La humanidad no ha cesado nunca en su afán de dotarse de herramientas que le facilitaran las formas de realizar el trabajo que en cada momento histórico consideraba necesario. Inicialmente quizás estas necesidades tuvieron su origen en atender a su propia subsistencia como especie, y haya sido paulatinamente como estas necesidades primarias se han ido sofisticando e incluso creando artificiosamente hasta crear modelos de negocio complejos que no siempre han respondido al compromiso social y comunitario que debería ser la base de cualquier avance.

Es la propia historia de la humanidad la que nos enseña que todo está sujeto a variaciones, y también que tales mutaciones no siempre suponen un progreso para las personas o la sociedad en la que se integran, sino que en demasiadas ocasiones han sido utilizadas solo con el objetivo de incrementar el beneficio de unas personas en detrimento de otras. Esta permanente evolución de la humanidad ha ido generando el desarrollo de la tecnología que actualmente se ha constituido en herramienta prácticamente esencial, especialmente en los modelos de negocio productivos y de distribución.

El impacto en el mundo del trabajo y en la propia sociedad de los avances tecnológicos, especialmente de la digitalización y el uso de plataformas digitales, es la fuente de grandes debates acerca de la posible inadecuación del derecho del trabajo en un contexto de economía globalizada donde predomina la competitividad frente a la cohesión, la integración social, la igualdad y, en definitiva, la protección de la dignidad de la parte más débil de la relación laboral. Pero la necesidad de esta adaptación legislativa no debe significar nunca, como se pretende desde los sectores del capitalismo neoliberal, la paulatina supresión o disminución de los derechos de las y los trabajadores.

La gran desregulación

El uso y desarrollo de la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, mientras los cambios legislativos son lentos, tardíos e inadecuados, favoreciendo así que amplios sectores de la actividad laboral permanezcan en una turbia situación de desregularización, generalmente acompañada de menor presencia e implantación de las organizaciones sindicales.

La ausencia de normas y de control sobre la aplicación de estas permite incrementar fácilmente los beneficios netos al empleador, acudiendo a la tan fácil como injusta reducción de costes laborales; es decir, reducción de salarios, sobrecargas de trabajo, ahorro en las retenciones y cotizaciones derivadas del salario, ampliación de jornadas de trabajo sin contraprestación, etc. En definitiva, la desregularización incrementa la precariedad, posibilita la existencia de los mercados clandestinos y empobrece, por tanto, a la sociedad en su conjunto.

La falta de adaptación de la normativa adecuada y suficiente frente a un fenómeno que no es nuevo, no es en absoluto involuntaria, sino que responde a las necesidades de un sistema económico injusto: el capitalismo. Este fenómeno no es exclusivo de España, puesto que el neoliberalismo es actualmente la ideología que rige el mundo con mano de hierro. Es por ello por lo que en todos los países del mundo la legislación, o la ausencia de ella, favorece los espurios e insaciables intereses de las minorías o élites financieras frente a los intereses de la mayoría de la población e incluso frente a la propia naturaleza del planeta que habitamos, a la que se agrede de forma permanente ignorando la urgencia climática que vivimos.

En este punto hay que hacer especial referencia a que la solución para abordar eficazmente los actuales problemas de los que adolece la humanidad no está en redactar, firmar o publicar numerosas recomendaciones, convenios, acuerdos o declaraciones desde los distintos organismos nacionales e internacionales, sino en hacer realidad el cumplimiento efectivo de sus contenidos. Lo demás es sencillamente papel mojado, tan bonito como inútil.

La solución para abordar los retos que como sociedad encaramos no pasa por oponerse frontalmente a cualquiera de los avances tecnológicos desarrollados o por desarrollar, sino por entender que el progreso no supone necesariamente la deshumanización de cualquier actividad laboral y/o social, ni su finalidad debe ser la de aumentar la precarización y el incremento de la ya insoportable pobreza y desigualdad existente en el mundo y en España.

Aceptando, por tanto, que el desarrollo de la tecnología y de la robotización, es decir la automatización del trabajo, pueda suponer avances en el mundo laboral e incluso en la sociedad, también es cierto que de ello pueden derivarse perjuicios cuyas aristas solo una voluntad política firme de los poderes públicos y los distintos gobiernos podrá y deberá minimizar.

Para ello, la primacía de la política sobre la economía es un factor esencial para crear marcos de derechos viables en los que las personas puedan obtener una expectativa de futuro de razonable certeza. Es esa voluntad política la que tiene que definir cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con el uso de la tecnología y con la adaptación de la legislación, y tiene que acompasar el avance tecnológico con el desarrollo y formación de la sociedad y el avance de la tecnología.

