CHILE: AQUELLA LARGA Y DELGADA FRANJA DOLOROSA. REFLEXIONES DEL TERRITORIO DESDE EL ESTALLIDO SOCIAL A LA ACTUALIDAD
Hablar de “Chile” siempre nos supone un esfuerzo en un amplio sentido. No tan sólo por los 11.000 kilómetros que nos separan de su capital (como referencia geográfica de quienes escribimos), sino por todas las cosas que suceden en aquella larga franja de tierra, cordillera y mar, laboratorio y cuna del neoliberalismo. En los últimos cinco años mucho ha sucedido: el estallido social más grande de la historia del país con su respectiva persecución política a gran escala, una pandemia mundial que puso paños fríos a la situación, un toque de queda nacional de un año y medio para combatir la crisis sanitaria, una profunda precarización de la vida, la mayor ofensiva militar en Wallmapu –territorio ancestral mapuche, llamado Ngulumapu el que está bajo la administración del Estado chileno-, dos procesos constitucionales fallidos, devastación de la naturaleza… y un largo suma y sigue, cuestiones que hemos vivido en primera, segunda y tercera persona gramatical; algunas allí mismo y otras a través de nuestros seres queridos que se encuentran allá.
Mientras escribimos estas reflexiones en invierno, allá es verano, aunque uno distinto de los anteriores: un verano de calor y fuego producto del segundo incendio más letal a nivel mundial registrado en el siglo XXI que ha afectado a la región de Valparaíso. Las llamas se han llevado consigo gran parte del bosque nativo de la zona – con su flora, fauna y funga-, la vida de miles de animales domesticados, cientos de vidas humanas (algunos cuerpos encontrados y cientos de desaparecidos) y más de 15.000 viviendas calcinadas. Esta última cifra es alarmante, ya que la franja quemada de viviendas es fundamentalmente clase media o baja, sin seguros, ni ahorros y endeudada. Dicha región concentra el 25% de los campamentos del país, una cruel realidad habitacional, donde los pobladores construyen viviendas tipo “chabolas”, como se conocen acá. El movimiento de pobladores por una vivienda digna es uno de los más emblemáticos del país, lucha histórica del sector popular, que data de los años 40. Se comprobó la intencionalidad de estos incendios (más de 150 focos simultáneos) detrás de los cuales se especula están las empresas inmobiliarias y el IIRSA1 todo esto no es más que parte del gran entramado que atraviesa el territorio: el sistema neoliberal. No podemos seguir adelante sin dedicarle, con gran aprecio, algunas líneas.
Los cimientos. El neoliberalismo
Precisamos hablar de un “Chile” entre comillas para demarcar un territorio largo y diverso, que engloba muchísimas realidades como también muchas ficciones. La fantasía más grande de todas es la de “Chile, el jaguar de Latinoamérica”, para referirse a un país económicamente próspero gracias a las virtudes de implementar el sistema neoliberal en los años 80 –en la dictadura de Pinochet- de la mano de los siempre bienintencionados “Chicago Boys”, un grupo de economistas y juristas enviados por el régimen a estudiar a la Escuela de Economía de Chicago, en los siempre bienintencionados Estados Unidos. De caras para afuera, el país lideraba Latinoamérica en términos económicos, emergiendo como la promesa de la región y, por tanto, el gran ejemplo a seguir; aunque hacia dentro, la situación era completamente distinta: el bestial modelo no ha hecho más que engrosar la brecha económica y social, consolidar el extractivismo y precarizar la vida de la mayoría en beneficio de sólo un 1% más rico de su población.
