El pasado diciembre, un incendio en una nave de Badalona (Barcelona) dejó tres muertos y 25 heridos. Allí vivían personas sin techo que no tenían otra opción. El pasado 15 de febrero, se derrumbó una fachada en el madrileño barrio de Tetuán, sin víctimas mortales, donde había tres personas en ese momento. Estos sucesos cruzan dos de las teorías que manejan las asociaciones que atienden a las personas sin hogar: la calle mata y nadie vive en ella por decisión propia.

Las personas que vemos durmiendo en las calles son la punta del iceberg del problema de la emergencia habitacional que viven las grandes ciudades en España. El desempleo o los bajos salarios, el elevado precio de la vivienda y las circunstancias personales suponen un cóctel que muchas personas no pueden sostener. Antes de dormir a la intemperie, buscan todo tipo de estrategias, desde ocupar edificios vacíos hasta dormir en cajeros: “La calle mata. Esa frase esconde una realidad sangrante. Quedarse en la calle es una situación que genera mucha violencia. No son solo las personas que duermen en la calle, sino también mucha gente que no dispone de un lugar adecuado para vivir: infraviviendas, chabolas, insalubridad…”, explica Enrique Domínguez, responsable de Personas Sin Hogar de Cáritas.

El primer problema es la falta de información precisa sobre el fenómeno. Vivir en la calle afecta de manera clara a la salud, pero vincular una muerte con la pobreza de manera directa es difícil. Faltan datos. Ferran Busquets, director de Arrels, explica cómo trabajan desde su asociación: “Cuando una persona muere en la calle, lo primero que hay que determinar es si vivía allí. Nosotros tenemos relación con los Mossos d’Esquadra y podemos decir si conocemos la situación de esa persona, pero luego depende del cuerpo policial. En el caso de las causas, con las autopsias, no podemos reclamar la información”. En 2020, Arrels contabilizó a 18 personas que murieron en la calle por distintos motivos en Barcelona.

La Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 del Ministerio de Sanidad usa como referencia un informe de Fundación Mambré de 2006 para estimar que “anualmente se producen en España 85 muertes de personas sin hogar“, aunque creen que “puede ser el doble ya que gran parte de los incidentes permanecen ocultos o su apariencia no suscita la atención de los medios” y además no se recoge las muertes en hospitales u otras instituciones. Por tanto, las cifras no son ni precisas ni concluyentes. Según estos datos, el 34% de los fallecimientos se relacionó con un episodio de violencia y el 23% fue consecuencia directa de la agresión física. El 77% de esas agresiones sucedieron en espacios públicos y el 23% dentro de viviendas que están en condiciones físicas inadecuadas.

El deterioro de la salud: 30 años menos de vida

Se calcula que en España viven unas 30.000 personas en la calle, de los que un 10% de personas no son localizadas por los recuentos. En busca de un techo a la desesperada, pueden vivir en coches, cuevas, garajes, lo que se conoce como “alojamiento de fortuna”. Se vuelven invisibles. “Son espacios no adecuados para vivir, que no cumplen los requisitos de seguridad técnica para que no se produzca un accidente. Si viven en una nave abandonada y utilizas sistemas para tratar de darse calor, el riesgo se incrementa”, explica Maribel Ramos, subdirectora general de Hogar sí.

No tener un hogar estable supone, de por sí, un atentado contra la salud. El Ministerio de Sanidad reconoce en la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 que no tiene datos sobre  cuál es la mortalidad y morbilidad asociada a las personas sin hogar en España, pero sí incorpora conclusiones de estudios internacionales, que apuntan a que “existe una persistente relación entre la
carencia de vivienda y el aumento de mortalidad”. Aseguran que la esperanza de vida de las personas sin hogar está entre 42-52 años, aproximadamente 30 años menos que la población general.

Las asociaciones también alertan de que muchas mujeres aguantan situaciones de “violencia de género porque no tienen dónde ir” o abusos laborales, en el caso de las trabajadoras internas, que “trabajan en condiciones de semiesclavitud”, como explica Domínguez.

El frío mata… el calor también

El temporal Filomena que llegó a la península a principios de enero, afectó de manera grave a la población más vulnerable. En Barcelona murieron hasta tres personas y en Madrid otra más.

Sin embargo, no hay datos fiables que indiquen que el frío es más peligroso que el calor en España. “El frío es complejo de afrontar, pero también vivir en la calle a 40 grados cuando no hay sitios con sombra o acceso al agua potable y corriente. Ahí se producen deshidrataciones”, explica Maribel Ramos.

Si los fenómenos meteorológicos extremos agravan la situación de estas personas, la subdirectora general de Hogar Sí cree que lo lógico sería dotar a la población de viviendas estables para que la salud de estas personas no estuviese tan condicionada por si hace frío o calor. “El modelo actual apuesta por gestionar el problema del sinhogarismo y no solucionarlo”, explica. Como ejemplo, pone también el primer estado de alarma de la pandemia: “Las administraciones hicieron un esfuerzo brutal. Hubo 7.000 plazas nuevas, pero una vez acabado el confinamiento, las administraciones las desmantelaron. Estas personas vuelven a la calle”.

La violencia directa

En 2019, el Ministerio del Interior solo registró 12 delitos de odio por aporofobia, fobia a las personas pobres, pero los expertos aseguran que la violencia en la calle es cotidiana. “Reciben desde agresiones más graves a otras de menor intensidad como insultos o vejaciones. “Hace poco salió una noticia que contaba que en Barcelona tres personas de estética neonazi intentaron quemar a una persona en la calle. No lo hicieron gracias a que un guardia lo impidió”, ejemplifica Ramos.

Tener una casa protege del frío, del calor y de las agresiones, además de mejorar los indicadores de salud. Por eso, Ramos insiste en que dentro un hogar “el riesgo de sufrir delitos de odio es 0”.

Los expertos apuntan a que hay un problema de estigma social que facilita que las agresiones pasen desapercibidas y queden impunes. “A veces se considera que no son merecedoras de respeto, pero lo merecen como cualquier persona. Por eso, el sinhogarismo tiene que estar protegido por ley”, asegura la subdirectora de Hogar Sí.

Si hablamos de agresiones, en general, Busquets calcula que casi cuatro de cada 10 personas de las que atienden en Arrels dicen sufrido alguna agresión en los últimos meses, cebándose especialmente con las mujeres.