Juan García Oliver y la CAP en el asalto a los Escolapios de Barcelona (setiembre de 1937)

 

Agustin Guillamon

Historiador, escritor, editor de larevista Balarde

 

El Sindicato del Transporte, en el verano de 1937, impulsó en Barcelona una huelga general, como único medio digno de enfrentarse a la represión estalinista en auge.

El Sindicato de Alimentación, sito en los Escolapios, había anunciado que no permitiría el registro del edificio por la policía.

García Oliver discurseó que era urgente acabar con cualquier discrepancia en el movimiento libertario. El 20 de setiembre el Comité Regional desautorizó la resistencia y permitió el asalto del local. Lo único importante era que los comités superiores no fueran desbordados, como ya había sucedido en mayo de 1937. García Oliver repitió como bombero.

 

Julián Merino y el sindicato del Transporte en el verano de 1937

El 10 de agosto de 1937, por la mañana, se celebró una reunión extraordinaria de los comités superiores cenetistas, convocada por el Comité Regional (CR). Se inició con el exhorto del secretario regional, Doménech, al Sindicato del Transporte, «para que cesen en su pretensión de hacer frente a la Policía, cuando ésta pretenda hacer un registro en el Sindicato, con todas las armas disponibles». Doménech planteó a los reunidos que sólo había «dos recursos»: que los demás sindicatos secundaran la actitud del Sindicato del Transporte o que Transporte se vea abandonada y aislada por el resto de Sindicatos, «y por lo tanto al margen de la Organización».

Más que una alternativa era una amenaza del secretario regional, mientras Transporte apostaba por una huelga general contra la represión estalinista.

El secretario de la Junta del Sindicato del Transporte (probablemente Merino) respondió que el provocador no era Transporte sino «nuestros enemigos». Y continuó, entre el reproche y la reflexión: «Vamos dejando jirones de nuestras conquistas. Hemos perdido casi todos los centros de producción que habíamos conquistado al calor de la revolución. Cedimos dos garajes a la policía, y éstos se comprometieron a pagar a los empleados de los mismos; y no los pagaron ni los pagan», continuando con una inacabable retahíla de agravios y desmanes, para afirmar finalmente que la militancia cenetista, harta, decidió, por mayoría, defenderse antes de que ya no pudiera hacerlo. La Junta sólo se limitaba a poner en acto tales acuerdos. Doménech argumentó, en un largo discurso, que era necesario llevar a cabo una «actuación pertinente y tenaz» de largo recorrido, pero que no se podía ir a un enfrentamiento localizado y concreto, de carácter inmediato.

Xena denunció que, ayer, el Sindicato del Transporte «ya estaba preparado para impedir con las armas la entrada de los guardias para hacer un registro, y que los grupos y barriadas ya estaban sabedores de esta actitud, y también estaban preparadas para solidarizarse a este movimiento de grandes vuelos. Cosa que antes de preparar este movimiento deberían de haber dado conocimiento al Comité de Enlace, que es quien ha de controlar todos estos movimientos cuando sean necesarios».

Se trataba de una auténtica insurrección obrera, promovida por la negativa del Sindicato del Transporte a someterse a un humillante registro policial. La solidaridad combatiente de los comités de defensa de los barrios y de los grupos anarquistas de Barcelona era inmediata e incondicional; la del resto de sindicatos cenetistas muy probable. El Comité de Enlace se presentaba como un dique insuficiente, que no impediría que los comités superiores volvieran a ser desbordados, como ya había sucedido en mayo.

García Oliver pronunció un largo discurso intimidatorio y amenazante: «que siempre  deberíamos de calcular el alcance de nuestras palabras y actuaciones», que en el frente se fusilaba por mucho menos. Calificó indirectamente al Sindicato del Transporte de traidor: «el que impulsa estos movimientos es un traidor, y si son diez los que lo propugnan son diez  traidores». Amenazó que «si nos lanzáramos a la calle y perdiéramos; nuestra pérdida sería la venta más grande que ha habido». Replicó a sus posibles detractores en la reunión: «los que nos presentáis como reformistas, no somos menos revolucionarios que los demás. Si las cosas son tal como las ha denunciado el compañero Xena, seguramente serían necesarios Tribunales Populares, para castigar a los impulsivos».

