El militarismo no descansa
Lunes.13 de abril de 2020 9 visitas Sin comentarios
Un repaso a la actividad del ejército desde que nos confinaron.
Juan Carlos Rois
Tortuga
A pesar de que nuestras autoridades han cancelado el tiempo de vida de la sociedad (y esperemos que no hayan conseguido confinar también nuestras cabezas) para centrar todos los esfuerzos en la pandemia vírica, el militarismo, lejos de descansar, ha seguido con su activismo habitual y sin descanso.
Un repaso puntilloso nos lo demuestra.
Desde el 10 de marzo han tenido lugar 11 Consejos de Ministros en los que se ha intentado dar respuesta a la pandemia.
De ellos, al menos en cinco se han emitido o ratificado disposiciones referidas a los ejércitos, siendo el Consejo de 31 de marzo el que han aprovechado para autorizar un acuerdo marco de gasto militar por valor de 71,7 millones de euros para la seguridad privada del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.
Pero no sólo son los acuerdos de participación del ejército en la gestión del control social durante el confinamiento los que reflejan el activismo militar, pues, además, existen otras actuaciones que reflejan la infatigable y casi imperceptible actividad de nuestro militarismo.
1) La ministra como autoridad delegada y los militares como autoridad pública.
La principal mención por su importancia se realiza en el Real Decreto 463/20, de 14 de marzo por el que se declaró el Estado de Alarma. Disposición que ha sido modificado ene l Consejo de Ministros de 17 de marzo, y posteriormente prorrogado en los Consejos de 24 de marzo y 3 de abril. Conforme a todos ellos, se otorga un poder nada despreciable al ejército como autoridad pública a los efectos de control del cumplimiento del estado de alarma.
a) La ministra, autoridad competente con capacidad para dictar órdenes y disposiciones
El artículo 4 del Real Decreto 463/20 designa como autoridades competentes para el ejercicio de las funciones de gestión de la crisis del COVID-19 a la Ministra de Defensa, al Ministro del Interior, al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministro de Sanidad, todos ellos bajo la dependencia del Presidente de Gobierno.
Tales ministros ostentan (numeral 3 de dicho artículo 4) la condición de autoridades competentes delegadas en este real decreto, por lo que «quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio».
Como vivimos en una especie de estado excepcional, se hace normal que las disposiciones que afectan a nuestra vida ordinaria puedan ser dictadas por estos ministros sin pasarlas por control político o jurídico alguno, lo cual sitúa a un nivel inusitado de capacidad de actuación al ejército en una situación en la que las principales preocupaciones debieran ser más bien de índole sanitaria y social.
b) Los militares como autoridad callejera
El artículo 5 del decreto otorga además el carácter de autoridad a policías, guardia civiles y militares (lo que equivale a que la desobediencia a sus órdenes puede conllevar una condena penal y les convierte en moduladores del orden público y la seguridad ciudadana). El mismo artículo obliga a la colaboración de todas las autoridades y personas con sus mandatos, otorgándoles igualmente capacidad para «practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto». EL numeral 6 de dicho artículo prescribe que «Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto, las autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional».
Este carácter de autoridad pública de los militares se refuerza en la Disposición Adicional Quinto, donde expresamente se señala que «De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán carácter de agentes de la autoridad».
De este modo, el ejército como cuerpo aparece en el eje de la denominada seguridad pública, reconvertido ahora a ejército implicado (así lo afirmó su máximo mando) en una guerra que no cabe calificar sino de guerra interna, en la que le frente de batalla somos nosotros y nosotras, adquiriendo una nueva dimensión, en cierto modo, de enemigo interno, algo que ya hemos probado en otras ocasiones.
El Real decreto 465/20, de 17 de marzo, establece ciertas modificaciones al anterior de 14 de marzo, pero no cuenta con ninguna especificación respecto del papel de los militares como autoridad competente para hacer cumplir el estado de alarma.