El sistema neoliberal imperante ha escalado en las últimas décadas a niveles insostenibles, lo que ha afectado de sobremanera la vida de sus habitantes. Por un lado, la privatización de todas las esferas de la vida y el nulo Estado del Bienestar, transforma todo lo que toca en un bien de consumo, incluso las prestaciones sociales básicas, como la salud y la educación. Un ejemplo simbólico es lo que ocurre con el agua: el 100% del agua potable es privada (casi en su totalidad de capitales españoles: ENDESA), o bien potencialmente privatizable, como los ríos o lagos, que se pueden comprar al Estado a través de los “derechos de aprovechamiento de agua”, como esw el caso de las empresas exportadoras de aguacate a Europa que compran ríos para vaciarlos y así, con esa agua, abastecer sus regadíos. Otro ejemplo para mencionar es el de la seguridad social: el sistema previsional chileno funciona bajo la lógica de la capitalización individual, en el que empresas privadas (llamadas AFP, que son sólo siete y que en su mayoría son compañías de Seguros extranjeras) administran los ahorros para la vejez, los cuales están sometidos a estos fondos de inversión y sus variables en el mercado. En simples palabras, las empresas invierten los ahorros de los trabajadores en la bolsa, y son ellos mismos quienes responden por las pérdidas de su propio dinero en el mercado bursátil. Resultado de este negocio, es que el 50% de los 982 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez en 2020 obtuvieron menos de $154.000, equivalente a 147 euros. Bajo este desolador panorama, para acceder a las prestaciones mínimas (educación, salud, vivienda) las personas deben endeudarse: según cifras oficiales, más del 70 % de los hogares está endeudado.
Por otro lado, hay una política del bajo valor de la fuerza de trabajo que se traduce en escasas garantías laborales y salarios mínimos miserables, los cuales no permiten sustentar los aspectos básicos de la vida, lo que obliga a las personas a tener más de un trabajo o varios trabajos informales para poder llegar a fin de mes. Según una investigación reciente de la Fundación SOL, el 50% de las personas que trabajan remuneradamente en Chile gana menos de $503.000 (480 euros aproximadamente), siendo el salario mínimo de $460 mil brutos, equivalente a 440 euros. “Específicamente, el 55,3% del total de personas ocupadas en Chile, no podría sacar a un hogar promedio de la pobreza. La cifra asciende a 62,4% en el caso de las mujeres y 50% para los hombres. Esta situación da cuenta de los elevados niveles de precariedad que existe en el mundo del trabajo”.
El modelo neoliberal logra de esta manera, controlar la vida de las personas, quienes se ven de manera forzada a trabajar hasta triples jornadas, y sobre explotarse para llegar a unos mínimos que les permitan vivir de manera digna, y de paso, financian contra su voluntad el sistema de enriquecimiento de los grupos económicos dominantes.
“No son 30 pesos, son 30 años”
Este fructífero escenario de mal augurio fue el que detonó la revuelta de octubre de 2019: el alza de 30 pesos (30 céntimos) en el transporte público movilizó a los estudiantes secundarios (agente político histórico en el país) a convocar masivas evasiones (“colarse” sin pagar) en las estaciones de metro en distintos puntos de la capital, lo que rápidamente fue extendiéndose a lo largo del territorio con diversas acciones. “No son 30 pesos, son 30 años” se escuchaba y leía en todas partes: ya no sólo salimos a las calles por el alza del pasaje, era por todo. Salimos porque nuestros cuerpos no pueden seguir sosteniendo un sistema tan despiadado, donde nuestras madres y padres hipotecan su vida para un mal vivir, donde estudiar en la universidad implica endeudarnos de por vida, donde la devastación de la naturaleza es implacable por el extractivismo, donde no te puedes permitir enfermar porque no tendrás dinero para pagar la consulta médica y la medicación, o incluso, temer a la vejez porque sabes que la pensión que recibirás no te alcanzará para un mínimo estándar de dignidad (en nuestro territorio el rango etario con mayor tasa de suicidio es el de los adultos mayores).