Se generalizó el barullo y una agria polémica, «dando la sensación final» de que el Sindicato del Transporte no parecía dispuesto a deponer su actitud. Doménech y otros dirigentes confiaban convencerlos «en la reunión de Juntas que habrá por la tarde».

Los métodos burocráticos eran apabullantes. Los comités superiores tenían recursos múltiples para controlar a la militancia confederal. Y todo se hacía para complacer y servir a la policía, con el fin de permitirle unos registros degradantes e innecesarios, sin más razón que la lógica del poder burgués. Por el contrario, Julián Merino y el Sindicato del Transporte estaban impulsando una huelga general insurreccional, que ya parecía imparable. Insurrección que intentaba enfrentarse a la represiva gestión estalinista del orden público y su ofensiva antisindical.

No se admiten discrepancias

El 17 de septiembre de 1937 se reunió en Valencia un trascendental Pleno Nacional del Movimiento Libertario CNT-FAI-FIJL. La guerra estaba en una situación crítica, y lo estaría aún más tras la inminente caída de Asturias.

Los comités superiores creían que era esencial la colaboración libertaria con los demás sectores antifascistas, pero previamente era urgente acabar con cualquier discrepancia en el seno del movimiento libertario.

Se aceptaba «la nacionalización de las industrias de guerra» y el fomento del cooperativismo como medio para acabar con el principal problema de la retaguardia: «la rapacidad de los especuladores». Era, en realidad, la renuncia absoluta a las colectivizaciones y socializaciones del verano de 1936.

La primera organización con la que debía pactarse era la UGT, para que se comprometiera junto con la CNT en «esta ordenación económica y en esta política de esfuerzo ilimitado y de sacrificio, que exigirán las necesidades de la guerra y el propio sentido revolucionario de los trabajadores». La guerra ya se había tragado a la revolución.

Se imponía una «política de guerra», fundamentada en una «economía dirigida a intensificar la producción» y una «resistencia heroica». Es decir, que, para ganar la guerra, los cenetistas debían aceptar la militarización del trabajo y de la vida cotidiana.

El 20 de septiembre Doménech, en representación del CR de Cataluña, aceptaba esos acuerdos. Ese mismo día se produjo la negativa del Comité de Defensa del barrio del Centro a que el edificio de los Escolapios, donde también tenían su sede diversos comités cenetistas y numerosas organizaciones libertarias, así como el poderoso Sindicato de la Alimentación, fuese inspeccionado por la policía.

El CR de Cataluña hizo de mediador entre asaltantes y sitiados, sin más objetivo que el de mantener la unidad antifascista a cualquier precio. Prometió a los sitiados que serían conducidos a Jefatura, donde tras unos pocos días serían liberados sin cargos. Los sitiados en los Escolapios aceptaron cejar en su resistencia. Se detuvo a 25 cenetistas, a los que en diciembre se les pedía pena de muerte. Habían sido sacrificados en el altar de la unidad antifascista.

El llamamiento del Pleno era un documento terrible, en el que los comités superiores del movimiento libertario aceptaban la militarización de los sindicatos, comprometían al anarcosindicalismo en una férrea y disciplinada unidad antifascista, y renunciaban «a todo», sin más objetivo que el de ganar la guerra. La aceptación de esa militarización en todos los campos, desde el económico al político y social, por los comités superiores, auguraba su rechazo por la militancia confederal. Por eso, ya se había previsto castigar duramente cualquier discrepancia interior. La Comisión Asesora Política (CAP), liderada por Juan García Oliver, estaba preparada para ejecutar la represión que fuera necesaria para acallar a los incontrolados de siempre. Su principal objetivo era el de evitar ser desbordados, como había sucedido en mayo.