c) Despliegue de medios
Desde que se decretó el Estado de Alarma, el despliegue de medios (tanto propagandísticos como de efectivos) del Ministerio de Defensa ha sido apreciable, pues el protagonismo que les ha otorgado el gobierno en esta crisis lo han aprovechado sobre todo para emprender una variada y agresiva campaña de legitimación y lavado de cara (véanse el despliegue propagandístico en los medios de comunicación oficiales, el beneplácito de los opinadores sabelotodo, la presencia de uniformados en la mayoría de las ruedas de prensa oficiales, la sobreactuación de los mensajes guerreristas de la ministra y sus adláteres, o el lanzamiento de mensajes simplones y abrasadores en medios de propaganda del propio ministerio de defensa, del que es un ejemplo elocuente la revista RED de abril, que responde al título «Todos contra el COVID»). Despliegue comunicacional y propagandístico en el que, en mi opinión, les ha salido el tiro por la culata, pues si es cierto que han convencido a los que ya lo estaban, han incrementado el recelo y la desconfianza de gran parte de la gente del común, hasta el punto de haberse extendido la reivindicación de gastos militares para sanidad y otras parecidas.
En cuanto al despliegue de efectivos de los militares, ha consistido principalmente en la exhibición de la UME fumigando calles y centros (aislados en un material de protección del que carece nuestra sanidad para su autoprotección), así como en el despliegue de algunas unidades (según la revista RED hasta 8000 efectivos y un despliegue en 28 ciudades) realizando labores «de asistencia» y postureo (a veces respondida con caceroladas, como es el caso de Pamplona el 4 de abril, o en Sabadell el 23 de marzo). A ello se une la aportación de su material y hospitales de campaña (de los que carece igualmente nuestro sistema público de salud) en los momentos más críticos del desbordamiento médico ante la pandemia, así como la producción de paracetamol, antivirales y solución desinfectante por parte de la farmacia militar (porque cuentan con farmacia propia y con producción de medicamentos militares propios) y en el transporte de material médico y quirúrgico desde china con sus aviones (de los que igualmente carece lo civil).
Dadas las características del propio riesgo al que el Decreto quiere responder, así como por las «misiones» encomendadas a los militares hasta ahora, se ha evidenciado lo inapropiado del ejército para participar de forma singular en esta crisis, pues, más allá de prestar el enorme material del que disponen (y del que en cambio es tan deficitario el sistema de salud), algo muy de agradecer, las acciones que han desarrollado podrían haberse realizado al menos con igual eficacia y menor dispendio por personal civil especializado y mucho mejor aún si las instituciones civiles hubieran gozado del presupuesto y del material que durante tantos años se les ha escatimado mientras se mimaba el gasto militar.
Tanto ha debido pesar la mala acogida de la excesiva propaganda militarista que la propia ministra se ha visto obligada a «aplazar» las anunciadas «patrullas mixtas» de militares y policías para controlar el orden público y, más tarde, a suprimir el desfile (lo que nos supondrá, al menos eso esperamos, un despilfarro menos) con el que nos pensaban atizar para conmemorar el día de las fuerzas armadas.
Aunque cabe esperar que aún asistamos a algún que otro acto de exaltación militar, no parece que, hasta ahora, su protagonismo en esta crisis haya repercutido de forma especialmente favorable a sus intereses. En el imaginario social parece ser que quienes aparecen como más dignos de estima son los sanitarios que, aunque maltratados y desbordados, están ofreciendo su compromiso frente a la pandemia, así como las personas del común, habitualmente infravaloradas, que se están arriesgando para mantener la cadena alimentaria y de servicios básicos a la población.
d) ¿Nos pasará factura?
Un aspecto que los decretos no explican y que quedará para el futuro es si la actuación del ejército en este capítulo pandémico nos pasará factura en términos de gasto militar añadido.
Es conveniente conocer que la UME, hasta la fecha, pasa factura al Ministerio de Agricultura o a las Comunidades Autónomas cada vez que moviliza sus dispositivos para acudir a los incendios. ¿Pasará lo mismo ahora?; ¿justificará peticiones de incremento del presupuesto de defensa?; ¿dará lugar a la acogida de peticiones que la derecha en sus diferentes vertientes ya realiza de aumentar el sueldo o gratificar a los militares?; ¿nos llevaremos en los próximos meses o días alguna sorpresa más?
2) 71,7 millones de euros más para seguridad privada de las instalaciones militares
El Consejo de Ministros de 31 de marzo aprovechó para incrementar el compromiso de gasto militar, al aprobar la autorización al Ministerio de Defensa para que celebre un acuerdo marco y los contratos que se deriven de este para la «prestación de los servicios de seguridad privada para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos».
El acuerdo persigue la seguridad privada de las instalaciones del Ministerio de Defensa, del INVIED y de la Subdirección General de Régimen Interior, tendrá una duración de un año, por el importe de 71.760.000 euros, y permite la prórroga por otros 3 años.
