Este hecho refleja la enorme influencia de estas empresas, sin embargo su poder no ha caído del cielo y Calviño parece omitir que el modelo de impunidad del que gozan y que les permite conseguir esos «excesivos beneficios» ha sido construido minuciosamente y en cuya construcción, el PSOE ha supuesto un capítulo importante. Sin figuras como Felipe González o Aznar no se entiende el actual mercado energético español.

Se trata sin duda de compañías que forman parte del núcleo duro del capitalismo español y que muestran cómo el Régimen del 78, sus instituciones y distintos partidos están al servicio de un puñado de capitalistas.

Un mercado repartido entre los amigos del dictador

En el caso de la patronal de las eléctricas y el actual modelo del mercado eléctrico tiene su origen en el franquismo y en su política de entrega de sectores estratégicos de la economía a los empresarios afines a la dictadura. A pesar de sus tendencias intervencionistas, Franco mostró enorme respeto por los intereses económicos privados, especialmente con los de algunas figuras que habían contribuido significativamente a financiar el golpe que inició la Guerra Civil.

De esta manera el papel del régimen franquista fue clave para que Juan March, empresario que financió notoriamente al ejército sublevado, se hiciera con el control de Fecsa (Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.), grupo que con los años será parte importante de la actual Endesa.

Otro de los empresarios beneficiados, y que también fue amigo personal del dictador y promovió la adquisición por parte de la familia Franco del polémico Pazo de Meirás, fue Pedro Barrie. Este personaje se hizo con el negocio eléctrico en el noroeste de la península a través de Fenosa.

Al sur también la lealtad al Régimen fue recompensada. En Andalucía se le otorgó el monopolio del mercado eléctrico a los Benjumea a través de la empresa “Compañía sevillana de Electricidad”. Esta familia tuvo una fuerte vinculación y colaboración con uno de los generales más sanguinarios del bando sublevado, Queipo de Llanos. Organizaron con mano de hierro y represión la retaguardia en Andalucía durante los momentos álgidos de la Guerra Civil para que el llamado “carnicero de Sevilla” tuviera las manos libres para desempeñar su papel en el frente.

A pesar del modelo autocrático, Franco no apostó por la nacionalización de este sector estratégico, sino por una cierta liberalización. Y no solo se dió la liberalización, sino el nulo control del Estado sobre los precios de la electricidad. Al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Industria fundaba Empresa Nacional de Electricidad, SA, (Endesa), se daba margen a las grandes eléctricas para que esquivasen el control de tarifas que el Estado les imponía para combatir la subida de los precios y empezaban a mostrar altos beneficios. Muestra de ello fue la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a propuesta de José María de Oriol Urquijo. Unesa era una empresa privada que agrupaba capital de las grandes eléctricas y cuya función era coordinar la producción y distribución a nivel estatal, una auténtica autorregulación. Una función que en otros países como Francia, Inglaterra o Italia recaía en el propio Estado.

Esta autorregulación generaba enormes beneficios y convirtió a la industria eléctrica en un mercado muy interesante para la banca. Así, los grandes bancos se lanzaron a la caza de las eléctricas y Banco Vizcaya, Banco Bilbao, Banco de Santander, Banco Central y el Urquijo fueron los mayores inversores de las eléctricas en este periodo. De esta manera los grandes banqueros de la época pasaron a formar parte de los accionistas con más peso en las principales compañías de electricidad. Fue así como los lazos entre las eléctricas, el capital financiero y el Régimen se estrecharon formando un bloque compacto.

La ayuda de Franco a los magnates ibéricos fue más allá de sentar las bases para que hagan y deshagan a su antojo; el dictador también se encargó de “expropiar” a las empresas internacionales que tenían capital en la industria eléctrica española desde el siglo XIX para beneficiar a los empresarios autóctonos. Es el caso de la Barcelona Traction Light and Power, una empresa de capital internacional que poseía la red de suministro en gran parte de Catalunya. Juan March trató de comprarla sin éxito hasta que finalmente un tribunal la declaró en quiebra a pesar de que sus cuentas estaban en orden y el Estado obligó a subastarla. El resultado de la subasta fue previsible: Juan March logró adquirir la compañía a precio de saldo. Se podría decir que Franco nacionalizó algunas eléctricas y las “socializó” entre unos pocos capitalistas.

Coexistiendo con estas empresas privadas se desarrolló Endesa. Al tratarse de una empresa pública desde sus inicios tuvo como uno de sus objetivos extender la red de distribución y fortalecer técnicamente el suministro diversificando los modos de producción. Esto la convirtió en una empresa pública “rentable” algo que como veremos más adelante será generosamente regalado en “democracia” a los capitalistas.

