CHILE: CRISIS POLÍTICO-SANITARIA Y LUCHA DE CLASES

Crisis político-sanitaria y lucha de clases en Chile
Aportes y reflexiones para el debate en torno al COVID-19 Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez.
Por Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez Publicado el Abr 5, 2020
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La situación sanitaria que vive gran parte de la población mundial se encuadra dentro de una crisis económica y política arrastrada durante años. Esta crisis se refleja a nivel económico en la caída persistente de la tasa de ganancia, y a nivel político en las tensiones existentes entre las grandes potencias imperialistas: EE.UU., China y Rusia, principalmente. En este escenario, la actual pandemia del coronavirus, de diversas formas, ha mostrado como la crisis no es nacional sino mundial, lo que permite a su vez, conectar las luchas populares casi exclusivamente nacionales con la situación a nivel internacional, develando las necesidades de poner en pie el internacionalismo de clase.
La extensión del virus desde los países asiáticos hacia Europa ha provocado en esta última una grave crisis, hasta el momento sin freno, especialmente en países con Estados mucho menos coercitivos que los de Asía, como Italia y España. Situación muy distinta a países como China o Corea del Sur, donde las medidas extremas (tardías en el caso chino) lograron frenar la expansión del virus y reducir el número de muertos. Las connotaciones políticas de esto saltan a la vista, pues nada escapa a la lucha de clases ni al actuar del imperialismo. En Irán por ejemplo, país que lleva más de 3 mil muertos por coronavirus, y nada dice la prensa burguesa, EE.UU. ha aplicado sanciones económicas, lo que agravó la situación. Todo esto en medio de fuertes tensiones por los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita.
Esto llevó a que el pasado 9 de marzo se viviera un “lunes negro” en las bolsas internacionales. Más allá de que las caídas se venían produciendo desde hace dos semanas, ese día el descenso fue solo comparable a lo ocurrido con la crisis del 2008. Los países más afectados fueron EE.UU. e Italia (China había tenido su peor periodo semanas antes). El imperialismo yanqui ha visto fortalecerse el dólar, pero ha sufrido duramente con la caída del precio del petróleo y con el desbande de despidos. Sólo en la tercera semana de marzo se registraron más de 3 millones de nuevos cesantes, principalmente en aerolíneas, hotelería y servicios de comida. Las estimaciones dicen que las cifras en EE.UU. podrían alcanzar un desempleo del 30%, con un ejército de trabajadores en reserva (cesantes) de 40 millones.
La expansión del coronavirus ha provocado que necesariamente la burguesía internacional, tras diversas negativas, limite las cadenas de producción, situación impensada, si consideramos que de forma sistemática había rechazado ponerse límites inclusive ante las amenazas del calentamiento global. Ahora, “en cuestión de semanas se redujo un 35 % la emisión gases de efecto invernadero. La economía mundial se frenó prácticamente en seco. Países enteros entraron en cuarentena obligatoria”[1].
Como toda crisis, la burguesía mundial intentará trasladar los costos a los países dependientes dentro del contexto imperialista, mientras que en cada país se buscarán nuevas formas de explotación para mantener de alguna forma sus tasas de ganancia. Sin embargo, con tal nivel de cesantía es prácticamente imposible que la situación no incite a la rebelión.
La situación en Chile
A estas alturas, el virus ya se había expandido a varios países americanos, registrándose el 3 de marzo el primer caso en Chile. En las semanas siguientes, de diversas formas, los casos se fueron expandiendo hasta alcanzar más de 3500 casos, incluyendo 22 muertes, hasta el 03 de abril. Debido a que los contagios han provenido principalmente desde países de Europa y Asia, la relación de la expansión con las diferencias entre clases sociales ha sido aún más notoria. Quienes tienen la posibilidad viajar a esos países son los sectores más pudientes de la población, en su mayoría empresarios o altos cargos de empresas (esto ha sido así en la mayoría de los países, salvo China). Por esto, los contagios comenzaron en las comunas del sector oriente de Santiago, desde donde, gracias a la irresponsabilidad de los ricos, el virus se fue extendiendo a diversas zonas del país. Si la situación hubiera sido inversa, no se hubiera dudado un segundo en aislar a las comunas proletarias, haciendo caer todo el rigor de la ley sobre quienes incumpliesen las medidas.