El lunes 20 de septiembre, por la mañana, se reunieron los comités superiores libertarios, concluyendo que el CR no podía diferir del Nacional, y que, por lo tanto, no se podía «tomar ninguna medida violenta en estos momentos », razón por la cual «los compañeros afectados deben cesar en su actitud intransigente».

Juan García Oliver, que entró en ese momento en la reunión, recabó que todos los delegados cumpliesen los acuerdos de la Organización. Se levantó la reunión, pachttptando antes publicar una nota que, en síntesis, dijera: «La Organización desautoriza a quien obre por su cuenta y cree que solamente hay que atenerse a los acuerdos y que se cree con derecho a sancionar a los que pasen por encima de ellos». Se convino, además, que el CR permaneciese reunido permanentemente.

Humor versus represión

El martes, 21 de septiembre, se repartió por las calles de Barcelona una agria octavilla, que explicaba los sucesos del asalto de los Escolapios desde un punto de vista satírico, muy insultante con los comités superiores libertarios:

«Parte diario de Retaguardia. Sin que el enemigo (el Sindicato de la Alimentación de la CNT) disparara un solo tiro, fue tomada y asaltada, después de nutrido fuego de fusilería,  ametralladoras, morteros y bombas de mano, por parte de nuestras fuerzas de asalto, La Ermita de San Antonio, de esta ciudad, antiguo edificio de los Escolapios, sito en lo que fue antes Ronda de San Pablo.

Barcelona, 20 de septiembre de 1937.

El General Bum-Bum.

Nota: La CNT no picó a nuestra nueva provocación, fue una verdadera lástima que se comportara como una Organización eminentemente antifascista, la prueba está en que se hizo suya la célebre frase popular: ¡¡El valor que se ha de tener para dejarse pegar!!».

La octavilla, que simulaba un parte de guerra de las fuerzas de asalto, presentaba irónicamente como enemigo de guerra al Sindicato de la Alimentación que, en esos momentos, tenía su sede en los Escolapios, donde se alojaba además el Comité de Defensa del Barrio del Centro, que había tenido un papel muy destacado en las Jornadas de Mayo. Tanto el Comité de Defensa del Centro como el Sindicato de Alimentación tenían una gran relación de colaboración con Los Amigos de Durruti, sin que eso significase ninguna dirección ni dirigismo por parte de esa Agrupación.

La firma de la octavilla por el general Bum-Bum, el divertido general de la conocidísima canción infantil, ridiculizaba tanto la operación militar en sí misma, como a sus protagonistas: esas «felicitadísimas» fuerzas de Asalto que elogiaba la prensa. La conversión del edificio escolar y religioso en una ermita, dedicada a San Antonio, y el supuesto cambio de nombre de la Ronda de San Pablo se insertaban dentro del carácter paródico de la octavilla. Pero donde el sarcasmo de la octavilla adquiría tintes tragicómicos y lacerantes era en la nota final, cuando se glorificaba a los comités superiores de la CNT por su comportamiento antifascista, elogiando el increíble «valor» demostrado «al dejarse pegar», aunque quizás era más sangrante  reconocer que el valor del CR había consistido en dejar que pegaran a los militantes cenetistas, disidentes y revolucionarios, que resistían en el interior de los Escolapios.

El estilo de la octavilla tenía muchas semejanzas con el humor grueso del semanario humorístico Criticón, cuyo último número (el 18) había salido el 18 de septiembre de 1937.

 

Juan García Oliver lo volvió a hacer, otra vez

A las siete de la tarde se inició la sesión del Pleno de Grupos Anarquistas, que debatió la actitud a tomar «ante los últimos sucesos».

La Federación Local de Grupos Anarquistas expuso los motivos de convocatoria del pleno: «Nadie desconoce la intención de la Policía de verificar un registro en el Sindicato de Industrias Alimenticias».

