Presa en el río Lozoya (Comunidad de Madrid). Foto: Daniel Sánchez Caballero.

Publicado originalmente en eldiario.es

Raúl Rejón

“Sánchez ha destruido 256 presas y embalses”, dice el bulo que circula desde hace semanas sobre que en España se demuelen embalses en tiempos de sequía para agravar así la escasez de agua. “Sin estas presas y embalses hay menos agua y sin agua no hay agricultura ni ganadería”, sostienen estas teorías conspirativas surgidas en foros de ultraderecha como munición contra el Gobierno de coalición, pero que a medida que las lluvias no llegan, se extiende. E incluso va un poco más allá: sostienen que este supuesto desmontaje de la reserva hídrica tiene como objetivo favorecer la producción de Marruecos.

En realidad, todas estas afirmaciones aprovechan la coyuntura de sequía para afirmar que desmantelar las barreras obsoletas, abandonadas y en desuso que cortan los ríos impide almacenar agua. Un paso más del mensaje que dice, falsamente, que desembocar agua en el mar es un desperdicio.

Lo cierto es que la eliminación de estos obstáculos “esencialmente obsoletos”–más barreras que presas, en cualquier caso– es una obligación que deriva de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad con la idea de cumplir con la Directiva Marco del Agua, es decir, observar la ley.

Recuperar los ríos por orden de Bruselas

Esta Estrategia indica que en 2030 deben estar liberados al menos 25.000 kilómetros de ríos para que “vuelvan a ser de caudal libre”. La Comisión Europea indicaba en 2021 que “se exigen esfuerzos mayores para recuperar los ecosistemas de agua dulce y las funciones naturales de los ríos”. Y remachaba que “esto puede lograrse eliminando o adaptando las barreras fluviales que impiden el paso de los peces migratorios y mejorando el flujo de agua y sedimentos”. Casi la mitad de los ríos españoles está en mal estado.

No se trata, pues, de destruir grandes embalses que, por otro lado, ahora están a la mitad de su capacidad. Ni del vaciado de presas destinadas a generar energía hidroeléctrica, sino de corregir “los efectos muy negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario”, como recoge la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Es decir, cumplir con el mandato legal de calidad de agua de la normativa europea.

De hecho, la reservas hídricas están por debajo del 50% porque ha llegado un periodo seco cuando los embalses ya estaban bajos por el consumo intensivo. Al no presentarse las lluvias, las reservas han permanecido exprimidas. A falta de los datos finales, abril ha sido de los más secos desde que hay registros, cuando debe ser de los más lluviosos. Las sequías se están convirtiendo en cada vez más recurrentes como consecuencia de la crisis climática.

La eliminación de este tipo de barreras para liberar cursos no es algo realmente nuevo. Se hace desde hace décadas. El Ministerio de Transición Ecológica cuenta que desde 2005 se han demolido 634 presas y azudes –en su inmensa mayoría este tipo de barreras– obsoletos. La organización Dam Removal ha recontado que, en los últimos dos años, se han eliminado 241 de estas barreras sobre cursos españoles. “Todos estos obstáculos, en algún punto, se prolongan más allá de su vida útil. Ya no sirven para su propósito económico e incluso presentan problemas de seguridad”, afirma la organización.

En 2021 fueron 108 y otros 133 en 2022. Sin embargo, Transición Ecológica tiene inventariados más de 18.500 obras transversales solo en la cuencas de su competencia –sin contar las que gestionan las comunidades autónomas–. Destacan “azudes y presas con altura media inferior a dos metros”, subraya el Ministerio.

Por su parte, WWF calcula que en España hay unas 5.400 infraestructuras que pueden desmantelarse y conseguir así más de 17.000 kilómetros de ríos liberados, como marca la estrategia europea.

“El 99% de lo que se ha eliminado no tenía función de abastecimiento. Tampoco para regantes. La mayoría son azudes o pequeñas presas y suponen un porcentaje muy pequeño en comparación con todo lo que hay”, explica el responsable del área de Aguas de WWF, Rafael Seiz.

El país con más presas de la UE

España aparece en primera posición en los informes de desmantelamiento en Europa. Pero es que es el país de la Unión Europea con más presas y el quinto del mundo. Además, se da la circunstancia de que en estos años están caducando múltiples concesiones que habían amparado la construcción de estas barreras. “Concesiones que se hicieron hace mucho tiempo, entre 25 y 50 años”, cuenta Seiz. Esto ha provocado que la Administración se haya encontrado con muchas infraestructuras sobre las que actuar.

Todas estas pequeñas presas, motas y azudes están ocupando el Dominio Público Hidráulico. Necesitan una autorización. Y una vez que caduca, las confederaciones hidrográficas deciden si sacan a concurso ese derecho, si la Administración se queda la infraestructura o si se extingue ese uso. Si no hay renovaciones, el Dominio Público, que es de todos, debe restaurarse a su estado original. Y esas son, grosso modo, las barreras que ahora están eliminándose.

Además, no es un plan sobrevenido en tiempos de precipitaciones escasas. Cada una de ellas exige todo un procedimiento administrativo: detección de la infraestructura, análisis, audiencia a los implicados, alegaciones, contestaciones, visita in situ, exposición de motivos, una resolución… Y después puede recurrirse a los tribunales.

“Es un bulo que estas liberaciones impidan tener agua: no podemos guardar porque no llueve, no porque no tengamos presas. Además, las presas pequeñas y azudes no valen para garantizar suministro, no aportan nada porque no tienen capacidad de regular un río. Y en pequeños pueblos con pequeñas presas, lo que se está haciendo es conectarlos a un sistema con más capacidad, que es más barato y eficaz. Hay más garantía y seguridad”, remata Seiz.

Sequía y elecciones a la vista

Este estudio de 2020 certificó que para todo este tipo de infraestructuras de pequeño tamaño es más económico desmantelar que los gastos que implica su mantenimiento y actualización para adecuarse a la normativa de seguridad de presas.

Sin embargo, el cóctel que ha generado la sequía, las altas demandas de agua y las protestas del sector agrario han alimentado el bulo. De los círculos ultraderechistas ha ido expandiéndose y está en la base del encontronazo entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de la presa de Valdecaballeros.

Esa presa se pensó para refrigerar dos reactores nucleares que nunca se construyeron. La infraestructura está sin terminar desde 1983, cuenta con un desvío permanentemente abierto, pero el hormigón se eleva 36 metros de altura y retiene hasta 75 hm3.

Esta infraestructura nunca ha ofrecido más servicio que el abastecimiento de las localidades de Valdecaballeros y Castiblanco, que suman 2.000 vecinos –y que tiene aprobada una captación alternativa de agua del gran embalse García Sola, situado dos kilómetros más abajo y del que la presa de Valdecaballeros es subsidiaria–. También hay quien la aprovecha para la pesca de carpas royal y black basses, ambas especies exóticas invasoras.

Cuando las eléctricas Endesa e Iberdrola renunciaron a la concesión en 2019 –porque la central nuclear prevista por ambas compañías nunca se construyó y la presa ni siquiera esta terminada–, se inició el expediente para desmantelarla. El trámite fue avanzando y ha contado con el visto bueno del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.

Pero con las elecciones autonómicas a la vista, el Gobierno de Extremadura ha recurrido la demolición. El presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha dicho este martes: “No se va a tirar. Punto y final”. Entre sus argumentos, ha incluido “necesitamos el agua”