El acuerdo firmado por el gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, sindicatos de la monarquía, es una prueba objetiva más de cómo estas organizaciones sociales siguen a pie juntillas las políticas del reformismo fiel servidor de los intereses de las grandes corporaciones económicas. Detrás de la subida del 9,5 % hasta 2024 se esconde una manipulación clara para vender a la opinión pública y a la clase trabajadora las bondades del gobierno de coalición, cuando la realidad es que en 2022 van a subir sólo el 3,5 % los salarios de los trabajadores de la administración pública frente a un incremento del nivel de vida de aproximadamente el 10 %. En definitiva, que hay una pérdida de más del 6 % de la capacidad de compra de los salarios en el año en curso. Estos acuerdos salariales de los sindicatos de la administración pública, marcan las directrices, indican el ritmo que deben seguir la inmensa mayoría de los convenios laborales.

La inflación es un recurso que utiliza el capital frente al trabajo; es un artilugio que forma parte de la lucha de clases mundial entre el capital y el trabajo; es un proceso destinado a incrementar las ganancias del capital con el manejo de los precios; es un mecanismo para extraer la mayor cantidad dineraria de los ingresos de los sectores populares, sean salarios, jubilaciones, prestaciones, subsidios o las ayudas sociales. Mediante las alzas de los productos básicos de consumo suben los ingresos de una minoría de la población que es la propietaria de los medios de producción de la sociedad: energía, alimentos y otros medios de consumo social.

Los precios de los alimentos y de la energía se han visto afectados muy especialmente por la guerra y las decisiones de la OTAN y la UE. Las sanciones que se han tomado contra Rusia se han vuelto en contra de las poblaciones de los países occidentales. Los organismos financieros internacionales al servicio del imperialismo norteamericano han decidido una subida de los tipos de interés para frenar la inflación galopante. Esta medida política contribuye a la disminución de las inversiones empresariales, a las subidas de los intereses que la gente paga por sus hipotecas y sus préstamos al consumo. Todo genera una bola de nieve que crece y crece desembocando en la subida del desempleo, la caída de los salarios y en general, en unas condiciones laborales mucho más duras y más favorables para la explotación laboral.

En este ambiente hostil a la vida de las clases trabajadoras y sectores populares, él Estado español como buen administrador de los intereses de la burguesía con la colaboración de los sindicatos monárquicos acuerdan la subida salarial mencionada. Los medios de comunicación replican las voces gubernamentales que llaman a la responsabilidad a los trabajadores para que acepten ofertas salariales a la baja, inferiores a los niveles de la inflación, como si ellos fueran los responsables de las subidas de precios.

El Gobierno vende su generosidad con este acuerdo fácil con los sindicatos sin sobrepasar sus compromisos institucionales establecidos con la Monarquía, sin traspasar su subordinación al dictado de las medidas de contrarreforma de la Unión Europea, entre las que se encuentra la destrucción del sistema público de pensiones y de todo lo público, y las exigencias de aumento de los gastos militares de la OTAN para echar leña a la hoguera de la guerra.

La realidad es que la precariedad y los bajos salarios, el ataque a los servicios públicos de la sanidad, la educación, la dependencia, son el pan nuestro de cada día. Los contratos a los que se somete al personal sanitario, la falta de inversiones, destruyen la sanidad pública en beneficio de la financiación de la privada. Por eso faltan ya en la sanidad pública miles de médicos y de enfermeras, hay déficit de quirófanos, de camas hospitalarias, de especialistas. Las listas de espera se multiplican, mientras se cierran las urgencias y la atención primaria… En consecuencia, la defensa de lo público en la sanidad pasa por no financiar la privada, por derogar las leyes que lo permiten, la ley 15/97 y la Ley General de Sanidad. El día 27 de octubre los estudiantes convocan huelga general” contra la destrucción de la enseñanza pública”.

Las pensiones, los salarios, la sanidad, la educación… Las principales conquistas sociales de cientos de años de lucha están en peligro. No es un accidente, es el cumplimiento de los planes de destrucción y apropiación de los recursos y servicios públicos de los especuladores y usureros, de los señores de la guerra. Quieren normalizar la pobreza, la precariedad, la enfermedad. Todo lo público forma parte fundamental de la economía y del derecho a la vida de la mayoría social.

Los trabajadores y trabajadoras serán los paganos de la crisis si siguen las indicaciones de los sindicatos del régimen monárquico. No queda más remedio que la organización y la movilización para denunciar con fuerza los acuerdos de colaboración de clase que facilitan la domesticación y dominación con la que tan conforme y a gusto está la burguesía española y la UE.