Fueron los meses más bellos marcados por una reconstrucción del tejido social y político a nivel popular increíble, y a la vez los más tristes por la arremetida po0licial y militar más potente vista desde que terminara la dictadura. Sebastián Piñera, el presidente de turno en su segundo mandato, declaró en cadena nacional a pocos días de iniciado el estallido “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, referiéndose como enemigo a un pueblo ejerciendo la legítima rebelión. Esta “guerra” fue bajo estos principios, por lo que la combatió como tal, con fuerzas policiales y militares en la calle, estado de excepción constitucional y toque de queda. Esos tres meses en algunas cifras: se reportaron 3.203 víctimas por violaciones a lo que llaman derechos humanos, más de 8.000 denuncias, de las cuales 226 por violencia sexual, 460 personas con traumas oculares, 35 con estallido ocular y 40 personas asesinadas. La policía iba por libre.
Pero como decíamos, también sucedieron cosas bellas: las organizaciones populares y los trabajos territoriales tomaron mucha fuerza, haciéndose de los espacios comunes como las calles, plazas, parques y centros vecinales. En los distintos territorios surgían asambleas de barrio generando diversas experiencias organizativas: desde ollas comunes a reuniones, comités de trabajo, redes de abastecimiento, se levantaron nuevos medios de comunicación como radios y prensa escrita, recuperaciones de alimentos en grandes supermercados, e incluso, se conformaron estructuras amplias que agrupaban a varias asambleas por cercanía geográfica, como los diversos cordones en el caso de Santiago. También en la calle y en las manifestaciones se dieron dinámicas de compartir al calor de las barricadas: mientras no dejaba de sonar “El baile de los que sobran”, canción de Los Prisioneros que fue uno de los himnos de la revuelta, los compas levantaban ollas comunes para luego salir a la calle y repartir platos de legumbres en carros de supermercados a quienes se mantenían durante todo el día en las manifestaciones. Por otro lado, había quienes se desplegaban en la “primera línea”, combate a cuerpo, piedra y mecha contra la policía, defendidos por escudos hechos con antenas de televisión satelital. A raíz de la brutalidad policial es que a los pocos días de iniciado el estallido surgieron distintos puntos de acopio de emergencia concentrados en los lugares donde había mayor represión, conformado por voluntarios de la salud que se dedicaban a quitar los perdigones y las b alas utilizadas por la policía, asistir a las mutilaciones oculares, a las personas afectadas por gases lacrimógenos, entre otras violencias físicas. Siempre volvemos a que sólo el pueblo ayuda a el pueblo.
Boric: “Más facho que los mismos fachos”
Lo que empezara de manera espontánea y con una potente legitimidad que levantó al pueblo desde el árido desierto hasta los últimos ríos del extremo sur, no terminó sino hasta el pacto de silencio de la casta política y el advenimiento de una epidemia mundial. La revuelta estaba en su clímax cuando el 15 de noviembre de ese año, los partidos políticos de todos los sectores pactan a puertas cerradas lo que fue el inicio del fin: firman el “Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución”, donde plantean una salida institucional a la revuelta convocando a un proceso constituyente, vendiendo la panacea que el redactar una nueva Constitución sería la cura de todos nuestros males. Por otra parte, este documento sería redactado dentro de unos márgenes legales bastante estrechos que se acordaron, por lo que no sería un texto libre sino viciado desde sus inicios (con restricciones, como por ejemplo, no desprivatizar el agua o la imposibilidad de tocar los tratados internacionales que perfeccionan el sistema neoliberal). Gran parte de la población adhirió a esta trampa, la que dio paso a una mayor: Gabriel Boric.
En los meses que duró la revuelta, Boric (en ese entonces diputado) criticó enérgicamente a Piñera, teniendo la desfachatez incluso de salir en alguna manifestación junto al pueblo, cumpliendo a la perfección su rol de progresista, miembro de aquella izquierda sin lucha de clases que no incomoda más allá de lo discursivo. Posteriormente, fue uno de los personajes principales de este acuerdo: fue la figura que lideró y encauzó el proceso pactando con la derecha del país, lo que le posicionó con más fuerza en el espectro público y le valió para ganar la elección presidencial en 2022.
