El fin de semana del 25 de marzo ha representado un verdadero punto de inflexión en el clima político, marcado por la violencia de la represión policial organizada por el gobierno y su ministro del Interior Gérald Darmanin, situación caracterizada también por el mantenimiento de un alto nivel de movilización durante la jornada de huelgas y manifestaciones del 28 de marzo. Pero la sensación general es, una vez más, la de un momento de espera sin que ni el movimiento ni el gobierno inclinen la balanza a su favor. Esto crea un cierto clima de espera, que da paso a citas externas al movimiento: una reunión, sin objetivo real, de la Intersindical con el gobierno el miércoles 5 de abril, una deliberación del Consejo Constitucional el 14 de abril para validar, o no, la ley impuesta sin votación por el gobierno.

El primer hecho a constatar es que la imposición el fórceps del gobierno, el 16 de marzo, para imponer su ataque a las pensiones con la utilización del artículo 49.3 no ha desmovilizado en absoluto a los millones de trabajadores que se vienen movilizando desde hace tres meses, ni ha disminuido el apoyo masivo de la población a este movimiento, su rechazo a la reforma y el impresionante aislamiento de Macron y de su primera ministra Elisabeth Borne. Esta situación les desgasta, hasta el punto de que ya no hacen la menor aparición pública que pudiera arriesgarles a enfrentarse a la cólera popular bajo la mirada de los medios de comunicación.

Este aislamiento de Macron, de su gobierno y de su minoría parlamentaria se refleja en el gran número de despachos parlamentarios etiquetados o tapiados con bloques de hormigón y en las sucesivas encuestas que pronostican un hundimiento del número de cargos electos macronistas en caso de disolución de la Asamblea Nacional, y en el descrédito del partido Los Republicanos, culpable de apoyar a Macron en este ataque social. De ese modo, a la crisis social, se le añaden la crisis democrática y el bloqueo político, prolongando una situación de incertidumbre , de inestabilidad. Situación que puede resolverse con una lenta ralentización del movimiento y un aumento atenuado del resentimiento popular, pero también con un nuevo auge como el que el movimiento conoce desde hace tres meses.

El acontecimiento más importante de los últimos días ha sido, sin duda, el estallido de violencia policial en Sainte Soline, cerca de Nantes y de la costa atlántica el sábado 25 de marzo; violencia que revela la febrilidad de Macron y de su gobierno. Desde hace varios años, las asociaciones ecologistas, la Confédération paysanne, con el apoyo de varios sindicatos y partidos de izquierda, se movilizan contra la construcción de dieciséis megapresas en Deux Sèvres [centro occidental del país], embalses con una profundidad de 10 m para bombear las aguas subterráneas en invierno con el objetivo crear reservas de agua con una capacidad de hasta 260 piscinas olímpicas (650.000 m³). La prefectura y el gobierno quieren imponer estos proyectos, que responden a las necesidades de los grandes agricultores de cultivos intensivos en agua como el maíz para alimentación animal. Se ha creado un amplio frente de resistencia en redes que denuncian los riesgos evidentes de semejantes megapresas, en un momento de calentamiento global y de agotamiento de las capas freáticas, para satisfacer un modo de cultivo que necesariamente hay que cuestionar. Además, estas megapresas son sinónimo de empobrecimiento de los ríos y de su biotopo, pero también de privatización del agua, un bien común, en beneficio de los explotadores de estas reservas y del 5% de los agricultores de los Deux Sèvres, con un considerable despilfarro de recursos, ya que la tasa de evaporación varía del 20 al 60% según los expertos científicos.

