PERÚ: ENTRE EL ABISMO REPRESIVO Y LA ESPERANZA POPULAR
Breve contextualización social y cultural del Perú
Perú es un país que, como otros de Latinoamérica, tiene conflictos sociales de clase, combinados con cuestiones étnicas y con un racismo proveniente de la época colonial. Esto se da especialmente en el sur del Perú, la zona andina, que tiene una población mayoritariamente indígena, quechua y aymara, que son las lenguas y etnias mayoritarias, especialmente los quechuas. También hay conflictos en la zona amazónica, pero lo peculiar en el caso andino es que, desde inicios de la República, el Estado se ha construido en nombre de los pueblos andinos, aunque siempre marginándolos. Esto fue así hasta 1969 en que hubo la reforma agraria que modificó la tenencia de la tierra, que era de tipo semifeudal con haciendas donde los campesinos eran prácticamente siervos. Y esto lo modificó un gobierno militar, un gobierno de facto, una dictadura. Fue la peculiaridad que tuvo el Perú: el único gobierno digamos de “izquierdas” que tuvo en su etapa republicana fue uno de los militares, con un carácter de izquierda moderada, pero que hizo esas reformas. Y no se había vuelto a tener presencia andina en posiciones de gobierno hasta la elección de Pedro Castillo el 2021. De los 65 presidentes que ha tenido el Perú en su vida republicana sólo dos han sido o han intentado ser de izquierda, y sólo uno ha sido de origen campesino y andino, aunque las poblaciones andinas son el grupo étnico mayoritario del país. La mayoría de esos presidentes han sido criollos, es decir la minoría blanca en un país mayormente mestizo e indígena. Otra paradoja es que la primera presidenta mujer que asume el cargo, es de forma autoritaria, ilegítima y con una represión mayor que otros gobiernos. En este sentido, una de las consignas planteadas por feministas ha sido “soy mujer y Dina no me representa”.
Elección y gobernanza de Pedro Castillo. Conflicto político/social y represión
¿Por qué fue peculiar la elección de Pedro Castillo? Porque, aunque son otros tiempos y los campesinos han ido accediendo también a ser profesionales, era la primera vez que un profesor, que sin dejar de ser campesino, llegaba a la presidencia. En un contexto, además, de polarización muy fuerte en el país porque la otra candidata era Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el último dictador que tuvo el Perú en el siglo XX, quien ha participado en política durante los últimos 20 años y en tres oportunidades ha estado a punto de llegar a la presidencia, aunque finalmente siempre ha perdido. Además del rechazo al Fujimorismo, que es lo que le permitió el triunfo a Castillo (al igual que a sus antecesores) se sumaba una esperanza simbólica para la población. Por primera vez tenía un presidente que venía del campo, que venía de la Sierra. Sin embargo, desde un principio el gobierno de Castillo fue saboteado por sus opositores, el fujimorismo principalmente, derrotados en la elección, pero también por parte de la oligarquía en general, que siempre lo trató con sesgo racista. Las críticas que le han hecho a este gobierno no se las hicieron de la misma forma a los gobiernos anteriores, era como que por ser un campesino tenía que ser más criticado.
Porque en este siglo, en los últimos 20 años, ha habido gobiernos que han ganado con un discurso, digamos de izquierda, con una propuesta mas o menos populista de incorporar en su programa las demandas populares, pero una vez llegados al gobierno negociaban y la oligarquía los pasaba para su lado. La derecha, siempre terminaba triunfando aunque hubiera perdido en las urnas. En el caso de Castillo no le dieron tiempo ni a eso y no tuvo el respaldo para implementar las reformas que se planteaba o que había prometido en campaña. Su gobierno no disponía de muchos cuadros técnicos, cometió varios errores y también cayó en actos de corrupción, aunque mucho menos que gobiernos anteriores. La prensa, controlada sobre todo por la derecha y por las élites de Lima, estuvo al acecho y sobredimensionó los problemas y errores para hacer ver al gobierno de Castillo como peor que los anteriores. Sin embargo, desde nuestra perspectiva creemos que no fue peor sino similar. En algunos casos, en aspectos simbólicos, mantuvo esa imagen de reivindicación del Perú andino, pero no pasó de eso, no llegó realmente a hacer las reformas que se planteaba, en parte porque no tenía la fuerza en el congreso o en el parlamento, y tampoco tenía el control real sobre los poderes fácticos del Estado. Esto se apreció el 7 de diciembre del 2022, cuando en un discurso Castillo anunció la disolución del Congreso, y en realidad no sólo no obtuvo el respaldo de las fuerzas armadas y policiales, sino que lo derrocaron a él, le hicieron un contragolpe que instauró el gobierno dictatorial actual.
