(Vídeo) ¿Por qué el 90% de las investigaciones judiciales abiertas en España por la muerte de 35 mil ancianos en asilos han sido archivadas?
Por Aday Quesada
¿Un acuerdo entre los Partidos y sus medios afines para cercar las investigaciones?
La organización “Amnistía Internacional” ha sido contundente en su informe. El Gobierno español, a través de su Ministerio Fiscal, ha adoptado una actitud “pasiva” en relación con las investigaciones correspondientes a las causas que provocaron que más de 35.000 ancianos españoles murieran en condiciones infrahumanas en los asilos y residencias durante la pandemia, mediante un sistemático archivo de todos los procedimientos judiciales abiertos para tratar de esclarecer las causas de ese desastre. ¿Responde esa supuesta “desidia” de la Fiscalía General del Estado a una presunta colusión de silencios entre los diferentes Partidos para evitar asumir a las responsabilidades políticas que les corresponden a cada uno de ellos?, se pregunta en este articulo nuestro colaborador Aday Quesada.
Según Amnistía Internacional, la pasividad de la Fiscalía española ante la muerte de miles de ancianos en las residencias y asilos destinados a personas mayores, está provocando un enorme malestar entre los familiares de las víctimas.
En efecto, este lunes,´ la organizacion Amnistía Internacional denunció la deficiente investigación que realiza el Ministerio Público de España en lo que se refiere a las decenas de miles de muertos que se han producido en los Centros residenciales españoles a lo largo de estos casi dos años de pandemia. La citada organización críticó, asimismo, que las escasas Comisiones de Investigación que se han abierto para ello en los Parlamentos autonómicos también se han ido esfumándo paulatinamente, como ya ha ocurrido en Madrid, Cataluña y Castilla-León.
¿UNA COLUSIÓN ENTRE PARTIDOS PARA EVITAR QUE SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD?
No son pocos los que empiezan a opinar que en el sistema político español se ha producido una suerte de colusión de intereses entre los Partidos que lo integran, cuyo proposito podría ser evitar que se diriman las responsabilidades resultantes de esa catastrofe, particularmente dándose la circunstancia de que en mayor o menor medida todos ellos -bien sea a nivel central o autonómico- tendrían que compartirla. De ahí que, aunque durante los últimos 20 meses unos y otros han estado utilizando irresponsablemente la pandemia como arma arrojadiza en sus feroces luchas interpartidarias, en lo que se refiere a los efectos de esta en las residencias de ancianos el “mutis en el foro” ha sido total. Igualmente, no deja de resultar sorprendente que en la mayoría de los medios, afines a unas u otras tendencias partidarias, se haya producido un sospechoso “cerco de silencio”, pese a la enorme importancia que el tema ha tenido por el número de vidas humanas perdidas.
Esta parece ser la razón por la que Amnistía Internacional, a la luz del sistemático archivo de las investigaciones solicitadas por parte de particulares, ha solicitado la inmediata apertura de una “Comisión de la Verdad” en el Parlamento del Estado.
“INCUMPLEN SU OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR”
La organización Amnistía Internacional acusa directamente a las autoridades españolas de incumplir su obligación de investigar exhaustivamente las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como se recoge y exige en el Derecho internacional de los Derechos humanos.
Para Amnistía Internacional resulta, pues, inverosímil que habiendo fallecido más de 35.000 personas en Residencias de ancianos, ninguna persona, institución o Comunidad haya sido declarada responsable y que no se haya abierto una investigación por una tragedia que carece de precedentes en la historia sanitaria española.
Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España:
“No podemos dar por hecho que las cifras de muertes en residencias sean inevitables y que se deban exclusivamente a la pandemia. Las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de los Derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen todo el derecho a conocer la verdad”.
En realidad, el directo destinatario de esta denuncia está siendo la titular del Ministerio Público, la fiscal Dolores Delgado, que justamente comenzó a ostentar ese cargo unas pocas fechas antes de que el coronavirus cundiera como la pólvora por la mayoría de las residencias de ancianos del Estado español.
El documento de acusación de Amnistía Internacional es taxativo en lo que se refiere al archivo y clausura de los procedimientos judiciales que se habían abierto en relación con la hecatombe sanitaria en las residencias de ancianos:
“Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales”.
Según Amnistía Internacional, la mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo por parte del Ministerio Fiscal español no cumplen en absoluto con los estándares de los Derechos Humanos sobre la exhaustividad y eficacia que permitan un definitivo esclarecimiento de las circunstancias que rodearon las decenas miles de muertes que se produjeron las residencias de ancianos españoles.
Según manifestó Safira Cantos, responsable de la investigación emprendida por la propia Amnistía Internacional sobre los miles de muertos que se habían producido en las residencias, “las familias de las víctimas necesitan un sosiego que sólo la verdad les va a poder proporcionar “.
Y para que tal investigación pueda producirse y resultar efectiva es esencial que la Fiscalía desempeñe un enérgico papel “proactivo” en el esclarecimiento de los hechos.
No obstante, según la responsable de investigación de Amnistía de nacional está sucediendo justamente todo lo contrario.
“muchas veces son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, sostuvo.
Por ello, Amnistía Internacional exige al Ministerio Fiscal que se moje:
“que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria. La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias”.