En Chile, las consecuencias económicas en la bolsa también han sido notorias, especialmente con la caída del lunes 16 de marzo, la que fue brutal para la clase trabajadora, pues una parte importante de los fondos de pensiones colocados en la bolsa internacional sufrieron millonarias pérdidas, las que afectaron directamente nuestros mermados ahorros. Además, grandes empresarios se han visto duramente golpeados, especialmente las tiendas vinculadas a malls (Falabella, McDonalds, etc.) y las aerolíneas y empresas de buses. La mayoría de estos vienen arrastrando bajas notables en sus ventas desde el 18 de octubre. En cambio, quienes son los grandes ganadores son sectores de la burguesía como clínicas, farmacias y supermercados. Estos últimos también arrastraban millonarias pérdidas desde el inicio de la revuelta popular, pero que ahora recuperarán una parte importante de estas.
Los numerosos contagios fueron provocando un giro en la posición inicial del gobierno de resistirse a tomar medidas que afecten el normal funcionamiento laboral. La dictación del “Estado de catástrofe” fue más que nada challa, pues nadie sabe a qué salieron los milicos, salvo a asegurar que en plaza Dignidad y en otras trincheras la protesta haya desaparecido.
Revuelta popular y pandemia
Pero la principal característica de la crisis sanitaria en Chile ha sido que se inició en una coyuntura en que el gobierno de Piñera arrastraba una crisis política tras 5 meses de movilizaciones. Así, la pandemia presentó dos alternativas aún no cerradas, vigentes, o bien refuerza la pérdida de legitimidad del gobierno y apresura su caída, o le sirve a este como válvula de escape si logra sortear la pandemia de mejor forma al resto de los países. Más allá de que el desarrollo de estas salidas aún no presenta grandes claridades, si se puede reconocer que la revuelta popular que sacudió al país durante 5 meses se ha visto interrumpida. Si bien es cierto la revuelta tuvo sus momentos más álgidos durante octubre-noviembre, esta persistió de diversas formas en los meses siguientes, reinventándose con Las Tesis, radicalizándose con el boicot de los secundarios a la PSU y copando las pantallas de TV durante el reinicio del fútbol y el festival de Viña. Todo eso desapareció tras las numerosas protestas de la primera semana de marzo, cuando los contagios se expandieron, y una parte importante de la población comprendió la gravedad de la pandemia volcándose a sus hogares, y el gobierno, principalmente mediante el respaldo de la prensa burguesa, intentó retomar la iniciativa política.
Podemos trabajar para retomar los niveles de protesta y movilización, pero esto no ocurrirá hasta al menos fines de julio. En ese sentido, el coronavirus ha sido una gran oportunidad para que el gobierno tome un respiro y cope las pautas comunicacionales con sensacionalismo y basura. Muchos apuntaron a que el gobierno sacaría provecho de la situación, lo cual es algo obvio, y llamaron a mantener la movilización, pero la necesidad de iniciar un repliegue se terminó imponiendo en los hechos. Era el peligro de la vida, de la existencia misma de la clase proletaria, aquella que no por carecer de organización no tiene existencia. Por esto, el virus interrumpe una revuelta de inusual extensión. Fueron al menos 5 meses, con distinto grado, forma y radicalidad, donde el pueblo chileno no se durmió a pesar de la represión del gobierno y de los intentos de la socialdemocracia por volver a la normalidad encauzando todo por el camino de la constituyente.
El repliegue no debe verse como una derrota, a pesar de que, si el gobierno logra montar un espectáculo de triunfo, mediante la contención de la expansión y la mortandad, habremos retrocedido bastante. Que la revuelta ya no esté en las calles debe llevarnos a reordenar las fuerzas, fortalecer las trincheras, las que habían estado principalmente en las asambleas territoriales, las brigadas de primeros auxilios, la elevación de los niveles de protesta y la articulación política lograda en las más amplias esferas sociales, desde la pobla y la pega, hasta las barras de fútbol. Pues, desde octubre la política dejó de ser un asunto de pocos y pasó a ser de masas. Aunque eso sigue siendo insuficiente.
Llama la atención que los sectores de la nueva socialdemocracia (Frente Amplio y ex Frente Amplio) hayan sido especialmente críticos con quienes, irracionalmente, llamaban a mantenerse en Plaza Dignidad (a quienes tildan de izquierda “desconfiada”, como si la confianza fuera un criterio político). Pero, estos mismos sectores fueron los que más llantos han derramado por el aplazamiento del plebiscito. Es obvio que ante la actual situación este debía aplazarse, de lo contrario sería caer en una suerte de infantilismo electoralista. Mal que mal, el desarrollo de este plebiscito es una coyuntura importante, el que se debe analizar, pero que a ciencia cierta no cambia en nada el régimen de explotación ni la correlación de fuerzas.
