COMO LAS CORPORACIONES DERROCARON LA DEMOCRACIA(II)
Algunos países pobres se habían mostrado escépticos y reacios desde el principio al sistema jurídico internacional de arbitraje. Fue percibido como una amenaza a la soberanía, como se constataba ahora en El Salvador. Un grupo de 21 países -19 de América Latina, más Filipinas e Irak- votaron en contra de las propuestas del Banco Mundial en su reunión anual de 1964, celebrada en Tokio: “El nuevo sistema otorgaría al inversor extranjero, por el hecho de serlo, el derecho a demandar a un Estado soberano fuera de su territorio nacional, sorteando los tribunales de justicia. Esta disposición es contraria a los principios jurídicos aceptados en nuestro país y conferiría de facto un estatus de privilegio al inversor extranjero, colocando a los nacionales del país en cuestión en una posición de inferioridad”. A aquello lo llamaron “El no de Tokio”. Sin embargo, la propuesta siguió adelante pese a la oposición de algunos. Fue la primera vez que una resolución del Banco Mundial de esta importancia salía adelante con tanta oposición. Desde El Salvador hasta Sudáfrica muy probablemente los funcionarios del gobierno que adoptaron el sistema de arbitraje no sabían en que sistema se estaban metiendo. No podían saber que la independencia de sus países estaría en juego una vez que cedieran el poder a este sistema, a sus tratados y sus tribunales. Algunos lo sabían desde el principio y dejaron claro sus preocupaciones. Un bloque de países en vías de desarrollo había plantado cara para defender su soberanía. El sistema completó su implantación, a pesar de todo.
Dadas las cantidades de dinero en juego, demandar a los gobiernos en los tribunales internacionales a través del sistema de arbitraje se había convertido en un negocio muy lucrativo. Se había desarrollado una enorme industria en torno a este ámbito jurídico, con su propio y elegante circuito de conferencias, publicaciones especializadas y premios sectoriales. También había asesores especializados en ayudar a inversores y multinacionales a estructurar sus negocios en el extranjero de cara a garantizarse el acceso al sistema mediante los “mejores” tratados. “Ha dejado de ser magia negra. Ahora casi todos los bufetes, incluso los de tamaño medio, dirán que si, que pueden defender arbitrajes”. Las demandas solían ser supervisadas por tres “árbitros” profesionales pertenecientes al tribunal. Estas personas a menudo son “abogados contratados a quienes les importan un bledo las obligaciones en materia de derechos humanos”. La mayoría eran hombres europeos o norteamericanos. Entre ellos había antiguos funcionarios gubernamentales, así como antiguos (o actuales) asesores y abogados corporativos. Las demandas de arbitraje se consideraban cada vez más como un “tipo de activos” en sí mismas. Ahora hay sectores financieros especializados que invierten en ellas y se llevan una parte de las potenciales indemnizaciones.
Algunos bufetes de abogados hablaban explícitamente de ganar “influencia” a través de los casos presentados por medio de este sistema. El bufete estadounidense K&L Gates sugería que se utilizase la amenaza de este tipo de demandas a modo de “herramienta de negociación” con los gobiernos. Otro bufete británico, Clyde&Co, afirmaba que se podía usar la “potencial publicidad negativa” de una demanda como “apoyo en caso de disputa” con un Estado. En última instancia, se trataba de un desafío a las políticas de un Estado con vistas a iniciar una explotación minera.
Para los inversores extranjeros, estos tratados “ofrecen protecciones potencialmente mucho más generosas que las legislaciones locales. Por eso a los inversores y a sus Estados les gustaría que esos acuerdos siguieran en vigor”. Pero, desde la perspectiva de los países en desarrollo y de los intereses de la población y las comunidades pobres, estos acuerdos no parecen tan buena idea. Lo más preocupante es que no permiten “cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos (…) ni que el Estado disponga de margen para regular y redistribuir, que es lo que nuestra Constitución dice que haga”. Una de las consecuencias de este tipo de tratados es lo que denominan “enfriamiento normativo”, por el que los gobiernos deciden no aplicar –o al menos atenuar- determinadas políticas por temor a que puedan provocar demandas en el marco del sistema inversores-Estados.
