Ya se han transferido las competencias a la Comunidad Autónoma Vasca en materia penitenciaria. Empezaremos hablando, si te parece, sobre esta oportunidad descentralizadora para abordar, desde tu experiencia y conocimiento y, especialmente desde el activismo en la asociación Salhaketa, el tema enjundioso de cárcel/prisión/privación de libertad, en toda su dimensión. Nos interesa saber qué se ha transferido, en términos de competencias y, visto esto, qué posibilidades se ofrecen para intervenir desde la autoridad autonómica.

La cuestión está en que según el Estatuto de Gernika, de 1979, la Comunidad Autónoma Vasca, (CAV), se tienen competencias en lo que se llama la ejecución penitenciaria.[1] En el caso de Navarra, también, el Amejoramiento del Fuero de Navarra de 1982 las recoge, y hay cierto margen de actuación, aunque hasta el momento por diversas razones no han materializado las competencias a las que podría acceder, y solo se le transfirieron competencias parciales como la vigilancia policial o la sanidad.

En el Estatuto de Gernika se contempla la posibilidad con un amplio margen de discrecionalidad, de posibilidad de actuar, que incluso podría llegar a suponer hasta la aprobación de un reglamento penitenciario propio. Existe un amplio margen para poder actuar en lo que se llama, estrictamente, la ejecución penitenciaria. Eso quiere decir que el marco normativo en el que se mueven las CCAA que tienen cierta competencia es, lógicamente, ajustándonos al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a lo que tiene que ver con la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es estatal. En general, en el mapa de competencias de los meso-gobiernos autonómicos, lo que hay es una descentralización administrativa, no política, porque el marco es siempre el mismo.

Entonces, por resumir, lo que se transfiere, es lo que tiene que ver con las infraestructuras y el personal. Dicho de otro modo: el Código Penal, y toda el sistema penal, sigue, en su conjunto, sacralizando y poniendo en el centro del sistema de respuesta a los delitos que se persiguen, la cárcel y las penas de encierro. Así el margen de lo que supone la transferencia, simplemente es lo que tiene que ver con cómo se ejecuta en el ámbito del cumplimiento aquellas penas que establece el sistema penal, o sea, cómo se ejecuta el cumplimiento de la pena de cárcel. Ciertamente esto es muy limitado. Pero no quiere decir que no haya posibilidad de hacer, con estos marcos legislativos, muchas cosas. Es decir, nosotros no hemos dado tanta importancia a las transferencias, como a la voluntad política, de que realmente se transforme el concepto de justicia, en términos de sustituir esa justicia burguesa, vengativa, etc. por lo que tendría que ser: una justicia restaurativa, y otros modelos de entender qué respuestas hay que dar en materia de prevención y lucha contra el delito.

Se han transferido el funcionariado y las cárceles. Y hay ya todo un debate sobre esto, pues precisamente lo que hemos planteado desde Salhaketa es que no se abran más infraestructuras cerradas, como es el caso de Zubieta, en Gipuzkoa. Y lo que pensamos que se debe hacer es poner en práctica un modelo alternativo de ejecución penal.

Esto ya está estudiado y está investigado. En mi caso, llevo desde el año 1986 con el tema cuando realicé un estudio, y se realizaron siete informes, sobre transferencias en materia penitenciaria. Luego se hicieron trabajos sobre el régimen abierto en prisiones. También hicimos un estudio muy importante, en el 2006, por encargo de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, sobre cómo crear un modelo alternativo a lo que tiene que ver con el encierro, cuyo objetivo estratégico finalista era cerrar los centros existentes, en aquellos tiempos, Basauri, Nanclares de la Oca y Martutene. Es decir, ya se han hecho muchas cosas y ahí hay un trabajo de fondo sólido. Lo que ocurre es que hay otras cuestiones que priman más a la hora de entender cómo reaccionar ante el delito y a la hora de instrumentalizar mercantil y políticamente todo lo que tiene que ver con las respuestas que tenemos que dar.

A pesar de esto todo el debate se ha centrado, – y ahí han presionado mucho los sindicatos profesionales -, en que el funcionariado lo que quiere es quedarse en buenas condiciones laborales. Así uno de los debates centrales que se dio antes de las transferencias es ver cómo se realiza el cambio de titularidad a la CAV, pero el sistema es lo mismo, y éste es el que tiene que cambiar.

En este momento sería interesante analizar la existencia de voluntad política para hacer estos cambios, o caminar en esa dirección. Obviamente no sólo la postura de los políticos y de los que mandan, sino también de los movimientos sociales o la sociedad civil. ¿Hay aquí algo de fondo para asumir un cambio?

