Israel ha comenzado el año con un nuevo gobierno, lo llaman “de ultraderecha”. Lo es en sus políticas económicas, pero en sus políticas sociales y racistas contra el pueblo nativo palestino es simplemente más claro e irreflexivo que los de la “izquierda sionista”. Se trata de una diferencia de grado, no de esencia, que está marcando la actitud del gobierno sionista en los diferentes aspectos de la actualidad.

“Mantener la libertad operativa del ejército” para matar a más civiles

El informe anual del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional Israelí (INSS, en sus siglas en inglés) ha sido siempre una guía estratégica para los gobiernos israelíes. El informe de 2023 que ya ha sido entregado al presidente del Estado sionista, aconseja mantener la libertad operativa del ejército para “bloquear una escalada de violencia” ante el debilitamiento de la Autoridad Palestina cuyo presidente, Mahmud Abbas, con sus 87 años se acerca a su final.

Dicha libertad operativa conlleva la aplicación de unos conceptos claves en la mentalidad bélica israelí como “cortar el césped”, es decir, llevar a cabo incursiones militares en las zonas de densa población palestina para asesinar y\o detener a activistas palestinos en la resistencia armada o popular, o como “planchar la conciencia”, esto es, causar el máximo trauma en la población civil, que sirve de incubadora de dichos activistas, con una violencia letal indiscriminada con el objetivo de que la población palestina deje de apoyar cualquier forma de ejercer resistencia frente a la ocupación israelí.

Se añade a esa escena la “relajación del protocolo de abrir el fuego” que ha ordenado Itamar Ben Gvir, el nuevo ministro de Seguridad Nacional israelí. Ben Gvir es seguidor de la corriente kahanista, es violento y anti-árabe, y es colono del asentamiento ilegal Kiryat Arba en Hebrón donde tiene la costumbre, y su esposa también, de ir con su pistola por los barrios palestinos. Cabe mencionar que tiene, además, antecedentes penales por violencia racista.

La “relajación de los protocolos de abrir fuego” significa libertad de asesinar. Ben Gvir no es el primero en relajar dichos protocolos, aunque no se puede negar que sus declaraciones muestran una latente voluntad de matar a palestinos y echarlos fuera del país. Lo que vemos actualmente en los campos de personas refugiadas en Yenin y Belén, así como en otras aglomeraciones palestinas, es la fiel traducción de esa política.

 

Arreglar “los campos de verano”

Para Ben Gvir, las y los prisioneros palestinos están viviendo en “campos de verano”. En dichos “campos” se encuentran, hoy por hoy, más de 7.400 personas, entre ellas 150 niños. De allí salieron Karim Yunis con 66 años y Maher Yunis con 64 años, dos primos que pasaron 40 años en las cárceles israelíes por luchar contra el colonialismo sionista.

Karim fue sacado de la cárcel a las 12 de la noche de su ultimo día de sentencia. Las autoridades israelíes lo llevaron en coche a la cuidad de Ra’nana, a 60 kilómetros de su pueblo A’ara. Allí lo dejaron en la estación de los autobuses y le dijeron: “Búscate la vida”. Gracias a un grupo de trabajadores palestinos con los que se encontró, Karim logró hablar por teléfono con su familia que no sabía su paradero y, finalmente, se celebró su puesta en libertad, aunque bajo la prohibición israelí de que hubiese banderas palestinas.

En las cárceles sionistas hay otros 39 prisioneros que han pasado más de 25 años en los “campos” del larguísimo “verano” israelí. Entre el Partido Likud de Netanyahu y el partido Poder Judío de Ben Gvir se alcanzó un acuerdo: promulgar una ley que permita la ejecución, el asesinato, de detenidos palestinos antes de aprobar el presupuesto del Estado en 2023.

Quitarse la hoja de parra “democrática”

Israel es un Estado que no tiene constitución. Las diferentes leyes orgánicas se guían a través de una serie de leyes de base. A pesar de la separación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, existen más de 66 leyes discriminatorias contra el pueblo nativo palestino, y eso que el Tribunal Supremo israelí ha desestimado muchas propuestas de leyes discriminatorias.

En el acuerdo de coalición firmado entre Netanyahu y Beltzlael Smotrich, jefe del partido Sionismo religioso y ministro de Finanzas, el gobierno de Netanyahu se compromete a poner en vigor una “cláusula de prevalencia”, se refiere a la prevalencia de las leyes aprobadas en el parlamento israelí, la Knesset, sobre los laudos del Tribunal Supremo en caso de disputa entre el poder legislativo y el poder judicial. Es un golpe explícito y premeditado a uno de los preceptos de la democracia: la separación entre los poderes. La democracia israelí es discriminatoria y racista contra los palestinos, en una palabra: es sionista.

