Ecuador. Fuera Lasso
Por Soledad Stoessel
“Fuera, Lasso, fuera” se escucha en las calles de la capital de Ecuador en el marco del doceavo día de paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Desde el inicio, el protagonismo de la CONAIE se vio acompañado de un sinnúmero de las más amplias organizaciones y colectivos del campo popular: estudiantes, campesinos, sindicatos, transportistas, mujeres, feministas, artistas, trabajadores informales.
La agenda de diez puntos que reclama la CONAIE fue la plataforma inicial con la que se lanzaron al paro, pero a medida que progresaba la movilización social y la consecuente respuesta represiva por parte del Estado, así como la miopía presidencial para tramitar este conflicto, la consigna destituyente tomó más fuerza.
Este tipo de consignas («¡que se vayan todos!», «¡fuera, presidente, fuera!») por parte de sectores sociales movilizados y hastiados de representantes políticos alejados de la sociedad no son una novedad en el país andino. Las últimas tres caídas presidenciales (1997, 2000 y 2005) estuvieron atravesadas por intensos episodios contenciosos y de movilización social enmarcados discursivamente por una aversión a la clase política, en particular a la figura que encarna la máxima investidura, el presidente.
Dicha repulsión siempre adquirió una forma destituyente que se plasmó en un imaginario social peculiar: ante cualquier crisis social, económica o política que tiene su correlato en la activación del poder constituyente (el pueblo movilizado), la salida política es la renuncia o caída presidencial.
Los imaginarios sociales, decía Cornelius Castoriadis, en tanto conjunto de representaciones, normas, afectos, deseos y sentidos que comparte un grupo social, son fuente de creación. Producen el mundo. Tienen la potencia de operar en la realidad ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos que, a su vez, pueden tener efectos instituyentes e institucionales. Pueden. No siempre sucede. No siempre los imaginarios sociales, incluso los radicales (aquellos que según el filósofo griego se apoyan en una imaginación, una fantasía, que se proyecta autónoma, politizada, con vocación de cambio), producen nuevas instituciones y prácticas sociales y trastocan las relaciones de poder.
Durante la década de mayor estabilidad política en Ecuador —los años correístas— también se activó tal imaginario durante aislados y efímeros momentos. «Fuera, Correa, fuera» vitoreaban clases medias y herederas en constante ascenso social, en rechazo a un gobierno que dinamizaba la economía y la inversión pública y generaba empleo y acceso a la salud y educación pública para toda la población. Los rebeldes privilegiados, una minoría, pedían la cabeza presidencial.
El imaginario de una caída presidencial como forma de resolver la vida (o para impedir que otros vivan una digna, como el caso de los que reclamaban por no encontrar en el mercado productos importados, como la Nutella) aparece y desaparece en coyunturas críticas.
Octubre de 2019 también revivió dicho magma de representaciones destituyentes. La crisis social producida por el gobierno de Lenín Moreno ante el aumento por decreto del precio de los combustibles tuvo su contraparte en el estallido social más importante en lo que va del siglo XXI. Durante los trece días de intensas movilizaciones y de paro nacional, también convocado por el movimiento indígena, el fantasma de la caída presidencial pululó en las calles, en la sociedad civil y en la clase política. El saldo de la violenta represión estatal fueron 11 muertos y varios heridos y desaparecidos.
El conflicto se procesó institucional y políticamente por medio de un diálogo televisado públicamente entre los dirigentes indigenas y el presidente. Moreno y su gabinete (la ministra Romo, sometida a juicio político, y el exministro de Defensa Oswaldo Jarrín), denunciados internacionalmente por cometer crímenes de lesa humanidad, acabó su gobierno luego de cuatro años como si nada hubiera ocurrido.
El «fuera, Lasso, fuera» que ahora se escucha en parte —no todo— del campo popular organizado y movilizado contra el gobierno del banquero es el corolario de dos situaciones: el hartazgo de una sociedad que desde hace cuatro años sufre las consecuencias de un proyecto comandado por un bloque de poder oligárquico y el modo en que el gobierno de Lasso está interpretando y tramitando el conflicto.