Esta vía institucional desmovilizó la protesta social, encerrándola en los límites de la democracia burguesa que temblaba ante el escenario, y paralizada con la posterior pandemia que redujo las libertades de movimientos de las personas, precarizando aún más la vida de todos. El proceso constituyente y la figura de Boric fraccionó a las organizaciones, sobre todo a aquel gran sector político vacilante que se encandiló frente a esta “esperanza” encarnada en él, quien emerge como figura en los movimientos estudiantiles a inicios del 2000, y que actualmente reside en el ala progresista de la clase política chilena (partido Convergencia Social).
Pero sabemos que el fascismo se esconde en el velo del progresismo: “son más fachos que los mismos fachos”, como decimos allí. Boric asumió la presidencia en una reñida segunda vuelta, con el apoyo electoral justo para darle el triunfo, y con un amplio abanico de reformas legales bajo la manga que vino a robustecer el Código Penal creando nuevas figuras penales. Ejemplo de ello es la “Ley Anti Tomas”, que criminaliza la pobreza, a los movimientos de vivienda y pobladores, y, en especial, al movimiento mapuche de recuperación territorial al encarcelar a quienes ocupan o recuperan territorios. Por otro lado, la “Ley Nain Retamal” o “Ley Gatillo Fácil” otorga una grave impunidad a las fuerzas policiales para poder matar, herir y torturar al otorgar la presunción de legítima defensa, lo que exime de responsabilidad penal a los carabineros, incluso con efecto retroactivo. Gracias a esta ley muchos de los pocos policías que cumplían condena por hechos ocurridos en el estallido social quedaron en libertad.
Sin ir más lejos, con la muerte de Piñera en febrero de 2024, Boric fue el primero en rendirle homenaje con estas emotivas palabras: “Y también tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía. Y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito siempre, los mecanismos de la democracia y la Costitución”. De esta forma, defendió el legado de su “principal adversario” a quien interpelara en 2021 en el primer debate presidencial señalándole: “Señor Piñera, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los DDHH cometidas bajo su mandato”. ¿Estamos frente a un error de guión?
La ofensiva en Wallmapu
Pese a todo, una de las medidas más simbólicas y controversiales que ha practicado Boric en este tiempo0 es la de robustecer la militarización del territorio mapuche creando el “Comando Jungla”, cuerpo policial con entrenamiento y armamento militar, ejecutores de los allanamientos a las comunidades y quienes dieron muerte estos últimos años a Camilo Catrillanca (2018) y a Pablo “Toño” Marchant (2021). Boric tras asumir la administración del Estado, ha dictado estado de excepción constitucional en la zona (con militares y armamento militar) desde mayo del 2022 a la fecha, renovándolo de manera ininterrumpida.
Pero, ¿por qué tanta persecución en Wallmapu? Lo que ocurre hoy es el perfeccionamiento de las estructuras de dominación que operan en el territorio diezmado por alrededor de 500 años. Una vez más el sistema neoliberal está tras el telón, ávido por “materias primas” que nutran el capital. El modelo extractivista de los últimos 35 años liderado por las empresas forestales (y secundado por empresas de “energías renovables”: hidroeléctricas y parques eólicos), está destruyendo el territorio ancestral gracias a la usurpación facultada y facilitada por el Estado colonial chileno, ante lo cual parte del pueblo Mapuche realiza acciones de sabotaje a las empresas forestales y acciones de recuperación territorial para protegerlo y reivindicarlo.