“No existía ninguna conexión entre la firma de tratados y la obtención de inversiones”. “Las empresas no vienen a invertir a un país porque tenga o no un tratado de inversión bilateral. Invierten si pueden sacar beneficios”. Este sistema jurídico global parecía ofrecer a los inversores extranjeros una especie de seguro secreto contra toda amenaza contra sus intereses, presentes o futuros.
La conferencia de San Francisco de 1957 se situó en medio de la guerra fría y de una oleada de crecientes movimientos antiimperialistas en los paises en desarrollo. El poderoso sistema de control de las elites, el colonialismo, se resquebraajaba y los movimientos de liberación amenazaban con desestabilizarlo o destruirlo. El entonces presidente del Banco Mundial dijo: “la gente debe terminar aceptando la empresa privada, no como un mal necesario, sino como un bien positivo”, al tiempo que los gobernantes deben hacer algo más que “tolerar” a las empresas: “deben dar la bienvenida a sus contribuciones y esforzarse por atraerlas e incluso cortejarlas”. El banquero alemán Abs denunció la conocida actitud de algunos países no alineados, según la cual el mundo occidental, de hech0o, está obligado a paga r por el progreso de sus economías. Descartando posibles solicitudes de reparaciones, presentó en su lugar una estrategia épica para contratacar con una “carta magna para la protección de los intereses en el extranjero” y un nuevo “tribunal internacional especial de arbitraje, para juzgar las violaciones a la misma”
Estados ricos y poderosos habían intervenido militarmente para proteger los intereses empresariales (Guatemala, Egipto). Abs denunció “las injerencias indirectas en los derechos del capital privado extranjero”, incluidos los casos de Estados que niegan el acceso de las empresas a “materias primas esenciales” o a concederles las licencias necesarias. Los “excesivos impuestos” fueron otro de sus ejemplos de intromisión “injusta” que, según dijo, su propuesta podía ayudar a contrarrestar. El plan del banquero alemán consistía en crear un nuevo sistema jurídico supranacional a través del cual los inversores pudieran demandar directamente a los gobiernos extranjeros. Abs presidía un grupo llamado Sociedad alemana para el fomento de la Protección de las Inversiones Extranjeras. El entonces presidente del Banco Mundial, Eugene Black condenó “la actitud hostil, tanto de los gobiernos como de los pueblos, hacia el ánimo de lucro”, afirmando que lo que debía de hacerse, por el contrario, era “cortejar” a las empresas. “Lo que esto significa, para no andarnos con rodeos, es dar a los inversores extranjeros una oportunidad justa de obtener beneficios atractivos”. Era una carta magna capitalista secreta.
La falta de transparencia era, según los profesionales del sector, una característica bien conocida y uno de los atractivos de este sistema jurídico. El arbitraje ofrece mayor privacidad y confidencialidad que un juicio (que suele ser público).
Los habitantes de ciudades que habían privatizado los servicios energéticos antes en manos públicas estaban ahora “interesados en el suministro local de energía, lo que va en contra de las grandes empresas centralizadas y orientadas a la obtención de grandes beneficios”. La privatización creó gran malestar debido a los costes y la calidad del servicio.
Bienestar corporativo
Las ayudas son “dinero para ayudar a los más pobres del mundo”, se repite a los ciudadanos que son quienes pagan las facturas. La verdad es que sólo una pequeña parte de las ayudas se transfiere directamente a los gobiernos o grupos locales de los países pobres. En lugar de ello, la mayor parte se traslada muy lentamente, pasando a veces por largas cadenas de contratas y subcontratas. Sin garantías de que llegue a los países a los que supuestamente están destinadas. Los gobiernos donantes a veces “conceden ayudas” en forma de préstamos que deben sere devueltos con intereses (ganando así dinero con ellos). Han contabilizado el “alivio de deuda” como ayudas, aunque solo se tratase de la cancelación de una deuda o la restructuración de la misma, no de nuevos flujos de efectivo. “Apoyo presupuestario” es el término técnico para la ayuda entregada directamente a gobiernos de países pobres para ser gestionada por ellos mismos. Fue de 9.500 millones de dólares en 2014, menos del 6% del gasto mundial total en ayuda exterior ese año (165.000 millones de dólares). La mayor parte del resto se canaliza através de una red de agencias internacionales, ONG y contratistas y subcontratistas con ánimo de lucro. Gran parte se utiliza para comprar bienes o servicios a empresas con sede en países ricos, no pobres. Para las empresas del sector, una crisis humanitaria es una oportuni9dad, y la ayuda al desarrollo una fuente de ingresos constante y fiable.