Respecto a la primera, los reclamos públicos por parte de las organizaciones movilizadas van desde el rechazo a las políticas de austeridad (recortes presupuestarios en servicios públicos, como salud y educación), al aumento sostenido del precio de los combustibles y de la canasta básica (el video en que un niño pedía al gobierno controlar los precios de los bienes básicos como aceite y verduras porque su madre ya no podía prepararle salchipapas se viralizó al punto de ser un ícono de la resistencia y de reclamo de una vida digna), a la falta de inversión pública, a la privatización de servicios y empresas públicas, al extractivismo en territorios indígenas, hasta la carencia de una política pública eficiente y orientada al bien común.
A esta multiplicidad de demandas iniciales se sumó un repudio mayoritario —con excepción de las contramarchas «por la paz» a las que convocó en Quito el propio gobierno y operadores del imperio mediático privado— al modo en que el Estado, con todo su aparataje represivo, intervino en el conflicto desde el segundo día. Ni bien iniciada la protesta, el máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza, fue detenido ilegalmente (en estricto rigor, se trató de un secuestro) durante 24 horas durante las cuales se desconoció su paradero.
Si la protesta lucía ser una expresión más de descontento social, la respuesta gubernamental —violenta y represiva— la elevó a un estallido social sin precedentes, incluso sin parangón con los episodios de octubre. Respuesta gubernamental esperable. Al mes de asumido el gobierno, Lasso, en una ceremonia con las Fuerzas Armadas, se solidarizó con su colega Iván Duque por las denuncias que pesan sobre sus hombros por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las movilizaciones sociales en Colombia durante 2021. Y aprovechó el momento —guiño a las fuerzas del orden, amenaza al campo popular— para bloquear todo intento de ejercicio del derecho a la protesta y a la resistencia en Ecuador.
El quinto día de paro nacional, el gobierno, en un movimiento desesperado, decretó el Estado de excepción en tres provincias con el consiguiente toque de queda desde las 22 horas, la restricción de los derechos fundamentales y el uso progresivo de la fuerza. A las pocas horas, dada la lluvia de críticas (incluso de parte de sus propias filas) respecto a la restricción del derecho a la información, voceros presidenciales anunciaron que había habido un error, que el presidente firmó un borrador y lo remendarían. La ineptitud gubernamental en su máximo resplendor.
A los tres días de dicho torpe decreto, en una jugada macabra (no «maestra», como tildaron algunos twitteros lassistas) el gobierno firmó un nuevo decreto, anulando el previo, para extender la situación de excepcionalidad a tres provincias más, dado el alcance nacional que había adquirido el paro.
Al décimo día de paro nacional, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ya contabilizaba 3 personas fallecidas, más de 90 heridas, 94 detenidas ilegalmente y 4 desaparecidas a causa de la represión gubernamental. Esta escalada de la violencia institucional se acompañó de escasos signos de apertura al diálogo por parte del gobierno nacional. De presidente a presidente, Lasso procuró establecer este «diálogo», adoptando como único interlocutor a Iza, a quien al mismo tiempo tildaba de violento, golpista y conspirador. A esta incompetencia gubernamental se sumaba la ocupación y militarización de espacios humanitarios emblemáticos, como universidades y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que funcionan como centros de acopio y refugio para las poblaciones indígenas movilizadas.
La calle vs. el gobierno; el pueblo vs. la oligarquía; el poder constituyente vs. el poder constituido —anquilosado en su insistencia por perpretar un neoliberalismo autoritario que ni media concesión al pueblo está dispuesto a hacer— no son meras consignas discursivas, como algunos nerviosos antipopulistas querrán proponer para denostar al populismo como estrategia política apoyada en una lógica binaria para alcanzar al poder.
Esta polarización estructural, ahondada por el gobierno nacional, tiene profundas bases materiales. Al tiempo que la sociedad se empobrece (1/3 de los ecuatorianos son pobres) y se sume al desempleo o al trabajo precarizado, al tiempo que las mayorías ya no cuentan con seguridad social y que los jóvenes no logran acceder a la universidad, que los sectores populares viven de remesas familiares (solo en el primer año del gobierno de Lasso salieron del país aproximadamente 91 000 personas) y que las clases medias deben pagar más impuestos, los grupos de poder gozan de la exención del impuesto a la herencia y de facilidades para fugar su capital en paraísos fiscales.
Como nunca en la historia del Ecuador, hoy la oligarquía tiene el poder instrumental y el poder estructural. Maneja los hilos de la economía al mismo tiempo que captura el Estado para sus propias arcas. Ya no fue necesario un intermediario, como lo fue Moreno. Ahora es la propia elite financiera, apoyada por las Fuerzas Militares (no olvidemos que en Ecuador han sido dirimentes en toda crisis política), los medios de comunicación privados y la Embajada la que controla los recursos públicos.