Algunos sectores han visto en el coronavirus profundas intrigas conspirativas, sobre las que difícilmente pueden existir certezas. Reconocer la existencia y repercusiones de esta pandemia no niega indagar en sus orígenes. No se debe confundir la constatación de su existencia con la aceptación sin crítica de su origen.
No obstante, como decíamos, este cese de la revuelta no debe verse como una derrota, el repliegue siempre debe entenderse como una posibilidad para fortalecer y recuperar fuerzas. Cinco meses de revuelta suscitaron un desgaste natural del movimiento, pero también del gobierno, el que necesariamente debe limitar el desplazamiento de la fuerza laboral para detener la pandemia, cuestión a la que hasta el momento se ha resistido, pero que es inminente. Esto afectará aún más al empresariado, el que ya desde octubre viene disminuyendo sus ganancias. De esta forma, una vez superada la expansión del virus en el país, debemos estar preparados/as para reactivar con fuerza el movimiento, apuntando en primer lugar a la caída del gobierno de Piñera, única posibilidad de que el curso político del país no se encasille en el sendero del “pacto de paz”.
En este sentido, uno de los principales obstáculos para retomar la protesta social no estará del lado del gobierno, sino al interior del mismo pueblo. Si desde octubre vimos como montañas de pueblo pobre arrasaba supermercados, farmacias y peajes, con el coronavirus volvimos a ver como acudían a los super, desde los Jumbos a los ACuentas, pero ahora con sus tarjetas para apertrecharse de productos esenciales y superfluos, cayendo en la locura de las compras y el crédito. Si ese pueblo vuelve a dormirse, si se vuelve a vincular más a la TV que a sus hermanos de clase, son pocas las posibilidades de salir jugado tras la pandemia. Frente a esto las tareas de agitación durante las cuarentenas serán vitales.
La reacción de los empresarios y su gobierno
La patronal, como en toda crisis, ha pretendido sortear las consecuencias de la pandemia introduciendo cambios que les permitan sostener sus tasas de ganancias. Para eso, aprovechando la situación, pretenden avanzar en modificaciones que estaban detenidas desde hace tiempo, todas en clave de flexibilidad laboral. Esto de la mano con recursos frescos del Estado en dirección a las empresas: bonos para incentivar el consumo, exenciones tributarias, préstamos, etc. No obstante, los presagios son tan oscuros que inclusive el reaccionario presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) habló de que nacionalizar empresas como LATAM sería “una de las últimas opciones”, cuestión que en otro contexto jamás hubiese sido una opción. Esto va en línea con políticas proteccionistas aplicadas por el payaso de Trump mediante participación fiscal en la economía, aunque este haya anunciado un préstamo hacia las aerolíneas norteamericanas, muy neoliberalmente.
Independiente de declaraciones diferentes frente a la prensa, el gobierno y sus partidos, los empresarios y la ex Nueva Mayoría han actuado prácticamente como un “partido del orden” frente a la clase trabajadora. En ese sentido el oportunismo de los alcaldes no debe confundirnos, representan el intento por aparentar diferencias entre sectores que se encuentran en una vereda distinta a la del pueblo. Esto vale para oportunistas de todo tipo, desde Lavín hasta Tamayo, pasando por el anunciado candidato presidencial Jadue y por el “chico botox” de Carter[2].
La mejor muestra de la articulación entre empresarios y gobierno se ha evidenciado en las recientes leyes laborales aprobadas. Apenas comenzada la crisis, el nuevo mandamás de la CPC señaló que era urgente aprobar el proyecto de teletrabajo, días después este fue despachado para su promulgación. Sin duda que en el actual contexto establecer algunas fórmulas de teletrabajo pueden ser consideradas oportunas, pero su promulgación indica que tras la crisis estas prácticas se harán cotidianas, insertando más políticas laborales flexibilizadoras.