Cabe mencionar que Smotrich es otro colono y vive en el asentamiento ilegal Kidumim construido en las tierras del pueblo palestino de Kufr kaddum, cerca de Naplusa.

Nombrar racistas declarados a la cabeza de la diplomacia israelí

El puesto del ministro de Asuntos Exteriores será ocupado por dos figuras racistas. El primero es Eli (Eliahu) Cohen que servirá durante dos años dicho cargo para después ser sustituído por Yesrael Katz hasta el fin del mandato del gobierno de Netanyahu.

Cohen fue propulsor de la ley que prohíbe a los palestinos alzar la bandera palestina en territorio bajo jurisdicción israelí. En una intervención en la Knesset, dijo que levantar la bandera palestina en una institución israelí en el día de conmemoración de la limpieza étnica palestina (Nakba) es como “alzar la bandera del ejército republicano irlandés o la bandera de Al-Qaeda en una universidad británica”. En varias ocasiones, Cohen, que fue ministro de los Servicios de Inteligencia en último gobierno de Netanyahu, ha tratado la Nakba con sarcasmo. En debates en la Knesset ha insistido en que la Nakba palestina se debe llamar “la envidia palestina” porque “los palestinos no han logrado tener un Estado próspero como Israel”.

Este discurso, marcado por la ignorancia y la prepotencia machista, se manifiesta en su postura en cuanto a la última matanza cometida por el ejército en el campo de personas refugiadas palestinos en Yenin. Cohen la ha calificado de “acción firme y exitosa”, añadiendo: “quien planifica para dañar a los ciudadanos israelíes, asumirá su propia sangre”.

 

En un tono parecido, Netanyahu ha calificado de “despreciable” la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse urgentemente sobre el “estatus legal de la ocupación” israelí y su “anexión” de territorios palestinos. Cohen, por su parte, ha dicho desafiante que dicha resolución “no cambiará la situación en el terreno”.

 

Dentro de dos años, Yesrael Katz tomará el relevo de Eli Cohen. Katz ha desempeñado diferentes cargos ministeriales, entre ellos la cartera de ministro de los Servicios de Seguridad. En el aniversario de la Nakba, en mayo del año pasado, Katz amenazó a los palestinos que viven en territorios ocupados con “otra Nakba” y, desde el podio de la Knesset, dijo: “Acordaos de 1948, de nuestra independencia y vuestra Nakba. Preguntad a vuestros ancianos, a los y las abuelas, y ellos os contarán que, al fin y al cabo, los judíos son espabilados y saben cómo defenderse ¡No estiréis la cuerda demasiado, si no os enseñaremos una lección que no olvidaréis!”.

 

Con estos personajes a la cabeza de la diplomacia del régimen del apartheid israelí, resulta que las maniobras sionistas y de derechas europeas y españolas para demonizar la solidaridad con Palestina son una comedia desgraciada. Los intentos de fomentar un discurso que pone la campaña del Boicot Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS) y el comunismo en la cesta del “antisemitismo” y el “totalitarismo” es una aberración que no llega, ni siquiera, a la altura del error. Se añade a eso una instrumentalización cínica de la tragedia del Holocausto por parte del lobby sionista y de la derecha para negar la tragedia Nakba y la lucha judía antinazi en las filas comunistas.

Según el ministerio israelí de Igualdad Social, en la actualidad viven en Israel 150.600 personas sobrevivientes del Holocausto, el 94% de ellas tienen más de 80 años. Un estudio del Centro de Investigaciones e Información de la Knesset de 2021 advierte que más de 14 mil sobrevivientes del Holocausto sufren inseguridad alimentaria y dependen de un programa de caridad, el equivalente al 8,6% de dichas personas en 2021. Según un análisis de datos del Instituto de Seguridad Social israelí, realizado por el famoso periódico israelí Davar, el año pasado el 31% de sobrevivientes del Holocausto que viven en Israel lo hacen en la pobreza.

Tenemos una base sólida para decir que el régimen colonialista israelí tiene características totalitarias cada vez más prevalentes, porque impone una ideología sionista a través de leyes que afectan a la educación y a los medios de comunicación, como son la Ley de Educación Pública de 1953 y la Ley de la Segunda Red de Radio y Televisión de 1990. También porque pretende acabar con la democracia, porque está provocando una limpieza étnica, a diferentes ritmos, contra la población autóctona palestina. El régimen del apartheid israelí está proyectando sus propias enfermedades en sus políticas.

Por todo ello, el boicot es necesario hasta la abolición del sionismo y la rendición de cuentas de la cadena de mando israelí por sus crímenes contra la humanidad.