El régimen dictatorial Boluarte-Otárola estableció el estado de emergencia en las regiones de Lima, el Callao, Puno y Cusco, frente a las diversas convocatorias a movilización popular que se anunciaron para este lunes 16 de enero, y cuyos objetivos son la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso golpista y oligárquico, y la convocatoria a nuevas elecciones.

La medida, que tiene un mes de duración desde este domingo 15 de enero, otorga plenos poderes a la Policía para mantener el control del orden interno del país con el auxilio de las Fuerzas Armadas, y consiste en la suspensión de los derechos constitucionales de la población, como la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales. En el departamento de Puno ya se impuso el toque de queda.

Desde comienzos de diciembre de 2022, se iniciaron las movilizaciones, protestas y marchas contra el régimen golpista que vacó inconstitucionalmente al presidente Pedro Castillo, elegido por las urnas. El Congreso, tomado por los representantes de los intereses oligárquicos, es el epicentro donde se originó una larga crisis política larvada desde antes de los comicios que dieron la victoria a Castillo. De hecho, es el mismo parlamento que le impidió gobernar.

Al respecto, uno de los factores decisivos del golpe de Estado fue la eventualidad de aplicar un programa de aristas progresivas que favorecían a las clases trabajadoras y populares. Por ello, en cuanto se produjo la asonada antidemocrática, la embajadora de Estados Unidos en Perú y el propio secretario de Estado estadounidense respaldaron a Dina Boluarte.

En un marco ampliado de relaciones de fuerza a escala mundial, Estados Unidos y sus aliados y subalternos, en medio de una crisis de hegemonía planetaria contra China y sus adeptos, desde hace años viene impulsando “golpes institucionales o parlamentarios” en América Latina. Ya ocurrió el 2009 con Manuel Zelaya en Honduras, el 2012 con Fernando Lugo en Paraguay, el 2016 con Dilma Rousseff en Brasil, y el 2019 con con Evo Morales en Bolivia. El imperialismo norteamericano precisa asegurar las relaciones de subordinación históricas que ha sostenido con Latinoamérica para enfrentar esta suerte de segunda guerra fría. Por ello, el desenvolvimiento de la lucha del pueblo peruano cobra inmediatamente carácter anti-colonialista y antiimperialista.

Hasta el momento, en el país andino han sido masacradas con munición real e incluso desde helicópteros militares casi 50 personas por la policía y los soldados; centenares de heridos de gravedad; y otros muchos judicializados como “terroristas”, actualmente detenidos y prisioneros políticos.

Este domingo 15, en Lima, contra la orden del estado de emergencia, diversas agrupaciones se han manifestado en las calles, preparando el clima de las protestas del lunes.