Falso progreso

Ningún proceso de transformación puede llamarse progreso si con él se empeora la situación y condición de las personas, así como sus modos y medios de vida. Es cierto que la automatización del trabajo, mediante la digitalización de los procesos y la robotización en el empleo (robots industriales), puede suponer la sustitución de tareas realizadas por personas en los distintos modelos de producción y distribución por un conjunto de dispositivos o elementos tecnológicos, pero tal sustitución no tiene necesariamente que suponer la eliminación de empleo si va acompañada de la creación de nuevos puestos de trabajo que sustituyan a los anteriores, o de que por fin se dote de suficientes medios humanos a los actualmente infradotados (educación, sanidad, servicios sociales, justicia, cuidados…).

Las previsiones sobre el impacto de las nuevas tecnologías hasta 2030 indican que los sectores más afectados en España serán los de banca y seguros, las tareas administrativas y la industria, mientras que los menos afectados serían los de sanidad, servicios sociales, cultura y ocio y servicios TIC (tecnología de la información y comunicación).

Estamos en un mundo en el que, según los datos más recientes de la ONU, hay en torno a 1.300 millones de personas pobres. En España, según los datos obtenidos por el relator de la ONU Philip Alstom en su visita a España realizada en febrero de 2020, una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza, y más de 19 millones de personas padecen lo que se ha venido en llamar pobreza energética, que supone, entre otras muchas penurias, la imposibilidad de mantener una temperatura razonable en los hogares.

Resulta absolutamente necesario conectar las soluciones a los problemas que genera esa intolerable pobreza, y ello pasa, sin ninguna duda, por desmercantilizar los recursos materiales y humanos y priorizar una nueva distribución de los medios y de la riqueza atendiendo a las necesidades reales de la humanidad en sus distintos espacios de convivencia.

La automatización del trabajo no debe ser la base de un incremento paulatino y constante del empobrecimiento de sectores de la población, ni servir para la aniquilación de culturas y pueblos enteros. Es necesario reducir la ingente cantidad de recursos económicos que se invierten en la industria armamentística para que cada vez sea más fácil y rápido cometer masacres y actos de lesa humanidad sin moverse del sillón, o para que cada vez sea más difícil para millones de personas huir de la pobreza, la violencia y la muerte, porque todo ello es inaceptable.

No es progreso inundar las redes sociales o los medios de comunicación con mensajes falsos cuyo único objetivo es fomentar el racismo, el clasismo y el odio entre iguales. Tras estos falsos mensajes que se difunden y extienden a velocidades vertiginosas mediante el uso de la tecnología, se ocultan los auténticos responsables de la cada vez mayor pauperización de la población mundial, que no son otros que los sistemas capitalistas y sus gestores de ideología neoliberal en su insaciable afán de obtener un mayor y muy desproporcionado beneficio individual.

Tampoco se puede considerar progreso el hecho de haber convertido el mundo en un gran mercado del que obtienen inmensos beneficios los propietarios (empresas privadas y entidades financieras…) de los medios tecnológicos y de producción, todos ellos imbuidos en el dogma neoliberal de más beneficio y menos coste, o la creación de necesidades innecesarias, que induce al ciudadano-consumidor a despreocuparse de las condiciones laborales que sufren las personas que están elaborando el producto, o del impacto en el medio ambiente que este sistema de comercialización y distribución global supone.

Falsos autónomos

El modelo económico actual apuesta, además, por el uso de la tecnología para favorecer modelos de negocio que potencien la exclusión del concepto clásico de trabajador por cuenta ajena incluido en el ámbito del derecho del trabajo, e incluso pretende redefinir el concepto de empresario. Para lograr este fin es incesante la aparición de nuevas y falsas denominaciones como autónomos, colaboradores o riders 1/ para redefinir a grandes colectivos de trabajadores/as por el simple hecho de realizar determinada actividad de un modo específico.

Esta perversa estrategia, potenciada por grandes élites económicas, pretende dotar de la condición de pequeños empresarios individuales a los trabajadores y trabajadoras, logrando individualidades que compitan entre sí. Lamentablemente, esta estrategia viene avalada, protegida y permitida en demasiadas ocasiones por el poder legislativo. Un ejemplo de ello fue la creación de la figura del trabajador autónomo dependiente (RD 197/2009, de 23 de febrero), que frenó el reconocimiento de la existencia de relación laboral ordinaria de los falsos autónomos que prestaban servicios en amplios sectores, con especial incidencia en el transporte y la distribución de mercancía.