De esta forma, el gobierno intentó reactivar dos proyectos de ley detenidos. El primero el de “teletrabajo” que llevaba 2 años en el Congreso. El segundo, un proyecto sobre pactos, entre trabajador y empleador, para la reducción de la jornada de trabajo, el que fue ingresado por el gobierno en enero de este año. Este último permitía reducir la jornada por un mes y hasta por 5 meses para quienes tienen contrato indefinido, y de 3 meses para contratos de plazo fijo, obra/faena o servicio determinado. Ante esto la remuneración sería equivalente a la jornada reducida. Durante este periodo el empleador pagará las cotizaciones según la remuneración imponible convenida en el pacto. Esta posibilidad será permanente, no limitada a situaciones extraordinarias. Una vez desatada la pandemia, el gobierno volvió a reflotar ambos proyectos y el 19 de marzo se anunciaron una serie de medidas pro empresas, las que además de contemplar la disminución pactada de la jornada, y su pago proporcional de remuneración, también se agregó la “suspensión del empleo”, por ende el fin de la remuneración: es decir despidos masivos.  De esta forma, quien debido a contingencias especiales, como el coronavirus o cualquier otra, no puede realizar su labor mediante “teletrabajo” podrá ser suspendido temporalmente de sus funciones y del pago de remuneraciones, recibiendo solo ingresos desde el seguro de cesantía. Al parecer tras el anuncio habría habido una “mesa técnica” compuesta por el gobierno, patrones y sindicatos (la CUT y otros) que habría revisado y afinado el proyecto.
De esta forma, y con proyectos separados, el 24 de marzo se promulgó la ley de teletrabajo, la cual legisla sobre una de las prácticas de flexibilidad laboral más soñadas por los empresarios. Estando en nuestras casas podremos realizar las tareas, las cuales, si bien se establece que equipos y conexión deben correr por cuenta del empleador, otras como electricidad, agua, colación, movilización, etc. representan un ahorro para el empresariado en el pago de la fuerza laboral, pues esta saldría de los bolsillos del trabajador. Aspectos como la calidad de vida, el derecho al descanso, la doble explotación, etc., son vulnerados bajo el amparo de la ley.
Como si fuera poco, la ofensiva reaccionaria del gobierno continuó. El 26 de marzo el senado aprobó el proyecto que permite destinar recursos del fondo de cesantía para el pago de los sueldos en los casos de: suspensión de funciones por orden de la autoridad; aquellos que pacten con el empleador una reducción de jornada; aquellos que la empresa decida reducir la jornada porque la crisis sanitaria la golpeó económicamente y presenta pérdidas o sus ventas de han reducido. Esta iniciativa se aprobó por el oficialismo y la ex Concertación, quienes destacaron que a pesar de esto en este proyecto se impedía que las empresas despidieran por el art. 159 de “fuerza mayor o hecho fortuito”. Ese mismo día la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que buscó meter presión para la aprobación del mencionado proyecto de ley, pues señalaba que la suspensión de las labores suscitada por el coronavirus si correspondía a “hechos de fuerza mayor o fortuitos”, por lo que se permitía el no pago de los salarios. De esta forma el proyecto daba la señal de ser “un poco mejor” decía la ex Concerta y la CUT, pues al menos había sueldos desde el seguro de cesantía y los empleadores pagaban las imposiciones.
Con esto, lo más probable es que este segundo proyecto, reformulado del original, se termine aprobando, con lo cual el gobierno logre evitar una alta cifra de despidos, pues estaría prohibido por causa del coronavirus (no se sabe qué ocurrirá con las “necesidades de la empresa” del art. 161), pero se producirían miles de “suspensiones de funciones”, donde los empleadores no pagarán sueldos, sino que saldrán recursos de nuestro seguro de cesantía.
De esta forma, el escenario para el conjunto de la clase trabajadora es gris, por decir lo menos. Los despidos y la no renovación de contratos, establecidos en el Código del Trabajo (art. 161 y los contratos a plazo fijo), ahora se verán complementados con recortes de jornadas, suspensión de estas por pactos del trabajador individual con el empleador, etc., mientras que para nosotros la única medida paliativa son nuestros mismos recursos del seguro de cesantía.
Desde una perspectiva clasista, la reacción del empresariado no es muy difícil de explicar. Las crisis son situaciones donde los que han venido gobernando no puede seguir haciéndolo de la misma forma, mientras que los explotados tampoco quieren seguir obedeciendo de la misma manera. La claridad de esta situación y la manera en que el gobierno ha defendido al empresariado abre un buen escenario subjetivo. El conjunto del pueblo ha apreciado claramente como los empresarios han actuado para asegurar sus intereses[3].
