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En este blog se recogen artículos y monografías históricas de diversos autores, publicadas en otros medios; la autoría de todos ellos y la fuente es citada en cada artículo. Las fotografías que le acompañan son tomadas habitualmente del buscador de google, desconociendo si en algún caso pueden tener derechos de autor, si así fuera, pueden comunicarlo a cgtbilbao@cgt-lkn.org y serán retiradas de inmediato.

 

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CHILE: OBSERVAR A CHILE PARA ENTENDER LA CLASE DE MUNDO QUE QUIEREN QUE VIVAMOS

OBSERVAR A CHILE PARA ENTENDER LA CLASE DE MUNDO QUE QUIEREN QUE VIVAMOS El autor de “Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo” (Sylone, 2017) habla de los más de seis meses de agitación social que sacudieron al país.
Doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès donde enseña la historia latinoamericana, Franck Gaudichaud regresó hace algunas semanas de una estancia en Chile. El autor de “Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo” (Sylone, 2017) se cita con El Salto para hablar de más de seis meses de agitación social que sacudieron a este país.
El levantamiento chileno comenzó en octubre de 2019 y se extendió como un reguero de pólvora en el movimiento estudiantil tras la decisión del gobierno de Piñera de subir el precio del billete de metro. La represión contra la juventud terminó por movilizar a toda la sociedad, ya no en contra del aumento de los precios de los transportes, sino en contra del sistema neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet en su conjunto.
El 22 de octubre, cuando una docena de personas ya habían sido asesinadas y más de 80 heridas, algunas de ellas por disparos de los Carabineros, cuando se estaban cometiendo actos de tortura y agresión sexual por parte de los militares que patrullaban en Santiago, el presidente Sebastián Piñera pidió públicamente disculpas al pueblo chileno. Y anunció medidas sociales destinadas a “calmar” el ardor de los insurgentes: aumento del salario mínimo, aumento del 20% de las pensiones de jubilación más bajas, cancelación del reciente aumento del 9,2% de las tarifas eléctricas, creación de una nueva franja impositiva para los ingresos superiores a los 8 millones de pesos mensuales, reducción de los salarios de los parlamentarios, etc.
Además, la Cámara de Diputados votó el 24 de octubre pasado (88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones) un proyecto de ley para acortar la jornada laboral de un máximo de 45 horas a 40 horas semanales. La propuesta tendrá que pasar por una comisión y luego por el Senado.
Hubo un cambio de actitud del gobierno que parece, a primera vista, consecuente. ¿Por qué estos anuncios no han calmado la rebelión?
En realidad, la llamada “agenda social” está completamente olvidada por el gobierno. Se han hecho anuncios, incluso se ha abierto un sitio web del gobierno que muestra los progresos en curso, como que habríamos alcanzado el 77% de la realización de este programa social. Si nos fijamos en los detalles, la mayoría de las medidas aún no se han aplicado, y menos ahora en contexto de pandemia global y cuando se avizora una catástrofe sanitaria, en un contexto de sistema sanitario devastado por décadas de neoliberalismo. Incluso cuando algunas medidas sociales están implementadas, como un ligero aumento de la pensión mínima de vejez, bonificaciones para los salarios más bajos o pequeñas mejoras en la cobertura de la salud, la lógica sigue siendo neoliberal, es decir, que el Estado, con dinero público, viene a “ayudar” y apoyar al mercado en los fondos de educación, salud o pensiones.
Además, lo que el Gobierno está anunciando es realmente mínimo y en gran medida irrisorio. Podría haber habido algún progreso con el anuncio de los impuestos para los más ricos, pero nada: Piñera, que forma parte de la oligarquía financiera, está completamente controlado por las grandes empresas y no tiene intención de empezar a gravar a los dominantes. En cuanto a un programa de reformas sociales de gran alcance, la propuesta más desarrollada hasta la fecha es la de la “Mesa de Unidad Social”, que incluía a la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), a varios sindicatos y a muchas otras organizaciones (feministas y ecologistas en particular), hasta su fracturación durante las últimas semanas. Es una propuesta de 10 puntos a la que el Gobierno no ha respondido.
