LA ESTRATEGIA DE GUERRA TOTAL CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL

Con relación a las recientes declaraciones del presidente de la República de Colombia Iván Duque, tras la realización del consejo de seguridad en la ciudad de Neiva (Huila) y de cara a la crisis social que se vive en este momento a nivel nacional, especialmente en los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo, trataremos de describir algunas sencillas opiniones de cada uno de los once componentes con el objetivo de desenmascarar la gravedad de su anuncio, pues en la práctica se constituye en una auténtica estrategia de guerra integral contra el movimiento social y sus expresiones legales y legítimas de protesta en diferentes escenarios.

Lo que aquí podemos observar son los componentes por medio de los cuales se está avanzando en la aplicación del decreto 575 del 2021, que ya está cursando por serias dificultades, pues desconoce aspectos claves del marco jurídico constitucional, exponiendo al país de forma implícita a las restricciones propias de un estado de conmoción interior, incurriendo de esta manera en el incumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Del mismo modo, estas declaraciones rayan con el clamor popular que se ha volcando a las plazas, calles y carreteras desde hace más de treinta días en rechazo a los múltiples asesinatos, desapariciones, agresiones físicas, violaciones y abusos sexuales, capturas ilegales, torturas y demás acciones evidenciadas en el marco de la jornadas de movilización y efectuadas tanto por la Policía Nacional como por agentes de la Fuerzas Militares de Colombia, que en sus más recientes expresiones han conjugado el accionar de sus unidades militares y de policía con la intervención del componentes civiles en una paramilitarización de las intervenciones realizadas contra la movilización social.

Once componentes de la estrategia de guerra total

1. Acelerar el proceso de desbloqueos: La intervención militar como única alternativa para responder a la protesta social, extirpándole a la democracia el legítimo derecho a la protesta, sumado al agravante de pretender degradar al movimiento social como si se tratara de una estructura criminal ilegal, y que deja en segundo plano la importancia del diálogo franco y respetuoso como característica inseparable que debe caracterizar al Estado colombiano.

2. Plan de prevención de bloqueos mediante el uso de la Fuerza Pública con la participación directa de alcaldes y gobernadores: Este componente de prevención desde la militarización propone promover desde la institucionalidad un rechazo generalizado hacia el movimiento social y sus diferentes expresiones en el marco del derecho a la protesta, estimulando el discurso estigmatizador desde el cual buscan legitimar la militarización de la vida colombiana y de paso potenciar su autoritarismo presionando a los poderes locales y departamentales. Igualmente tratan de legitimar de este modo el actual estado de conmoción interior que vivimos de facto.

3. Ampliación y fortalecimiento de las caravanas seguras con el apoyo de la Fuerzas Militares: En la misma línea de los anteriores, plantea la militarización de varios aspectos de la vida colombiana destinando las fuerzas de policía y militares a la prestación de servicios de seguridad privada a las grandes empresas que realizan operaciones de distinta índole en el sur colombiano.

Imaginar que las caravanas seguras serán empleadas para escoltar los carrotanques que sacan el petróleo que explotan en los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo, así como la protección privada de las transportes con que cuentan almacenes de cadena como Éxito, Olímpica, D1, Justo y Bueno, solo para mencionar algunos ejemplos, generando un alto costo de funcionalidad de la Fuerza Pública que en nada aportan a la superación de las necesidades básicas insatisfechas en estos territorios y peor aun si recordamos que estas grandes empresas cuentan con privilegios tributarios que les exoneran del pago de impuestos.

4. Ampliación del Plan Horus para definir y esclarecer los homicidios colectivos: Dentro de los nuevos tecnicismos que ha pretendido aplicar el actual gobierno, el presidente Duque, por medio de este eufemismo del lenguaje, pretende banalizar el término de masacres y de esta forma tratar de desescalar la gravedad que estas implican para una democracia real.

Estamos hablando de Colombia, el único país del mundo donde durante los 155 días que han corrido del año 2021 se han presentado, según Indepaz, 41 masacres con un saldo de 158 víctimas mortales. Creer que en el marco del Plan Horus se va a avanzar de forma expedita en el esclarecimiento de esta nueva masacre y la superación de estas prácticas macabras es algo ingenuo, más aun cuando lo que estamos viendo es la participación directa en calidad de autor y coautor de la Fuerza Pública en masacres como la presenciada en la ciudad de Cali el 28 de mayo con un saldo trágico de 13 personas asesinadas.

Podríamos agregar también que dentro sus tareas claves, hablando del Plan Horus, se prioriza el fortalecimiento, visibilización y reubicación de todas las unidades militares de las que disponen para cada uno de los 93 municipios que éste abarca, pero poco o nada se dice del esfuerzo que debe hacer el Estado, el actual gobierno, desde otras instituciones no militares para avanzar en la investigación efectiva, los planes de prevención, pero, sobre todo, en la judicialización de quienes las promueven. Con esto queremos decir que poco o nada se conjugan otros entes claves para no caer en la tentación de militarismo que entrega la defensa de los derechos humanos, de los derechos políticos y sociales de los colombianos de forma única y exclusiva a las Fuerzas Militares.

