Volviendo al principio de esta historia, Borrell viajó a Moscú para encontrar los elementos de la nueva “autonomía estratégica” de la UE, antes de que la nueva administración Biden imponga su propia orientación de contención sin concesiones de la Federación Rusa, principal aliado geopolítico de China y “principal competidora estratégica”. Como es conocido, la UE se encuentra dividida en su actitud ante la administración Putin, entre los estados miembros orientales fronterizos, que la consideran una amenaza existencial, y el núcleo franco-alemán para el que su propia autonomía geopolítica exige una cierta entente con la Federación Rusa. Con el trasfondo de una menor dependencia energética del gas ruso, la permanente crisis ucraniana y la nueva bielorrusa, Borrell puso sobre la mesa el espinoso tema del opositor Navalni. La respuesta inmediata, como es conocido, de Lavrov fue recordar la situación de los dirigentes independentistas catalanes presos y las contradicciones de los estados de derecho de los miembros comunitarios. Tras las replicas diplomáticas obligadas, el debate sobre la “plenitud democrática” estaba servido, aunque no introducía ningún elemento nuevo en la crisis del Régimen del 78 desde 2015.

Sin embargo, el cuestionamiento externo de la “imagen de España”-aunque por un estado tan poco democrático y tan corrupto como la administración Putin- abría una crisis más amplia sobre la gestión de Borrell al frente de la diplomacia europea. La prueba fue el duro debate en el Parlamento Europeo que agravó los peligros de división comunitaria que había querido prevenir el viaje a Moscú. Y debilitaba el papel de Borrell en la Comisión y el propio peso como estado miembro de España en la UE, a dos meses de tener que presentar los proyectos del Plan de Reconstrucción y Resilencia (PRR), del que España debe ser el segundo beneficiario europeo por el volumen de los créditos y las subvenciones.

De esos fondos y de su gestión depende el futuro político del GCP, del Régimen del 78 y las condiciones de vida de sus gentes. Lo que la UE exige es estabilidad política y capacidad de gestión. Y cuando estas faltan, como en el caso de la “democracia plena” italiana, se orquesta una crisis política y se sustituye la democracia soberana por la meritocracia comunitaria, en un régimen bonapartista en el que el presidente de la república sitúa al primer ministro por encima de su propio gobierno de “unidad nacional” y subordina a este el parlamento y la sociedad civil: la fórmula Draghi.

El GCP al timón del PRR

Las clases dominantes españolas han visto llegar a Draghi con envidia malsana. Tras las elecciones catalanas, la proyección de sus resultados en la política estatal es la impotencia de construir una alternativa política a partir del PP y Ciudadanos, con una existencia testimonial en Cataluña y el País Vasco. Los números para gobernar, como ya ocurre a nivel autonómico, solo cuadran con la extrema derecha franquista de Vox. Y la crispación política y social que implicarían unas nuevas elecciones en estas condiciones, de ser posibles, serían un obstáculo casi insalvable para el acceso a los fondos europeos del PRR. La patronal bancaria, reforzada por las fusiones, la CEOE y la CEPYME, optaron desde el comienzo de la crisis pandémica por hablar directamente con el GCP y reforzar sus posiciones apoyándose en el sector socio-liberal del PSOE, enfrentándolo a Unidas Podemos.

Ello tuvo dos consecuencias inmediatas. 1) Obligó al PP de Casado a mantener a distancia a Vox y a la defensa melancólica del bipartidismo, exigiendo derecho de veto externo sobre la acción del GCP -especialmente en la renovación del Poder Judicial y en lo referente a la monarquía. 2) Y convirtió a la coalición del PSOE y de Unidas Podemos -en el gobierno, el parlamento y en la sociedad civil-, en terreno privilegiado de la disputa política, sometiendo el bonapartismo inicial de Pedro Sánchez, su “monclovismo”, a las tensiones de parte y haciéndole responsable final de toda disputa. Todas las crisis estructurales y coyunturales del Régimen del 78 pasan ahora por el GCP y la mayoría parlamentaria escasa que lo sostiene.

Los otros pilares constitucionales del Régimen del 78 tampoco ayudan a la estabilidad política y su propia independencia – la defensa de sus intereses corporativos- es causa de inestabilidad.

1) Un poder judicial y una administración de justicia desprestigiadas y obsoletas, capaces de condenar a los intermediarios, pero no a los beneficiarios en el caso de los masters falsos, cuestionando las bases morales de una meritocracia basada en la inversión económica educativa; la represión judicial y policial de la libertad de exprimir la indignación moral -con independencia del contenido- frente a la permisividad con los actos delictivos que la generan.

2) Una jefatura del estado monárquica deslegitimada por su propio legado, que le impide jugar un papel autónomo a favor de las clases dominantes, como en el caso del Presidente Mattarella en Italia o de Rebelo de Sousa en Portugal y que se convierte en una carga política para la presidencia del gobierno.