Hay una violenta represión de los carabineros y, al mismo tiempo, el sistema judicial está aprobando leyes que destruyen la libertad para frenar la movilización. ¿La más reciente adoptada para prohibir el uso de máscaras durante las manifestaciones es una ilustración de ello?
De hecho, desde el principio del movimiento, la respuesta del gobierno fue la represión, una represión estatal realmente feroz con los militares en las calles, el uso sistemático por parte de carabineros de balas de plomo. Hoy en día, Chile es denunciado a nivel internacional, pero también dentro del país por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un instituto estatal. Cuenta más de treinta muertes, casi 400 mutilaciones oculares y varios miles de heridos, incluyendo cientos por balas de plomo.
También ha habido casos de tortura y violación en las comisarías de policía y hay informes de miles de personas que han estado en prisión durante meses, consideradas por los manifestantes como presos políticos: hay en la actualidad más de 2.000 de estos presos políticos todavía en cárceles, en un momento en que el coronavirus amenaza con destruir miles de vidas, y particularmente en las cárceles. Y la respuesta del Parlamento fue intensificar esta represión con una ley recientemente aprobada, incluso por parte de la izquierda y la oposición, que criminaliza la lucha social. Hoy en día, la gente puede ir a la cárcel porque han puesto una barricada y han impedido el tráfico, o porque llevan una capucha durante una manifestación.

Hay un fuerte movimiento de protesta contra el modelo de pensiones, contra los fondos de pensiones por capitalización. ¿Cuál es su impacto? ¿Podemos decir que se hace eco del movimiento en Francia contra el proyecto de ley sobre las pensiones?
Entre la experiencia acumulada de movilización social en los últimos años se encuentra el movimiento masivo “No + AFP”, que básicamente significa “no queremos más fondos de pensiones”. Esta lucha ha logrado demostrar un rechazo masivo de la población a este sistema de capitalización, simplemente porque la tasa de retribución de las pensiones de Chile es una de las más bajas del mundo. Algunos trabajadores que han trabajado toda su vida se encuentran jubilados con menos de un 20% de su último salario. A pesar de que la mitad de los trabajadores ganan menos de 400 dólares netos al mes… Esta es una demostración práctica del fracaso total del sistema por capitalización. Chile es el país del mundo con mayor experiencia neoliberal (desde 1975) y es una de la más radical del mundo. Las pensiones por capitalización fueron introducidas brutalmente bajo la dictadura por el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, que fue ministro de Pinochet. En plena noche dictatorial, todo el mundo tuvo que pasar por esta violenta reforma… salvo los militares, quien conservaron su sistema por repartición…
La demanda popular de poner fin al sistema de capitalización, o reformarlo, llega primero en todas las encuestas, después de la demanda a favor de una nueva Constitución. Si queremos entender por qué el sistema de capitalización y la privatización de nuestras pensiones es dramático, tenemos que mirar los resultados catastróficos de la experiencia chilena. Por lo tanto, eso también tiene relación directa con las movilizaciones de los últimos meses en Francia, ya que podemos ver que los sindicatos, los asalariados franceses, estuvieron resistiendo a la reforma del gobierno Macron y al proyecto de un sistema basado en “puntos” que – a la larga – facilitará la introducción de la capitalización y de los fondos de pensiones privados del tipo BlackRock y otros.
Otra demanda central del movimiento popular exige un cambio en la Constitución heredada de Pinochet. El 15 de noviembre 2019, los partidos representados en el Parlamento lograron firmar un “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”. Esto prevé un plebiscito el próximo 26 de abril [Finalmente y debido a la pandemia, el 26 de marzo, el Gobierno de Piñera postergó el plebiscito al para el próximo 25 de octubre], durante el cual se pedirá a los votantes que respondan a dos preguntas. La primera, “¿Quieres una nueva Constitución? Y será seguida por una segunda que pide a los votantes elegir entre una “convención constitucional” compuesta exclusivamente por miembros de la sociedad civil y una “asamblea mixta”, que incluya a ciudadanos y parlamentarios. ¿A qué opción nos dirigimos? ¿No podría este proceso propuesto por el gobierno, desviar la atención y ser una forma de calmar el fervor de las calles?
El Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución se negoció en el Parlamento justo después de la segunda gran huelga nacional que marcó esta ronda de movilización, a fines de noviembre de 2019. Este acuerdo busca, como su título lo indica, ”la paz social“, calmando y canalizando así las calles y la rebelión popular frente a los grandes empresarios que temían un bloqueo de la economía. El acuerdo se obtiene también bajo presión de los militares, ya que ha circulado el rumor de que, sin un acuerdo a nivel parlamentario, podría producirse un golpe de Estado. Entre los firmantes se encuentran, por supuesto, la derecha, el centro e incluso algunos representantes del Frente Amplio (la ”nueva“ izquierda). Se trata, pues, de intentar poner fin a la movilización popular y al mismo tiempo de integrar en parte una exigencia primordial de los movilizados: una nueva Constitución. En cierto sentido, se trata de un triunfo de las movilizaciones “desde abajo” porque, por primera vez, la casta política chilena reconoce la necesidad de cambiar la Constitución de Pinochet heredada de 1980. Pero, el acuerdo prevé de hacerlo en la medida en que logre intentar controlar este proceso.
En abril, si lo permite la pandemia lo que es muy muy poco probable [será el 25 de octubre], el plebiscito debería dar como resultado un ”sí“ a una nueva constitución y a una convención constitucional, o sea la modalidad más “progresiva” de las opciones propuestas por el acuerdo parlamentario. Pero se trata de una ”convención constitucional“ en la que los ”viejos“ partidos en el poder durante 30 años desde 1990 quieren conservar el control del proceso de cambio, y en la que no hay garantía de que las listas independientes de ciudadanos puedan mantenerse en pie hasta el final. Todavía se están llevando a cabo negociaciones sobre la representación de los pueblos indígenas, que parte de la derecha no quiere, y sobre la paridad, ya que esto no estaba previsto en el acuerdo inicial. Por encima de todo, la derecha trató de encerrar la discusión constituyente y ha impuesto una mayoría de dos tercios (2/3) para aprobar cada artículo de la futura Carta Magna, mientras que otro sector de parlamentarios conservadores rechaza en bloque cualquier perspectiva de cambiar la Constitución de Pinochet. Esto no significa que las izquierdas deba abstenerse de intervenir en este futuro plebiscito: grandes sectores de la izquierda social y política (incluyendo sectores libertarios) pretenden irrumpir en este espacio de los dominantes, e intentar facilitar una apertura constitucional del sistema y desestabilizar la estrategia de control “desde arriba” del gobierno para lograr un verdadero proceso constituyente democrático, o por lo menos poner sobre la mesa y en los debates del país temas centrales como el fin de la privatización del agua, de la educación, de la salud y nuevos derechos políticos (por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de autodeterminación del pueblo mapuche o la renacionalización del cobre). Otros sectores de las izquierdas y de asambleas populares, por su parte, llaman a un boicot activo del plebiscito para denunciar lo que ven como una nueva mascarada electoral y un “refrito” de la democracia de “los consensos” y pactada entre las clases dominantes, existente desde la transición de 1990. Los dos sectores tienen argumentos a favor y en contra.
El proceso constituyente es un tema central de las asambleas ciudadanas, a veces llamadas cabildos, que han florecido en todo el país. ¿Cómo funcionan estas asambleas y existe alguna coordinación?
Uno de los aspectos más interesantes, autogestionados y democráticos del movimiento es, de hecho, estas asambleas territoriales y barriales. Hubo un pequeño debate entre ”cabildos“ y ”asambleas“, ya que los ”cabildos“ a menudo eran convocados por partidos o fuerzas constituidas y las ”asambleas“ por personas no pertenecientes a una organización política-social. Pero, hoy en día este debate me parece obsoleto. Hay docenas de asambleas en Santiago y en varias otras ciudades del país, como Antofagasta o Concepción. Son momentos de elaboración colectiva, de debate sobre qué tipo de sociedad construir, qué tipo de constitución, qué tipo de modelo económico, de salud o educación, pero también cómo protegerse frente a la represión, o a veces del saqueo de tiendas y comercios, etc. La fuerza de este movimiento es su anclaje territorial y su horizontalidad. Mientras que la mayoría de los sindicatos siguen debilitados y los principales partidos políticos están totalmente desacreditados, hay una fuerte politización ”desde abajo“, especialmente cuando las asambleas están bien estructuradas. Durante las últimas dos semanas se ha intentado coordinar en Santiago alrededor de 25 asambleas territoriales u organizaciones que intentan dar una perspectiva claramente antineoliberal, feminista y democrática a estas luchas. Esto está muy claro en sus discursos y formas de deliberaciones. Obviamente, ahora con el covid-19 todo está más o menos paralizado, pero los contactos y las redes de solidaridad ya existen, es fundamental.
