Cada día asistimos (y retuiteamos) el tuit que lanza Manuel Rico desde su cuenta:

Y este recordatorio nos sacude porque sabemos de que habla, sabemos lo que pasó, recordamos los relatos estremecedores de lo que sucedía en las residencias de Madrid. Al día de hoy la investigación no ha avanzado, no hay responsables señalados,  detenidos o sancionados. No hay respuestas firmes que hagan justicia para esas 7.291 personas fallecieron en sus residencias sin recibir atención médica.

Lo que más preocupa (aunque no debería sorprendernos, más sí indignarnos) es el bloqueo de la investigación política y judicial, la cual señala a la presidenta de la Comunidad de Madrid,  Isabel Díaz Ayuso.

Hace un año, el periodista Javier Ricou, investigando el tema del exceso de las defunciones por el Covid en el estado español y especialmente en esa Comunidad, recurrió a un informe general elaborado por la “Plataforma Envejecimiento en Red” que atribuía estas cifras a varias causas: “En Madrid, “se aplicó un protocolo de exclusión de la atención sanitaria en los hospitales de referencia a los residentes enfermos que tenían deterioro cognitivo o discapacidad motriz. Y esta exclusión se aplicó desde mediados de marzo hasta mediados de abril del año pasado, así que no se medicalizaron las residencias a pesar de que hubo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se llevara a cabo esa medida.  Solo se trasladaron a hospitales privados a aquellos residentes con seguros privados.”

Esos fundamentos no difieren de los mencionados por un informe de Amnistía Internacional en el cual denunciaba la aplicación de esos protocolos que privaron de la asistencia médica hospitalaria a una gran cantidad de personas adultas mayores que se encontraban en las residencias.

En octubre del año pasado, Más Madrid pidió que Ayuso y su jefe de gabinete informen cómo se estaban investigando las muertes por Covid en las residencias, pero nunca obtuvieron respuesta.

Es un hecho que las investigaciones no avanzan. El informe de Amnistía Internacional es contundente: Casi el 90% de las investigaciones penales sobre las muertes por coronavirus en las residencias de mayores se han archivado. Es decir, la mayoría de las denuncias no han llegado a los tribunales. Los familiares de las víctimas se sienten «abandonados».

Más de 35 mil personas fallecieron en las residencias de todo el Estado español, -7.291 en la Comunidad de Madrid-, y no hay responsables señalados por la justicia porque el bloqueo es algo innegable. También la angustia de familiares que se ven impotentes ante ese muro político-judicial, que paradójicamente representa la “justicia”.

En el día de ayer, un medio de información habló con una de las tantas familiares de las víctimas cuya madre falleció en una residencia de Madrid en abril del año 2020. “Nos sentimos abandonados por todas las instituciones. Buscamos justicia y que se sepa la verdad. No queremos que esto caiga en el olvido”, señalaba. Y agregaba que ya basta de que les archivaran una y otra vez las diligencias en las cuales piden que se investigue lo que sucedió  en las residencias de Madrid.

“Nuestra lucha es para que el señor fiscal se digne a tomarlos en sus manos y los mire, los vea uno por uno. Estamos cansados de que nos archiven una y otra vez todas las diligencias cuando pedimos una investigación en qué pasó en las residencias”, explica.

Dice haber comprobado que los residentes fallecieron en el más absoluto abandono. Sin atención médica básica. Ni alimentación, ni higiene. Un cuadro de terror. Un crimen.

“Mi madre murió sola. Quiero saber la verdad. Quiero saber por qué mi madre murió sola y abandonada, por qué nos mintieron tanto y por qué  nadie quiere investigar”, concluye.

Fuentes: agencias, Twitter, La vanguardia, Amnistía Internacional, RT, testimonios personales