Las demandas populares durante el gobierno de Castillo fueron sobre todo que se concretasen las promesas que había hecho el candidato durante la campaña electoral. Una de las demandas principales de la población (sobre todo de sectores rurales, campesinos, indígenas…) era que se cerrase el congreso, o sea, que pedían una medida antidemocrática. Creo que esta demanda es un síntoma de cómo la propia población ve el sistema democrático del Estado peruano. Ya no hay confianza y, por tanto, lo que principalmente se pedía era el cierre del Congreso y las reformas prometidas, entre ellas convocar una asamblea constituyente. No había mucha crítica a su gobierno, lo que le pedían era que cumpliera sus promesas, pero no hubo tiempo. Fue un año y medio que Castillo estuvo peleando con sus opositores y no tuvo la oportunidad de abandonar sus banderas, porque en realidad no llegó a aplicarlas en la práctica. En medio de esa incertidumbre, la población, sobre todo rural, exigía estos cambios.
En el Perú tenemos unas leyes que permiten que se puede vacar a un presidente más o menos fácilmente. Se le puede retirar el cargo, y asume el vicepresidente, en el caso de que haya una mayoría absoluta del Congreso que así lo vea; incluso no se necesitan causas muy precisas porque existe la figura de “incapacidad moral” con la que ya intentaron vacar y vacaron a otros presidentes anteriormente. En el caso de Castillo, el Parlamento ya había planteado en dos ocasiones pedidos de vacancia, y no lo lograron por falta de votos suficientes, pero en diciembre de 2022 había un tercer pedido de vacancia y había mucha tensión. Entonces, el 7 de diciembre sale Pedro Castillo diciendo que va a implementar el principal pedido de la población en esos momentos que era disolver el Congreso. Por la forma en que lo hizo y los términos que usó, su discurso fue similar al que había dado Fujijmori el año 92, que fue el inicio del autogolpe que dió y que instauró una dictadura cívicomilitar que promulgó la Constitución que actualmente tenemos. Tras su destitución fue nombrada su vicepresidenta, Dina Boluarte, que ya había estado negociando con la oposición de Castillo formada por los sectores más conservadores dentro del Parlamento.
Boluarte juramentó horas más tarde. Cuando se esperaba que dijese que iba a convocar nuevas elecciones (por que había prometido varias veces que si sacaban a Castillo ella también se iba) declaró finalmente que iba a completar el período de mandato hasta el 2026, en alianza con el Parlamento, que lo celebró. Esto generó una protesta y movilización casi inmediata de muchos sectores de la población, que consideraron que se trataba de una traición y de un golpe de Dina Boluarte y del Congreso contra Castillo, lo que contrastaba con el discurso oficial que afirmaba que lo que habían hecho era rescatar la democracia del intento del golpe de Castillo. O sea, fue un enredo político, de los que en Perú no son ni tan escandalosos, ni tan sorprendentes. La política ha estado desenvolviéndose así durante muchos años. Lo interesante y peculiar fue que cuando Castillo dio su mensaje, mucha población lo solo cuando el nuevo gobierno respaldó, es decir, aunque estaba intentando un golpe de estado, buena parte de la gente lo apoyó igual. En este sentido, fue un error el que muchos de los grupos políticos de izquierda condenaran el intento de golpe de Castillo y saludaran el nombramiento de Boluarte. Sólo cuando el nuevo gobierno comenzó a reprimir, se dieron cuenta de que lo que se estaba instalando era una nueva dictadura.