La ayuda al desarrollo satisface el afán de lucro de las empresas de los países ricos como reino Unido y EEUU y a esto lo llaman “desarrollo” de los países pobres.
Se quiere proporcionar ayuda eficaz, hay que enfocar el desarrollo como un negocio. De cada centavo hay que asegurarse que se obtenga el máximo rendimiento, tanto para los contribuyentes estadounidenses que nos han confiado sus impuestos como para los países con los que se colabora”.
“Las ONG, como muchas otras instituciones y empresas, también muestran una tendencia a medir su éxito e influencia en términos de tamaño e ingresos”, es decir, a pensar como empresas en lugar de priorizar exclusivamente sus objetivos sociales. Una de las consecuencias fue su recurso al dinero corporativo. Muchas multinacionales se han implicado para “combatir la percepción de que son despiadadas”.
En África, Asia, Europa del Este y América Latina la “financiación para el desarrollo” se utilizaba para hoteles y complejos comerciales de lujo, empresas sanitarias privadas que trataban a las elites y cadenas multinacionales de supermercados con un historial polémico en cuanto a condiciones laborales y derechos de los trabajadores.
Las instituciones internacionales de ayuda fueron concebidas por individuos procedentes de la elite política y empresarial estadounidense como un poder blando que actuara de antídoto contra la expansión del comunismo. Sin embargo, tras la caída del comunismo, sus inversiones aumentaron por todo el mundo incluidos los antiguos países soviéticos. Para esos últimos países se creó el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en 1991 por los mismos poderosos gobiernos occidentales. Su objetivo fundacional: ayudar a los antiguos países soviéticos a desarrollar un nuevo sector privado, a desarrollar economías capitalistas. Ofrecía financiación a bancos y empresas, incluidas multinacionales, que quisieran expandirse por la región. Fomentaba, asimismo, la privatización de empresas estatales. Fue criticado por daños medioambientales y sociales.
El sistema internacional de cooperación y desarrollo es un “sistema de bienestar global que resulta que trabaja justamente para los que no lo necesitan”. “Por otro lado, no deja de resultar extraño que los capitalistas, a quienes siempre se les llena la boca hablando de la competencia y los riesgos que asumen, tengan este sistema para amortiguar sus caídas”.
Utopías corporativas
En los últimos 50 años, más de la mitad de los países del mundo han creado zonas económicas especiales(ZEE). La Organización Internacional del Trabajo(OIT) calculó que más de 66 millones de personas, en su mayoría mujeres y pobres, trabajaban en las más de 3.500 zonas de este tipo que había en todo el mundo. Para atraer a los inversores, se ofrecían “incentivos especiales”, como infraestructuras y servicios de primera clase, exenciones de impuestos o desregulaciones. Lo que estos lugares tienen en común es el blindaje efectivo del capital frente a las sociedades y democracias en las que operan, aunque a menudo lo hacen bajo la promesa de que ello contribuirá a impulsar el “desarrollo”. Los campesinos dueños del terreno habían sido reasentados perdiendo su forma de vida y no siendo indemnizados. Para atraer inversiones se entraba por los países pobres en el sistema jurídico internacional lo que perjudicaba la democracia al reforzar los derechos de los inversores extranjeros e imponer nuevas obligaciones al Estado para protegerlos.
Las ZEE difieren entre si en sus detalles, aunque suelen consistir en “eliminar o modificar la aplicación de la legislación nacional en zonas geográficas definidas”. Los sindicatos señalan que estas zonas son como limbos, fuera del ámbito de las relaciones laborales habituales, un síntoma de esa competencia a la baja de la economía mundial. La existencia de un mosaico mundial de espacios como estos implica que, tan pronto como la mano de obra de una zona se movilice y exije mejores salarios o condiciones, las empresas podrán marcharse y trasladarse a otra. Mientras que son los gobiernos los que aprueban leyes, ceden territorios y ofrecen “incentivos” a los inversores que se instalan en dichas zonas, un número cada vez mayor de ZEE son de propiedad y gestión privadas. Su creación se había convertido en un negocio en si mismo. En general, están “bajo regulaciones diferentes a las del territorio “normal” de un país, hasta el punto de que pueden tener su propia policía y contar con competencias considerables. “Es un asunto muy grave que las empresas puedan blindarse frente a las democracias dentro de zonas como estas. Es mucho más grave, además, si estos lugares se convierten en ejemplos para países enteros. Ya no se trataría de excepciones, sino de la regla s a seguir”.
