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España se encamina a entrar en el club de los más de 30 países del mundo que han regulado el uso del cannabis, fundamentalmente con fines medicinales, entre ellos la mayoría de la UE. El acuerdo de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, aconsejada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de suavizar la fiscalización internacional de la marihuana para permitir su utilización científica y terapéutica es lo que más ha pesado para que España se haya decidido finalmente a dar el paso.

Como en tantos otros campos, la política ha ido aquí también por detrás de la sociedad. La opinión pública española ya venía mostrando desde hace unos años un cambio de tendencia cada vez más favorable a la legalización del cannabis. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que se preguntó por este asunto, el de abril de 2021, reflejó que un 49,7% de las personas encuestadas apoyaba la regulación integral de la marihuana, un punto y medio más que en 2018. El porcentaje aumentaba hasta un aplastante 90,1% en el caso de los partidarios de legalizar solo su uso medicinal, que suponía, a su vez, un incremento de siete puntos con respecto al sondeo de tres años antes.

Hay opinión pública a favor y también muchos usuarios y usuarias, puesto que el cannabis es la tercera sustancia más consumida en España, por detrás del tabaco y el alcohol, según la última Encuesta EDADES del Plan Nacional sobre Drogas, publicada en 2020: un 10,5% de la población de 15 a 64 años, es decir, más de tres millones de personas, dice haber consumido marihuana en el último año; y un 8% –más de 2,5 millones–, en el último mes, o sea, de forma más habitual.

Y, además, hay negocio, no el negro de los traficantes, sino el de la industria legal que florece con el cultivo de esta planta y sus diferentes usos. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona estimó en 2018 que el Estado podría ingresar 3.312 millones de euros al año en pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social con la regulación de cerca de 102.000 empleos para producir los 820.000 kilos necesarios para abastecer una demanda legal de cannabis. Y la Confederación de Asociaciones Cannábicas (Confac) calculó que el reconocimiento legal de las más de 1.500 entidades que fomentan en España un consumo responsable y compartido permitiría generar el pago de 220 millones en impuestos y otras tasas regulando 7.500 empleos.

Prueba de que el negocio va hacia arriba es que la Agencia Española de Medicamentos del Ministerio de Sanidad ha multiplicado este año por diez las previsiones de necesidades de cannabis medicinal lícito en España, que ha comunicado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Son seis toneladas que abarcan la producción de los dos únicos medicamentos hechos con compuestos cannábicos autorizados aquí (Sativex y Epidiolex) y los cultivos de las 22 entidades públicas y privadas que disponen de licencia para plantar marihuana con fines medicinales, cuya producción, parodójicamente, tiene que ser exportada al completo a otros países porque su uso todavía no está autorizado en España.

El destino de esa producción, sin embargo, está a punto de cambiar tras la subcomisión que durante tres meses ha estudiado la regulación del uso medicinal del cannabis en el Congreso y que dio su visto bueno el pasado mes de junio. Las comparecencias de científicos, organizaciones médicas y farmacéuticas, responsables de programas regulatorios de siete países de la UE y asociaciones de pacientes y usuarios han determinado la decisión de los grupos parlamentarios sobre la utilización terapéutica de la marihuana en España. En el ámbito internacional, ese uso se cimenta en un estudio de la Academia de Ciencias de EEUU, que ya en 2017 dictaminó la existencia de “evidencias concluyentes” para afirmar que los cannabinoides (componentes del cannabis) son efectivos, al menos, en el tratamiento del dolor crónico, como antieméticos para paliar los efectos de la quimioterapia y para mejorar los síntomas de espasticidad muscular de la esclerosis múltiple.

En España, a falta de datos oficiales sobre un uso aún ilegal, las organizaciones de pacientes estiman que hay entre 300.000 y medio millón de personas que utilizan el cannabis con fines medicinales para tratarse o aliviar dolencias como las referidas, y otras muchas, como la artritis, algunas epilepsias o la fibromialgia. Son miles de pacientes que ahora deben recurrir al cultivo de plantas en sus casas, a las asociaciones de cannabis que hacen un cultivo compartido para abastecer a sus socios o, en el peor de los casos, al mercado negro para conseguir su medicina, con lo que se arriesgan a ser multados con la Ley de Seguridad Ciudadana o la conocida Ley Mordaza, que sanciona con un mínimo de 600 euros la tenencia de drogas en un lugar público.

La regulación del uso medicinal solo soluciona, sin embargo, una parte del problema. Queda por resolver el uso recreativo que hacen de la marihuana la mayoría de sus al menos tres millones de consumidores en España, según la encuesta EDADES. El grupo de Unidas Podemos ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para regular ese consumo, algo que también ha hecho el de ERC, pero la posición contraria que ya mostró el PSOE al desestimar el año pasado una propuesta similar de Más País, sumada al rechazo que muestran PP y Vox a casi cualquier avance en este terreno, hacen aventurar un fracaso de ambas iniciativas.

Actualmente, en el mundo hay cuatro países que han regulado el uso recreativo del cannabis: Canadá, Uruguay, varios Estados de EEUU y, recientemente, Malta, cuyo parlamento aprobó en diciembre una ley en ese sentido. Pero en breve podría haber otro, y mucho más importante, Alemania, ya que su nuevo gobierno de coalición de socialistas, verdes y liberales ha anunciado que aprobará la legalización integral de la marihuana que ahora restringe al ámbito medicinal. El gigante económico europeo podría convertirse, en ese caso, en un tractor que tiraría del resto de la UE hacia posiciones más aperturistas, sobre todo de países con gobiernos progresistas, como es el caso ahora de España.