Guerra: la respuesta de Bukele al fracaso de su pacto con pandillas
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Dos expertos en seguridad pública hablan sobre las implicaciones y consecuencias del rompimiento de las negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con la MS-13. El fracaso de la política pública de negociar la paz social con los criminales obliga ahora al presidente a buscar una nueva política de seguridad. En ese ínterin, el país sufre un régimen de excepción que, entre otras consecuencias, está privando de libertad a salvadoreños que no tienen vinculación criminal y que ya se cobró vidas dentro de las cárceles.
Los 87 asesinatos a manos de pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) ocurridos entre el 25 y 27 de marzo de 2022 y la instauración de un régimen de excepción son signos de un rompimiento de las negociaciones que mantuvieron el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas durante los últimos dos años y medio, según se desprende de conversaciones telefónicas entre el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, y jefes de la MS-13. Los audios de esas conversaciones, publicados por el periódico El Faro el pasado martes 17 de mayo, reconfirman que la negociación de Bukele con grupos criminales, para bajar los homicidios y mantener una relativa paz social, ha sido una política de seguridad de su gobierno.
Pero esos audios también revelan que el gobierno cambió de dirección en la seguridad pública porque las relaciones con los grupos criminales se rompieron. El régimen de excepción, durante el que la Policía Nacional Civil dice haber detenido a más de 30 mil personas, entre pandilleros y personas que no tienen ninguna vinculación delincuencial, es el signo más palpable del paso de la negociación a la guerra.
Luis Enrique Amaya, investigador y consultor salvadoreño especializado en seguridad pública, plantea que El Salvador podría ver cambios importantes en las políticas de Bukele para la seguridad si el rompimiento de su carta principal, la negociación con pandillas para la reducción de homicidios, ya no tiene marcha atrás. “Existe la posibilidad de que esto sea una ruptura definitiva del espacio construido para negociar. Yo creo que eso es lo más probable”, dice Amaya.
El investigador considera que la guerra del gobierno es la nueva estrategia de seguridad pública y que es poco probable que en el futuro cercano el escenario para reentablar las negociaciones con pandillas se recomponga, debido a la pérdida de confianza de ambos bandos.
Amaya asegura que las consecuencias de la nueva guerra contra pandillas aún son impredecibles. “Ahora habrá que analizar los escenarios en términos del comportamiento de la criminalidad desde una plataforma diferente como política pública, porque la estrategia gubernamental ahora tiene un cambio. No sabría decir si va a subir o bajar la criminalidad y no sé si de verdad podamos confiar en las cifras que nos comparta el Estado en este sentido”, comenta el investigador.
La investigadora salvadoreña en violencia y seguridad Jeannette Aguilar considera, al igual que Amaya, que aún no se pueden vislumbrar los efectos a largo plazo de la nueva guerra de Bukele contra las pandillas luego del fracaso de las negociaciones. “Una de las preocupaciones que siempre he señalado a los pactos con las pandillas por los distintos gobiernos o partidos políticos es que luego de estas crisis las pandillas logran recomponerse y terminan fortaleciéndose. Es algo que debemos esperar, incluso con consecuencias nefastas para el país. ¿Cuál va a ser la respuesta de las pandillas una vez logren reacomodarse como lo ha demostrado la evidencia empírica de los últimos 20 años?”, cuestiona.
Aguilar recordó que los asesinatos de 87 personas en un fin de semana por pandilleros de la MS-13 fueron una respuesta a los desacuerdos en las negociaciones con el gobierno de Bukele. Y apunta que las negociaciones del gobierno con pandillas y su rompimiento han tenido consecuencias que afectan con mayor gravedad a la población más pobre, ya que esta población “está sometida de manera continua, cotidiana, a la violencia de estos grupos, y es esa misma población la que termina pagando con sus vidas estas rupturas”.
“Cuando este tipo de estrategias arriesgadas son utilizadas por gobiernos sin escrúpulos nos pueden llevar como contrarrespuesta, una vez se ha roto esta negociación, a una situación extrema como la que tenemos hoy en día: un régimen de excepción de derechos fundamentales que afecta a toda la población y que ha derivado en grandes violaciones a los derechos humanos, en una política agresiva de encarcelamientos masivos, en donde se incluye a miles de inocentes”, dice la investigadora.