Yo creo que hay como tres niveles distintos, que me gustaría comentar. Utilizabas el concepto de quién manda y quién tiene el poder, y evidentemente no son los políticos los que tienen el poder. Estos no son más que los representantes de quien manda o quien tiene el poder, hablando, de los partidos hegemónicos. Y creo que esta es la clave de por qué no es posible un modelo alternativo.

No es posible plantear que una sociedad sea alternativa a través de la cultura del castigo que no combate realmente el delito. Y sobre todo, plantear algo mucho más importante. Entrar en el debate de fondo de qué modelo de prevención y lucha contra el delito queremos. No nos olvidemos que la gran mayoría de los delitos que se cometen en la sociedad no son ni percibidos, ni perseguidos, ni penalizados. Es decir, estamos totalmente indefensas. Estamos en una sociedad que, además, reproduce el modelo que es patriarcal por el trato de las mujeres presas; que es racista por el trato a los extranjeros; que es también clasista porque siempre van a la cárcel determinados sectores, porque precisamente es la criminalidad de lo que se llama delincuencia convencional, la que se persigue. Realmente la gran mayoría de los delitos no son perseguidos por el sistema penal.

Dicho de otro modo: aquellas personas que podemos defender el abolicionismo, vemos que el abolicionismo ha triunfado. ¿Para quién?. Para aquellos sujetos que cometen delitos y no han sido ni perseguidos, ni castigados, que es una gran mayoría: hablamos del ámbito de los delitos económicos, la malversación de fondos públicos, las defraudaciones fiscales, administración indebida de capitales. En fin, en todas estas cuestiones no hay persecución por parte de los sistemas de control formal policial realmente decidida para que estos delitos no se cometan. Pongo esos, pero puedo poner los delitos de violación, donde realmente la mayoría de las violaciones, se dan en el ámbito doméstico y las mujeres muchas veces están esclavizadas por sus maridos y son violadas. Y esto socialmente no se percibe, ni se crea una red para visibilizarlas. Las violaciones perseguidas son las más visibles, las que son más espectacularizadas. Podríamos hablar de todos los delitos, de cómo la respuesta es una respuesta absolutamente dirigida y focalizada. Aquí, claro, hay una debate y es qué es lo que se considera perseguible y qué hay detrás de todo ello.

Ante esta poca o limitada eficacia del sistema carcelario, ¿por qué se considera un éxito y cómo es que se sigue reproduciendo como el medio estrella de persecución del delito?

Aquí hay un tema muy importante y es el del negocio de la cárcel. Es decir, las cárceles en el mundo, y en el País Vasco también ahora, son un negocio. Para que nos hagamos una idea del nivel, cada plaza carcelaria nos cuesta entre 30.000 y 36000 euros al año. La mitad se ha ido ya en las obras de construcción de las prisiones. Es el negocio del holding del cemento, del que tanto sabemos aquí en el País Vasco, ya que ha sido la forma preeminente de enriquecimiento y capitalización de la burguesía vasca. Es un holding importante, por eso se quiere también construir la cárcel en Zubieta.

Pero hay un segundo tema muy importante. Del resto del dinero, unos 18.000 euros, más o menos las tres cuartas partes aproximadamente se va en sueldos de funcionarios. Dicho de otro modo: hay un montón de gente que vive de tener encerrada a otra.

Luego estarían los servicios que se prestan a las cárceles por parte de empresas. Está toda la cuestión que tiene que ver con los bienes corrientes y servicios: la luz, el teléfono, gas,… O sea, que de la cárcel vive mucha gente. Por lo menos por persona encerrada, viven dos, por poner una imagen. Esto es lo que hace que la cárcel sea un negocio y que realmente interese tener a una serie de sujetos bajo encierro.

Además, tiene la cárcel otra función simbólica, pues los que están encerrados son los chivos expiatorios del delito, con lo que se refuerza esa idea de que los delincuentes son los que están en la cárcel. La delincuencia no tiene nada que ver; los que están en la cárcel no son los delincuentes, ni los delincuentes son los que están en la cárcel. En la cárcel puede haber algunos delincuentes, entendido como aquellos que han transgredido las leyes penales, pero son una parte ínfima. Y, además, hay una parte importante que están en prisión que realmente no debían de estar. Veamos, por ejemplo, qué pintan en prisión el porcentaje tan alto de chavales, con enfermedad mental o patología dual. En general, todos han sido chavales perseguidos y penados por consumo, distribución y delitos menores contra la propiedad por el tema de drogas. Son con los que se ceba el sistema penal de control formal, la policía, el sistema de justicia criminal y la cárcel. En este caso la cárcel lo único que hace es deteriorarlos y agravar su condiciones de vida.

