PENSIONES: EL SAQUEO QUE NO CESA

PENSIONES: EL SAQUEO QUE NO CESA

Pe4se a que el artículo 50 de la Constitución de 1978 establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos en la tercera edad”, en una fecha tan temprana como 1985, el gobierno del PSOE aprobó la primera reforma de la ley de pensiones de la “democracia”, que desbrozó el camino para nuevos recortes de las pensiones en las décadas siguientes.

En 1995, se creó un nuevo instrumento en ese empeño de laminar las pensiones públicas, una comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo, a propuesta de CIU. Aunque, sobre el papel, esta comisión tenía como función ”racionalizar el sistema público de pensiones”, en realidad sus recomendaciones siempre han perseguido profundizar en esa línea de recortes  inaugurada en 1985 y propiciar, por esta vía, la privatización del sistema público de pensiones.

A esa reforma del sistema público de pensiones siguieron otras tres: las de 1997(PP), 2011(PSOE) y 2013(PP). Estas contrarreformas se han basado sobre todo en tres ejes; aumentar la edad de jubilación, exigir más años de cotización para la jubilación con el 100% e incrementar los años tomados en cuenta para calcular la cuantía de la pensión.

Así, antes de la primera reforma, la de 1985, para jubilarse con el cien por cien bastaba tener 65 años y haber cotizado 10, y solo se tomaban en cuenta los dos últimos años cotizados para calcular la cuantía de la pensión. A partir de 2027 será preciso haber cumplido 67 años y cotizado durante 37 años para percibir el cien por cien, y la cuantía de la pensión se calculará en función de los últimos 25 años cotizados.

Con todo, nuestros gobernantes no se dan por satisfechos con lo recortado hasta hoy. Este verano, el gobierno de coalición PSOE-UP, el “más progresista de la historia”, aprobó la primera fase de una nueva reforma, sellada previamente por los denominados “agentes sociales” (Gobierno, patronal y los sindicatos del régimen UGT y CCOO), y sin contar con el movimiento pensionista. El proyecto de ley de la nueva reforma, la quinta de la “democracia”, será tramitado en el congreso este otoño y se pretende que entre en vigor en enero de 2022. Mediante esta reforma se incentiva atrasar la edad de jubilación, se penaliza la jubilación anticipada, se introducen los planes privados de empresa y se incluye el llamado “mecanismo de equidad intergeneracional”, que sustituye al “factor de sostenibilidad” creado en la reforma de 2013 del PP.

Por lo demás, no hay que olvidar que todas esas reformas se han aprobado sin apenas oposición de los sindicatos institucionales, CCOO y UGT. Solo en el caso de la reforma del  PSOE de 1985, CCOO convocó una huelga general(de la que se desmarcó UGT). Pero estos dos sindicatos dieron su beneplácito a las reformas de 1997, 2011 y a la pendiente de aprobar para 2022.

Privatizar el sistema público de pensiones

Desde la constitución del Pacto de Toledo, hemos visto como toda una legión de “expertos” a sueldo de los poderes financieros y políticos, y con el inestimable apoyo de la mayoría de los medios de comunicación, nos han bombardeado con inquietantes predicciones sobre el futuro del sistema público de pensiones, como la de que es insostenible y está en peligro. Por cierto, no deja de resultar sospechoso que solo peligren las pensiones y no los gastos públicos de nula utilidad social, como prueba ser el del Ejército, la financiación de la Iglesia católica o el de la Casa Real, por poner solo unos ejemplos.

En opinión de economistas críticos, ese alarmante mensaje de que las pensiones públicas peligran no es más que una invención interesada. Y añaden que la supuesta “crisis” de las pensiones se usa como coartada para favorecer los fondos de pensiones privados, con los que tanto la banca como las compañías de seguros se las prometen muy felices por el suculento negocio que representan los 140.000 millones de euros anuales de las pensiones públicas.

A este carro de las pensiones privadas ya hace años que se han subido los sindicatos del régimen UGT y CCOO que, antes de la “Crisis” de 2007, firmaron que una parte del aumento de los salarios de los funcionarios fuera directamente a un fondo de pensiones privadas, medida que luego se extendió a convenios de empresas privadas. Además, UGT y CCOO han creado, como accionistas, empresas con Caixa Bank, el Banco Santander y el BBVA para gestionar conjuntamente esos fondos y embolsarse millones de euros cada año.

Las pensiones públicas, un gasto colectivo

Las pensiones públicas son un gasto colectivo, por lo que carece de sentido que tengan distinta consideración que el resto de gastos colectivos(como educación, sanidad, etc). Y puesto que son un gasto colectivo, han de pagarse con los impuestos generales en el caso de que no haya suficientes ingresos para pagarlas únicamente a partir de las cotizaciones. De hecho, así se hizo hasta 1997, cuando Aznar, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, decretó que las pensiones contributivas se financiasen exclusivamente con cotizaciones de las personas activas.

Además, los servidores de los poderes financieros y políticos sostienen que el sistema de pensiones públicas es deficitario, pero ocultan deliberadamente que durante más de 30 años generó superávit. Y que, con ese dinero, se creó un fondo de reserva de las pensiones, o “hucha de las pensiones”, que, hasta 2011, llegó a acumular 66.800 millones. Un fondo que Rajoy desvalijó para rescatar a la banca.

También esas voces mezquinas se encargan de propalar el mensaje de que las actuales pensiones son muy generosas. Otra falacia más, porque de los casi 10 millones de personas pensionistas, cerca de 6 millones perciben una pensión inferior al salario mínimo, fijado actualmente en 956 euros. Y más de una cuarta parte ingresan menos de 600 euros mensuales, lo que significa que viven en condiciones de pobreza severa(un 10% de esas personas no llegan a los 350 euros). Conviene recordar que una gran mayoría de  quienes perciben esas paupérrimas pensiones son mujeres, y que no es casual que entre hombres y mujeres pensionistas existe una notable brecha salarial: las mujeres cobran una pensión media  un 35 por ciento inferior a la de los hombres.

El movimiento en defensa de las pensiones

A finales de 2017, tras cinco años de práctica congelación de las pensiones, con insultantes subidas  del 0,25 por ciento, miles de pensionistas en todo el país dijeron basta y se echaron a las calles. Se generó así un poderoso movimiento en defensa de las pensiones públicas que, además, coincidió en el tiempo con otro gran movimiento surgido tras el 15M: el feminista. Un movimiento pensionista que se reclama plural, apartidista y transversal y que se ha dotado de sus propias estructuras organizativas(plataformas locales y de barrio, coordinadoras provinciales y autonómicas, coordinadoras estatales…) aunque, actualmente, tras casi cuatro años de incesantes movilizaciones, con magros resultados, el movimiento pensionista ha perdido buena parte de su vigor inicial y se encuentra más dividido(debido a la crisis sanitaria y a otros factores0 en los cuales no me voy a detener aquí).

Durante todo este tiempo, esta marea pensionista no hay cesado de reclamar, entre otras cosas, la jubilación a los 65 años o con 40 años cotizados, una pensión mínima de 1.080 euros, la revalorización automática de las pensiones en función del IPC, la recuperación económica e lo perdido desde 2011, la desaparición de la brecha de género, la derogación de las reformas de pensiones y laborales de 2011 y 2013, acabar con el copago farmacéutico, el rechazo del Pacto de Toledo, una reforma fiscal integral y progresiva, una auditoría de la Seguridad Social…

Domingo M. Aguilar

Publicado en el periódico “Tierra y Libertad”

 

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