momentáneo en algunos barrios populares como el barrio Guacamayas de Bogotá y en el movimiento estudiantil de 2018 hicimos lo propio en algunas carreras de humanidades en universidades públicas, pensamos que ahora nuestra incidencia es menos clara.

Sin embargo, desde hace una década se ha vuelto un poco más común la presencia de banderas rojinegras, moradas y negras y negras en marchas sindicales, estudiantiles y barriales, aunque muchas veces nos hallamos en relativa soledad. También hay presencia de cantos como arribas las que luchan y pintas, y la actividad constante de muchas compañeras en diversos sectores sociales y protestas.

Pensamos que las anarquistas organizadas tenemos la tarea de seguir impulsando que este movimiento popular con interesantes elementos libertarios, justamente fortalezca sus elementos anárquicos, de auto organización democrática, deliberante y directa, de fortalecer los elementos socialistas libertarias de las demandas y las reflexiones políticas y el espíritu y el simbolismo internacionalista, interseccional y revolucionario.

Las fuerzas de seguridad colombianas tienen un largo historial de represión y vulneración de derechos humanos. ¿Cómo está siendo la represión del Gobierno?

La represión contra la protesta, especialmente contra los bloqueos de vías, pronto combinó los elementos “legales” de uso de la fuerza policial con los elementos irregulares e ilegales tan propios del Estado colombiano. Así por un lado tenemos la acción antidisturbios de la fuerza disponible, la policía nacional y el ESMAD, aplicada con un nivel extraordinariamente alto de sevicia, que ha sido reforzado con el llamado de ayuda militar anunciada por el gobierno nacional desde el pasado 1 de mayo y la presencia de tropas del Ejército en zonas como el Valle o el Atlántico y en diversos bloqueos de carreteras.

Por otro tenemos la presencia de agentes civiles sin identificar y los disparos, incluidas ráfagas de ametralladora, efectuados contra los manifestantes por la propia Policía en las situaciones de desborde en los barrios de Bogotá o Cali, de los que se tiene 133 casos documentados. Y además tenemos la acción de fuerzas parapoliciales y paramilitares, con disparos realizados contra manifestantes en Cali, Pereira o Medellín, efectuados desde carros o edificios.

Según registros de Indepaz para el 20 de mayo hay 47 víctimas mortales de la represión policial y parapolicial. Además, registraba Temblores e Indepaz para el 16 de mayo 30 víctimas de violencia ocular, 1.055 detenciones irregulares, al menos 362 heridos, se contabilizan en total unos 2.110 casos de violencia ejercida por la fuerza pública y la Defensoría del Pueblo registraba 548 reportes de desaparición de personas para el 9 de mayo. Además, se ha denunciado la aplicación de procedimientos ilegales para alargar las detenciones, la ocurrencia de allanamiento sobre hogares sin orden judicial, el lanzamiento de gases lacrimógenos sobre viviendas, la aplicación de tratos crueles y torturas contra los detenidos, cortes intermitentes del servicio de luz sobre áreas afectadas por la represión.

Leemos innumerables denuncias de abuso y violencia sexual contra mujeres. ¿Es una práctica común entre las fuerzas de seguridad?

Sí, lamentablemente lo es. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, policiales y militares están compuestas por abrumadora mayoría por hombres con valores machistas, la alta jerarquía policial y militar es exclusivamente masculina, los integrantes de estos organismos viven dentro de cuerpo patriarcal violento y acosador y sus relaciones con los civiles están marcados también por todo tipo de expresiones de dominación masculina.

En la represión policial es común la violencia de género y los actos contra las mujeres y disidencias sexuales, y son reiteradas las denuncias de abuso en las estaciones de Policía, camiones y unidades de detención. La actividad militar es incluso peor, porque se utiliza el terror sobre las mujeres como un arma más de la lucha contra insurgente, como estrategia de la guerra.

En la actual coyuntura se han registrado al menos 16 casos de violencia sexual ejercida contra manifestantes mujeres y 3 casos abiertos de violencia de género.

Desde fuera de Colombia se están produciendo manifestaciones y otras muestras de solidaridad internacional. ¿Os llegan estas noticias? ¿Qué podemos hacer desde el extranjero para apoyar vuestra lucha?

Estas noticias reconfortan y nos muestran la grandeza y la belleza de la solidaridad internacionalista. Si bien muchas de estas manifestaciones han sido convocadas por colombianos en el exterior, ya estudiantes o exiliados políticos, ha habido siempre una importante participación de personas de las más diversas procedencias y geografías en respaldo a la lucha social en la región y denunciando la represión gubernamental.

Las labores internacionales de difusión de información, denuncia de la represión, discusión sobre la situación nacional en diferentes ámbitos, acompañamiento simbólico y logístico a las víctimas, apoyo financiero a las campañas de compra de implementos y alimentos, presión a los medios y los políticos para que esclarezcan su posición sobre esta grave situación, así como acciones de presión sobre el Estado colombiano ante embajadas y delegaciones, son muy valiosas.

Nuestra situación es difícil, pero esfuerzos internacionalistas más amplios, continuos y sostenidos son vitales porque también es dramática la situación de las luchas populares en Myanmar, Kurdistán, Sahara Occidental o Palestina. Sin embargo, también es importante que la lucha social en Colombia alimente las diversas luchas populares locales, y lo mejor de nuestra experiencia de movilización permita fortalecer las organizaciones y movimientos sociales y populares del mundo tal como lo hicieron hace una década los indignados y el movimiento del 15 de mayo.

Grupo Libertario Vía Libre
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