En este punto nos queremos detener brevemente para precisar que la defensa que hacen las distintas organizaciones de recuperación territorial mapuche es una de protección a la Tierra, a la que se escribe con mayúsculas y no a aquella tierra que es entendida como parcela o propiedad privada. El pueblo Mapuche entiende que somos un todo, y por lo mismo, que somos iguales; que ninguna vida humana es superior a la existencia de un árbol o a la de un animal y que en los cerros residen los espíritus de los ancestros. A fin de cuentas, lo que hacen las empresas extractivistas de capital nacional e internacional es destruir la Tierra con monocultivo y dejarla incapaz de sostener una cosecha, de propagar la vida. El modelo extractivista vacía los ríos y lagos hasta la última gota para poder asegurar su sistema de explotación forestal y así poder destruir lugares ceremoniales de su cosmogonía. Es por esto que las acciones de sabotaje van dirigidas únicamente contra las maquinarias usadas para la devastación y en ningún caso contra vidas humanas, y menos las de los trabajadores, aunque se legitima el uso de la autodefensa en caso de ser necesaria. Por otro lado, es un movimiento autonomista de liberación nacional, entendiendo las demandas históricas del pueblo Mapuche invadido por los incas, luego los heroicos españoles, para después por los Estados chileno y argentino, donde ha sido despojado y reducido a un 5% del total de sus tierras (cifra del lado de Ngulumapu”). Para su autodeterminación como pueblo indígena, por lo tanto, es un elemento constitutivo el poseer su propio territorio.
Estrategias políticas para la persecución del pueblo mapuche
Boric no ha perdido el tiempo y ha enfocado sus esfuerzos políticos, militares y judiciales en perseguir a los miembros de las distintas organizaciones que realizan acciones de sabotaje y recuperación territorial, en especial contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), Weichan Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).
En el territorio se ha desplegado una cacería sin precedentes contra líderes, voceros y comuneros mapuche, quienes están en prisión en espera de juicio o de lectura de sentencia. Procesos judiciales viciados, ejemplares, racistas, discriminatorios y de intolerancia en contra del pueblo Mapuche y de quienes llevan a cabo acciones de recuperación territorial, los cuales terminan con condenas altas que van desde los 15 a los 35 años de cárcel. Sentencias que emanan de procesos donde no se cumplen con los estándares mínimos de la prueba para condenar y que pueden marcar precedente tanto en personas mapuche y no mapuche respecto a la persecución y condenas políticas.
Un ejemplo claro de este actuar lo vemos en el juicio llevado a cabo contra Héctor Llaitul Carrillanca, vocero histórico de la CAM, donde Fiscalía ha presentado como prueba testimonial la declaración de testigos “sin rostro”: personas cuya identidad es protegida, por tanto, relatos que no son posibles de rebatir ni de sopesar su veracidad porque no pueden ser investigados, lo que vulnera el Derecho a la Defensa. Como si la memoria fuese frágil, en el año 2014 el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no por la utilización de testigos sin rostros en un juicio que buscaba, precisamente, criminalizar la lucha del pueblo mapuche.
Por otro lado, se está incumpliendo de forma grave y sistemática lo estipulado en el tratado 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y que el Estado adhiere. En él se establece que, aún cumpliendo pena de cárcel, se deben respetar los derechos, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, ya que no por estar privados de libertad pierden la condición de miembros de pueblo indígena. Hay cárceles que encierran a comuneros mapuche que no cuentan con espacios específicos -con módulos propios- donde puedan ejercer su cultura, conversar, sentir y pensar, desarrollar su cosmogonía con los mínimos elementos y con trato digno a sus familiares y comunidad.
Sumado a este incumplimiento, Gendarmería bajo las órdenes del Estado chileno realiza graves violaciones a los derechos humanos de los presos políticos mapuches. Además de las cotidianas que se fundamentan en tratos racistas, recalcamos las que se sufrieron a raíz de la huelga de hambre (acción de lucha que caracteriza a los presos políticos mapuches) que sostuvieron 15 comuneros mapuche de la CAM entre noviembre de 2023 y el febrero de 2024, donde no facilitaban médicos para monitorear el estado de salud de los presos. Huelga que no obtuvo respuesta por parte de Boric y que fue silenciada absolutamente por los medios de comunicación hegemónicos. Y por supuesto, como la prisión no solo afecta a los cuerpos que están en el encierro, los familiares de los presos cada vez que realizan visitas a las cárceles reciben tratos vejatorios y racistas por parte de Gendarmería y la policía.
