Guatemala está atravesando una crisis democrática sin precedentes en su historia moderna.

Para entender el país en su pasado reciente, se tiene que tener en cuenta la guerra que se vivió durante el siglo pasado (1960-1996): la segunda guerra civil más larga del continente, consecuencia directa de la intervención que el gobierno de los EEUU, a través de la CIA, ejecutó en el año 1954 y derrocó el intento democrático que los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz estaban construyendo en el país en la década de 1944 a 1954. Esta guerra civil, luego de la colombiana que aún está vigente, ha sido de las más largas y cruentas en el hemisferio occidental, y estuvo marcada por el genocidio de los años ochenta, las dictaduras militares y la barbarie.

Luego de la firma de la paz en el 96, se intentó construir un andamiaje legal y desde el Estado para la edificación de una “democracia” que incluyera a todos los pueblos en Guatemala. Pero ese proceso fue truncado por la élite guatemalteca, una de las más violentas y rancias del continente. A través de sus caporales (la clase política), hicieron todo lo posible para que el pacto social firmado en los Acuerdos de Paz (ADP) nunca cobrara vigencia. Se intentó, mediante una consulta popular en 1999, llevar a cabo una modificación de la Constitución Política de la República para robustecer los ADP, pero esto no sucedió y la guerra continuó. Ya no declarada si no en forma de guerra de baja intensidad, como diría Noam Chomsky, maras (pandillas) y narcotráfico serían la norma en los siguientes años.

Narcotráfico, élites oligárquicas, iglesias protestantes y demás sectores conservadores del país mantuvieron el statu quo para que el saqueo del Estado fuese la norma en la política guatemalteca

Esta fue la norma durante los últimos tiempos, desde 1996 hasta el presente: narcotráfico, élites oligárquicas, iglesias protestantes y demás sectores conservadores del país mantuvieron el statu quo para que el saqueo del Estado fuese la norma en la política guatemalteca. Pero una sorpresa, el pasado 25 de junio, sorprendió a las y los guatemaltecos que vivieron la jornada electoral.

Un país presidencialista que ha elegido para el balotaje del 20 de agosto a dos políticos. Por un lado, Sandra Torres, con el 17,7% de los votos, una mujer que por tercera ocasión intenta llegar al poder ejecutivo y que además ya cogobernó en los años 2008-2012 durante el gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom. Por otro, con el 11,8% de los sufragios, Bernardo Arévalo, político hijo de Juan José Arévalo, primer presidente de la Revolución Guatemalteca (1944-1954), de centro-izquierda y que representa al Movimiento Semilla, un partido relativamente nuevo, que surgió durante las protestas masivas de 2015 en contra de la corrupción sistemática y la impunidad imperante en el país.

Guatemala se enfrenta ante dos caminos: el camino de la continuidad de la corrupción y la tiranía o el camino de un gobierno democrático

Pero ese balotaje se encuentra en el limbo debido a que la Corte Constitucional ha ordenado al Tribunal Electoral que no oficialice los datos de las elecciones pasadas. Esto se debe a que las mafias incrustadas en el Estado han colocado un sinnúmero de argucias legales que retrasan el proceso electoral —que la gente está defendiendo a capa y espada—, para que el fraude electoral o golpe de Estado, como algunos intelectuales le nombran, cuaje en el país centroamericano y la incertidumbre legal se haga norma, para continuar con el gobierno autoritario de Alejandro Giammattei y que este se perpetúe.

Guatemala se enfrenta así ante dos caminos: el camino de la continuidad de la corrupción y la tiranía o el camino de un gobierno democrático. Eso dependerá de lo que hagan las y los guatemaltecos en los próximos días ante la grave crisis democrática que está viviendo el país.