Cada año son víctimas de la violencia institucional varios miles de niños y niñas que son retirados a sus familiares por supuestas negligencias en su cuidado. Esto es lo que afirma una lista de asociaciones y personas comprometidas con los derechos de la infancia.

 

El pasado mes de septiembre, Aprodeme, junto al resto de estas asociaciones, presentaron una serie de propuestas de enmiendas por extensión a la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, para ser presentada ante el Congreso de cara a su posterior debate, para reclamar que la ley ampare esta cuestión de la violencia institucional.

 

Estas asociaciones llevan años recogiendo las quejas de cientos de madres y padres que se ven completamente indefensas, sin información sobre los porqués de las retiradas de sus hijos por parte de los Servicios Sociales, ni sobre cómo recurrir y reclamar sus derechos más básicos siguiendo el procedimiento adecuado para ello. La ley Rhodes aprobada el pasado Junio de 2020 no mejora esta situación. Permanecen mecanismos institucionales que dificultan la defensa de las familias frente a una maquinaria de la intervención social que no necesita de orden judicial para arrebatar chavales de sus familias y que pasen a un centro de menores o a una familia de acogida, frente a madres y padres que sí necesitan que un juez dictamine el retorno de los menores a su entorno familiar. Un hecho que no sucede en muchas ocasiones.

 

Según señalan dichas asociaciones, una de las causas que explicarían todo este atropello administrativo es el negocio que genera cada menor declarado en desamparo. La administración recibe de la Unión Europea cantidades de dinero por niño tutelado. La rapidez que lleva a la administración a actuar en estos casos es especialmente visible cuando muchos de los pasos que vienen recogidos en los planes de actuación y normativas de los Servicios Sociales se saltan y no se cumplen. Por ejemplo, las elaboraciones de “plan de caso” que deben hacerse para perseguir que el reencuentro de las menores con sus familias sea un objetivo alcanzable paulatinamente y que muchas veces no se lleva a cabo, o la búsqueda de la familia extensa que pueda encargarse de acompañar a los niños en casos de negligencia o maltrato por parte de sus progenitores. Los centros de menores en dónde acaban estas personas tienen muchas complicaciones que a nivel teórico resultan obvias; espacios despersonalizados, relaciones forzadas entre personas apartadas de sus entornos etc.

 

A otros niveles existe copiosa documentación sobre denuncias de malos tratos por parte de los profesionales que trabajan en dichos centros. Hay que tener en cuenta, y este es otro hándicap añadido, la privatización de todo este proceso. La administración delega funciones en empresas privadas que gestionan algunos de estos centros a cambio de más de 4000 euros mensuales por menor, como viene recogido en el documento «¿Por qué hay que cambiar el sistema de protección de la infancia y la adolescencia?» Colaboración público-privada que necesita satisfacer su oferta a pesar de que estemos hablando de niños.

 

Cuando los chavales acaban en familias de acogida, que son una minoría respecto a los que permanecen en centros, los servicios sociales no se caracterizan por hacer de mediadores entre ambas familias, sino por todo lo contrario. La demonización de las madres y padres desde que la “alarma” suena en la administración, queda en forma de poso y estigma, no sólo de cara al entorno que les rodea, sino también a la información que las familias adoptivas tienen de los padres biológicos. Generalizar siempre conlleva un margen de error, pero muchos testimonios de familias afectadas así lo demuestran.

 

«Made in Spain, Made in Cantabria»

 

Aprodeme, la marea turquesa, así como pequeños proyectos de barrio que forjan redes informales de apoyo mutuo y que desde sus diferentes realidades; afectadas, familiares, amigas, activistas, educadores, abogadas etc se organizan juntos, suponen una especie de oasis en el desierto para quienes se encuentran en una espiral de indefensión jurídica, económica, emocional y social.

 

El pasado noviembre de 2009 W fue apartado de sus padres por el servicio de protección del menor del gobierno de Cantabria. Fueron acusados de presuntos malos tratos a causa de varias visitas al hospital en cuestión de un año, aunque judicialmente todo fue desmentido. Desde entonces hasta ahora los padres han luchado sin descanso por volver a ver a su hijo. En todo este proceso que podéis conocer mejor en otros artículos de este y otros medios, las irregularidades llevadas a cabo por parte del ICASS en base a sus propias normativas fueron múltiples. La asamblea por la libertad de W formada como grupo de apoyo a la familia unos años más tarde, encontró en su práctica otros testimonios, otras familias, otras situaciones de hijos arrebatados con arrogancia y sin ningún tipo de cuidado. Este es el primer paso para las madres y/o padres que se encaminan a la protesta social. El darse cuenta de que su problema no es una excepción ni una anomalía, sino una realidad compartida por otras muchas personas, no sólo en Cantabria sino en todo el estado.

