¿Qué pasó en Haití?

El Presidente de facto de Haití Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su residencia alrededor de la 1 am mientras se encontraba junto a la primera dama Martine Moïse, que aún permanece en grave estado o muerta. El empresario bananero asumió a la presidencia del país después de obtener el 55,6% en las polémicas elecciones del 2016, cuando el régimen del anterior presidente suspendió las elecciones para así asegurar que asumiera su delfín, Moïse.

Representaba al partido liberal Tet Kale (fundado por su antecesor y mentor Michel Martelly) que llevaba adelante uno de los régimenes más corruptos y turbulentos de América Latina. Su régimen venía asolado por constantes procesos de movilización del pueblo pobre en contra de los feroces planes de ‘austeridad’ que aplicó su gestión en uno de los países más empobrecidos del mundo.

Desde 2018 las protestas y las acusaciones de corrupción no dejaron de crecer y el aumento de los combustibles en 2019 provocó un estallido social que disolvió la poca autoridad con la que aún contaba el régimen, que solo pudo mantenerse en el puesto gracias al accionar criminal del aparato represivo del Estado, el control territorial de bandas mafiosas armadas y amparadas por el régimen, los empresarios y comerciantes locales y el apoyo irrestricto del Imperialismo norteamericano y la OEA a sus políticas de ajuste y represión.

En esas condiciones y en pleno desarrollo de la pandemia Covid 19, el Presidente Moïse decidió no abandonar el cargo una vez finalizado su mandato en febrero de este año y continuar en el poder bajo un régimen de facto. Durante el mismo se perpetraron numerosas masacres contra dirigentes sociales y periodistas.

Por su parte la oposición política y sectores empresarios enemigos de Moïse formaron un régimen interino opositor a la dictadura, encabezado por el Juez de 72 años Joseph Mécène y formado tras una resolución del Consejo Superior de Justicia que daba por concluido el mandato del Jefe de Estado el 7 de febrero de 2021.

El dictador asesinado proponía un nuevo cronograma electoral con la realización de elecciones Legislativas en septiembre, Presidenciales en noviembre y una Reforma Constitucional para crear el cargo de vicepresidente y eliminar el de Primer Ministro (como forma de concentrar el poder), formar un sistema legislativo unicameral y permitir que los haitianos que viven en el exterior puedan elegir y ser elegidos.

¿Quién era Jovenel Moïse

Hijo de un comerciante y una costurera, Moïse nació el 26 de junio de 1968 en Trou-du-Nord, una zona rural en el departamento Nordeste de Haití. Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad de Quisqueya, ubicada en Puerto Príncipe. Su intervención pública no estuvo asociada a la política sino al mundo empresarial: en los 90 comenzó su meteórico e inexplicable ascenso como humilde vendedor de autos usados, que rápidamente expandió sus negocios y pasó a dedicarse al cultivo y exportación de bananas. Aunque muchos aseguran que su ascenso no se debe a las bananas sino a su servicio al narcotráfico.

En menos de una década llegó a ser Secretario General de la Cámara de Comercio e Industria de Haití y se convirtió en uno de los hombres más poderosos del país. Cerca del Presidente Martelly estableció redes clientelares en el empobrecido mundo agrícola y desarrolló iniciativas vinculadas a los biocombustibles, la energía eólica y solar.

Con la propuesta de continuar la orientación liberal de su antecesor e impulsar programas que permitan el acceso a la electricidad y el agua potable a los sectores rurales (mayoritariamente en condiciones de pobreza extrema) su figura se proyectó políticamente y logró los apoyos necesarios para presentar su candidatura. En ese momento venció a Jude Célestin en unos comicios plagados de acusaciones de fraude en 2015. Los cuales fueron anulados y vueltos a realizar en 2016 con más fraude, cuando finalmente pudo acceder a la Presidencia en un clima todavía enrarecido, el primer cargo público de su vida.