El carácter de clase del gobierno queda reflejado en su resistencia a adoptar medidas sanitarias efectivas. Muchos de los anuncios son solo para la galería, sin nada de efectividad. Cuando el 22 de marzo se declaró toque de queda entre las 22 horas y las 05 am, los trabajadores se agolparon en masa al día siguiente en las estaciones de metro, pues esa medida buscaba que las jornadas laborales permanecieran siendo cumplidas de la misma forma. Al respecto, la solución a la pandemia no es muy difícil. Se debe reducir al mínimo los contagios, para esto se debe evitar el contacto físico entre personas, incluyendo las actividades laborales, por lo que si el gobierno quiere frenar los contagios debe detener la producción y distribución de mercancías al mínimo. El pueblo ha notado esta reticencia, y ese es un buen escenario para que las ideas clasistas y anticapitalistas se propaguen en las masas.
La clase trabajadora y las jornadas laborales
La mayor parte de los trabajadores que se intentará que permanezcan en sus funciones son los obreros fabriles, mineros, logística, transporte, servicios de salud, farmacias y los de supermercado. Esta ha sido la lógica a nivel mundial. Mientras los primeros responden directamente a las necesidades del aparato productivo, los últimos corresponden a las necesidades de sobrevivencia y abastecimiento. Aquí radican sectores importantes de trabajadores que pueden realizar movilizaciones por la molestia a mantenerse presencialmente en sus puestos de trabajo, especialmente los obreros fabriles y mineros. Estos han sido los sectores que se han movilizado en Italia por ejemplo. Allá los reclamos de los trabajadores han sido claros: “condiciones de salubridad e higiene en las fábricas esenciales y paralización de las actividades en las fábricas no esenciales”. Las huelgas que estos han levantado deben servir como ejemplo para la clase trabajadora chilena. Otro de los sectores que puede adquirir una especial conflictividad son los trabajadores de la salud. Si bien ya han realizado algunas movilizaciones, por falta de insumos, lo que es sinónimo de posibilidad de contagiarse, es probable que estas se incrementen con el crecimiento de los contagiados.
Por otro lado, un sector importante de trabajadores vinculados a servicios (aparato público, comunicaciones, ventas, servicios sociales, educación, etc.) adoptará diversas formas de teletrabajo, por lo que se verá menos afectado salarialmente, pero realizará jornadas flexibles sumamente precarias y con el peligro de que puedan extenderse después de la crisis. Por otro lado, el sector de trabajadores más golpeado serán los “independientes” o “cuentapropistas”, pues no existe seguro que cubra sus salarios y aunque quisiesen están impedidos de realizar sus funciones (se vinculan muy fuertemente al comercio). Este sector ya venía siendo afectado mayormente desde el 18 de octubre. Ahora, la desprotección en la que se encuentran difícilmente podrá ser atendida por el gobierno. En este sentido es importante aclarar que quienes en esta coyuntura terminan realizando sus labores mediante teletrabajo no pueden ser considerados como una suerte de trabajadores privilegiados. Una parte importante de trabajadores a honorarios adoptará esta forma, por ejemplo, dando cuenta que esto no depende de su mayor estabilidad laboral ni de su mejor condición económica, sino del sector de la economía en la que se encuentran: servicios, por lo que tiene esa posibilidad (no todos). La lógica de entenderlos como un sector “privilegiado” será la que intentará imponer el gobierno para “nivel hacia abajo” las condiciones laborales.
Situación y rol del sindicalismo
Para nadie es un misterio que desde el 18 de octubre el movimiento sindical dio muestras de su triste situación. En esos meses de revuelta popular, más allá de la capacidad de movilización de una parte del sector público, especialmente trabajadores de la salud, el sindicalismo fue un mero espectador en la revuelta, reducido a declaraciones. Frente a la actual pandemia la situación no ha sido muy distinta, pero tal vez más triste, pues ahora se trata nada menos que resistir a cuestiones vitales y mínimas, como el salario, los puestos de trabajo y la vida. En cambio, caben tres casos a destacar que deben servir como ejemplo. En primer lugar, las movilizaciones que han realizado en diversos lugares los trabajadores de la salud. La extensión de la pandemia da cuenta de que estas movilizaciones se pueden seguir realizando y es importante que no queden aisladas. En segundo lugar, el paro efectuado durante los primeros días de contagio por parte de choferes del Transantiago de la zona sur de la capital. Este sector del sindicalismo se caracteriza por estar altamente fragmentado y ser en su mayoría sumamente patronal. No obstante, la huelga efectiva que realizaron y su posterior represalia de despidos debiese ser el camino a seguir en este contexto. Un sindicalismo clasista fortalecido debiese haber estado en la primera línea de la defensa de estos trabajadores. Por último, está el caso de los trabajadores de diversos malls de Santiago y provincias, quienes al ver que los patrones pretendían que se mantuviesen en sus puestos de trabajo mientras los contagios se extendían y los mismos centros comerciales quedaban casi vacíos, realizaron diversas movilizaciones viralizadas rápidamente por las redes sociales, lo que llevó a que varios oportunistas alcaldes suspieran los permisos de funcionamientos de estos malls.