 

En la actualidad, más de dos meses lleva plantada Blanca Ortiz para exigir explicaciones sobre la retirada de sus hijos. Lo hace en la calle General Dávila frente al edificio del ICASS con el apoyo de su madre y de su hermana, así como con el ánimo de personas del barrio que se acercan a charlar con ellas. Aguantan cada día junto a su coche aparcado con una pancarta que dice “Servicios sociales elige a las familias, no a los menores. Las decisiones del ICASS no están pensadas para el interés de los menores, sino para recaudar dinero” En este mismo coche han recibido cartas por parte de la administración, como si de su domicilio se tratara, dónde se les citaba para el día siguiente y con el riesgo de que cualquiera las cogiera o se mojaran.

Son sólo un par de ejemplos de personas afectadas por esta situación que dieron el paso a sacar su problema al terreno de lo común y a la búsqueda de apoyos y alianzas. La existencia de estructuras organizativas de apoyo permitiría que más familias, madres o padres, pudieran visibilizar sus problemáticas personales.

 

 

¿Sólo por dinero? Tiene que haber algo más…

 

capítulo 19 del Evangelio de San Mateo: “Al que tiene se le dará y, al que no tiene, incluso lo poco que tiene se le quitará”.

 

El efecto Mateo es un concepto acuñado inicialmente por el sociólogo Robert K. Merton que todo estudiante de la intervención social suele conocer en su formación. Aplicado al tema que nos confiere, diríamos que la mejor manera de una maquinaria para preservar sus privilegios es poner trabas en la capacidad de defensa de quienes tienen muy poco. Quienes sí tienen, tienen más capacidad de leer el lenguaje de la burocracia, de la legalidad, de la jurisdicción que quienes no tienen. Históricamente, la ayuda social, mutando por diversos modelos (caridad, asistencialismo etc) siempre ha cumplido la función de intervenir en la vida de los pobres, de fracturar sus condiciones de vida para apaciguar su capacidad de respuesta ante las desigualdades.

 

En ese sentido, si bien es cierto que no todas las personas afectadas provienen necesariamente de contextos pobres, también lo es que una gran mayoría sí. En un artículo de El salto de 2017 la marea turquesa cuenta como el 90% de los casos que tienen son familias vulnerables, sobre todo económicamente, o víctimas de violencia de género.

 

La política social actual tiene un señalado carácter neoliberal que no trata de reducir la desigualdad sino de gestionarla. Es por ello que la intervención social y sus protagonistas toman el modelo empresarial como forma de actuar. Si hoy en día necesidades básicas como la vivienda son una mercancía, es obvio que el lucro también forme parte de sistema de protección de menores y este, por tanto, no puede ser la única explicación. Gestionar la pobreza, individualizar sus problemas, controlar sus pasos, rentabilizar sus existencias es también otro motivo importante.

 

En el caso concreto de la retirada de chavales de sus familias, gestionar la pobreza conlleva otro tipo de cuestiones relacionadas con la normalidad, el patriarcado y el racismo. Por ejemplo, entre todos los casos de familias que solicitan ayuda ante la retirada de la tutela de sus niños, en contadas ocasiones son madres que se enfrentan solas a esta situación, puesto que ya no tienen vínculo alguno con el padre, por razones de violencia de género y/o abuso sobre las crias. Muchas veces se ponen en tela de juicio sus testimonios y entran en juego aspectos muy ligados a la moral patriarcal que dice cómo tiene que comportarse una mujer para ser una buena madre. Un mecanismo que pone en juego la administración son los antecedentes psiquiátricos como pretextos negativos para el retorno con ellas. Otro, que tiene que ver más con componentes colonialistas y racistas de los servicios sociales, son las diferencias culturales de muchas familias migrantes en el comportamiento con sus hijos. Recordemos otra vez el caso de W y la acusación de envenenamiento a su hijo con aceite de Palma. Ejemplo de no entender lo que supone este aceite como elemento alimenticio y terapéutico básico en Camerún.

 

 

 

El famoso dicho de “quien hace la ley hace la trampa” es oportuno. Madres y familiares guardan anécdotas terroríficas cuando cuentan las cosas que les dicen los profesionales; “No volverás a ver a tus hijas” “El plan de actuación es desvincularos de los menores” “Ah, pues entonces yo no se le devolvería. No hasta que encuentren trabajo” Son sólo unas pocas que incluso descontextualizadas, pueden entenderse como evitables sí o sí. Pero al fin y al cabo son anécdotas y no son desmostrables. Tampoco las amenazas. Tampoco los chantajes. Son cicatrices que quedan grabadas en los recuerdos de las personas afectadas, siempre en tela de juicio. Pero, ¿Qué hay de las irregularidades dentro de las normativas? ¿Son errores del sistema de protección de menores? ¿Son los errores evitables siempre? ¿O es la capacidad de saltarse las propias normas el funcionamiento normalizado de, en este caso, el sistema de protección de menores y las prácticas de los profesionales de la intervención social?