La privatización completa de la electricidad: de González a Aznar

El modelo eléctrico español es definido por un evidente oligopolio de unas pocas empresas que controlan la producción y la distribución y que tiene su origen en el reparto que se hizo del mercado entre los empresarios amigos de Franco.
Este oligopolio está conformado por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol. Estas multinacionales controlan más del 90 % del mercado eléctrico. Tan solo las tres más grandes, Endesa, Iberdrola y Naturgy acaparan el 85 % de usuarios.

La llegada de la “democracia” no hizo más que acelerar la liberalización de este sector y aumentar la capacidad de controlar a su antojo los precios, el suministro y el mercado en general por parte de estos gigantes de la energía.

Un hito en este proceso fue la privatización de la mayor empresa pública, Endesa. Es habitual ver como los dos grandes partidos del régimen, PP y PSOE, se cruzan acusaciones sobre quién fue realmente el responsable de que no exista una compañía pública en el sector y por qué se perdió la que había. Y aunque las dos formaciones políticas estuvieron involucradas, lo cierto es que fue el PSOE quien dio inicio a la salida a bolsa de Endesa.

El 16 de abril de 1988 el Gobierno de Felípe González inició la primera fase de la privatización de Endesa sacando a bolsa el 20,35% de las acciones de la empresa pública, y estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo al 25%. Pero entregar un cuarto de la empresa les pareció poco a los socialistas y años después, en 1994, Felípe González en su segunda legislatura volvió a sacar a bolsa parte de las acciones propiedad del Estado. En concreto un 8,7% de ellas.

Con un discurso marcado por la demagogia, el Gobierno de González decía en ese momento que con esto se avanzaba en la “modernización del sector”. Esta decisión provocó que el Estado perdiese progresivamente el control de la principal empresa pública de electricidad.

Cuando llegó Aznar a la presidencia recibió una empresa semipública y una herencia privatizadora que por supuesto no iba a desaprovechar. Así, en 1997, poco tiempo después de ganar las elecciones privatizó un 35% más de las acciones quedando ahora en manos del Estado poco más del 40% de la compañía, una minoría. Solo será el pistoletazo de salida de la Era Aznar, este gobierno lanzará una y otra vez ofertas públicas de acciones de Endesa hasta quedar totalmente en manos privadas. Diez años después, será la multinacional italiana Enel la que pase a controlar el 70% de las acciones. Paradójicamente esta empresa tiene una historia similar a Endesa. Se trata de una empresa creada por el Estado Italiano en la década de los 60 y que en los 90 fue igualmente privatizada, pero en este caso, el Estado vecino aún se mantiene como el principal accionista con un 25,5% de participación. Hoy Enel es una gran multinacional.

La expansión internacional de estas empresas energéticas, y en concreto de las españolas, fue un fenómeno que se dio en la década de los 90 y que sólo pudo darse tras las privatizaciones de los 80 y 90, momento en el que acumularon un importante volumen de capital para expandirse. En su mayoría el lugar elegido fue Latinoamérica en donde las reformas neoliberales en esos años, derivadas de la aplicación del consenso de Washington, les ofrecía «oportunidades» a precio de saldo. Así Repsol, Endesa o Gas Natural «compraron» empresas públicas o privadas con el apoyo de las instituciones financieras y los planes aplicados por el imperialismo.

Llegados a este punto, y habiendo visto la generosidad del Régimen hacia la burguesía, no podemos pasar por alto el tema de las puertas giratorias. El Régimen del 78 y en especial su sistema de partidos está estrechamente vinculado con el oligopolio energético, prueba de ello es que tres expresidentes; más de 20 ministros (a partes iguales entre el PSOE y el PP); y una larga lista de secretarios de Estado pasaron directamente de diseñar el actual mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios de estas mismas empresas.

El fenómeno de las puertas giratorias fue muy cuestionado en el 15M y a partir de entonces, este método se mantuvo, pero ahora los partidos burgueses tratan de disimular más poniendo en los consejos de administración a figuras de segunda o tercera fila y esperando un tiempo más prudente desde el final del cargo. Quedaba así atrás la época en la que pudo darse la llamativa situación en que los dos principales responsables de la privatización y presidentes del gobierno, González y Aznar terminarían recibiendo sueldos millonarios de las eléctricas. Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural en cuatro años. Todo un despropósito.