En esta polarización, instituciones democráticas como el parlamento y los partidos políticos brillan por su ausencia en tanto representantes del pueblo. Ante la imposibilidad de algunos partidos políticos de pronunciarse sobre (o encarnar) las salidas políticas-institucionales para procesar el conflicto, las calles se vuelven locus de la representación política.
¿Dicha imposibilidad responde a la falta de proyección política? ¿O a que están atrapados en una camisa de fuerza por posibles y conocidas persecuciones políticas que implantó como antecedentes el gobierno de Moreno? O sin más, ¿los partidos políticos, en una lectura «rational-choista» están sopesando los costos de involucrarse de primera mano para tramitar este conflicto social al que alimentaron varios de ellos, como el prebendalista y corporativista Pachakutik?
En este escenario, el imaginario social destituyente vuelve a reactivarse. Decíamos que un imaginario social solo en determinadas condiciones, según las particularidades de cada coyuntura, como las correlaciones de poder, el acumulado social y los poderes fácticos que sostienen el poder instituido, puede tener efectos instituyentes. ¿Lasso será destituido por medio de los mecanismos constitucionales que puede activar la Asamblea (artículo 130 de la Constitución)?
Dos bancadas parlamentarias (Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, suman aproximadamente 23 votos) ya anunciaron que no apoyarían la destitución, mientras que Iza exhortó a «sus» representantes partidarios (PK) a apoyarla. Por su parte, la bancada mayoritaria, la de UNES (Unión por la Esperanza), el partido correísta, por unanimidad y sin fisuras, puso sus curules a disposición y las firmas de sus asambleístas como gesto de apoyo a la destitución presidencial por medio del artículo 130.2 de la Constitución.
¿El presidente renunciará? En este escenario de radicalización de la derecha ecuatoriana que obtuvo el poder por la vía electoral, sumado a los aliados estratégicos a quienes una posible caída presidencial amenazaría sus posiciones, es difícil que a Lasso lo «dejen» renunciar. ¿El Poder Ejecutivo convocará a la novedosa figura de la «muerte cruzada» (artículo 148)? Meses atrás, ya Lasso había amenazado con hacerlo si la Asamblea continuaba «bloqueando» sus proyectos legislativos. ¿O simplemente el conflicto social se procesará por medio de una negociación política entre la CONAIE y el gobierno, de forma tal de bajar la intensidad de la contienda y cada parte conseguir una victoria, aunque parcial?
El patrón corporativo con que las organizaciones indígenas han negociado sus agendas los últimos años (recordemos la alianza entre la CONAIE, PK y el gobierno de Moreno) puede reactivarse en este escenario. Y, a esta altura, el gobierno puede declararse triunfante si logra ceder a varias de las diez demandas sociales declaradas por la CONAIE y esto es aceptado por la organización. En caso de abrirse este escenario, ¿se conformará el campo popular movilizado con la conquista de algunas de las reivindicaciones esbozadas por la CONAIE, excluyendo al resto de demandas ajenas a la organización indígena?
Como se delinea, el panorama luce más que preocupante. Hoy, en vísperas del doceavo día de paro y movilización nacional, que el conflicto encuentre un cauce democrático e institucional suena quimérico. El recrudecimiento de la represión y violación de derechos humanos a últimas horas de la noche del día once de paro (cuando por la tarde parecía establecerse una tregua para el diálogo), la acefalía gubernamental y el saludo celebratorio de operadores mediáticos y de un alto asesor presidencial a las fuerzas del orden por su «trabajo abnegado y heroico» no auguran nada bueno.
El bloque de poder lejos está de visualizar la urgencia de tramitar democráticamente las demandas legítimas que el campo popular viene exigiendo desde los años en que el neoliberalismo autoritario retornó al país andino, con miras a encarnarse como proyecto de poder excluyente, disciplinador y autoritario. Es acuciante, entonces, la conformación de un gran frente plurinacional-popular (¿un Pacto Histórico a la ecuatoriana?) que pueda trascender las parcelas particularistas y los resentimientos políticos de los representantes del campo popular para proponer una salida democrática a esta crisis social y política sin precedentes.