Los primeros días comenzó a manifestarse la gente en las ciudades. Jóvenes y activistas se movilizaron de forma espontánea, sin mucha presencia de los partidos políticos de izquierda o de las grandes centrales sindicales. Tanto fue así que una de las firmas que se vio por todos lados fue “autoconvocados”. La gente decía no pertenecer a ningún grupo sino que se habían convocado ellos mismos. Después comenzaron a movilizarse las poblaciones del interior del país, de las regiones y de las zonas rurales, y ya para los días 10, 11 y 12 de diciembre había diversos conflictos con enfrentamientos y represiones fuertes. Era previsible que, como en movilizaciones sociales anteriores, la represión pudiese lastimar, herir y hasta matar personas, pero en general era algo esporádico, y era un escándalo que pudieran morir dos o tres personas en una protesta. Sin embargo, durante los primeros días de las protestas, en Andahuaylas, por ejemplo, hubo seis fallecidos y , en Ayacucho, diez, hasta llegar al extremo0 el 9 de enero en Juliaca, donde mataron a dieciocho personas. Algunas investigaciones periodísticas realizadas posteriormente han demostrado que en todos los casos las muertes no se dieron en los enfrentamientos, en el momento de la represión misma o durante los intentos de tomas de aeropuertos, sino cuando ya la gente había sido dispersada. parece claro que la orden que recibieron los cuerpos policiales fue la de aterrorizar a la población para que no siguiese protestando.
Tras las primeras semanas la protesta comenzó a convertirse en mayoritaria en el sur del Perú, el sur andino, sobre todo en las poblaciones de comunidades campesinas, que se organizaban y bajaban a las ciudades. Por ejemplo, diferentes ciudades como Cusco, Puno, Arequipa o Juliaca fueron tomadas de forma rotatoria.
La protesta se fue extendiendo al punto de decidir marchar a Lima, donde también había protestas y había delegaciones que llegaron desde distintas regiones del país. Así, el 19 de enero se planteó la “toma de Lima”. Fue sobre todo una protesta rural y mayormente proveniente del sur del país por parte de las delegaciones que llegaron durante todo el mes de enero y febrero de 2023. La población limeña no participó mucho en las movilizaciones, aunque si mostró su solidaridad. Quienes tomaron parte fueron en general los activistas, la gente local que siempre se movilizaba.
En ese proceso, las demandas principales eran la renuncia de Dina Boluarte (porque no se aceptaba la represión), el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones y de un referéndum para aprobar una asamblea constituyente que posibilitase el cambio constitucional. Un sector de la población ha estado reclamando siempre también la libertad de Pedro Castillo, que sigue preso.
Objetivo Lima
Como una forma de relanzar la lucha se dieron en abril, mayo y junio de 2023, algunas movilizaciones, pero se concentró las fuerzas para el 19 de julio en que se convocó la tercera toma de Lima. Tercera, porque en enero y febrero habían sido las dos primeras. ¿Por qué Lima y por qué la fecha? La fecha coincide con seis meses de la primera toma de Lima y porque el 19 de julio también es un recuerdo de una huelga histórica que hubo el año 1977, con la que lograron que la dictadura de entonces convocara una asamblea constituyente para volver a la democracia. Se trataba pues de un recuerdo al que se podía apelar. Y Lima porque la idea, el sentimiento generalizado de estas luchas ha sido que Lima es la capital, es el centro de poder y es donde hay que hacerse ver y escuchar. Somos una población despreciada, marginada y queremos que nos vean y participar políticamente. Queremos hacer que nuestra voz se escuche y la forma de que nos escuchen es hacer que este gobierno se caiga. Y eso es lo que impulsó esta lucha.
Es interesante el término, porque normalmente se decía marcha o movilización a Lima, pero lo denominaron “toma” porque la idea de tomar, de ocupar un espacio, simbolizaba que el Perú del interior ocupaba Lima. Y partiendo do lo que se vio en las primeras tomas, la idea para esta tercera toma fue sobre todo que no sólo fuese la gente de provincias y la del sur los que se movilizaran, sino la de Lima también. De hecho, se logró la participación de las centrales sindicales, que convocaron también ese día a sectores de clase media, universitarios, urbanos populares… Además, en todo el país se produjeron más movilizaciones, al menos entre el 19 y el 28 de julio, que además, es el día nacional peruano.
Así como las movilizaciones, las tomas y los bloqueos de carreteras generaron en el sur del país desabastecimiento y subida de precios, Lima no se vió apenas afectada, y era como constatar que Lima puede vivir al margen del Perú, ya que, en el contexto de la globalización, muchos de los alimentos y productos que se consumen allí son importados y gran parte de la producción local también se destina a exportación.
Esto hizo que se reflexione también sobre la forma de lucha para esa tercera toma, y se buscase el apoyo de sectores de la clase media urbanos, y aunque se han sumado a las protestas, la población del sur siempre ha sido la vanguardia, sobre todo de Puno y de origen campesino. Incluso partidos de izquierda que al comienzo estuvieron dudosos y que no tuvieron una participación inmediata en las protestas se sumaron también a esta tercera toma.