No puede haber mayor muestra de lo que Marx ya definió cuando la electricidad aún no llegaba a las ciudades, que “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”.

Un modelo hecho “a dedo” para el control de unos pocos capitalistas

Pero la privatización no ha sido el único regalo que han hecho los gobiernos a las eléctricas. También han tomado una serie de medidas que son las que han determinado un modelo de negocio que blinda por encima de todo los beneficios de estas empresas.

En 1997 bajo el Gobierno de Aznar, a la vez que se inicia la venta total de Endesa también se legisla para que el precio de la luz fuese determinado en una subasta, dando lugar al llamado mercado mayorista o “pool”, en donde se vende y compra energía para cada una de las horas del día siguiente. Como son las grandes eléctricas las que producen y distribuyen la electricidad tienen un control absoluto de estas subastas y por tanto son capaces de manipular a su antojo el precio de la luz. Con los años tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han ido dando paulatinamente mayor margen de maniobra a las grandes empresas en este mercado.

Cinco años más tarde, en 2002, el ministro de economía de ese momento, Rodrigo Rato, decidió fijar el precio de la luz por ley, para supuestamente paliar la inflación. Sin embargo esto se ha terminado convirtiendo en un regalo envenenado para los usuarios, ya que como contrapartida el ministro-banquero establecía el denominado “déficit tarifario”. Con esto el Estado contrae una deuda con las empresas por no recibir el precio real de la electricidad y por tanto la Administración Pública iba acumulando una deuda con las eléctricas que sería cobrada con intereses.

Es decir, el gobierno del PP dejaba decidir a las eléctricas el precio de la luz que todos consumimos y al mismo tiempo le terminaba pagando intereses por una deuda que a todas luces es ilegítima, porque se da en base a unos costes sobre la energía que determinan estas multinacionales y que en todos estos años se han negado a mostrar de forma transparente cuánto auténticamente les cuesta producir la electricidad. Desde luego se trata de un negocio redondo para el oligopolio eléctrico.

Dos de las últimas medidas polémicas que también han encarecido el precio de la luz y beneficiado a las empresas han sido el impuesto al sol y los llamados “beneficios caídos del cielo”. La primera penaliza el autoconsumo de quien quiera instalar paneles fotovoltaicos, y en los hechos otorga el control de la energía solar a las grandes eléctricas. Y la segunda supone un regalo en toda regla por el cual los consumidores terminan pagando los costes de emisión de CO2 a estas empresas. Costes que en la mayoría de ocasiones ni siquiera las empresas han de asumir pero sí los reciben como beneficios. Esto se debe a que en el «pool» del mercado energético el precio de la luz es determinado por el coste de producción de la tecnología más cara. Esta tecnología suele ser la que utiliza el Gas Natural para generar electricidad, a la cual se aplican los impuestos por emisión de CO2 que encarecen aún más su precio. Este tipo de producción eléctrica termina imponiendo el precio general de la luz y de toda la producción eléctrica -desde la generada con energía eólica, hidráulica o solar- así las empresas venden todas sus energías al mismo precio (el marcado por la producción con Gas Natural que incorpora impuestos por emisión de CO2).

Otra de las polémicas del último periodo se desató con las primeras noticias sobre el reparto de los fondos europeos. Una parte muy importante de los mal llamados «fondos para la recuperación» irán destinados a modo de transferencia directa para empresas del IBEX35, varias de ellas grandes eléctricas. Muchas de las cuales hoy son grandes contaminantes que ya han diseñado distintos planes millonarios para participar del reparto de los fondos bajo la etiqueta de «eficiencia energética» o «transición ecológica». Endesa por ejemplo ha presentado 110 proyectos por un valor de 19 mil millones.

Un sector estratégico

Nos encontramos por tanto ante un sector de la economía estratégico con unas multinacionales fortísimas y una vinculación orgánica con las principales instituciones y partidos del Régimen del 78. Al igual que la banca o las constructoras son empresas para las cuales se tiene una política de Estado que blinda sus intereses y beneficios.

Estos privilegios no son anecdóticos sino que forman parte esencial del funcionamiento de esta democracia para ricos. Romper con la dictadura de las eléctricas, para obtener una producción y distribución racional con precios razonables y al servicio de la mayoría social significa enfrentarse al actual régimen político.