Para variar, es un acuerdo que goza con la aprobación del Ministerio de Hacienda, que es uno de los ministerios partícipes del gasto militar español, ya sea autorizando «extras» a los presupuestos de Defensa, ya autorizando gastos extraordinarios y extrapresupuestarios con cargo a deuda o al Fondo de Contingencia, ya abonando partidas desde su propio presupuesto.
Fuera de las disposiciones referidas al COVID-19, hay otros elementos que inciden tanto sobre el gasto militar que previsiblemente tendrá lugar este año, como en la propia razón de ser de nuestro militarismo. Hagamos un pequeño repaso.
3 ¿Compensarán la congelación de pagos en PEAS por importe 270,9 millones de euros que se acordó el año pasado?
Los compromisos de pagos del Ministerio de Defensa en 2019 dieron lugar a un sobregasto de 993,26 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Defensa, sobregasto que habría sido mayor si no se hubiera acordado no pagar 270,97 millones de euros en el capítulo de inversiones reales (así se reconoce en el «Avance comentado del Presupuesto de Gastos del Estado, pagos mensuales», referido a diciembre de 2019 y publicado por la IGAE) cantidad ésta que estaba destinada a pagar plazos de los Programas Especiales de Armamento y que constituyen en realidad un compromiso de pago que previsiblemente deberá ser abordado «de más» en los presupuestos de 2020, pues no hemos leído en ningún lugar ningún tipo de compromiso de la industria militar para condonar o aplazar más aún esta cuantiosa cantidad.
Por ello, el impago no supone sino una patada hacia adelante que, cuando menos, aumentará nuestra factura de gasto militar a futuro en otros 270,97 millones (sin contar con los posibles intereses y penalizaciones) que, al parecer, están a la espera de aprobación de nuevos presupuestos, ya sea en esta legislatura o en la siguiente.
4. 17 misiones en el exterior.
El Consejo de Ministros del PSOE-UP, aprobó el pasado 13 de diciembre, el mantenimiento de las 17 misiones militares en el exterior de las que participa España en la actualidad.
De hecho, y salvo la reorganización de la Misión de Mali y la vuelta a casa de la 22 marineros de uno de los barcos que teníamos en la operación Atalanta por casos de infección vírica, todo sigue igual.
Es problemático conocer, dada su opacidad, el gasto militar destinado a la injerencia militar española en el exterior. Al respecto no hay una información veraz y suficiente.
Conforme reconoció el ministerio de defensa ante la Comisión de defensa, en 2019 se preveía un gasto por operaciones en el exterior de 1.179 millones de euros. Dado que el presupuesto de Defensa para 2020 es la prórroga del anterior y que no hemos rebajado ninguna de las operaciones ejercidas durante 2019, es de suponer que el gasto por estas no disminuirá.
Ocurre, ¡oh sorpresa! que en el ya comentado «Avance comentado del Presupuesto de Gastos del Estado, pagos mensuales», al gasto comprometido para 2019 por operaciones en el exterior se le han añadido otros 88,66 milloncetes más, lo que nos hace elevar la cifra, tanto para 2019 como previsiblemente para 2020 a los 1.267,6 millones de euros.
1.267,6 millones que al menos se calzarán en este año y que contrasta con la cantidad destinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para Cooperación internacional (759,26 millones de euros) o incluso con el total de 2.632,2 millones que destina el conjunto del Estado (contando, además del ministerio de Asuntos Exteriores, con el de Hacienda, el de Economía y Empresa, el de Trabajo e Inmigración y otras partidas dispersas en otros ministerios, y que incluye cooperación que no podemos tildar precisamente de ayuda al desarrollo).
¿Qué no hubiera podido dar de sí la inversión de estos 1.260 millones de euros malgastados en perpetuar guerras y conflictos en interés del estatus quo, de haber sido invertidos en desarrollo humano y destinados a la solidaridad internacional? Nunca lo sabremos, porque se ha gastado en guerras y ejércitos.
Las cuentas de este año son espeluznantes, pero no hacen sino seguir una tendencia abrumadora que explica el para qué de nuestro aparato militar, pues desde 1989 a la fecha llevamos 90 operaciones militares, con implicación en 41 escenarios bélicos mundiales, y un gasto al menos de 15.185,95 millones de euros que teníamos calculados a fines de 2019, al que sumar los 88,6 millones más que han aflorado gracias al control de la IGAE y los previsibles 1.267,6 millones que nos gastaremos en 2020.