En 1959 se creó la zona franca de Shannon, en Irlanda y ofrecer a los inversores extranjeros una exención frente a normativas e impuestos si se trasladaban allá, creaban nuevos puestos de trabajo y ayudaban a evitar la extinción de la ciudad. A cambio de establecerse en la zona, los inversores extranjeros recibieron ventajas como exenciones fiscales especiales, reducciones arancelarias y subvenciones para la investigación. Serviría para inspirar a cada vez más países, empresas e instituciones internacionales en la creación de zonas similares por todo el mundo. Uno de los reclamos de estas zonas era la posibilidad de probar políticas localmente antes de expandirlas a todo un país: “Digamos que se quiere probar algo en un país en desarrollo, que se quiere introducir nuevas formas de hacer negocios… Tener una zona, un área delimitada y apartada del resto de la economía donde se puedan probar nuevos enfoques es parte de lo que hace que funcione”. Luego las ventajas de la ZEE se extendieron a todo el país gaélico.
Algunas de las otras “ZEE primigenias”, como las que se crearon en Filipinas en las décadas de 1960 y 1970, eran casi” como campos de trabajos forzados. TRaías a los trabajadores, los alojabas en barracones, los exprimías, los largabas y te hacías con otros nuevos. Y luego, si el coste del negocio resultaba demasiado alto o se volvía problemático (si había protestas o algo así), simplemente hacías las maletas y te ibas a otro sitio”.
Las decenas de miles de fábricas de la zona china de Shenzen producían iPhones, ropa y otros productos para su exportación a todo el mundo. Además, ahora era también una ostentosa megalópolis con una capacidad de producción económica a la altura de países concretos. En la década de 2000, Shenzen instaló 200.000 cámaras de circuito cerrado en espacios públicos como prueba para el programa chino Escudo de Oro, un proyecto destinado a crear una enorme base de datos que correlacionaría las imagenes de video con los datos biométricos de los teléfonos móviles y los documentos nacionales de identidad obligatorios. Oficialmente, el sistema se usaba para luchar contra la delincuencia, pero podía utilizarse para aumentar el control en mo0mentos de descontento social. Una empresa local ya había desarrollado un número inusual de personas empezara a reunirse en cualquier lugar específicos”. A pesar de los altos niveles de vigilancia, se había producido un creciente número de protestas obreras, tanto en Shenzen como en el resto de China. Algunas de estas protestas estaban relacionadas con las condiciones laborales, aunque otras se debian al cierre de fábricas, y en ellas los trabajadores acusaban a sus jefes de haberles estafado en el pago de indemnizaciones y seguros sociales. A veces los trabajadores protestaban para conseguir ayuda del Estado.
En 1980, Deng Xiaoping inauguró la ZEE de Shenzen. En aquellos primeros días era un pequeño terreno en un área por lo demás dedicada a la agricultura rural y la pesca. Para atraer a los inversores extranjeros, el gobierno le concedió la facultad de poner sus propios impuestos y establecer los incentivos empresariales que considerase. Pero tenían algo más que ofrecer a las empresas: la mano de obra de millones de emigrantes rurales. El sistema chino “hukou” de registro de hogares, introducido a finales de la década de 1950 para controlar la migración a las ciudades, cercenó gravemente los derechos de estos emigrantes. Vinculaba su acceso a los servicios –incluida la sanidad y la educación- a su lugar de residencia permanente (que era difícil de cambiar). Los trabajadores inmigrantes podían obtener permisos de residencia temporales, pero estos vinculaban su estatus y sus derechos a sus empleadores. A los jefes de algunas fábricas se les habían ocurrido nuevas estrateias para apretarles las tuercas todavía más: exigir a los trabajadores el pago de “fianzas de seguridad”, por ejemplo, o confiscarles sus documentos de identidad. Además, muchos trabajadores vivían en residencias de la fábrica, por lo que, en su caso, perder el empleo significaba quedarse en la calle. En la década de 1990 y principios de la del 2000, Shenzen se convirtió casi en sinónimo de “explotación globalizada”, con noticias de trabajadores con jornadas increíblemente largas en fábricas peligrosas. Los salarios no eran necesariamente más bajos dentro de la ZEE, pero las condiciones a menudo eran nefastas. Las horas extraordinarias obligatorias y no remuneradas eran la norma. Los accidentes laborales dejaron sus secuelas en mucha