Actualmente, con el avance de la digitalización, esta misma estrategia económica de usar a falsos autónomos para la realización de actividades laborales está bien reflejada en el conflicto de los riders. Este conflicto está siendo objeto de numerosas resoluciones judiciales que generan la desigualdad entre iguales en la que tantas veces deriva la judicialización de los conflictos frente a la ausencia de una regulación legal adecuada. Debería ser evidente que, aunque no estamos en presencia de una relación laboral que responda al patrón clásico, la ajenidad y la relación de dependencia de los y las trabajadoras respecto a la empresa que les proporciona el trabajo, que es la que realmente decide el cuándo y dónde pueden trabajar y el cuánto pueden ganar, la dota de las características esenciales de la relación laboral.

Nuevamente se trata del uso abusivo de falsos autónomos en tanto que carecen de poder de decisión sobre su propio trabajo, lo que se contrapone al concepto de autonomía en la prestación, entendiendo por tal el poder de gestión del negocio. Las condiciones, formas y procedimientos son impuestas por la app de la(s) empresa(s), que también ostentan el poder sancionador sin ningún tipo de control ni posibilidad de defensa por parte del trabajador (rider).

Este es un claro ejemplo de utilización perversa de las llamadas plataformas digitales, tras la que se oculta el nuevo modelo de empleador y que son fiel reflejo de los abusos que se producen en materia de jornada, de ingresos/salarios, de condiciones laborales, como también lo es el uso abusivo de la externalización de servicios, la subcontratación y la temporalidad que se viene produciendo desde hace décadas y cuya normativa también ha de ser revisada en favor de la protección al trabajador o a la trabajadora.

Soluciones reales

La reacción de un poder legislativo que quiera calificarse de progresista no debe consistir en crear infinitos y diferentes marcos reguladores que excluyan del concepto de trabajadores por cuenta y dependencia ajena a cada uno de los colectivos que desempeñen actividades laborales de una u otra forma. Este modelo, que atiende fundamentalmente (si no exclusivamente) a los intereses financieros y de las grandes empresas, conducirá a largo o medio plazo, si no lo impedimos, a la redacción de ese nuevo Estatuto del siglo XXI sin trabajadores.

Es este un reto prioritario para el mundo sindical y para la sociedad en general, que debe asumir que estas nuevas formas o modos de empleo no deben ser considerados como un modo de fraccionamiento en pequeños núcleos normativos de los y las trabajadoras, pues ese marco fomentará la desigualdad y debilitará profundamente la capacidad normativa de la negociación colectiva, que es la que debe amoldar las normas básicas del derecho del trabajo a cada actividad laboral, junto con una legislación adecuada que contemple condiciones especiales para los distintos colectivos en materia de flexibilización de jornadas, conciliación de la vida laboral y personal o familiar…

En este proceso de transformación digital y de robotización son especialmente relevantes las políticas públicas a las que corresponde, insisto, encauzar su desarrollo, adecuándolo siempre a la incuestionable realidad de que se están desarrollando a gran velocidad y en un contexto marcado por la persistencia de elevados niveles estructurales de precariedad laboral y desigualdad social.

Otro factor esencial a contemplar es que el impacto de la tecnología tampoco se origina de forma homogénea, lo que constituye otro reto para el mundo sindical y para las políticas públicas, que deben atender a las desigualdades que tienen su origen en el género, la edad, el nivel de cualificación, de renta y de zona geográfica, para impulsar, a través de la negociación colectiva y de su capacidad de interlocución con los gobiernos, medidas que discriminen y otorguen mayor protección a aquellos colectivos de trabajadores y empresas que por sus características resulten más vulnerables, para con ello permitir una transición justa e inclusiva en términos sociales y laborales.

Recordemos que la igualdad en las normas solo debe producirse ante situaciones iguales o, lo que es lo mismo, las situaciones desiguales requieren soluciones desiguales, pues de lo contrario se estará ahondando en la fractura de la sociedad y del mundo laboral.

Elemento clave en estos procesos de transformación es el incremento de la inversión en educación y formación, para lo que la conexión entre las escuelas de formación profesional, el Servicio Público de Empleo y el mundo del trabajo va a ser muy determinante para impulsar y adecuar la población trabajadora a los nuevos puestos de trabajo, a las nuevas actividades y a las nuevas cualificaciones profesionales que inevitablemente se van a ir perfilando.