¿16.542,21 millones de euros invertidos desde 1989 a 2020 en promover el estatus quo y participar en guerras?, ¿16.542,21 millones de euros hurtados a la solidaridad y a contribuir a la construcción de un mundo justo? Efectivamente, durante 2020 y en medio de la pandemia, nuestro militarismo ha continuado la tendencia que ya venía desarrollando antes y que tan mal se compadece con los mensajes del presente que el Ministerio de Defensa lanza respecto del compromiso del ejército en la lucha por la salud de todos.
5 Barcos de guerra de maniobras por el ancho mar
Desde Enero de 2020 se han venido realizando acciones conjuntas en el cantábrico entre barcos de guerra franceses y españoles.
En enero eran tres fragatas y un buque de aprovisionamiento en combate los que llevaban a cabo un ejercicio de combate naval conjunto con la fragata Letouche Treville y aviones de patrulla marítima francesas. Esta operación, si hacemos caso de ABC, ha durado hasta más allá del 4 de abril.
A pesas de que el 13 de Febrero la ministra de Defensa acordó suspender todas las maniobras previstas por el ejército, lo cierto es que la prensa ha seguido informando de la realización de algunas de estas.
A pesar de ello, el Diario El Español informó el 20 de febrero (es decir, ya vigente la cacareada orden de suspensión de las maniobras) de la celebración de los ejercicios «Eagle Eye 20-01» frente a las costas marroquíes y en plena «escalada de tensión» con Marruecos y Argelia, con la participación de 800 efectivos militares, una fragata, varios cazas y misiles Hawk, Nasams y Mistral: ejercicios celebrados desde el día 17 de febrero. UN despliegue fotográfico de la operación celebrada puede verse en la revista Defensa de 24 de febrero.
El 3 de marzo, en plena pandemia, la fragata Blas de Lezo se ha incorporado a otra agrupación de combate de escolta al portaviones francés Charles de Gaulle, patrullando las costas de Málaga y el mar de Alborán, para encaminarse después, hasta el día 13 de abril, al océano atlántico, donde han participado en un ejercicio naval «Jhon Warrior 20-1» en las costas de Reino Unido, y después en otro llamado «Frisian Flag 20» en costas de Dinamarca.
El ABC nos informa de esta circunstancia que, igualmente, implica otro ejemplo de la operatividad militar del momento. No ha sido sino hasta el 8 de abril, según la página web de la Armada, cuando la fragata Blas de Lezo ha regresado de sus ejercicios a su base de Ferrol.
Del mismo modo, el Buque de Acción Marítima «Audaz» realiza, desde el 3 de marzo, un período de adiestramiento militar de cinco meses para la formación de las armadas de países «amigos» en el Golfo de Guinea, dentro de nuestro singular plan de «Diplomacia de la Defensa».
Estos despliegues muestran, una vez más, la orientación intervencionista y proactiva de nuestros ejércitos, que no han parado en su acción «exterior», con el considerable gasto que ello comporta.
6 ¿Parón en la industria militar?
Aunque nos han vendido el parón de la industria militar, esto no deja de ser una trola más con la que la propaganda del lobby militar industrial nos intoxica.
La industria militar no funciona en el corto plazo y si se ha producido una cierta relentización de su producción fabril lo ha sido más por la presión de los sindicatos en defensa de la salud de los trabajadores que por el compromiso de esta industria con la lucha contra la pandemia.
Ahora bien, relentizar no equivale ni a paralización ni a erosión de sus intereses lucrativos. La industria nacional de defensa cuenta con pedidos tanto nacionales como internacionales consolidados y comprometidos a largo plazo que aseguran su actividad y su negocio con independencia de la actual contingencia de confinamiento por quince días.
Las grandes empresas del sector mantienen una cartera de contratos comprometidos tanto en armamento defensivo como ofensivo amplia. Están no se ha visto ni se verá alterada por el COVID 19 y, dada la laxitud de nuestras autoridades en lo que se refiere al control de armamentos, tampoco se serán molestadas en exceso en sus exportaciones de armamento a terceros países.
