En España hace falta ya una huelga general

La lucha contra la carestía ha estallado en Europa, en multitud de conflictos salariales y de condiciones de trabajo. Sin embargo, es en Reino Unido donde ha alcanzado su máxima expresión con una huelga general no declarada por la suma de enfrentamientos sindicales simultáneos en todo el país. Trabajadores de ferrocarriles, enfermeras y conductores de ambulancias, docentes y empleados públicos mantienen en vilo la sociedad en una cadena incesante de huelgas iniciadas el año pasado y que no dan señales de desgaste. Ahora, el Gobierno de Emmanuel Macron en Francia ha anunciado su intención de prolongar la edad de jubilación, una batalla de la se había retirado en su anterior mandato. El anuncio presidencial ha desembocado en una convocatoria a una movilización nacional de los siete sindicatos activos en el país que han llamado a manifestarse en toda Francia este jueves 19 de enero.

Mientras tanto en España también hay un reguero de conflictos por el salario y las condiciones de trabajo en el contexto de un rebrote inflacionario que ha llevado a los precios de la alimentación por encima del 15% mientras el índice general del IPC sólo refleja un 5,6%. Pese a ello las direcciones sindicales están firmando convenios de derribo porque los aumentos están en el nivel de entre el 2% y el 2,5%. Como es notorio en el caso de la Sanidad hay un verdadero bloqueo a la posibilidad de que la conflictividad generalizada desemboque en una huelga general. Hay siete comunidades en conflicto en el sector de la sanidad sin que se registre una coordinación destinada a hacer saltar por los aires el aislamiento de las luchas locales mediante una huelga general. Está claro el papel de las centrales sindicales en poner freno a la escalada de las luchas mediante una huelga general.

Es en este escenario que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha desempolvado el plan para incrementar el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación hasta 30 años, con la posibilidad de excluir los dos peores años, lo que dejaría este requisito en 28. Mientras los miembros de Unidas Podemos ponen cara de sorpresa y se resisten, al menos de palabra, a aceptar el objetivo de Escrivá lo cierto es que éste estaba incluido en el denominado Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el gobierno ante la Unión Europea. Un documento que se hizo sobre la base del Pacto de Toledo votado por todos los parlamentarios españoles menos dos.

Mientras tanto las organizaciones de pensionistas, como la COESPE, mantienen la rutina de pequeñas movilizaciones semanales y se resisten a ejercer una crítica contundente y sistemática a las direcciones sindicales que han rechazado la posibilidad de incorporar a la lucha contra la reforma de las pensiones a los trabajadores en activo. CCOO y UGT son tributarias de los planes privados de empresa que ha aprobado el gobierno de “progreso”, la coalición entre PSOE y UP. La COESPE pretende disfrazar esta capitulación ante las direcciones sindicales y ante el Gobierno, cuyo futuro no quiere perturbar, alabando la movilización en Francia y enviando una delegación a manifestarse en París junto a los trabajadores franceses. Una forma de distraer al personal de lo que está ocurriendo de puertas adentro. El Gobierno necesita aprobar el Componente 30 antes de fin de enero para asegurarse que la UE envía en abril las transferencias de recursos comprometidas.

La inflación, la carestía de la vida en Europa, se manifiesta como un efecto secundario de la guerra de la OTAN en Ucrania de un lado, y del otro como subproducto de la gigantesca acumulación de deuda pública emitida durante la pandemia de COVID-19 por el Banco Central Europeo (BCE), al igual que los bancos centrales de todo el mundo. Una inyección de dinero hecha a escala global para evitar el colapso del sistema de explotación vigente: el capitalismo. Estamos ante un cuadro capitalista para cuyo control los bancos centrales han entrado en una carrera de incremento de tipos de interés con el objetivo de “enfriar” la economía. Es decir ocasionar una recesión, como forma de detener el proceso inflacionario. Sin embargo, el volumen de deuda en circulación es de tal magnitud que cualquier nueva emisión requiere tipos de interés superiores a los anteriores. Los países europeos necesitan seguir financiando sus inmensos déficit mediante emisiones de deuda, que tienen un doble efecto inflacionario: de un lado porque el dinero generado entra en la circulación monetaria, del otro porque lo hace a tipos de interés crecientes.

El ejemplo de Reino Unido es aleccionador. El breve Gobierno de Theresa May intentó rebajar los impuestos y provocó una amenaza de catástrofe financiera. Sin ingresos fiscales el país se veía enfrentado a un colapso por la incapacidad de mantener en funcionamiento los compromisos de la maquinaria del estado no con los trabajadores sino con los capitalistas que necesitan la asistencia financiera del estado. Poco tardó Theresa May en caer víctima de su estrategia económica liberal inservible en las condiciones de la actual situación económica catastrófica. Sin perspectivas de un final de la guerra de Ucrania, con un alza sistemático de tipos de interés y un incremento en los precios de los alimentos y de los combustibles, renunciar a generalizar la lucha contra la privatización de las pensiones en España entre los trabajadores en activo es trabajar por la derrota del movimiento.

Renunciar a una lucha de masas nacional contra la privatización de la sanidad y por la derogación de la Ley 15/97, por la defensa de la educación pública y del sistema público de pensiones, por un incremento de los salarios igual al costo de vida y por una mejora en las condiciones de trabajo es una capitulación ante el “gobierno de progreso”. Es el gobierno quien no quiere derogar la Ley 15/97, al igual que la Ley mordaza. Es además una capitulación ante los grandes aparatos sindicales comprometidos con las reformas y que bloquean la incorporación de los trabajadores en activo a estas luchas. En este contexto ir de peregrinación a París a dar el apoyo a la movilización contra la reforma de las pensiones de Macron es un engaño a los trabajadores y pensionistas españoles. Es una realidad además que, pese al discurso del éxito porque el aumento de las pensiones será del 8,5%, la aplicación del “IPC Medio” -inferior siempre al IPC real- y la eliminación de la paga por ajuste de retrasos conduce a una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.

De lo que se trata en España es de luchar por una huelga general por la derogación de las reformas laborales, contra la reforma de la Ley de Pensiones, contra la Privatización de la Sanidad. Por un aumento salarial igual al crecimiento del IPC. .

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