Por Vijay Prashad

Del 9 al 15 de octubre, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebraron su reunión anual conjunta en Marrakech (Marruecos). La última vez que estas dos instituciones de Bretton Woods se reunieron en suelo africano fue en 1973, en Nairobi (Kenia). El entonces presidente de Kenia, Jomo Kenyatta (1897-1978), instó a los asistentes a encontrar “una pronta cura a la enfermedad monetaria de la inflación y la inestabilidad que ha afligido al mundo”.

Kenyatta, que se convirtió en el primer presidente de Kenia en 1964, señaló que, “en los últimos 15 años, muchos países en desarrollo han estado perdiendo, cada año, una proporción significativa de sus ingresos anuales debido al deterioro de su relación de intercambio”. Los países en desarrollo no podían superar la relación de intercambio negativa en una situación en la que vendían materias primas o productos apenas procesados en el mercado mundial mientras dependían de la importación de productos manufacturados caros y de energía, aunque aumentaran sus volúmenes de exportación. “Recientemente, la inflación en los países industrializados ha provocado nuevas e importantes pérdidas a los países en desarrollo”, añadió Kenyatta.

“El mundo entero está mirando”, dijo el entonces presidente de Kenia. “No porque mucha gente entienda los detalles de lo que estamos debatiendo, sino porque el mundo espera que encontremos soluciones urgentes a los problemas que afectan a sus vidas cotidianas”. Las advertencias de Kenyatta no fueron escuchadas. Seis décadas después de la reunión de Nairobi, la pérdida de ingresos nacionales a causa de la deuda y la inflación sigue siendo un grave problema para los países en desarrollo. Pero, en nuestro tiempo, el mundo entero no está mirando. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que el FMI y el Banco Mundial se reunieron en Marruecos, y pocos esperan que resuelvan los problemas del mundo. Esto se debe a que, en todo el planeta, la gente sabe que estas instituciones son, de hecho, las causantes del dolor y simplemente no son capaces de resolver los problemas que han creado y exacerbado.

Antes de la reunión de Marruecos, Oxfam emitió un comunicado en el que criticaba duramente al FMI y al Banco Mundial por “volver a África por primera vez en décadas con el mismo mensaje fracasado de siempre: recorten su gasto, despidan a las y los trabajadores de los servicios públicos y paguen sus deudas a pesar de los enormes costes humanos”. Oxfam destacó la crisis económica que atraviesa el Sur Global, señalando que “más de la mitad (57%) de los países más pobres del mundo, donde viven 2.400 millones de personas, tendrán que recortar el gasto público en un total de 229.000 millones de dólares en los próximos cinco años”. Además, “los países de renta baja y media baja se verán obligados a pagar casi 500 millones de dólares diarios en concepto de intereses y amortización de la deuda de aquí a 2029”. Aunque el FMI ha dicho que planea crear “pisos de gasto social” para evitar recortes en el gasto gubernamental en servicios públicos, el análisis de Oxfam de 27 programas de préstamos del FMI descubrió que “estos pisos son una cortina de humo para más austeridad: por cada dólar que el FMI animó a los gobiernos a gastar en servicios públicos, les ha dicho que recorten seis veces más a través de medidas de austeridad”. La falacia de los “pisos de gasto social” también ha sido demostrada por Human Rights Watch en su reciente informe, Una venda para una herida de bala. Los “pisos de gasto social” del FMI y la pandemia de Covid-19.

En el Instituto Tricontinental de Investigación Social seguimos observando el impacto del FMI en las economías en desarrollo, como muestra nuestro nuevo dossier Cómo el Fondo Monetario Internacional está exprimiendo a Pakistán (octubre de 2023). El trabajo, escrito por Taimur Rahman y sus colegas del Research and Publications Centre (Lahore, Pakistán) a partir de su investigación, expone los problemas estructurales a los que se enfrenta la economía de Pakistán, como la baja productividad de su industria orientada a la exportación y los elevados costos de los artículos de lujo importados. Debido a la falta de inversión en la industria, la productividad laboral de Pakistán es baja y las exportaciones de otros países se valorizan (como ocurre con la industria textil de Bangladesh, China y Vietnam). Mientras tanto, la importación de artículos de lujo sería mucho más devastadora para la economía si no fuera por los dólares que ingresan por las remesas de las y los trabajadores pakistaníes, esforzados pero ignorados, ubicados principalmente en los países del Golfo. El creciente déficit del país, explica el informe, se debe al “hecho de que Pakistán ya no es competitivo en el mercado internacional y ha seguido importando bienes y servicios a un ritmo que simplemente no puede permitirse”. Además, “Las condiciones impuestas por el FMI han reducido aún más las inversiones que Pakistán necesita imperiosamente para mejorar su infraestructura y acelerar la industrialización”. El FMI no solo impide la inversión para la industrialización, sino que impone recortes en los servicios públicos (sobre todo salud y educación).