5. Ampliar el marco de protección integral del corredor San José de Isnos-Paletará-Popayán: En la misma lógica de las tareas claves del Plan Horus, se prioriza la protección de este corredor para que sirva de trampolín a los activos estratégicos (capitales privados), sin abordar el verdadero fondo de las conflictividades que en estos territorios se evidencian. Poco o nada se dice a su vez de las inversiones en desarrollo de infraestructura vial que son tan sentidas en el sur del Huila, puesto que estos corredores estratégicos se encuentran en graves niveles de abandono. Por lo tanto, no se entiende qué tipo de activos o economías estratégicas se mueven por ellos.

Por ejemplo, poco o nada se dice de las acciones concretas, no contra la movilización social, sino contra los corredores de la mafia que en estas regiones tienen presencia.

6. Fortalecer con recursos del presupuesto municipal el plan de becas para la formación policial y ampliación del pie de Fuerza Pública en Altamira, Isnos y San Agustín: Evidenciadas la limitación de voluntades por parte del Gobierno en la viabilización de la matricula cero y de carácter universal para el acceso a la educación superior, pretendiendo justificar en el déficit fiscal la limitación de su implementación, ahora el presidente se propone tirar a los municipios el financiamiento de las becas para la formación policial de los nuevos integrantes de la Fuerza Pública, que carecen de mucha formación sobre todo en aspectos éticos, morales, identitarios y que evidencian un profundo vacío en materia de derechos humanos.

Debemos primero que todo abordar la discusión sobre el tipo de adoctrinamiento que a ellos se imparten y, de esta manera, desde la educación acertada, lograr mejoras más que significativas, estructurales, sobre su fin primordial que es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

7. Plan 100 contra el microtráfico en Pitalito: Aun cuando es válida en cualquier lugar y en cualquier momento la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, también se actúa con perversión al querer enfrentar este estallido social con este tipo de anuncios. Obviamente esto está ligado a su intención por deslegitimar el movimiento social mediante la estigmatización.

Y, siendo políticamente críticos, no creo que en cabeza de este gobierno ensombrecido desde su comienzo por escándalos como la ñenepolítica y su cercanía con los pilotos de la mafia, ahora pretenda salvar al país de las fauces de este flagelo, contra el cual no se enfilan todas las fuerzas del Estado como ahora sí lo están haciendo a nivel nacional contra el movimiento social

8. Plan de protección especial a los alcaldes que están amenazados por enfrentar bloqueos con algún tipo de expresiones amenazantes: Este componente lleva implícito un nuevo llamado a los alcaldes de cada uno de los municipios en los que se viene desarrollando la jornada nacional de movilización, para implementar la militarización y el uso contundente de la Fuerza Pública como principal herramienta desde la institucionalidad, lo cual generará un gran rechazo dada la impopularidad que despierta el militarismo, y para ello es que precisamente se ponen de manifiesto tales medidas especiales, para recubrirlos de un mayor autoritarismo.

Falta ver qué alcaldes estén interesados en apuntarse a esta nueva empresa criminal que ahora quieren configurar como instrumento ciego de los intereses más recalcitrantes y que desconocen en sus acciones el marco jurídico vigente tanto del orden nacional como algunos elementos internacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

9. Judicialización de actos vandálicos y afectación de derechos colectivos: Gravísimo que, para el actual gobierno, quienes nos movilizamos en el marco de las herramientas que nos ofrece el ser un Estado democrático, ahora seamos vistos como delincuentes que serán fijados en carteles para ser perseguidos y judicializados, como si de esta forma se fuera a superar cada uno de los puntos que constituyen el pliego construido por los diferentes actores del paro a nivel nacional e internacional.

Nuevamente la represión se despliega en estas palabras cargadas de odio y venganza, instrumentalizando al Estado y sus instituciones sobre la base de principios fundamentalistas que no razonan frente al nivel de desarrollo social que se esta proponiendo.

10. Avanzar en el apoyo de jornadas de desarrollo a través de los esquemas de veredas modelos con trabajo de la Fuerza Pública: Nuevamente caemos en la militarización de la vida rural y comunitaria. Pero lo que es más complejo aun: se quiere asignar a las Fuerzas Militares el desarrollo integral de algunos territorios mediante este modelo, cuando no es ni podría serlo, al menos, mientras no se replantee su doctrina de guerra preventiva contra el pueblo.

Es de recordarle al presidente que el municipio de Altamira no está dentro de la lista de los 170 municipios PDET que fueron establecidos en el Acuerdo de Paz, como lo dijo en su alocución, y menos aún, creer que el actual gobierno pudiese desarrollar la voluntad política para avanzar en la ampliación de esta figura.

11. Red de participación cívica para el pago de recompensas y recibir informaciones que permitan judicializar a quienes han estado detrás de los actos vandálicos en los bloqueos: Ya hemos señalado las dificultades que han generado en materia de seguridad los diferentes intentos por crear redes de apoyo civil promovidas por estímulos económicos, abriendo la puerta para nuevos escenarios de los falsos positivos judiciales o militares que de allí se puedan desprender.

Querer crear redes de apoyo civil en el actual contexto de conflictividad social, sin tener en cuenta experiencias como las vividas el 28 de mayo y en otras fechas, tanto en Cali como en otras ciudades de Colombia, realmente es un acto irresponsable política y socialmente que nos expondría al estallido de una guerra civil peligrosísima para el país, la región y el mundo.