gente. El sistema “hukou” hacía más dificil la lucha de los trabajadores. En parte se reformó en 2003 pero sólo cambió hasta cierto punto. Los trabajadores migrantes seguían sin tener los mismos derechos que los locales y podían seguir experimentando dificultades para acceder a ciertos servicios. Mientras tanto, los trabajadores de Shenzen también afrontaron nuevos retos cuando la ciudad trató de aplicar un agresivo plan de “modernización” encaminado a la tecnología y las finanzas con un mensaje claro: ya no os necesitamos. Eso era Shenzen 2.0: un centro financiero en el que los muchos trabajadores migrantes, pasada la época en que fueron útiles al sistema, se ven expulsados del lugar que habían ayudado a construir. “Es difícil encontrar otro trabajo. En esta zona no abren fábricas nuevas. Están sustituyendo fábricas por oficinas. La vida como trabajador migrante en esta ciudad está cada vez más difícil, por eso mucha gente se marcha”. En 2015 China fue felicitada internacionalmente por “sacar de la pobreza” a casi 750 millones de personas desde 1990. La renta per cápita china se multiplicó por cinco entre 1990 y el 2000 pasando de 200 a 1000 dólares. En 2010 alcanzó los 5000 dólares, pasando a formar parte de los países de renta media. Muchos de los que salieron de la pobreza apenas superaban el umbral de la pobreza extrema( dos dólares al día). Además, la desigualdad aumentó drásticamente. Se había disparado el coste de la vida en esta metrópolis cada vez más ostentosa. Barrios enteros en los que habían vivido durante décadas estaban siendo demolidos. Muchos se quedaron sin hogar y sin trabajo cuando sus fábricas se trasladaron a otros países asiáticos o a provincias del interior, donde se pagaban salarios más bajos. El propósito inicial de esta zona había sido experimentar “ideas sobre el mercado, el trabajo y el capital, y utilizar esas ideas para influir en el resto del país”. Las políticas aplicadas en esta zona, como los contratos de corta duración y los salarios basados en el rendimiento, se fueron extendiendo al resto del país desde entonces. En el proceso, los problemas de Shenzen cambiaron. Ya no se trata “de cómo conseguir que entren en Shenzen todos los trabajadores que sea posible, sino, más bien, de cómo conseguir que salgan los trabajadores pocos cualificados que exigen salarios altos. Ese es el objetivo de la economía global: enfrentar a los países entre sí. Y la idea de las ZEE era permitir que los países tuvieran diferentes jurisdicciones, incluso dentro de sus propios marcos nacionales”.
Entretanto, la India, también fue pionera en otra forma de organización corporativa del territorio: ciudades totalmente privadas, comno Lavasa, la primera ciudad del país construída y gestionada integramente por una empresa, en las afueras de Mumbay. Lavasa fue un proyecto de 30000 mi8llones de dólares del multimillonario industrial Ajit Gulabchand. Se dijo que se basaría en los principios del “nuevo urbanismo”, un movimiento de diseño urbano enfocado en crear espacios vitales que se puedan recorrer caminando. Y con la peculiaridad de que el control lo tendría una empresa. En lugar de un alcalde, el consejo de Lavasa Corporation Limited (LCL) nombraría a un administrador municipal. “La compañía tiene derechos extraordinarios sobre casi todos los aspectos de la vida de los residentes”. Se reserva “el derecho a desalojar, cobrar impuestos, determinar el uso y el diseño del suelo, cambiar los ´´órganos de gobierno y modificar las normas, negando al mismo tiempo el derecho de las personas a oponerse a estos procesos”. El administrador municipal de Lavasa, Mukun Rathi, explicó que su modelo de gobierno casi totalitario no tendra que durar para siempre. “Esta empresa gestiona la ciudad de forma transitoria; con el tiempo deberá ser una ciudad demcrática. Pero no hasta que la ciudad se haya desarrollado”. Lavasa gozaría de lo que “falta claramente en la mayoría de las ciudades indias actuales”, como “suministro eléctrico ininterrumpido, Internet de alta velocidad, gobernanza digital, agua de grifo potable y una ciudad transitable en la que la necesidad de coches sea mínima”. Pero resulta evidente que apenas una minoría podría beneficiarse de ello. El precio de ventaa de los apartamentos más baratos oscilaba entre 17.000 y 36.000 dólares, mientras que el salario mínimo apenas superaba los dos dòlares al día. Dado que la urbanización también iba a necesitar gente para trabajar en sus escuelas y comercios, por ejemplo, había planes para construir viviendas más baratas.