De sobra son conocidos los contratos de Navantia con el régimen saudí o con Emiratos Arabes Unidos, por poner dos ejemplos, o los pedidos consolidados de las grandes multinacionales que fabrican en España. Según reconoce la patronal del sector, TEDAE, nuestra industria militar cuenta con una cartera de pedidos consolidada de más de 20.000 millones de euros, principalmente destinado a barcos de guerra, aviones, drones y munición.
Además, la industria militar española es activa en proporcionar munición y pertrechos de forma irregular a países en conflicto. Armas y explosivos españoles se encuentran en diversos conflictos activos, situación esta que a pesar de haber sido denunciada en diversas ocasiones por expertos y ONG´s no ha dado lugar a una conducta más ética por parte de la industria militar.
La propia demanda española de nuevos programas de armamento o de entrega de programas aún en ejecución garantiza al sector su lucrativo negocio. En plena crisis del COVID-19, la Dirección General de Armamento y Material hizo público un comunicado en el que daba a conocer que no se han paralizado ni suspendido ninguno de los programas de armamento españoles y ordenando la adopción de medidas para que no se paralice la cadena de suministros militares a pesar del estado de alarma, así como aclarando que el mantenimiento de las fuerzas armadas es una actividad esencial y estratégica que no puede ser paralizada.
A las tres preguntas formuladas en el Congreso de los Diputados y conforme al Boletín Oficial de las Cortes Generales de 2 de marzo de 2020 (Boletín 43, Serie D), Navantia tiene encargos actuales del Ministerio de Defensa la construcción de varias fragatas F-100 que garantizan actividad industrial para los próximos 10 años, amén de las actividades que desarrollan de reparaciones de otros barcos y de tecnología eólica, sin despreciar la actividad comercial de la empresa para ofertar sus barcos de guerra a otros países. Según las contestaciones ofrecidas por Navantia, cuentan con un Plan Estratégico y un Plan Comercial que tienen como objetivo conseguir una carga de trabajo hasta 2022 de 11.000 millones de euros, de los que ya tienen consolidado y por tanto firme más del 60% de las previsiones (es decir, al menos cuentan con carga de trabajo por 6.600 millones hasta 2022).
En la actualidad el prototipo de submarino S-81 Plus (antes S-80) está en pruebas para una inminente entrega al Estado del primero de los prototipos, una vez resueltos los problemas de flotabilidad que lo convertían en una lata.
Es más, a pesar del COVID-19, se ha presentado su sistema de propulsión con vistas a nuevas ventas en la Conferencia Underwater Defence & Security celebradas en Londres en el mes de marzo y a otros clientes previsiblemente interesados.
No parece que la industria militar goce, en un contexto de crecimiento mundial del gasto militar, de especiales problemas en la crisis. Es más, daría la impresión de que la crisis es su hábitat propicio y su negocio propio.
7 Disposiciones del Boletín de la Defensa.
La actividad militar no descansa nunca. Ya lo dijo su JUJEM: en la guerra no hay domingos.
De hecho el Boletín Oficial de la Defensa da fe de ello. Sin contar con las disposiciones que acuerdan trienios, ascensos de personal u homologaciones de la expriencia militar a titulaciones académicas (tres aspectos que ocurren en casi todos los boletines de defensa), contamos con disposiciones relevantes en los siguientes:
En el de 3 de marzo dispone indemnizaciones por razón de servicio para los oficiales que participen de las “paradas militares” programadas para la cría caballar. Debemos aclarar que este negocio de las paradas consiste en que los sementales se llevan a diversos lugares programados para que puedan aportar su granito de arena a la mejora de la raza caballar de los paisanos, actividad poco marcial pero que comporta un pingue beneficio por acometida (vamos a llamarlo así) según aparece en el cuadro de precios contemplada en el BOE de 27 de junio de 2016.
En el de 11 de marzo se convoca un premio «soldado Idoia Rodríguez, mujer de las fuerzas armadas» para «…otorga(r) público reconocimiento a la labor realizada por personas o instituciones, civiles o militares, cuyas actuaciones hayan contribuido a potenciar el papel de la mujer en la Fuerzas Armadas o a favorecer la igualdad de oportunidades».
El mismo boletín publica una resolución por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. Dicha novedad probablemente traerá como consecuencia un nuevo gasto para adaptar la cartelería, membretes y demás material que tenía la antigua imagen institucional.