En resumen, es una locura de respuesta, totalmente irracional, que ni siquiera tiene capacidad de luchar contra el delito, sino que lo que hace es estigmatizar a algunos colectivos, criminalizar a la disidencia y a la población joven drogodependiente, criminalizar la pobreza. Porque el ochenta y tantos por ciento, que es una clientela fundamental, son personas reclutadas de los sectores sociales históricamente marginados. Es decir se está persiguiendo a aquellos que cometen determinados delitos en el ámbito de lo que tiene que ver con la miseria y la pobreza.

Luego está el segundo nivel de voluntad política. Esto se traduce en los discursos y en la retórica política. Cuando se han negociado las transferencias, por ejemplo, hay determinados responsables que han asumido la coordinación de todo esto, que dicen que aplicar una sustitución de la condena o suspensión condicional a chavales con drogodependencias, que son el 80 por 100 o el 70 de los que están en prisión, no funciona, ya que si no les castigas no sirve. Nosotros, desde Salhaketa hemos reivindicado para los chavales que se apliquen y se apoyen programas socio-sanitarios, para que el gran grueso de la población que está encerrada en prisiones pueda cumplir en programas especializados en tratamientos de drogodependencias, de salud mental, de patología dual, etc., Esto unido a programas de inserción laboral, para todo este colectivo. La respuesta que dan cuando se plantean este tipo de alternativas, con programas concretos y perfectamente articulados es del todo simple: “No; es que si no los metes a la cárcel no escarmientan”. ¿Cómo que no escarmientan? Esto es hacernos creer que la cultura del castigo y la punición sirven para que la gente modifique sus comportamientos.

Por suerte hemos aprendido del gran pensador que fue Piaget, el sicólogo y pedagogo, y trabajando con la gente que sale de la cárcel: si tú a una persona le castigas, no cambia su comportamiento, lo que aprende es a hacer lo mismo sin ser castigado. Esta es la lógica de la cárcel: es mentira que el castigo sirva para nada. El castigo lo único que sirve es para, realmente, ahondar en lo que supuestamente está intentando evitar como conducta.

Entonces lo que se ve es que si no hay una apuesta firme y una convicción de que se puede generar un sistema de justicia que sea restaurativa, que sea reparadora, que sea reconciliadora, no hay cambio; una justicia que no sea complementaria a la justicia vengativa, sino que la sustituya; estamos en lo de siempre, quien habla de alternativas no habla de sustituir, habla simplemente de complementar. Y lo que se plantea ahora en el modelo actual de transferencias es diáfano: vamos a seguir con las cárceles, vamos a seguir creando plazas carcelarias, y luego vamos a hacer programas complementarios. Vamos a ver qué es esto. Los más buenos, en el sentido de los más adaptados a la institución, lo más dóciles y más sumisos, van a ir a programas más abiertos. Entonces se les saca a régimen abierto, a programas que puedan hacer la pena más humanizada y menos intensiva. Entonces lo que pasa es que esto es un chollo, porque el sistema crece. Y con ello se da pie a que toda una serie de asociaciones colaboradoras, del corte que sea, que se llaman de iniciativa social, y que están subvencionadas, (otra vez más dinero para mantener la maquinaria) realmente llevan adelante este tipo de programas de apoyo de sacar a los presos de vez en cuando del centro, o de pisos abiertos, claro en situación de dependientes. El problema es que asi no tienes un concepto de alternativas que supone que para poner una cosa hay que quitar otra. O de que haya un plan y una estrategia de que todo lo que se vaya haciendo sirva para que las cárceles se cierren, pues entonces estamos en lo mismo de siempre.

Claro este es un poco el tema porque la cárcel está muy enraizada en la sociedad. No parece que se pueda decretar la abolición por ley, pues se crearía como una especie de vacío. Tendríamos que ver entonces si hay unas medidas en la cárcel, que a la vez que humanitarias, sean decrecentistas del sistema, por decirlo de alguna manera. Sería como caminar hacia la abolición de la cárcel o de las penas de prisión, con otro tipo de medidas.

Ya he dicho que el hándicap fundamental, es que no hay voluntad política para hacer esto que yo voy a plantear ahora.