Contexto actual
Las movilizaciones han disminuido al conmemorarse un año de las fuertes represiones, sigue habiendo grandes manifestaciones y actos culturales, pero ya no en la magnitud de la protesta anterior. Ahora la demanda principal es pedir justicia para las víctimas, aunque la agenda principal se mantiene. El gobierno tiene un 90% de rechazo, pretenden hacer ver que el país está funcionando pero en distintas localidades se producen rechazos masivos ante la presencia de algún representante importante del gobierno. Ambos campos en conflicto llegaron a un punto en el que no podían ceder. El gobierno decidió quedarse hasta el 2026 por lo menos, no atender las demandas populares y reprimirlas, aunque con un nivel menor. La casta gobernante sabe que si cede un poco puede perder mucho, porque la protesta no se va a calmar y la gente va a seguir pidiendo más. Por eso Dina Boluarte y el parlamento se niegan a renunciar o a adelantar las elecciones. Por otro lado, la población que se manifestó tampoco podía ceder, ya que se habían producido alrededor de 70 muertos, 50 de ellos directamente asesinados por la represión en distintas regiones del país y no se podía dejar pasar eso, no podía quedar impune y no se podía retroceder o ceder porque el gobierno terminaría aplastando todo.
El gobierno es insostenible pero se está sosteniendo a la fuerza con el respaldo del gran empresariado y de las fuerzas armadas y policiales. Es, creo, la dictadura con menos respaldo popular al que agarrarse. Todas las dictaduras en el pasado han tenido algún tinte populista y algún sector de la población que lo respaldaba, siquiera un 30%. En este caso no llega ni al 15%. Pero se están imponiendo, así a la mala, y todo lo que hicieron entre diciembre y febrero de 2023, donde se produjeron las represiones más violentas y arbitrarias, fue un acto claramente de terrorismo, de aterrorizar a la población, para que la gente tenga miedo y ya no salga a protestar. Y de alguna manera les funcionó porque en protestas posteriores, aunque el rechazo al gobierno y el respaldo a las manifestaciones y a la protesta ha crecido, sin embargo, la participación activa en las mismas ha disminuido. Mucha gente de las ciudades, mucha gente de población civil que no es muy política, que no pertenece a organizaciones, tiene temor a salir a protestar. A diferencia de lo que pasaba anteriormente, cuando sí salías a protestar te podían caer lacrimógenas, podían golpearte… pero ahora, si sales a protestar, te pueden matar y no solo si sales a protestar, incluso si sales simplemente a mirar la protesta. Ese es el mensaje que quedó. Y es por eso, tal vez, que en las regiones y en las zonas donde la gente tiene más trayectoria de enfrentar y resistir ante la represión, sobre todo los lugares donde había conflictos mineros, por ejemplo, es donde se resiste más. Ese temor que muchos están sintiendo en el país, ellos ya lo han experimentado antes y a pesar de eso han seguido luchando. En resumen, esta política de aterrorizar al pueblo, de meter miedo, de alguna forma ha afectado a la lucha, y por eso es admirable que la gente haya seguido protestando.
A la vez el gobierno ya es prácticamente una dictadura así declarada, porque actúan arbitrariamente en todos los terrenos. Por un lado, el congreso se ha ocupado de copar instituciones del Estado como la defensoría del pueblo, el Tribunal constitucional… y quieren copar el jurado nacional de elecciones, la Junta de la Magistratura, la fiscalía, el poder judicial… todo controlado por el actual gobierno de facto. Por otro lado, la policía actúa impunemente y prohíbe manifestaciones, concentraciones, protestas, la libertad de expresión,,, hay una persecución a la prensa alternativa, incluso a periodistas y corresponsales extranjeros, es una satrapía, una dictadura como las más bravas que hubo en el siglo XX, y la lucha entonces se convierte en un reto muy complicado.
