El estado de alarma ha instalado la excepción en la vida política española, y ha limitado el escrutinio del Parlamento. La prensa no puede ser cómplice de esa lasitud. Con esa situación excepcional, el Gobierno suspendió los plazos para responder a las preguntas sobre su propia gestión, como exige la ley de transparencia aprobada en 2013. Esa opacidad ha servido para no responder a preguntas sencillas: como quiénes están detrás de los comités de expertos tras los que se escudaba el gobierno para adoptar sus decisiones. El Consejo de Transparencia, un órgano gubernamental, ha exigido al Gobierno que cumpla con la ley. Una opacidad que no ha permitido investigar los contratos de compra de material sanitario. Por no hablar del inicial sistema de pregunta filtradas por la Secretaría de Estado de Comunicación. O la decisión de impedir el acceso de cámaras y micrófonos a hospitales, depósitos de cadáveres, cementerios… El gobierno central, y muchos autonómicos, y ayuntamientos, hicieron lo imposible para que los estragos de la pandemia no se vieran. Y muchos ciudadanos celebraron como algo positivo que se les hurtaran esas imágenes desagradables, las que hablan de la muerte. Una muerte de la que muchos no quieren saber nada. No se trata de cultivar el morbo, o de no respetar la dignidad y la intimidad, sino todo lo contrario. Se trata de asumir que la muerte forma parte de la vida, y que la muerte en cantidades atroces es inaceptable y merece una explicación. Un relato. Y un luto. Que no se han hecho. Muchos fotógrafos curtidos en los frentes de Libia, Siria, Afganistán, Congo o Yemen pidieron apoyo a RSF porque tenían más dificultades para hacer fotos en España que en zona de conflicto. Y muchos medios y no pocos periodistas optaron por eludir la calle, por asomarse a la realidad de cerca: por miedo al contagio, por cautela (razones legítimas, y comprensibles), pero también porque se prefirió no indagar en el dolor, no hacer las preguntas que era imprescindibles, y por no mostrar la extensión que la muerte había traído a nuestra casa. En Reporteros Sin Fronteras pensamos que si no se ha tomado verdaderamente conciencia de lo que el coronavirus supone es porque hasta hace nada apenas se han mostrado sus estragos.

Uno de los aspectos más inquietantes, y moralmente devastadores, de la pandemia, es precisamente el de los muertos. Ha habido informes muy crudos y necesarios de Médicos Sin Fronteras y de Amnistía Internacional acera de lo ocurrido en muchos hospitales y sobre todo en residencias de ancianos. Todavía hoy no tenemos cifras oficiales fidedignas sobre el número de muertos causados por la pandemia en España, con una abismal e incomprensible horquilla de datos entre los que proporciona el gobierno central, los autonómicos, los registros civiles y el Instituto Carlos III. En eso el papel de algunos medios y sus investigaciones han sido relevantes y admirables, y hay que consignarlo. El ministro de Sanidad y su portavoz más caro llegaron a hablar de un “pequeño desvío”… ¡de 18.000 muertos! Nos desgañitamos hablando de cuántos familiares y allegados pueden sentarse a la mesa navideña, o de los horarios de tiendas y restaurantes, de la economía… Razones de peso, sin duda. Pero cuando con toda probabilidad rozamos ya los 80.000 muertos y (salvo a los que les ha tocado la muerte de cerca) parece como si España hubiera sufrido una catástrofe natural, un “gigantesco accidente de tráfico”, que no nos conmueve más de la cuenta. Del mismo modo que negarse a ver el dolor y el sufrimiento impidiendo que los periodistas hicieran su trabajo han embotado la compasión porque ciegan el conocimiento, negar la muerte de tantos compatriotas ha embotado la conciencia moral del país. Empezando por sus dirigentes, tanto en el gobierno como en la oposición, que se han servido de los cadáveres para atizarse y fomentar la polarización política y electoral, no soluciones, no conocimiento, no compasión.

Esa determinación de no ver, de no mostrar, se ha extendido peligrosamente a otros ámbitos incómodos de la realidad. De nuevo, numerosos fotógrafos se dirigieron a RSF para quejarse de las dificultades impuestas por las autoridades para documentar la llegada de inmigrantes a Canarias, con dos argumentos esgrimidos por el gobierno: esas imágenes podrían potenciar la xenofobia, y no siempre respetan la dignidad de los migrantes. Por no hablar de la desinformación que ha practicado y practica el gobierno respecto a la situación de los inmigrantes en las islas y el traslado a la Península, que mientras a una portavoz “no le consta” a muchos aeropuertos y autoridades locales no deja de constarles.