En principio yo no creo que ni se pueda, ni se deba, hacer un Decreto para cerrar las cárceles de un día para otro. Por cierto, que si se hiciera no pasaba nada. Porque la mayoría de la gente que pasa por la cárcel está fuera. O sea que no iba a ver ningún incremento de la mal llamada inseguridad ciudadana. Lo que sí pasaría sería que sí habría esa sensación que dices, de vacío, de que no estamos protegidos contra el delito. Pero ese vacío lo podemos tener ya, no hace falta abrir las cárceles y sacar a todos para que tengamos esa sensación, porque es una sensación muy legítima, ya que estamos totalmente desprotegidos. Nosotros solemos decir en Salhaketa que tenemos una asociación de víctimas, no de apoyo a los delincuentes. De víctimas de un sistema penal que no nos protege a nadie. Así que reitero que no creo, que se deban cerrar de golpe las cárceles.

En todos los trabajos que hemos hecho hemos elaborado lo que solemos llamar un plan estratégico, en el tiempo, para que realmente se implementen una serie de medidas en la línea que planteabas.

¿Las medidas más urgentes? Pues sacar a todas las personas que tienen enfermedad mental y patología mental en prisión. Eso es fundamental. La cárcel está plagada e infectada de personas enfermas que pululan por los patios, metiéndose todo lo que pillan. Todo esto está ahí, la cárcel es obscena, es infame lo que allí pasa.

Lo primero es que es un espacio en el que no hay higiene social. Lógicamente todas estas personas jóvenes que tienen entre 18 y 25 o 30 años, la mayoría están en unos cuadros de reproducción de condiciones objetivas y subjetivas, para seguir en el mismo agujero y en el mismo lodo toda la vida. Esto es lo más importante. Y son la mayoría. Así, lo primero, son medidas que tienen que ver con programas socio-sanitarios, donde realmente, si hay una importante coordinación entre Osakidetza (Servicio Vaso de Salud) y las cárceles, Osakidetza tendría que asumir las riendas, porque la cárcel es un lugar donde la mayoría de personas que ahí viven son enfermas. Y son personas que necesitan un tratamiento médico especializado o una hospitalización. Lo primero y lo más urgente es eso.

Lo segundo es un tema muy grave, y es el problema de que en las cárceles de seguridad no están seguras ni las personas presas, ni está seguro el funcionariado. Al no haber realmente una apuesta decidida por todo lo que tiene que ver con el apoyo social y con lo que tiene que ver con las medidas socio-sanitarias, los funcionarios no tienen criterio para poder responder a las necesidades de la gente presa. A su vez la gente presa está totalmente frustrada por su situación: “o sea yo estoy en prisión por haber infringido la ley, y conmigo se están violando derechos que no están en el fallo condenatorio: el derecho a la salud, el derecho al trato digno, el derecho a la vida,… ¿qué está pasando aquí?”. Pues claro, hay una sensación de inseguridad muy grande. Y el derecho más importante es el de la seguridad, lo que se llama la seguridad jurídica. Es decir, el tener garantías de que yo voy a poder disfrutar realmente de los derechos que tengo reconocidos. Y esto es lo que crea un clima de violencia impresionante.

En prisión hay problemas de malos tratos: los funcionarios muchas veces recurren a medidas de contención, a medidas extremas de utilización de material de antidisturbios. Además están pidiendo tener estatus de autoridad para poder tener, de algún modo, si hay problemas de falta de legitimidad, o de abuso de autoridad, una protección jurídica.

¿Qué pasa entonces? Lo que se está haciendo básicamente es reproducir un clima de conflicto y un clima de violencia. Y esto es lo que hay que atajar. Pero para ello, para que eso se ataje, realmente tiene que haber un reconocimiento de que eso existe en prisiones. Y eso no se hace.

El funcionariado para defenderse lo que sacan es la idea de que “nosotros tenemos agresiones”. Incluso se hace encuentros de agresiones. ¿Y las agresiones que sufren las personas presas por qué no? Antes contaban algunas agresiones que sufrían las personas presas y ahora ya no. Ya han conseguido una serie de prebendas políticas. Lo que no se puede hacer es utilizar como carne de cañón a la gente que está en prisión para estas cosas. Y esto es otra cuestión muy importante, porque esto lo que acelera es una hipocresía impresionante y una falta de capacidad y de posibilidad de que realmente la ejecución penal sea otra distinta de lo que es. Es decir, no sea, la cárcel, la mazmorra el encierro, el ahí te pudres.