Si bien estos ejemplos son pocos, representan muestras de que la clase trabajadora no está muerta. Estas movilizaciones han sido acompañadas por otras llevadas a cabo por habitantes de balnearios de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, quienes ante la inoperancia del gobierno tomaron la justicia en sus manos y levantaron barricadas en los accesos a las comunidades para evitar que los turistas santiaguinos, en su mayoría miembros de las clases pudientes y habitantes del sector oriente de la capital, pudiesen ingresar y con esto expandir el contagio. Prácticas como estas tuvieron su punto más alto en la isla de Chiloé, donde la radicalización fue mucho mayor, lo que da cuenta que la chispa encendida en octubre no ha desaparecido, solo se ha ocultado para volver a surgir cuando existan mejores condiciones.
Lamentablemente este contexto de lucha presenta otro obstáculo, esta vez interno, referido a la crisis que atraviesa las organizaciones identificadas con la izquierda revolucionaria. Al igual que el sindicalismo, este sector político, diverso y fragmentado, mostró serias debilidades para dar respuestas articuladas y coherentes con el inicio de la revuelta popular. Su presencia en los cientos de asambleas territoriales levantadas desde octubre (al menos en Santiago) ha sido ínfima, donde destacan participantes que no responde a organización política alguna y otros con una importante cercanía al diverso mundo libertario. Es de esperar que la fuerza de los hechos, el análisis de la situación concreta y la necesidad urgente de levantar luchas estructuradas y menos espontáneas, logren contribuir a que la clase trabajadora y el pueblo de Chile se doten de organizaciones políticas revolucionarias, con presencia nacional y con un proyecto efectivo de transformaciones radicales y clasistas.
En este sentido, la mejor respuesta que pueden dar quienes nos posicionamos desde las trincheras del clasismo es que frente a la ofensiva de los patrones la respuesta debe ser colectiva, organizada, desechando los acuerdos individuales con los patrones. Levantar sindicatos donde no existan, desbordarlos donde estos sean patronales o burocráticos o activándolos donde estén dormidos. Tal como lo dijo el viejo Recabarren “los trabajadores somos un gran poder, como no hay otro, pero la fuerza de este poder sólo reside en su organización”.
Si en Chile vivíamos una coyuntura, desde octubre, donde el neoliberalismo se había puesto severamente en cuestión, la pandemia, por su carácter mundial tiene más posibilidades de adoptar un carácter anticapitalista. En coyunturas como estas, los sectores socialdemócratas que apelan a limitar o eliminar las políticas neoliberales (como el PC o sectores del FA) pierden fuerzas, pues sus llamados a volver a Estados de bienestar pueden ser compartidos inclusive por sectores de derecha.
La actual crisis ha vuelto a poner en el tapete la viabilidad de la existencia humana. Es un anticipo de lo que vendrá prontamente cuando el cambio climático entre en su fase letal. Pero aún hay tiempo para asegurar esta sobrevivencia, pero esta solo es posible bajo los escombros de la sociedad capitalista. Es imposible que dentro del capitalismo existan alternativas al escenario que comenzamos a enfrentar. Por esto el grito de Rosa Luxemburgo de hace 100 años hoy está más vigente que nunca: Socialismo o Barbarie.

[1] Ariel Petruccelli, «Paradojas virales», 25 de marzo de 2020, en http://www.laizquierdadiario.com/Paradojas-virales
[2] La posición de Carter y otros alcaldes de Chile Vamos da para pensar en fuertes divisiones al interior de esta coalición. Sin embargo, en realidad se parece más a la táctica del “paco bueno y el paco malo”, donde algunas figuras se presentan como inflexibles a las demandas y otras más receptivas. El mejor ejemplo de esto lo mostró el “paco” Desbordes durante la revuelta popular.
[3] Al respecto se puede agregar que en la actual coyuntura el gobierno sacó provecho y aprobó el proyecto de educación pre escolar (“sala cuna universal”), el que había contado con una fuerte oposición de los activos sindicatos de trabajadoras de Integra y Junji.
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