La gran mayoría de los fotógrafos se rigen por códigos deontológicos que son los que presiden el trabajo de Reporteros Sin Fronteras. Para ser críticos los periodistas tenemos que ser impecables. Para recuperar el prestigio perdido tenemos que alejarnos del poder, huir de la simplificación y el sectarismo, separar las opiniones de los hechos, volvernos más avaros de adjetivos, comprobar, verificar, y contar lo que ocurre contra los miedos y los compromisos de los dueños de los medios, y contra el poder que o calla o desinforma. Como desinforman los partidos como Vox, que impide el acceso a determinados medios, o Podemos, cuando señala a periodistas que hacen preguntas incómodas.

«La lucha contra la desinformación es un terreno lo suficientemente resbaladizo como para apoyarse en una norma tan sumamente difusa y ambigua», afirma Alfonso Armada. «Llevamos demasiado tiempo denunciando en todo el mundo leyes que se amparan en la desinformación para atentar contra la libertad de prensa, como para no preocuparnos».

«El Gobierno no sólo debe concretar todas las lagunas presentes en este procedimiento, sino corregir a la mayor brevedad esa visión según la cual la potestad para decidir qué es desinformación es suya» Alfonso Armada, presidente de RSF España.

La periodista Bárbara Domingo ha publicado la siguiente información:

RSF alerta que España ha vulnerado el derecho a la información durante la Covid /El Nacional

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha publicado este martes el informe anual sobre la situación del derecho a la información en el mundo, que constata que se ha restringido la información y ha habido censura en la mayoría de países a causa de la Covid-19, como es el caso de España, donde el documento destaca que se han vulnerado varios derechos periodísticos. De esta manera, la organización situa al Estado español en el segundo nivel de alerta por la mala situación de la libertad de prensa.

El caso de España

El informe, que se publicará formalmente a lo largo de este martes, pone el foco en la crisis del coronavirus como factor agravante de la censura.  En este sentido, RSF constata que en España, a raíz de la declaración del estado de alarma, el Gobierno utilizó la excepcionalidad para limitar el derecho de los periodistas.

En concreto, el documento explica que el ejecutivo suspendió los plazos para responder a las preguntas sobre su propia gestión, como exige la ley de transparencia aprobada en 2013. Por ejemplo, en todo momento el Gobierno se ha negado a responder preguntas como quiénes están detrás de los comités de expertos tras los que se escudaba el gobierno para adoptar sus decisiones. Y aunque el Consejo de Transparencia, un órgano gubernamental, ha exigido al Gobierno que cumpla con la ley, esto no se ha producido.

«Esta opacidad, según RSF,  no ha permitido investigar los contratos de compra de material sanitario, por ejemplo. La prensa no puede ser cómplice de esa lasitud», explica Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras.

La organización también critica el sistema inicial de preguntas filtradas por la Secretaría de Estado de Comunicación, la decisión de impedir el acceso de cámaras y micrófonos a hospitales o depósitos de cadáveres y la opacidad en las cifras de la pandemia.  «En España hay una abismal e incomprensible horquilla de datos entre los que proporcionan el gobierno central, los autonómicos, los registros civiles y el Instituto Carlos III», lamenta Armada.

Imagen: El rànquing mundial según la libertad de prensa de cada país / RSF

La censura y la Covid

Pero la crisis del coronavirus también ha sido un factor agravante en todos los países del mundo, con casos de periodistas encarcelados que fallecieron en prisión por la enfermedad en Rusia, Egipto y Arabia Saudí, donde sus allegados denuncian que «los dejaron morir». En la primera parte de su informe anual publicado a mediados de diciembre, RSF comunicó que 387 periodistas fueron encarcelados a lo largo del año (frente a 389 en 2019), 54 fueron secuestrados y 4 fueron dados por desaparecidos por informar sobre este virus.

La organización, que calificó ese dato de «históricamente alto», alertó además de que el número de mujeres detenidas subió un 35% este año. Los países con más reporteros arrestados fueron China, Egipto, Arabia Saudí, Vietnam y Siria, que concentran en total más de la mitad de los profesionales detenidos en el mundo.

Los homicidios contra periodistas

La segunda parte de su informe anual sobre abusos contra periodistas se centra en los homicidios y la organización destaca que 50 informadores fueron asesinados, una cifra similar a los 53 muertos de 2019, pese a que los confinamientos forzados por la pandemia han supuesto una caída de los reportajes sobre el terreno. En un 84% las víctimas fueron objetivos elegidos de manera deliberada, frente a un 63% en 2019, y RSF resalta que algunos de ellos murieron en condiciones «particularmente salvajes».

Si en 2016 el 58% de los periodistas asesinados perdieron la vida en zonas de guerra como Siria, el Yemen, Afganistán o Irak, este año ese porcentaje fue del 32%. Es decir, el 68% de las víctimas mortales de 2020 se produjo en países en paz, con ocho en México, cuatro en la India y Pakistán y tres en Filipinas y Honduras, según la ONG.

En México, RSF recuerda el brutal asesinato de Julio Valdivia Rodríguez, del periódico El Mundo, que fue hallado decapitado en el estado de Veracruz.

Fuentes: Agencias/ Reporteros sin Fronteras/ El nacional.cat