Carlos Marroquín, el funcionario de la administración Bukele, aseguró en las pláticas telefónicas que él intentó mantener las buenas relaciones del gobierno con la pandilla. Incluso recalcó que él personalmente sacó de un centro penitenciario a Élmer Canales Rivera, alias “Crook de Hollywood”, un jefe fundador de la MS-13 con procesos judiciales pendientes en El Salvador y pedido por el gobierno de Estados Unidos, y lo llevó a Guatemala para que evadiera la justicia. Marroquín también responsabilizó al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, de arruinar las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas.
Los audios de Marroquín revelan que “Torero”, seudónimo que los pandilleros le dan al ministro Gustavo Villatoro, ordenó la captura de unos miembros de la MS-13 que viajaban en un vehículo gubernamental conducido por un empleado público, también pandillero. Esa detención, ocurrida en marzo, provocó la reacción de la pandilla, que se sintió traicionada y pidió a Marroquín, a quien los pandilleros le dan el alias de “Lente”, que le comunicara a “Batman”, el sobrenombre que le dan las pandillas al presidente Nayib Bukele, que el gobierno tenía 72 horas para liberar a sus compañeros.
En los audios se escucha a Marroquín decir que ese ultimátum no le pareció al presidente y que la decisión sobre ese caso se tomaría en una reunión posterior. La MS-13 confirmó al periódico El Faro que las 87 personas asesinadas entre el 25 y 27 de marzo de 2022 fueron la presión que esa pandilla ejerció para que el gobierno liberara a los pandilleros detenidos. La respuesta de Bukele a esos homicidios, en esos días en que los índices de asesinatos superaron los niveles históricos de El Salvador en las últimas dos décadas, fue la imposición de un régimen de excepción que lleva dos meses y que proyecta su prolongación por un mes más a partir del próximo 27 de mayo.
Las revelaciones que hizo Marroquín a los jefes pandilleros podrían tener consecuencias penales, según Aguilar, ya que este funcionario confesó haber extraído de una cárcel salvadoreña a un privado de libertad, jefe de pandillas, con procesos judiciales pendientes y requerido también por la justicia de Estados Unidos, y haberlo llevado a Guatemala para liberarlo. “Algunas investigaciones de las agencias de Estados Unidos parecen estar derivando en investigaciones penales hacia algunos funcionarios involucrados, en este caso podrían llegar a alcanzar hasta al propio presidente, basados en estas investigaciones”, dice.
Amaya también cree que las reacciones de la comunidad internacional ante estas revelaciones de Marroquín hagan tensar más las relaciones con el gobierno de Bukele. Incluso, no descarta la posibilidad de que Marroquín y otros involucrados en las negociaciones con pandillas puedan ser detenidos y requeridos por la misma justicia salvadoreña, como una forma para Bukele de desligarse de esos pactos y calmar las tensiones. Cabe también la posibilidad de que no haya reacciones de ese tipo por parte del gobierno salvadoreño, como ha sucedido con revelaciones de corrupción de otros funcionarios de su administración.
El periódico El Faro asegura que los audios de Marroquín fueron sometidos a varios peritajes técnicos, además de confirmaciones testimoniales que aseguran que Marroquín ha sido la cara visible del gobierno para las negociaciones. Los resultados de las pruebas a los audios reflejan que la voz de las llamadas telefónicas pertenece en efecto a Carlos Marroquín, con un nivel promedio entre 80 y 90 por ciento de fidelidad, un porcentaje alto de exactitud, según el medio.
El gobierno, en su régimen de excepción, cuenta más de 30,000 personas detenidas. Entre esas detenciones, hay casos confirmados de personas que no tienen ninguna vinculación criminal ni tampoco tienen antecedentes delincuenciales. Al menos doce personas han fallecido dentro de los centros penales por golpizas o por negligencias de salud. La Asamblea Legislativa, gobernada por diputados alineados a Bukele, prepara 30 días más de régimen de excepción. Y ante las revelaciones periodísticas de cómo las negociaciones con las pandillas fracasaron, el gobierno se mantiene en silencio hasta ahora.