Hace algunas semanas atrás, ha habido nuevos asesinatos de hinchas de fútbol, incluyendo a Jorge Mora, que fue arrastrado por un camión de la policía, y Ariel Moreno Molina, de 24 años, asesinado a tiros durante una protesta por la muerte de Mora. Después de este verano, parece que el movimiento social se está reactivando. ¿Qué opinas?
Durante las vacaciones de Navidad, las vacaciones de verano en Chile, ha habido un descenso en las protestas, aunque cada viernes en la ”Plaza de la Dignidad“, como se ha rebautizado, había una manifestación y enfrentamientos con los Carabineros. De cierta manera, ¡Es un movimiento de ‘chalecos amarillos’ al estilo chileno! Hasta que llegó la crisis sanitaria y la pandemia, continuaron otras movilizaciones, como la de los jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria que han estado muy activos en las últimas semanas. Han boicoteado la ”PSU“, una prueba de selección para entrar a la universidad, elitista y muy desigual. Pero la represión también continúa y los movilizad@s asesinados. El rechazo de la población hacia el gobierno es masivo: Piñera ha caído a un 6% de aprobación, por debajo del nivel de aprobación de Pinochet, es histórico. Lo vimos muy bien durante el festival de Viña del Mar, en febrero, donde el público y varios artistas (como Mon Laferte) expresaron todo su rechazo hacia la política de Piñera y su mundo mortífero, retomando las demandas del movimiento social, denunciando la represión, ¡todo esto visto en vivo por decenas de millones de espectadores en Chile y en toda América Latina! De hecho, se anunciaba que habrá una reanudación muy fuerte de las movilizaciones populares en marzo, cuando comience el año escolar y universitario, pero el coronavirus está cambiando, como en todo el mundo el panorama y el gobierno está intentando aprovechar esta coyuntura para desmantelar la rebelión popular. Los partidos de la oposición de centro y centro-izquierda (La ex – “Concertación”) ya han anunciado que están dispuestos a un nuevo ”pacto“ con la derecha y Piñera en nombre del mantenimiento de la ”unidad nacional“, dela ”paz social“ y ahora de la urgencia sanitaria, confirmando una vez más su papel al servicio del ”orden“ de la democracia de los consensos y del neoliberalismo radical que reina en el país y que administraron durante décadas.
¿La última palabra?
Debemos observar realmente lo que está sucediendo en Chile: ”Chile está cerca“, como se decía en los años 70, en la época del experimento de Allende y luego del golpe de Estado de 1973, en los círculos de la izquierda radical europea. Creo que sigue siendo el caso hoy, para leer y entender el mundo neoliberal en el que vivimos hoy en día. Es urgente denunciar la represión en curso por todos los medios y organizar nuestra solidaridad internacional con la resistencia de allí, en particular ahora con los presos políticos y los múltiples heridos. Es importante entender lo que está pasando en el “Sur global” para saber en qué mundo quieren que vivamos los neoliberales y sus ideólogos. La globalización del capital es muy clara en este sentido: Chile es el laboratorio del capitalismo neoliberal, y también es un espejo distorsionado de tendencias mundiales, incluso de lo que pasó en los ”países ricos» del Norte, tendencias que vemos aquí en Francia en funcionamiento, diariamente, bajo el gobierno Macron, especialmente a través de la contrarreforma de las pensiones, con la creciente represión del movimiento social francés y ahora con la gestión de la pandemia. La mejor manera de expresar nuestra solidaridad con las resistencias de los pueblos de Chile es también resistir colectivamente, aquí y ahora, la aplanadora del macronismo.
www.elsaltodiario.com/chile/franck-gaudichaud-pineira-entender-clase-mundo-quieren-vivamos

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