Es por esto que los planteamientos de formaciones políticas como Unidas Podemos se muestran totalmente impotentes, dando muestra una vez más de su adaptación al Régimen y a los poderosos. Durante la campaña electoral el partido morado hizo del combate contra las eléctricas y la bajada de la factura de la luz una de sus principales banderas. Pablo Iglesias llegó a afirmar que «disparar la factura de la luz solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice».

Sin embargo, como hemos podido ver cuando han llegado al Gobierno ha sido precisamente eso lo que ha sucedido, incluso con subidas nunca antes vistas. Lo único que han alcanzado a proponer tímidamente los ministros de Unidas Podemos es la creación de una empresa pública en el sector. Pero esta medida, que Unidas Podemos propone de cara a la galería sin ninguna intención de llevarla a cabo realmente, es planteada de manera absolutamente limitada. Incluso reconocen que no tendría ningún efecto sobre la factura de la luz y que habría que esperar a que expiren las concesiones de las plantas hidroeléctricas en manos privadas, algunas de ellas con duración de más de 30 años.

El oligopolio de las eléctricas, que es capaz de hacerse oír con fuerza en los principales medios de comunicación, ha logrado sembrar la idea que estas subidas de la luz son fruto de los azares del mercado y que poco se puede hacer. El Gobierno también contribuye a difundir este mensaje, dando a entender que se trata de una cuestión complicada y “sin soluciones simples y a corto plazo”. Esto es una manera de decir que no piensan hacer nada significativo y mucho menos si va en contra de los intereses de los dueños de las eléctricas.

Pero la solución es relativamente sencilla, es necesario expropiar sin indemnización a las grandes empresas que tienen el control del mercado energético y ponerlas bajo el control democrático de trabajadores y usuarios. La complejidad de la que se ha dotado el sistema eléctrico no es para hacerlo más racional, sino para justificar por múltiples vías cómo el Estado garantiza los beneficios de estas multinacionales.
¿Por qué son las eléctricas las que determinan el precio de la luz mediante una subasta? ¿Por qué hay que pagarles a las empresas los gastos de emisión de CO2 cuando generan electricidad que no genera estos gases? ¿Por qué hay que pagar una deuda que es ilegítima a empresas con millones de beneficios cada año? ¿Por qué el sol y la energía que genera es propiedad de Endesa, Iberdrola y Naturgy? ¿Por qué en otros países de la zona, también con criterios capitalistas, la electricidad es significativamente más barata?

Son preguntas, que más allá de cuestiones técnicas, no son difíciles de responder, y todas tienen la misma respuesta: para garantizar los beneficios exorbitantes del oligopolio energético.

La única complejidad que sí admitimos, es que para conseguir recuperar estas empresas bajo control obrero es necesario desarrollar un combate frontal no solo contra estas empresas sino contra el Estado que sostiene su modelo de negocio. Por tanto se trata de una lucha en la que se debe implicar a amplios sectores de las clases populares.

La vinculación íntima de las eléctricas con la dictadura en su momento, y ahora con los principales partidos políticos, tiene que ver con que se trata de un sector clave de la economía. Los trabajadores y el movimiento obrero en particular tienen que abordar esta cuestión de la misma manera que lo hace la burguesía. Siendo conscientes que no solo es un sector estratégico para el lucro de un puñado de millonarios y para el funcionamiento de la economía capitalista, sino que también para poder golpear de manera más contundente a nuestros enemigos de clase.

La importancia de estos sectores en los embates de la lucha de clases la hemos podido observar en las llamadas “huelgas Robin Hood” de los trabajadores de las eléctricas francesas. En las que al mismo tiempo que se movilizaban en contra de la privatización del sector se solidarizaban con trabajadores de otras empresas cortando el suministro a aquellas que despedían a su plantilla. También reconectaban el servicio a aquellas personas sin recursos. Esto provocaba una enorme simpatía y solidaridad obrera y fortalecía los múltiples conflictos sindicales.

También es el caso de la heroica resistencia de quienes se movilizaron en contra del golpe de Estado en Bolivia en el 2019. Con un enorme instinto de clase los manifestantes se jugaron a bloquear la estratégica planta de Senkata, que suministraba hidrocarburos a La Paz, la capital boliviana.

Estos ejemplos son los que realmente muestran cual es el único camino posible de quebrar la voracidad implacable con la que las empresas eléctricas se lucran a costa de nuestro empobrecimiento. Pensar los vínculos estrechos entre este sector y el Régimen de conjunto y su importancia estratégica a la hora de luchar contra ellos es una tarea que tenemos que abordar los revolucionarios. Con este artículo tratamos humildemente aportar al respecto.

Fuente: Izquierda Diario