El día 16 de marzo se establecen disposiciones y medidas militares para la gestión de la crisis del COVID, entre ellas pone al servicio de las autoridades la UME, así como la Policía Militar, el Transporte logístico terrestre, el Aerotransporte general y capacidades de aerotransporte medicalizado, el Control de tráfico aéreo, de la navegación marítima, puertos y aeropuertos, los Alojamientos logísticos y establecimiento de campamentos militares y la Inspección General de Sanidad de la Defensa; establece medidas de autoprotección y equipos adecuados para el personal militar involucrado en la gestión de la crisis y dispone que el JEMAD será el mando único de todas las medidas que se desarrollen.
El mismo boletín establece el cuadro de competiciones deportivas y campeonatos militares que organizará el ejército a lo largo del año.
El 19 de marzo se ordenan nuevas instrucciones para la crisis COVID-19 por las que se ordena que el ejército apoye al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 en la protección de sin techo y asentamientos chabolistas.
En el de 24 de marzo se transcribe la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se disponen las disposiciones específicas para asegurar por parte de ejército y policía el confinamiento, cierre de vías y carreteras y medidas restrictiva de la circulación.
El de 25 de marzo dispone medidas para que los militares puedan acceder a los medicamentos de su mutualidad durante el COVID 19 y se transcriben otras disposiciones del ministerio de sanidad en cuanto a gestión de residuos, información, etcétera.
En el de 26 de marzo se publica un convenio de colaboración entre Defensa y la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas por el que se permite que ésta realice prácticas laborales acondicionando instalaciones militares y realizando programas de formación en las instalaciones militares.
El mismo boletín dispone «Reanudar por razones de interés general todos los procedimientos para solicitar y conceder la gracia del indulto, competencia del Ministerio de Defensa, que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a iniciarse con posterioridad a dicha fecha». NO se nos ocurre qué razón tan urgente o que persona tan urgida necesita tal reanudación.
El de 27 de marzo corrige errores en los anteriores decretos sobre el COVID19.
El de 30 de marzo publica aun convenio de colaboración del ejército con la Universidad de Murcia para promover el pensamiento militar, a la vez que publica nuevas disposiciones referidas al control del COVID con arreglo a la Orden INT/284/2020, de 25 de marzo.
El de 31 de marzo, además de publicar las medidas complementarias dictadas por Real Decreto 9/2020 en el ámbito laboral y la prórroga del estado de alarma, establece medidas para la disposición y administración de medicamentos.
El de 1 de abril establece medidas complementarias respecto al COVID-19 referidas a sanidad.
El de 2 de abril aplaza el proceso de selección de militares para incorporarse a los centros docentes militares.
El de 3 de abril continúa con los aplazamientos referidos a enseñanza militar.
El del 7 de abril aplica aplazamientos a los cursos de altos estudios de la defensa.
El de 8 de abril dispone normas sobre centros de estudios militares.
El de 9 de abril publica el resumen de ejecución de gasto elaborado por IGAE y referido a diciembre de 2019.
8 Gasto militar y objeción fiscal.
Es evidente que la actividad del ejército no ha descansado. Su financiamiento tampoco, pues de entrada cuentan con un cuantioso presupuesto garantizado tanto por el propio presupuesto del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, como por el que se encubre en otros ministerios y financia las más ocurrentes actividades de nuestro militarismo.
La crisis del COVID-19, entre otras cosas, ha supuesto también la demostración palpable de que lo que realmente debemos defender no cuenta con recursos y medios adecuados, mientras que el dinero destinado en teoría a “defendernos” se destina a una defensa que se muestra cuando menos poco eficaz ante los desafíos de la sociedad y un verdadero derroche de recursos que bien podríamos utilizar mejor en otras cosas.
Es por eso probable que el desprestigio del gasto militar siga en aumento. De hecho la crítica al mismo ha desbordado en los días precedentes el cauce de los movimientos sociales más conscientes. Hasta los medios más oficialistas, especialmente eficaces en minimizar toda crítica al militarismo, se han visto obligados a difundir críticas al gasto militar en relación a las necesidades sociales de sanidad que se muestran ahora tan obvias.
No han confinado nuestras cabezas. Lo afirmaba al principio. Ahora toca tener la creatividad para hacer del malestar generado respecto a la falta de recursos para defender la seguridad humana y el contraste con el inmoral e injustificado gasto militar un argumento de peso para la movilización social próxima.
Ellos no descansan. Lo cuyo es que tampoco la lucha antimilitarista les dé descanso.