A modo de cierre de este apartado y para poder entender de manera global las estrategias actuales que se usan en la zona, nos queremos detener en la figura de Pablo Urquízar, quien está marcando líneas generales en torno a cómo tratar el conflicto. Cuando ocupaba el cargo de Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, vino a reunirse con autoridades políticas en Bilbo para compartir experiencias represivas contra el “terrorismo”. Él mismo se refiere al tema en estos términos: “tanto la ETA como la violencia en la Macrozona Sur tienen las características de terrorismo, es decir, estos actos delictuales graves pretenden infundir temor y terror en la población con la finalidad de hacer ver y exigir ciertos objetivos políticos (…) ambos (ETA y la CAM) corresponden al terrorismo nacionalista”Con esta información de vuelta, a fines del año 2023 publica “Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur: problemas y desafíos actuales”, su tesis en torno al conflicto y, en gran medida, el actual manual del “modus operandi” del actual gobierno. En líneas generales, critica a un Estado chileno negligente en las últimas décadas por no velar por la seguridad en el territorio, y le culpa del auge de violencia que se vive en la zona. Para contrarrestar la alarmante situación, propone una serie de medidas represivas a la vez que políticas reparatorias que buscan resarcir el daño de las “víctimas del terrorismo”. Llenándose grotescamente la boca con los derechos humanos, sitúa como pilar fundamental la seguridad que sólo se puede obtener a través de robustecer el sistema judicial y la participación de fuerzas policiales y militares. Toda esta propuesta es atravesada con un discurso permanente en el cual ensalza al pueblo mapuche como honesto y trabajador, el que lamentablemente se ve menoscabado por “orgánicas radicalizadas y terroristas” que operan en la zona, que en gran medida se dedican al narcotráfico y tráfico de madera.
Desde su gestión y posterior a su visita a estos territorios, se ha aplicado a los presos políticos mapuche la política de la dispersión, la que no había sido usada en el territorio. ¿Modelo de exportación? ¿Tantas son las similitudes en el conflicto entre Euskal Herria y Wallmapu que además buscan asemejarse en el tratamiento del mismo?
Con todo lo anterior, el Estado chileno con sus lógicas coloniales, racistas y neoliberales, resuelve bajo los parámetros de lo delictual, policial, militar y judicial, un conflicto que es esencialmente político y que responde a una demanda legítima e histórica por un territorio despojado y usurpado.
La situación de nuestros compañeros anarquistas en las cárceles chilenas y Mauricio Norambuena
La prisión política en Chile existe, a pesar de la insistencia de negarla por parte del poder. Además de los 70 presos políticos mapuche en las diferentes cárceles chilenas, están también privados de libertad otros compañeros por su pensamiento y actuar político. Compartimos los casos más simbólicos de prisión política.
El 7 de diciembre de 2023, el Estado chileno condenó al compañero anarquista Francisco solar a 86 años de cárcel y a Mónica Caballero a 12 años, por colocaciones de artefactos explosivos y lo que se calificó como “homicidios frustrados” de policías y un ex ministro del Interior. A pesar de que asumió expresamente su responsabilidad en los actos investigando declarando con lujo de detalles ante la Fiscalía y al Tribunal, al compañero no se le aplicó la atenuante de “colaboración sustancial”, y en el momento en que tanto él como Mónica ejercieron su derecho a declarar, al final de un largo juicio que fue transmitido íntegramente por Poder Judicial TV, sus voces fueron silenciadas.
