La huelga de los trabajadores de las refinerías y depósitos de combustible está poniendo en jaque a Francia. A la huelga, que ya dura varios días, hay que sumar las numerosas protestas que se están viviendo, así como los bloqueos de las refinerías y depósitos que están haciendo los huelguistas. Los trabajadores exigen un aumento de los salarios y mejores condiciones laborales, denunciando los grandes beneficios de las empresas energéticas.

Un tercio de las estaciones de servicio del país están ya sin combustible, y en zonas clave como el área metropolitana de París los niveles de escasez alcanzan el 45%. Algunos departamentos han introducido el racionamiento y limitan la cantidad de gasolina a 30 litros por vehículo. El desabastecimiento y en miedo a la escasez han multiplicado las colas en las estaciones de servicio, que son la tónica de estos días. Sin embargo, pese al caos, las encuestas sostienen que hay un apoyo generalizado a los trabajadores, porque sus reclamaciones coinciden con las de muchos otros franceses: una subida de salarios con la que hacer frente a la inflación.

La situación se ha agravado en las últimas horas, y no parece que vaya a mejorar en el corto plazo, como afirma hasta el mismo presidente Macron. La presión es tan grande que el mismo gobierno y su ministro de economía ya han pedido en público a las petroleras (las afectadas son grandes multinacionales como Total o ExxonMobile) que accedan a las demandas de los trabajadores.

Requisición de trabajadores, arma del gobierno contra la huelga

El pasado martes por la tarde, la primera ministra francesa Elisabeth Borne anunció la requisición de trabajadores petroquímicos, es decir servicios mínimos obligatorios para trabajadores de diversos lugares estratégicos. Esta herramienta legal, creada en 1938 en el marco de la puesta en marcha de una economía de guerra, es fundamentalmente un arma del Estado para romper huelgas cuando estas amenazan fuertemente los intereses de la patronal.

Desde ayer miércoles por la mañana, trabajadores como los del depósito de Port-Jérôme Gravenchon en Normandía, perteneciente a ExxonMobile, están siendo obligados a trabajar bajo la amenaza de penas judiciales.

Pero pese a las amenazas del gobierno, los trabajadores han decidido continuar con una huelga que ha ido ganando apoyo con el paso de los días. Los sindicatos que más protagonismo están teniendo en la huelgay las protestas, CGT y FO, han advertido que los intentos de pararles por la fuerza sólo escalarán la situación. «Puedo garantizarles que será una guerra. Si Macron quiere que esto se extienda a otras partes de la economía, que lo haga», indicó en declaraciones un portavoz de la CGT. Los sindicatos están llamando a la acción en otras empresas y sectores económicos para «amplificar la lucha».