Migración como emergencia nacional y sustitución étnica: Meloni muestra sus cartas
El gobierno italiano de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni desvela su política migratoria y sienta las bases para un futuro fundado en restricciones y rechazos. El “Decreto Cutro”, que reduce significativamente la protección especial para las personas migrantes, y la declaración del estado de excepción (en italiano, stato di emergenza) han dispuesto el marco en uno de los campos neurálgicos de la disputa política.
Un estado de excepción inédito
El estado de excepción se aplica en casos excepcionales en los que la rapidez y eficacia de las acciones son fundamentales. Por eso, es el propio Gobierno el que asume la responsabilidad de declarar el estado de emergencia. Desde su creación, este instrumento se ha activado 127 veces en Italia. En la mayoría de los casos, se trata de estados de excepción relacionados con desastres naturales, como inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos. Luego, emergencias de salud (la última relacionada con el Covid19) y situaciones en las que la seguridad nacional está en riesgo, o por necesidades militares y humanitarias en conflictos bélicos, con participación directa o indirecta, enviando recursos a los civiles o a las fuerzas armadas del otro país. En todos los casos descritos aquí, se puede circunscribir en el espacio y en el tiempo la aplicación del estado de excepción, que sirve para hacer frente a situaciones extraordinarias y tiene finalidades casi exclusivamente humanitarias.
Por primera vez en la historia del país, el Gobierno declara el estado de excepción por la “crisis migratoria”. En esta primera parte de 2023, ya se cuenta con un número importante de desembarcos, que se han triplicado respecto al año pasado (de las aproximadamente 5.000 personas llegadas entre enero y marzo de 2022 se ha pasado a más de 15.000 en 2023). La aplicación de este estado de excepción, sin embargo, no tiene una finalidad humanitaria, sino que servirá al Gobierno para centralizar aquellas competencias sobre la acogida que están a cargo de otros organismos y potenciar los Centros de Permanencia para Repatriados (CPR). Con la declaración del estado de excepción, se procede también a la selección de un Comisionado extraordinario para la gestión. El estado de excepción para la gestión de la crisis migratoria debería tener una duración de seis meses, prolongándose así durante todo el verano y la primera parte del otoño.
La combinación con el Decreto Cutro
Los efectos de la aplicación del estado de excepción deben evaluarse junto con los efectos del “Decreto Cutro”, en el que se eliminan muchas circunstancias que garantizan la protección especial, relacionada con las condiciones particulares de la persona migrante. Se trata de un estatuto fundamental que suple, en parte, la falta de corredores humanitarios. Esta restricción de las garantías se acompaña de la decisión de potenciar la red de CPR y aumentar la permanencia máxima de 120 a 135 días. Al igual que los CIE españoles, los CPR italianos son lugares en los que, de facto, rigen leyes diferentes y donde los derechos humanos son continuamente pisoteados.
El gobierno de Giorgia Meloni ha dado el primer paso decisivo, político y narrativo, en el frente migratorio. Se trata de una criminalización a priori a través del uso de una herramienta técnica como el estado de emergencia.
El gobierno de Giorgia Meloni ha dado el primer paso decisivo, político y narrativo, en el frente migratorio. La declaración del estado de excepción, normalmente asociado a desastres naturales, ahora se aplica a personas que son identificadas como desastres, un riesgo concreto, tangible e inminente para la seguridad nacional. Se trata de una criminalización a priori a través del uso de una herramienta técnica como el estado de emergencia. La misma gestión, al menos aparentemente apartidista, contribuye a una narrativa que intenta racionalizar y politizar la gestión de los flujos migratorios.
La tercera pata y el apoyo narrativo: el riesgo de la sustitución étnica
En medio del Decreto Cutro y el anuncio del estado de emergencia, se insertan las palabras de uno de los principales exponentes del gobierno, el ministro de Agricultura Francesco Lollobrigida, que ha hablado explícitamente del riesgo de sustitución étnica. Una recuperación de una de las teorías conspirativas más difundidas y resistentes de la historia europea, la del plan Kalergi, que parece tener todavía seguidores, especialmente entre los votantes más conservadores y quienes se posicionan en el espectro de la extrema derecha. Estas palabras fueron pronunciadas con el timing perfecto porque responden, en el plano narrativo, a las políticas puestas en marcha con el Decreto Cutro y el estado de excepción. Se está afirmando, en resumen, que el riesgo está relacionado con la seguridad y la sostenibilidad para el país, a corto plazo, pero que sobre todo el peligro es la cancelación de la identidad y la cultura nacional, a medio y largo plazo.
La única forma de salvarse a sí mismos y a su país, según esta narrativa, es limitar al mínimo los contactos y las mezclas entre el pueblo italiano y el extranjero (principalmente de piel oscura). Este último no es un huésped deseado y precisamente porque es un riesgo para la integridad del país, debe ser “gestionado” por el gobierno central, así como se decreta y se trabaja en las emergencias de carácter nacional. Este tríptico de operaciones políticas y retóricas será la base para todas las futuras criminalizaciones de los migrantes y podría llevar a una legitimación de técnicas de verdadera necropolítica, donde de la gestión política de los cuerpos (biopolítica) se pasa a un verdadero trabajo relacionado con la desaparición, la mortificación y el ocultamiento de vidas consideradas “otras”, contra las que se desencadena una confrontación insalvable y mortífera.