El 25 de marzo se reunieron 30.000 personas secundando la convocatoria de la extensa red “Bassines non merci”, Soulèvements de la Terre y Confédération paysanne para marchar hacia el lugar de se va a construir una de estos embalses, es decir, una vasta cavidad cubierta de lonas impermeables. Para proteger el montículo, se prohibió la manifestación y se movilizaron 3000 policías y gendarmes. Invocando un clima de guerra civil y la voluntad de matar (sic) de los manifestantes presentes, se disparó contra la manifestación un diluvio de más de 5.000 granadas de gas lacrimógeno, 89 granadas de fragmentación y 81 disparos de LBD. Más de 200 manifestantes resultaron heridos, en particular por las GM2L, granadas explosivas que lanzaban gases lacrimógenos y que, al estallar, proyectaban esquirlas que pueden causar heridas graves. Toda estasmunición está clasificada como munición de guerra por el Código de Seguridad Interior. Esto no impidió que Gérald Darmanin [ministro del Interior], interrogado por la prensa, mintiera desde el principio, afirmando que no se había utilizado “ningún arma de guerra”, lo que él mismo tuvo que desmentir esta a raíz de los informes policiales.

Hasta el momento que escribimos estas líneas, dos hombres siguen en estado de coma, una joven tiene la cara rota y otra ha perdido un ojo. Desde hace varios años, la Liga de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Consejo de Europa, publican un dictamen tras otro expresando su preocupación o denunciando los métodos de intervención de la policía francesa en las manifestaciones sociales; en vano. Macron y Darmanin, al igual que sus predecesores, afirman que la violencia policial no existe en Francia, invocando erróneamente a Max Weber para refugiarse en la “violencia legítima del Estado”. Lo cierto, en este dramático episodio, es que lo que la policía protegía no era el embalse. Era más bien el empantanamiento político de Macron y de su gobierno y el miedo a una crisis social y política que expresa sus múltiples dimensiones y pone de relieve que, tanto en la cuestión de los embalses como en la de las pensiones, nos enfrentamos a modelos de sociedad y sobre todo a la ausencia de cualquier soberanía popular, de todo control democrático que nos permita impugnar y oponernos a las opciones de clase hechas en nombre de las normas e intereses capitalistas. De hecho, una gran mayoría de la población, las clases trabajadoras, rechazan este mecanismo y estas opciones.

Evidentemente, el temor es que este rechazo sin más se transforme en reivindicaciones y en una voluntad política concreta en positivo. Por ello, el poder se vió en la necesidad de criminalizar, sofocar y gasear a las 30.000 personas presentes en Sainte Soline. El pánico gubernamental llegó al punto de retrasar durante tres horas, según los organizadores presentes en el lugar, la intervención del SAMU (servicio de asistencia médica urgente) para evacuar a uno de los hombres que ahora se encuentra en coma. Desde entonces, las manifestaciones de denuncia de esta violencia se han multiplicado, se han presentado varias denuncias, pero el ministro del Interior se ha apresurado a anunciar, antes que nada, un procedimiento para disolver la red Soulèvements de la Terre, organizadora de la manifestación.

Haciéndose eco de la violencia de Sainte Soline, en los últimos días se ha multiplicado la prohibición de reunione, las detenciones preventivas en torno a las manifestaciones, la detención de numerosos manifestantes, e incluso de dirigentes sindicales, el control policial a la entrada a las universidades, como en la de París Tolbiac, y la intervención del RAID (grupo de intervención dedicado a los casos de delincuencia organizada y terrorismo) para poner fin a la ocupación de una facultad en Burdeos. También en este caso, el objetivo evidente es poner fin a todos los bloqueos y ocupaciones que se multiplican para mantener la presión sobre el gobierno y mantener las movilizaciones, como fueron las manifestaciones nocturnas de los días posteriores al 49.3.

Esta represión va acompañada de ataques violentos contra la France Insoumise, de la que se dice que llama a la guerra civil. Si bien Rassemblement national [extrema derecha] se manteiene totalmente dentro del marco institucional, esperando recoger los frutos de la cólera social en 2027, sin cuestionar las políticas capitalistas, la FI, e incluso los partidos del conjunto del NUPES, se hacen eco, con más o menos fuerza, del movimiento social y de sus reivindicaciones. Y es cierto que el temor del gobierno es que se cree un frente de fuerzas sociales y políticas, una confluencia que haga creíble una alternativa basada en las necesidades populares, lo que por el momento no es el caso. Por ello, es necesario desacreditar al NUPES para desactivar esa perspectiva. “Mejor Rassemblement national que la unidad popular” parece ser el consejo del gobierno.