En vietnam, la energía de la zona de Hanoi era lo que hacía atractiva la ciudad para muchos turistas internacionales. Pero también era lo que había hecho huir a muchos residentes de clase alta. Se habían ido construyendo alrededor de Hanoi cada vez más urbanizaciones privadas, en ocasiones gigantescas, que ocupaban campos y arrozales. Estas urbanizaciones, con sus altos muros y seguridad privada 24 horas, van separando de forma muy clara y poco elegante a los ricos de los vendedores ambulantes, el tráfico y la contaminación. Muchas de ellas anunciaban específicamente un aire y un entorno más limpios tras sus muros, prometiendo oasis verdes para los pocos que pueden permitirse vivir allí. Parecía diseñado para que los residentes apenas tuvieran que interactuar con el resto del mundo. Hay 35 “nuevas zonas urbanas” ya terminadas en Hanoi, y hasta 200 más proyectadas. Esta explosión urbanística se vio impulsada por dos leyes clave: una nueva ley del suelo en 2003 y un decreto en 2007 que transfería a las autoridades locales la potestad de calificar terrenos (antes, esas decisiones las tomaba el primer ministro). Más tarde, Vietnam también relajó las antiguas restricciones a la propiedad por parte de extranjeros, lo que impulsó aún más estas tendencias. El frenesí urbanístico ha provocado “protestas en todo el país en los últimos años”. Los desplazados saben cuánto vale su tierra y que sin ella tendrán muy pocas oportunidades. “No consiguen trabajo en urbanizaciones. No están pensadas para generar empleo más allá del servicio doméstico, trabajando como asistentas del hogar, que no es lo que la mayoría de las locales quieren para sí mismos ni para sus hijos”.
En el sudeste de EEUU, en Florida, se ha convertido en una especie de laboratorio de ambiciosos y, a veces, surrealistas megaproyectos. Entre ellos, Celebration, una ciudad insólita creada por Walt Disney cCmpany cerca de su parque temático. Durante años Disney conservó la propiedad de los terrenos del centro de la ciudad y del campo de golf, aunque en la actualidad ya los habían vendido a inversores privados. Lo que quedaba era una extraña maqueta a escala real de una pequeña ciudad estadounidense “perfecta”. Detrás de otro proyecto estaba un empresario de Utah que había hecho fortuna en el sector energético. NewVistas era el nombre del proyecto para construir varias ciudades nuevas. Se vendía como un proyecto futurista que ofrecería un nuevo “modelo urbano y un sistema económico para el siglo XXI”. Planos detallados mostraban edificios de tres plantas “de apartamentos estándar” -con paredes internas y suelos desplazables mediante sistemas robóticos, de modo que la gente pueda vivir en espacios pequeños y fácilmente reorganizables-, así como comercios y algunas explotaciones agrícolas y manufacturreras, todo ello ubicado en un mismo lugar. Sistemas de «pasarelas y túneles” (aceras elevadas y túneles subterráneos)servirían para el transporte de personas y mercancías. Retretes innovadores se encargarían de monitorizar la salud de sxs usuarios. Se preveía que cada New Vista completa albergara hasta un millón de habitantes repartidos en 50 unidades comunitarias, que a su vez contarían con una población de 15.000 a 25.000 habitantes cada una. Iban a estar “organizadas según una estructura económica capitalista privada. La comunidad no es una entidad política, sino una empresa productiva, como una ciudad-empresa». Una corporación controlaría aspectos como “el uso del suelo, el transporte y el entorno de la comunidad, que suelen ser competencia del gobierno. Pero otros habitantes de la región “queremos proteger nuestro futuro, mantener nuestro estilo de vida y nuestras comunidades”. La alianza para las Comunidades de Vermont, un nuevo grupo formado por residentes opuestos a los planes de Hall y a todo proyecto futuro similar a gran escala. Critican la estructura corporativa prevista que califican de experimento “orwelliano” diseñado para “mantenerse por su cuenta como ciudad corporativa aislada”. En 2021 se abandonó el proyecto y la zona.