Llegados a este punto, valoramos que hemos visto una fuerte protesta que ha logrado influir en otros sectores de la población y sumarlos. Por su parte, el gobierno con el tiempo ha intentado modular el nivel de represión, que sigue siendo violento, arbitrario, pero ya no hay estas acciones de aterrorizar a la población, de matar de frente. Un gobierno que se mantiene, y por más que todo el país se movilice, no va a ceder porque hay muchos intereses en juego. Si Dina Boluarte renunciase ahora, acabaría en la cárcel en unos días, porque su responsabilidad es ineludible. Entonces, se está autoprotegiendo, al igual que se protegen todos entre sí. También por el sesgo racista y clasista que tiene la élite gobernante de este país, que no quiere ceder ante lo que quieran los “indios”, algo así como pensaban los gamonales(hacendados) en el pasado. Incluso se vió en que en los días en que la protesta incluyó a gente universitaria, de clase media, de gente urbana… la represión fue menos violenta que cuando la movilización fue realizada por la población andina rural.
Las organizaciones que se han formado en esta lucha han estado reflexionando todo lo que ha pasado y lo que está pasando y sobre cuáles deben ser los siguientes pasos. Las lecciones de la lucha que se sacan en la lucha, quedan ahí. No se puede permitir la impunidad, pero tampoco se puede seguir peleando todo el tiempo de la misma forma, haciéndose reprimir y, en fin, no vemos ahorita todavía perspectivas claras de lo que viene, pero algo tiene que venir.
Articulación de las comunidades campesinas y sectores populares en lucha
Un aspecto interesante fue que se despertó una solidaridad grande, y la mayoría de las movilizaciones, desde diciembre hasta marzo de 2023, se dieron de manera autoconvocada y espontánea. El gobierno decía que todo estaba planificado y denunciaba que detrás había gente que estaba manipulando a la población, grupos de izquierda o grupos terroristas de los años 80 que ya no existen… O si no, que eran grupos políticos venidos de Bolivia, de Venezuela o de cualquier lado. Es decir, las acusaciones de siempre, también con un sesgo racista, porque parece que la población andina no tiene capacidad para protestar si no es manipulada por alguien. Pero mientras se decía eso, en realidad, asociaciones campesinas de las provincias, se organizaban en base a su tradición colectivista milenaria para participar masivamente en las movilizaciones. Los grandes sindicatos también participaron en las protestas, pero no fueron los convocantes, sólo dieron su respaldo porque había que estar ahí. Por otro lado, para atender y apoyar a las delegaciones de las provincias que venían a protestar, a manifestarse en la ciudad, colectivos ciudadanos, primero universitarios y luego de otro tipo, organizaron ollas comunes donde la gente iba a donar víveres para alimentar a toda esta población. Fue interesante porque se organizaron también brigadas de salud, de primeros auxilios, con gente que tuviera conocimiento en ese terreno, y también como apoyo ante la represión. El nivel represivo fue brutal, pero se había despertado una solidaridad que luego se mantuvo. Sin embargo, al prolongarse tanto la protesta, fue disminuyendo en intensidad, y al final quedó reducida a pequeños grupos, a ciudadanos que se manifestaban con actos simbólicos de tiempo en tiempo, salvo en la región de Puno que mantuvo la protesta bastantes meses. Puno fue el lugar más reprimido, y a la vez donde el nivel de conciencia y el discurso de reivindicar el derecho de los pueblos a su territorio y enfrentar el extractivismo estaba más fuerte, ya que es una zona donde hay reservas de litio, que es ahora algo muy apetecido por las transnacionales extractivistas. Estas comunidades han sido el soporte de esta lucha y se han vuelto, digamos la vanguardia. Esta región, con población quechua y aymara, limita además con Bolivia, con quien siempre hay contacto y se da una interrelación con los movimientos sociales de ese país, razón por la cual el gobierno al comienzo lanzó la acusación de que eran los que estaban manipulando todo.