“Junto con buscar sepultarme de por vida en este lugar, esta sentencia constituye claramente una señal amedrantadora para todos los espacios e individualidades anárquicas que se posicionan abiertamente por el combate en la medida que pretende terminar con prácticas ofensivas que se niegan a desaparecer y que demostraron su alcance y potencialidad en la revuelta de octubre”, escribe Francisco al conocer el fallo. ¡86 años! En sí misma es una especie de prisión perpetua encubierta o condena a cárcel de por vida, que demuestra que el poder encierra de por vida a quienes se merecen el tratamiento reservado de “enemigos del Estado”, incluso en este caso, sin haber llegado a matar a nadie.
Recordamos que Mónica y Francisco fueron detenidos y acusados en noviembre de 2013 de colocar un artefacto explosivo en la basílica del Pilar, en Zaragoza, y posteriormente condenados. El Estado español les sentenció a 12 años de cárcel por los delitos de lesiones y daños terroristas. Tras cuatro años en prisión, conmutaron el resto de la condena a cambio de la expulsión del territorio a Chile.
Antes de este suceso, en Chile los compañeros fueron acusados, junto a otras 12 personas, por colocación de bombas y asociación ilícita dentro del marco del “Caso Bombas” en 2010. Perseguían a los compañeros por una serie de artefactos explosivos que estallaron entre los años 2006 y 2010 en distintos puntos de la capital, y luego de una investigación de cinco años (con más de cuatro mil pruebas) encabezada por el fiscal rapiña Alejandro Peña y el entonces Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, fueron absueltos los seis compañeros que llegaron al juicio oral en 2011, entre ellos Mónica y Francisco, mientras que el resto fue sobreseído antes del juicio.
Otro compañero anarquista encarcelado es Marcelo Villarroel, quien cumple condenas emanadas de la Justicia Militar por la época en que fue procesado y el contexto político de sus acciones. Actualmente, ningún civil puede ser juzgado por un tribunal militar, y en concreto, su condena está finiquitada. Pese a que puede optar a la aplicación de la libertad condicional, ya que cumple con todos los requisitos para ello, los tribunales, en contra de todo principio penal, han aplicado de forma retroactiva una reforma al Decreto Ley 321 que regula la libertad condicional estableciendo requisitos más gravosos, por lo cual se le deniega el beneficio. Actualmente su equipo jurídico se encuentra trabajando en la presentación de un recurso de revisión, que busca dejar sin efectos las condenas de la justicia militar. Es la última instancia judicial que permite el entramado jurídico chileno, por lo que diversos colectivos y afinidades anticarcelarias trabajamos visibilizando esta situación y ejerciendo presión política para un fallo favorable.
Dedicamos estas líneas para hablar de Mauricio Norambuena, “comandante Ramiro” excomandante de la organización político militar Frente Patriótico Manuel rodríguez (FPMR) que enfrentó por vía armada y revolucionaria la dictadura de Pinochet. Mauricio cumple condena en la sección de Máxima Seguridad de la Cárcel de Rancagua por el ajusticiamiento de Jaime Guzmán en 1991 (principal ideólogo y asesor del tirano) y el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio, Cristian Edwards, en el mismo año. Sentenciado a doble cadena perpetua, en 1996 junto a tres rodriguistas protagonizan una espectacular fuga de la cárcel de Alta Seguridad en Santiago en helicóptero y dentro de un canasto. Ha estado más de 20 años en régimen de aislamiento y castigo, tanto en centros penitenciarios en Brasil como en chile. Como parte del movimiento anticarcelario, exigimos la condonación de la pena que ha cumplido en cárceles brasileñas, a su actual situación carcelaria en chile.
Para finalizar, tenemos presente y abrazamos desde este territorio al resto de compañeros anarquistas y libertarios que se encuentran en las cárceles chilenas: Juan Aliste Vera, Joaquín García, Aldo y Lucas Hernández, compañeros antiespecistas, Felipe y presos políticos de la revuelta, y a todos los corazones cómplices y afines.
¡Mientras haya miseria habrá rebelión!
¡Por la liberación de la Tierra y los territorios!
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Salud y Libertad!
La Tetera Libre
Extraído de la revista libertaria “Ekintza Zuzena” Nº50