Además está la construcción de la imagen de la persona presa como si fuera una persona horrible, terrible. Y si eres mujer presa ya ni te cuento, pues ya entra el que es mala madre, y esas situaciones con toda la carga que tienen los temas de cuestión patriarcal. Y si eres extranjero igual. En la cárcel hay muchas personas extranjeras, proporcionalmente hablando, porque claro están cometiendo delitos todo el tiempo, lo que justifica políticas totalmente de expulsión, y se generalizan a toda la población extranjera, considerándola como un colectivo al que hay que criminalizar, hay que expulsar, porque están realmente agrediéndonos y nos limitan nuestros derechos.

Muchas de las cosas que señalas exceden del ámbito político, de la autoridad, y traspasan ya al nivel social, de la comunidad, de las organizaciones…..

Ya he señalado que no hay una voluntad de los poderes fácticos, digamos, los poderes que tienen capacidad política y jurídica. Pero nosotros nos quedamos muy entristecidos cuando se aprobó la transferencia para la CAV. Sabíamos de sobra lo que iba a hacer el PNV, porque es un partido de derechas que conocemos bien. Pero no esperábamos de partidos como EH Bildu o Podemos, que realmente apoyaran la transferencia de forma tan acrítica.

Y no han firmado el modelo que nosotros planteábamos en el manifiesto. Un modelo de ejecución penal que planteaba esa progresiva desaparición de la cárcel y la sustitución por otro tipo de servicios y otros centros alternativos a nivel de ejecución penal. Estamos todavía pendientes, pero esto es muy sintomático. Sí lo han apoyado sindicatos, incluso sindicatos importantes, como LAB, por ejemplo. También lo han apoyado algunos movimientos sociales. Por ejemplo, organizaciones que giran en torno a la órbita del satélite de lo penitenciario, como tienen esos intereses que hemos comentado, pues tampoco lo han apoyado, quizá por querer parte del pastel, en términos de querer gestionar cosas.

En esto sí que es cierto que nos hemos quedado muy solos. Hemos visto que realmente si no hay una voluntad no se dan pasos. Y esto de la voluntad social tiene que ver con todo el discurso que se produce, que es lo de siempre, y pasa con todos los temas. Se dice que la sociedad no está por un modelo alternativo. Y es mentira. Este año hemos realizado es un estudio, desde la Universidad, sobre la imagen social del delito, donde hemos investigado qué disposición tiene la población hacia medidas alternativas a la prisión. Y nos quedaríamos sorprendidísimos al ver cómo la gente entiende que, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que están en prisión podían estar en centros abiertos, en programas socio-laborales o socio-sanitarios. Lo entiende y lo comparte. Sin embargo, la construcción que se hace es otra. Es que la gente quiere cárcel. Claro porque la gente ve la cárcel en la televisión. Y se cree que los que están en la cárcel son unos monstruos terribles, que nos lo venden así, es gente malísima, que tienen el gen de la violencia y que por eso tiene que estar encerrada o muerta. Pero, sin embargo, cuando la gente conoce quién está en prisión, y cuál es la composición sociológica de la misma, pues realmente la cosa cambia.

El que no haya voluntad por parte de los agentes que representen a la sociedad, medios políticos, empresas mediáticas, o por parte de asociaciones, no quiere decir que la población tenga esa visión. Una cosa es la opinión publicada, lo que se dice, y otra cosa es lo que la gente piensa. Entonces ahí habría mucho que aprender también de cara a la legitimidad de un modelo distinto.

Dicho esto, quiero decir que claro que hay propuestas de medidas muy urgentes, y también medidas que son lisa y llanamente propuestas de que se cumpla aquello que dice la legislación. No nos olvidemos que se dice que las cárceles están hechas para resocializar y rehabilitar; que la población penada tiene que tener derecho al trabajo y a la seguridad social. La ley dice muchas cosas, la Constitución en primer lugar, no hablo de una legislación menor.[2]

Y realmente que esto se pueda cumplir ciertamente está muy lejos, porque detrás de esto hay muchas de estas otras cosas. Así que con independencia de transferencias o no, todo ello hace muy difícil el que se posibilite un modelo alternativo.

César Manzanos. Miembro de Salhaketa. Profesor de la EHU -UPV. Sociología y trabajo social

Notas

[1] La competencia de Prisiones se recoge en el artículo 10.14 como la “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. El artículo 12.1 señala igualmente que “corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia de “legislación penitenciaria”.

[2] Artículo 25.2 “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se van expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”