El peso y conflicto del extractivismo
Es importante destacar que en las últimas décadas, en las zonas rurales andinas, principalmente, pero también en zonas de la costa y de la Amazonía, ha habido conflictos sociales relacionados con el tema del extractivismo, con la presencia de proyectos mineros, pero también petroleros o gasíferos (como en la selva amazónica) o hidroeléctricos. Esas poblaciones han ido desarrollando una experiencia de lucha y de resistencia contra estas empresas transnacionales que utilizan los instrumentos y las instituciones del Estado, la policía y el ejército para reprimir las protestas y para proteger a las mineras. El gobierno, sus leyes, el parlamento, los medios de comunicación…todos han estado al servicio de las empresas mineras. Varias de las poblaciones que han estado protestando con fuerza venían de esas experiencias de lucha, y una de las demandas fuertes que se exigían a Castillo, y que siguen reivindicando de cara a un cambio constitucional, es el tema de que los recursos naturales estén realmente en manos de las poblaciones de la nación. En la actualidad dichos recursos pertenecen en teoría a la nación a través del Estado, pero éste, de acuerdo con la Constitución, los puede otorgar en concesión. Y ahí surge el conflicto, porque se otorga una concesión y en la práctica la empresa concesionaria se convierte prácticamente en el patrón de la zona y llega a pesar más que el gobierno mismo. Eso lo vimos sobre todo en el conflicto de la provincia de Espinar, en Cusco, en el año 2012, cuando la protesta estuvo liderada por un alcalde, Óscar Mollohuanca, que falleció en 2022 en un accidente muy extraño. El, como representante del Estado se puso del lado de la población para frenar a la empresa minera, que fue quien impulsó a las mismas instituciones del Estado para apresarlo, para reprimirlo a él y a todo su pueblo. Ahí se vio que en realidad, y de forma evidente, el modelo de estado que tenemos está al servicio de las empresas, y en los últimos años en varias regiones del país esta realidad se ha ido agravando. Esta situación ha propiciado que interactúen poblaciones de distintas provincias, distritos y localidades, que se han ido intercomunicando para aprender de las experiencias mutuas, y se ha ido generando un proceso, más que de coordinación y articulación -que no se ha logrado realmente- si al menos de conciencia común, de percibir que hay un problema general, cuya raíz es la Constitución que la dictadura de Fujimori promulgó de manera fraudulenta en el año 1993.Desde entonces las grandes transnacionales han promovido el despojo de los territorios, sobre todo indígenas. Además, se entendía que tras la reforma agraria de 1969 las tierras habían pasado a la propiedad colectiva de la población, desapareciendo las haciendas que acá se las conocía como los “gamonales”, donde se daba una explotación bárbara. De alguna manera, loas mineras, las transnacionales venían a resucitar el recuerdo de los gamonales. Por otro lado, en la actualidad las poblaciones indígenas se encuentran más comunicadas con la sociedad en general. Aunque mantienen sus tradiciones comunales, muchos jóvenes llegan a ser profesionales y están en contacto con zonas urbanas y muchos de ellos acaban siendo dirigentes comunitarios.
Perspectivas desde una óptica libertaria
Desde una perspectiva libertaria, observamos una lucha de clases mezclada con el tema étnico que se da en nuestro país. A la vez se ha ido cargando durante varios años este estallido, no ha sido solo contra un golpe de Estado, contra un gobierno ilegítimo, sino contra una forma de sociedad forjada por el capitalismo neoliberal. La gente está contra eso y por eso puede parecer contradictorio que anarquistas apoyemos la demanda de una asamblea constituyente, de una constitución, que es lo más estatal que existe. Lo que pasa es que hay que entender esto como un símbolo. La gente lo que está pidiendo no es que cambie una constitución para tal cosa o tal otra y para que haya mejoras, sino como una posibilidad de que la voz del pueblo sea escuchada de una vez. Y básicamente son dos aspectos lo que se quieren cambiar de la constitución. En primer lugar, en el capítulo económico, que es el que avala a toda esta política extractivista. Todas esas poblaciones que han estado peleando contra la minería, contra agronegocios, contra las petroleras, contra las hidroeléctricas, contra todos los megaproyectos de las trasnacionales…, ven la oportunidad de que esto se modifique. En segundo lugar está el modelo de Estado, que es muy centralista y racista. La propuesta es que sea un Estado plurinacional y descentralizado y que, a semejanza del boliviano, reconozca la participación de otras nacionalidades dentro del país. Las poblaciones movilizadas quieren tener mayor participación política, pero la quieren tener como poblaciones, no como individuos, y aquí viene una contradicción con la idea democrática de los partidos políticos, de la democracia representativa, que no es lo que se está pidiendo. La población está pidiendo algo que de alguna manera vive en su lógica comunal, que es asamblearia y participativa, y quieren que eso se refleje de algún modo en el Estado. Por eso la pelea por cambiar la constitución es una pelea simbólica, es en realidad abrir una puerta.