En este contexto, la décima jornada nacional convocada por la Intersindical el 28 de marzo volvió a demostrar la fuerza de la movilización. Con más de 2 millones de personas a nivel nacional, 450.000 en París, fue más débil que el 23 de marzo, pero se mantiene en las altas cifras de las manifestaciones desde enero, sobre todo en decenas de ciudades pequeñas y medianas. Junto a las manifestaciones, hubo decenas de acciones de bloqueo de circunvalaciones como en Caen, Rennes, Le Mans, depósitos de petróleo, peajes, aeropuertos como en Biarritz, o el museo del Louvre en París. 450.000 jóvenes en los cortejos, una cifra casi igual a los 500.000 del 23 de marzo. Ahora bien, este día supuso un punto de inflexión en la huelga, con el fin de las huelgas de los basureros en París y Marsella y un claro descenso en el servicio público y en la educación nacional. Del mismo modo, en la SNCF, donde el 45% de los conductores estaban en huelga el día 28, el movimiento es menos renovables, si bien se suma a los días de acción de la intersindical.

Los límites de este movimiento -aunque asistamos a las mayores jornadas de manifestaciones desde hace décadas- siguen presentes: ninguna generalización de las huelgas renovables más allá de algunos sectores que difícilmente pueden permanecer más tiempo renovándolos, débil presencia en las asambleas generales de los sectores en huelga, y pocas asambleas generales interprofesionales que podrían haber sido el corazón de grandes movilizaciones, como lo fue en 1995 o en 2010. Estos límites existen a pesar de la acción militante de decenas de miles de activistas y asalariados que son hoy el corazón del movimiento en la animación de manifestaciones y bloqueos. También pesa el papel contradictorio de la intersindical.

La unidad de todas las centrales sindicales es una primicia, está a la altura de la profunda desautorización de la reforma de Macron y ha sido hasta hoy un verdadero apoyo para organizar la movilización en muchas ciudades y sectores, aunque hoy la cuestión de los enfrentamientos y la necesaria denuncia de la violencia policial se esté convirtiendo en la manzana de la discordia en varias intersindicales departamentales o locales. Evidentemente, no es la intersindical nacional ni la presencia en ella de los sindicatos CFDT o UNSA lo que ha obstaculizado la creación de asambleas interprofesionales locales o la presencia de huelguistas en las asambleas generales. Por otra parte, al marcar ella misma el ritmo, la intersindical pudo adaptarse a las posibilidades de los sectores menos capaces de entrar en la renovación de la huelga, en detrimento de un calendario de confrontación basado en los sectores más movilizados en la renovación para favorecer su extensión. Este fue el caso, si no por escrito, al menos en la práctica en torno al 7 de marzo, con un éxito limitado. Este ya no es el caso.

A partir de ahí, la atención se centra en citas ajenas al propio movimiento. Es el caso de la reunión entre la Intersindical y la primer Ministro del 5 de abril. Se trata de una pequeña maniobra de Elisabeth Borne para intentar salir del bloqueo en el que se encuentra. Encargada por Macron “de ampliar su mayoría”, sabe que el único socio teóricamente posible, Los Republicanos, se negará a aceptar lo que ni siquiera es una oferta de acuerdo de gobierno común. Por otra parte, en lo que respecta a los interlocutores sociales, intenta aparecer abierta a discutir nuevas cuestiones. Pero esto significa considerar que la cuestión de las pensiones está zanjada y que las direcciones sindicales aceptan una derrota frontal. Este no es el caso hoy en día, ni siquiera para la CFDT. Por lo tanto, salvo sorpresa buena o mala, la reunión no es más que un acto para la galería.

Durante este tiempo, un acontecimiento revelador, el gobierno va a debatir la ley del programa militar para 2024/2030 que prevé aumentar el presupuesto a 413.000 millones cuando el anterior era de 293.000 millones. Más de 100.000 millones de aumento, 100.000 millones que no irán a los presupuestos sociales ni a la financiación de las pensiones.

 

2/04/2023

 

Traducción: viento sur