En julio, el FMI aprobó un acuerdo stand-by de 3.000 millones de dólares con Pakistán que, según afirmaba, crearía “el espacio para el gasto social y de desarrollo para ayudar al pueblo de Pakistán”. Sin embargo, el FMI no hace más que alimentar a Pakistán con el mismo cansino paquete neoliberal, exigiendo “una mayor disciplina fiscal, un tipo de cambio determinado por el mercado para absorber las presiones externas y nuevos avances en las reformas relacionadas con el sector energético, la resiliencia climática y el clima empresarial”, medidas todas ellas que agravarán la crisis. Para garantizar la permanencia de estas políticas, el FMI habló no solo con el gobierno del primer ministro interino Anwaar-ul-Haq Kakar, sino también con el ex primer ministro Imran Khan (que fue destituido en 2022 en una medida alentada por Estados Unidos debido a su neutralidad en la guerra en Ucrania). Por si esto no fuera suficiente, a través de su papel facilitador del acuerdo, el gobierno estadounidense presionó al gobierno pakistaní para que suministrara armas a Ucrania en secreto a través del traficante de armas de dudosa reputación Global Ordnance. Esto empeora aún más un acuerdo ya de por sí malo.

Se han hecho acuerdos similares con países como Argentina, Sri Lanka y Zambia. En el caso de Sri Lanka, por ejemplo, el Jefe de Misión de la institución para el país, Peter Breuer, describió el acuerdo del FMI como un “experimento brutal”. Las consecuencias sociales del experimento recaerán, por supuesto, sobre el pueblo de Sri Lanka, cuyas frustraciones han sido sofocadas por las fuerzas policiales y militares.

Esta dinámica también se puso de manifiesto en febrero en Surinam, donde un gran número de personas que salieron a la calle para protestar contra el régimen de austeridad impuesto por el FMI fueron recibidas con gases lacrimógenos y balas de goma. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, Surinam ha dejado de pagar tres veces su deuda externa, que adeuda en gran parte a los ricos tenedores de bonos de Occidente, y en diciembre de 2021 el gobierno del presidente Chan Santokhi comunicó al FMI que recortaría los subsidios a la energía. We zijn Moe (‘Estamos cansados’), un movimiento contra la austeridad, protestó durante años, pero no pudo mover una agenda contra la política de hambre impuesta por el FMI. «Una turba hambrienta es una turba furiosa», escribió Maggie Schmeitz sobre las protestas.

Estas protestas —desde Surinam hasta Sri Lanka— son el último ciclo de una larga historia de disturbios contra el FMI, como los que comenzaron en Lima (Perú) en 1976 y siguieron en Jamaica, Bolivia, Indonesia y Venezuela. Cuando se produjeron los disturbios del FMI en Indonesia en 1985, Tom Clausen, antiguo director general del Bank of America, presidía el Banco Mundial (1981-1986). En unas declaraciones que hizo cinco años antes, Clausen resumió la actitud de las instituciones de Bretton Woods ante tales levantamientos populares, afirmando que “cuando la gente está desesperada, se producen revoluciones. Es evidente que redunda en nuestro propio interés vigilar que no se vean forzados a ello. Hay que mantener vivo al paciente, porque si no, no se puede curar”.

La “cura” de Clausen —privatización, mercantilización y liberalización— ya no es creíble. Las protestas populares, como las de Surinam, reflejan la amplia conciencia de los fracasos de la agenda neoliberal. Se necesitan nuevos programas que se basen en las siguientes ideas, como:

1. Anular las deudas odiosas, es decir, las contraídas por gobiernos no democráticos y utilizadas contra el bienestar de la población.
2. Reestructurar la deuda y obligar a los ricos tenedores de bonos a compartir la carga de deudas que no pueden reembolsarse en su totalidad (sin provocar consecuencias sociales devastadoras y fatales) pero de las que se beneficiaron durante décadas.
3. Investigar a las empresas multinacionales que no pagan la parte de impuestos que les corresponde a las naciones más pobres y establecer leyes que impidan formas de robo como la fijación de precios erróneos en las transferencias.
4. Investigar el papel de los paraísos fiscales ilícitos que permiten a las élites de las naciones más pobres sustraer la riqueza social de sus paí