La subida del gas ha puesto muy claramente de manifiesto la estafa que supone un mercado marginalista de fijación de precios de la electricidad. Generando con ello unos enormes beneficios caídos del cielo para las grandes empresas del sector eléctrico que desde diversas organizaciones se lleva años denunciando. La consecuencia es que el precio de un suministro esencial como es la electricidad se ha disparado. Ya en enero de 2021 vimos un primer ascenso coincidiendo con Filomena, con un precio medio final de 70,28 €/MWh; pero es a partir de abril de 2021 cuando los precios comienzan a subir, llegando en marzo de 2022 a un precio final medio de la demanda nacional del orden de los 300€/MWh y en agosto de 250€/MWh. Aunque es cierto que en los últimos meses de 2022 el precio del gas y en consecuencia el de la electricidad han disminuido a 96,75 €/MWh en noviembre y a 115,47 €/MWh en diciembre, es previsible que vuelvan a ascender por encima de los 200 €/MWh al final del invierno.

La implementación del tope al gas ha significado una disminución del orden del 30% respecto al precio que habría alcanzado de no haberse tomado la medida, pero sin embargo, el precio sigue siendo inasumible. Dado el carácter sistémico del precio de la electricidad, que repercute directamente tanto en productos de primera necesidad como en la mayor parte de bienes y servicios, la inflación que sufrimos está provocando un gran aumento de las desigualdades sociales. La mayoría social se está empobreciendo a marchas forzadas, cuando no se ven directamente abocadas a no poder enchufar los aparatos eléctricos, a pasar mucho frío en invierno y mucho calor en verano.

Es necesaria una reforma integral de un sistema eléctrico oligopólico con más de 20 años de existencia, injusto y especulativo, basado en producción con tecnologías fósiles, para
pasar a un modelo 100% renovable, democrático y donde el autoconsumo, las comunidades energéticas y el sector público tengan un papel central. Sumado al problema del precio de la energía, hay también un problema con el modelo de despliegue de las renovables en distintos territorios que hay que solventar.

En ese sentido, desde Ecologistas en Acción proponemos una serie de medidas que deberían ser puestas en marcha de forma inmediata, siendo conscientes de que unas tendrán efectos a corto plazo disminuyendo el precio de la luz ahora, y otras más sistémicas que, por sus plazos de ejecución, tendrán efectos a medio y largo plazo. Es por esto que las hemos dividido en dos bloques, las medidas de contingencia y las medidas estructurales.

Somos conscientes de que especialmente las medidas estructurales podrían suponer un aumento de la deuda pública, pero que a cambio, reducirán en muy alto porcentaje la factura de los combustibles fósiles en el ámbito de la generación eléctrica. Esta reducción de la factura no sólo hace que las medidas sean sostenibles medioambientalmente, sino también económicamente, especialmente mientras continúen los elevados precios del gas.

Los cálculos que hacemos son, que si se adelantara el objetivo del PNIEC de alcanzar un 74% de mix renovable para 2030 a 2025, la inversión que estimamos necesaria para el despliegue inmediato de eólica y solar fotovoltaica, con una alta penetración de autoconsumo, sería de 51.000 millones de € (46.000 millones de € en línea de crédito a bajo interés y 5.000 millones de € en subvenciones directas). Por el contrario, si antes de la COVID-19, en el año 2019, el volumen económico de las compras de energía eléctrica adquirida en el sistema español, según OMIE, fue de 10.300 millones, en 2021 fue de casi 24.000 millones, y en 2022, sumando el coste del mecanismo de ajuste del tope al gas, el volumen ha llegado a los 41.000 millones de euros. Es decir, lo que este año nos va a costar la energía en el mercado eléctrico, es prácticamente equivalente a la inversión necesaria para lograr ese 74% de generación renovable que reduciría notablemente las necesidades de generación con gas y nucleares. Lo que deberá hacerse respetando escrupulosamente la debida protección a los ecosistemas y los valores del territorio.

Es por ello que el aumento de la deuda pública está más que justificado. Recordemos que en la crisis financiera el rescate fue de 60.000 millones de euros, que además han resultado ser a fondo perdido. Con un objetivo mucho más justo y loable, este rescate energético no sólo sería de cantidades similares, sino que en este caso sí se produciría el retorno de la inversión en un breve plazo de tiempo, y ante todo, esta vez sí serían medidas encaminadas a garantizar vidas que merezcan la pena ser vividas.

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