¿Cómo contribuimos nosotros o cómo nos vemos dentro del proceso? Nos inclinamos por escuchar la voz de la población. Quizás nuestro deseo sería que la gente tenga un nivel de conciencia que vaya más allá del Estado, pero en este momento la conciencia de la población llega a que el Estado les escuche y tome en cuenta sus demandas. Esa es la pelea, y no podemos ser ajenos a esa demanda. Hay algún atisbo de posibilidad de plantearse más autonomía regional, hay, por ejemplo, un manifiesto de autoridades tradicionales de Puno que han dicho que van a desconocer las autoridades que nombre el Estado, al gobierno actual, como una manera de protesta. En realidad si, hay una posibilidad de una lógica más autonómica, más de autogestión, que se podría gestar de este proceso, pero es algo que tine que salir de la misma población. No es cuestión de que nosotros lo planteemos como un discurso activista mayormente urbano y universitario. Hemos reivindicado siempre el colectivismo andino, la lógica de la comunidad, que en el idioma quechua se llama “ayllu”, y esta lógica colectiva y asamblearia de democracia directa esta presente y existe. Sin embargo, los activistas anarcos y libertarios no hemos logrado que haya un diálogo real entre esas posiciones, entre esas tendencias que apuntan a lo mismo, una que viene de la tradición milenaria y otra que viene de las corrientes modernas. Pero digamos que nos ayuda a leer más allá, a entender el proceso más profundamente de cómo lo pueden entender los políticos o los grupos de izquierda, por ejemplo, que al final siguen apostando a la lógica partidista y a participar en espacios legales democráticos institucionales que son los que te permite el sistema.
Lo que se ha visto estos meses, lo que se está viviendo en el país es cómo la población puede politizarse rápidamente desde abajo para hacer oír su voz, pero a la vez cómo el Estado puede cerrarse con lo más terrible de lo conservador y autoritario para reprimir justo esa voz, porque le tiene miedo, teme que esto realmente sea más que una protesta y que haya un proceso de cambio que pueda influir, que pueda afectarles. Por eso las élites se cierran.
Es difícil ahorita plantearnos cuáles son las perspectivas hacia adelante, qué va a pasar, pero definitivamente el país ha cambiado, el país se ha fragmentado, tiene un gobierno controlado directamente por las élites, que se han quitado las máscaras y se han mostrado como lo que son, que son racistas, que son violentos y que se creen con el derecho de controlarlo todo a cualquier precio. Los protocolos que se usaban antes, las apariencias democráticas se han dejado, al punto que hay sectores de clase media, liberales, y en la derecha democrática, que también critican al gobierno.
Por otro lado, la izquierda marxista tradicional, que hace 30 años fue muy fuerte en el país, pero que luego se vio afectada por la c0s del país, ligados a partidos de izquierda, en apariencia grandes, pero que no son realmente partidos de masas. En el contexto de una sociedad poco organizada, los partidos de izquierda, aunque han incorporado la temática feminista o indígena en sus programas, se mueven bajo la misma lógica y no terminan de entender el proceso, y cómo se produce la respuesta política que surge del cansancio de la población. Así, los actores visibles, las personas que dirigen o están en las organizaciones de combate, las que han creado las primeras líneas, las brigadas… son rostros nuevos, gente que no ha estado en la lógica del activismo político o partidario de los últimos años. Lo que hacen los partidos es querer captarlos, y eso genera más desconfianzas. Algunos dirigentes de izquierda mantienen sus viejas prácticas, incluso el manejo económico de sacar una ventaja de las múltiples donaciones que se dan, todo esto que se le critica a la vieja izquierda se ve en el proceso también, pero también se ve que hay un cansancio de ésto. Esto hace que la protesta sea más desorganizada, pero a la vez es por ello tan interesante y tan potente. A pesar de que hay fallos organizativos y de que las organizaciones tradicionales no ayudan y tampoco la desconfianza de la población movilizada, estas coincidencias que se dan en términos de agenda, en términos de estrategias, son interesantes porque se producen en este contexto.
No es que el movimiento social peruano esté fuerte y consolidado, sino que es un movimiento potente que se está armando en el proceso. Y ahí creo que el rol de todos nosotros es apoyar a que esto se dé, apoyar a los que lo están impulsando desde abajo y tratar de que no se cometan los errores a los que siempre nos han llevado los grupos de izquierda tradicional. Es un reto muy grande pero que puede generar mucha esperanza, también mucha frustración, mucho temor, porque la situación es bien complicada.
Roberto Ojeda
Extraído de la revista libertaria “Ekintza Zuzena nº50”