El espiral de violencia y crisis humanitaria haitiana

Moïse se hizo cargo de la administración, no de un país en condiciones de emergencia humanitaria, alimentaria y sanitaria crónicas, si no de las ayudas internacionales y las remesas, que representan los mayores porcentajes del PIB y la mayor fuente de enriquecimiento de unos pocos haitianos y de la Fundación Clinton, que las administrra a escala internacional.

Estas ayudas se vieron acentuadas de forma espeluznante desde el terremoto que en 2010 causó la muerte de cerca de 300.000 personas y la destrucción de la precaria infraestructura que abastecía de agua y energía a millones de haitianos, la cual nunca fue reconstruida en su totalidad por los robos mencionados.

Sus políticas carecieron totalmente de autonomía, beneficiaron únicamente a los sectores económicos con los cuales estaba comprometido y se dictaban conforme a las necesidades de EEUU.

Tengamos en cuenta que el imperialismo norteamericano controla los resortes económicos e institucionales claves del país desde su intervención de 2004 contra el Gobierno popular de Jean Beltrand Aristide (que ya había sido derrocado de su primer mandato por una invasión norteamericana en 1993). Esto fue con el apoyo de una “Fuerza de Paz” multilateral formada por la ONU llamada Minustah e integrada por países como Francia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina entre otros.

El país caribeño sufre, además, un incremento constante de la violencia y el gangsterismo por parte de mafias con cobertura empresarial y gubernamental que actualmente son el único factor de poder estable en la mayor parte del territorio. El fenómeno de las bandas criminales, agrupadas en Cofradías que actúan impunemente como la denominada G9, es apoyado abiertamente por el poder. Esto dio lugar a una Economía de la Violencia basada en la explotación del tráfico, la trata, la extorsión y el secuestro como prácticas cotidianas.

Estos grupos tienen la capacidad de extender sus ramificaciones a las comunidades haitianas de Miami, Montreal y Chile y controlar gran parte de las remesas que llegan al país. Sus miembros tienen un arsenal de armas de guerra superior al de la Policía y el Ejército (a los cuales de hecho controlan desde adentro) y obligan a funcionarios y empresarios a pagar altas sumas por su “protección”. Se encontraron en su poder armas del Ministerio del Interior con las cuales perpetraron masacres en barrios pobres como la de La Saline, en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños.

Todo indica que el crimen de Moïse se inscribe en el marco de una profunda crisis política, económica, social con altos niveles de violencia estructural (represión estatal, protagonismo de bandas paramilitares, pobreza extrema, elementos de desintegración del Estado, etc) que se acentuó al amparo de su gestión, pero que se ha venido arrastrando desde hace años.

El régimen quedó en manos del Primer Ministro Claude Joseph, que llamativamente había sido desplazado el día anterior por Moïse que nombró a Ariel Henry, quien no pudo asumir el cargo. Joseph decretó el Estado de Sitio en todo el país, cerró los aeropuertos y señaló que los primeros indicios responsabilizan del magnicidio a “un grupo no identificado de delincuentes extranjeros”, y mencionó que hablaban “inglésy español”, hipótesis de la cual no se han aportado pruebas por el momento pero que apunta a culpabilizar a Venezuela.

En su seguidismo ciego a las órdenes de Trump, Moïse renunció a seguir perteneciendo a Petrocaribe, la filial de ALBA para el Caribe, a pesar de que a partir de entonces debió comprar petróleo mucho más caro. En respuesta, la Inteligencia chavista hizo públicos documentos que demostraban el fraude y las trampas realizadas por el régimen anterior para lograr que Moïse asuma la presidencia, como también el escándalo de corrupción en torno a los fondos del programa Petrocaribe (del que durante el gobierno de Martelly recibió 6 millones de dólares). A raiz de eso, las protestas populares en su contra volvieron a estallar y ya nunca llegaron a apagarse.

Izquierda Diario / L Haine