3) Un sistema autonómico disfuncional, convertido en una nueva estructura caciquil de intereses locales; sin capacidad financiera para hacer frente a sus competencias en el terreno social ni administrativa para gestionarlas; que alimenta en vez de suavizar las disputas territoriales y radicaliza las cuestiones nacionales democráticas que tenía que encauzar.

Sobre la crisis estructural del Régimen del 78, la crisis del covid-19

Sin estas mediaciones, la acumulación de las contradicciones sociales desde la Gran Recesión de 2008-2010, la débil recuperación y la tormenta perfecta de la crisis del Covid-19, empiezan a no tener salida política para sectores significativos de la sociedad. Los ERTEs han limitado por el momento la explosión de desempleo, aunque ya ha superado oficialmente el 14,2% para los varones, el 18,4% para las mujeres (una media del 16,2% a finales de 2020, cuando el pico superó el 25% en mayo de 2013, que dobla la tasa media de la UE). La deuda empresarial se ha reducido al 73% del PIB (desde su pico del 120) y gracias a las políticas de “flexibilidad cuantitativa” del BCE, los créditos baratos del ICO y las transferencias públicas directas, el número de empresas zombies se sitúa entre el 8% y el 10%, según el BdE, en el momento en que el PRR plantea teóricamente un cambio sustancial de modelo productivo. Pero los primeros balances sobre el ingreso vital mínimo confirman un fracaso, que añade la frustración del derecho adquirido. Como en el caso de los pensionistas, el futuro a corto plazo de la mayoría de los asalariados adultos depende de como se resuelva la redistribución social de los fondos europeos del PRR y de la recuperación de la capacidad de negociación sindical.

Pero en el caso de los jóvenes, la tasa de paro es 22 puntos por encima de la media europea: el 40,13% a comienzos de 2021. Que en Ceuta y Melilla llega al 65%, en Canarias al 57,7%, en Andalucía el 52,21%, en Madrid el 34,2% y en Cataluña el 27,3%. Unos jóvenes que tienen una tasa de acceso a la educación superior del 64,8% (frente al 48,3% de la UE) y de titulación del 52% (35,7% en la UE). Pero la media de paro de los jóvenes sin educación secundaria es del 37%.  Estos datos califican el paro juvenil en un continuo de frustraciones, pero con perspectivas y comprensión social de su situación distintas que se escenifican en la dinámica de las protestas de estos días.

Lejos de ayudar a comprenderlas y permitir diseñar respuestas específicas, la antinomia “violencia callejera” versus “plenitud democrática” pretende criminalizar al conjunto de los jóvenes y convertir en una cuestión de orden público la gestión de su frustración social y política. La analogía con la kale borroka les coloca por definición patológica fuera del sistema y no como una consecuencia del mismo. La necesaria condena democrática de la violencia no puede ser al mismo tiempo la razón de la represión del derecho democrático de la protesta. El intento de la derecha de identificar a Unidas Podemos a la vez con la violencia minoritaria y con la protesta juvenil más amplia, busca deslegitimarla por sus orígenes en el 15-M y su crítica original de la Transición, de la que habría surgido la “democracia plena” y su gestión bipartidista, hoy cuestionada por la propia existencia del gobierno de coalición “social-comunista”.

Las tensiones del GCP son las de la “democracia incompleta”

Frente a ello, el PSOE responde exigiendo someter a su hegemonía política institucional no solo la interpretación del programa pactado de gobierno con Unidas Podemos, sino también las tensiones sociales existentes. Y Unidas Podemos convertir en terreno de disputa y de co-gestión la defensa de ese mismo programa común, argumentando la necesidad de dar una respuesta positiva a las tensiones sociales acumuladas, no negarlas como anti-sistema o limitarse a placebos programáticos, como en el caso del ingreso mínimo vital.

A medida que la crisis social y económica se acentúe en los próximos meses, en la perspectiva del giro anunciado por la Comisión en 2023 hacia el ajuste fiscal, los debates en la sociedad civil se trasladarán cada vez más a la disputa en el seno del GCP y la coalición parlamentaria que lo apoya. Para que no sean manipulados por la derecha social y las derechas políticas, las izquierdas necesitarán también un horizonte unitario de participación social y política más amplio que, por su incapacidad estructural de reforma, apunta más allá del propio Régimen del 78.

La democracia plena, lejos de ser una excusa para justificar el estado de cosas, es la mediación que permite convertir a la sociedad civil en sujeto y al estado en su predicado, al servicio de los intereses mayoritarios. Es el objetivo de una estrategia republicana y socialista.

Nota:

(1) Los lectores perdonarán esta pedantería que viene exigida por la altura, que ellos también habrán percibido, de los debates en medios, prensa y en las sesiones de control parlamentarias. De hecho, como es conocido, las revoluciones democráticas europeas de 1848 respondieron en buena medida a la incomprensión plebeya del ideal hegeliano del estado que encarnaban las monarquías absolutistas. Cabe preguntarse si no hay también un punto de incomprensión popular de la gestión ilustrada comunitaria de los actuales gobiernos europeos en la peor crisis económica, social y sanitaria de los últimos cien años. En cuanto a la filosofía política del joven Marx, Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge University Press 1968.