Por ello es urgente la necesidad de reforzar las capacidades institucionales de las Administraciones públicas tanto en términos de inversión (en educación, I+D, servicios públicos de empleo…) para planificar políticas eficaces y sostenibles en empleo y desarrollo de la tecnología, así como, desde luego, para mejorar el funcionamiento de los sistemas informáticos ya implementados pero con grandes déficits de eficacia, especialmente en los servicios públicos esenciales.

No es eficaz ni ayuda al progreso de la sociedad que los medios informáticos se implementen a un ritmo que no se adapte al nivel de desarrollo de su ciudadanía, pues ello significa que, de hecho, se impide la integración de una gran parte de la población, no solo en el mundo del trabajo, sino también en la propia sociedad. Sin olvidar que cualquier proceso de transformación tecnológica, especialmente la relacionada con la digitalización, debe estar dotado de sistemas de seguridad informática que, gestionados por organismos o instituciones públicas, se constituyan en auténticos escudos frente al acceso a datos personales que suponen una manifiesta e ilícita intromisión en el derecho a la intimidad de las personas.

Grietas en la Administración pública

En España, desde hace ya décadas, se han producido avances tecnológicos importantes, y no solo en lo que afecta al mundo del trabajo, sino también a la propia vida de las personas y a sus relaciones sociales y con las Administraciones públicas. A la par de estos incuestionables avances tecnológicos, se está produciendo una disfuncionalidad entre la sociedad y su posibilidad de acceso o de comunicación con las distintas Administraciones públicas, que son, o deberían ser, las que tienen como finalidad facilitar, informar y posibilitar que los derechos de los que son titulares los y las ciudadanas se hagan realidad, es decir, sean efectivos. Sin embargo, la Administración pública en España parece que se empecina en convertirse en el gran e insalvable obstáculo para que las y los ciudadanos puedan hacer efectivos los derechos que las normas les reconocen, lo que se acentúa cuando se pretende que la comunicación con las Administraciones se realice de forma exclusivamente telemática, obviando que ni siquiera los medios y sistemas informáticos de los que se dota a la propia Administración están suficientemente desarrollados y suelen ser inseguros.

A estas carencias estructurales, acompañadas de la insuficiencia en la dotación de recursos humanos y materiales idóneos para optimizar la atención a la ciudadanía, se añade lo que el relator de la ONU Philip Alstom ha calificado como una “obsesión burocrática que lastra los derechos universales” en España.

Con los datos expuestos respecto a los umbrales de pobreza en España, es fácil entender que precisamente las personas más vulnerables, aquellas que necesitan con urgencia una asistencia social ya sea en forma de renta, de subsidio o de ayuda, carecen de capacidad real para utilizar herramientas informáticas que les permitan cumplimentar los innumerables trámites burocráticos necesarios. También es relevante destacar que en España hay un elevado número de población que ha tenido un aprendizaje tardío, si es que lo ha tenido, en el uso de estas herramientas por razón de su edad y el modelo educativo que han recibido.

La disfuncionalidad entre la Administración y sus ciudadanos y ciudadanas, la excesiva burocratización de la Administración y la falta de personal idóneo son los cauces velados por los cuales se burla el acceso de las personas más vulnerables a las insuficientes ayudas sociales que aprueba tímida y lentamente el gobierno, y que en muchas ocasiones se convierten en meros anuncios publicitarios que nunca llegan a hacerse efectivos.

Son deficiencias de carácter estructural, directamente provocadas por la sistemática ausencia de inversión pública, los recortes y las privatizaciones de servicios públicos que venimos sufriendo en España desde hace ya muchas décadas. Estos sacrificios ofrecidos al dios déficit en aras a la salud del sacrosanto mercado se han hecho mucho más palpables y trágicos en un momento de excepcionalidad como el que vivimos ahora con la pandemia mundial; no obstante, existían desde antes, lo que supone una mayor urgencia en el cambio del modelo económico que, sin embargo, no se está abordando con seriedad.

No puedo terminar este artículo sin manifestar mi firme apoyo a la creación de una renta mínima con vocación de ser universal, que ayude a avanzar hacia un “mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”, en palabras de Rosa Luxemburg. Y solo a ello le podremos llamar progreso.

Alicia Gómez Benítez es abogada ejerciente, con especial dedicación al derecho laboral. Ha formado parte de la Asesoría Jurídica de CC OO como laboralista; militante activa en defensa de los derechos y libertades de las personas y los pueblos

Notas

1/ Trabajadores de entrega de comida a domicilio al servicio de plataformas digitales.