La Organización, que tampoco ignoraba la inminencia de ese registro policial, intentó plazarlo, avisó que se preparasen para la visita y limpiaran el local, advertencias que no atendieron, ya fuera «por descuido o porque no quisieron hacerlo».

Prosiguió la Federación Local: «Todos sabéis el resto. En la madrugada de ayer se presentaron a la puerta del Sindicato, una sección de guardia de asalto, con la pretensión de llevar a cabo el registro». Los compañeros, que se encontraban dentro, manifestaron que «no podían dejarles entrar», porque no había ningún responsable. La policía se retiró para volver poco después «con la artillería y los tanques».

Mientras tanto, «se había nombrado una Comisión para que se entrevistara con el jefe de las fuerzas». Éste les concedió diez minutos «para que se rindieran», bajo amenaza de que «la aviación bombardearía el edificio».

La Comisión, nombrada por el CR cenetista, parlamentó con los compañeros de Alimentación, comunicándoles los acuerdos tomados por la Organización «en la reunión que habían celebrado aquel mismo día», que era la «de abandonar el local». Se explicaba que esta orden de desalojo obedecía «a acuerdos tomados en Plenos anteriores, en los que se había creído conveniente permitir que la policía hiciera registros, teniendo la precaución de desalojar los locales, para que no pudieran encontrar nada que comprometiera a la Organización».

La táctica anarcosindicalista consistía, pues, en permitir los registros policiales de todos sus locales, previa limpieza de cualquier material comprometedor. Resistencia nula ante la policía. Bastaba con algo de picaresca.

Ante tal situación, los compañeros de Alimentación decidieron entregarse, «logrando antes, huir los que más comprometida era su situación, pues entre ellos se encontraban algunos perseguidos de Mayo».

Julián Merino, secretario de la Federación Local de Grupos Anarquistas, mostró su disconformidad con la publicación de la nota, que informaba «que la Organización confederal no se hacía responsable de lo ocurrido, desautorizando todo acto de violencia y declarando al margen de ella, a cuantos se responsabilizaran con sus acuerdos».

La única cuestión discutida en este Pleno fue la nota, redactada por la CAP y aprobada por el CR de la CNT, en la que:

  1. La Organización desautorizaba a quien obrase por cuenta propia.
  2. Era necesario atenerse a los acuerdos del pleno del Movimiento Libertario del 17 de septiembre, que imponían la plena militarización de toda la vida social y política, incluidos los sindicatos, sin más objetivo que el de ganar la guerra al fascismo.

 

  1. Quienes no respetasen esos acuerdos serían sancionados y se les consideraría fuera de la Organización.

Esa nota desautorizaba, pues, al Comité de Defensa del barrio del Centro y al Sindicato de Alimentación, por haberse resistido al registro de madrugada, que la policía quiso efectuar en el edificio de los Escolapios.

El CR de la CNT no sólo no había apoyado o ayudado a los resistentes sitiados, sino que les incitó a entregarse sin ninguna garantía, salvo vanas promesas, y ahora, además, con esa nota les amenazaba con graves sanciones, que contemplaban la expulsión.

Los compañeros del Comité de Defensa del Centro y del Sindicato de Alimentación gozaban de un indudable prestigio entre la militancia confederal; su delito, faltar a la obediencia debida a los comités superiores.

La enormidad de los conceptos vertidos en esa nota de la CAP, y la gravedad de la represión interna contra los propios militantes cenetistas, eran de tal calibre que los comités de la FAI quisieron desmarcarse de forma leguleya del CR de la CNT.

Algunos de los grupos anarquistas que intervinieron en el Pleno hablaron, con mayor o menor claridad, unos con temor y otros como mal menor, de la posibilidad de una escisión en el movimiento libertario. Pero es que el asalto a los Escolapios había sido favorecido por la complicidad del CR. Juan García Oliver repitió, desde el poderosísimo instrumento de control en que se había convertido la CAP, su actuación como bombero: lo volvió a hacer, otra vez, como ya lo había hecho em mayo de 1937.

Extraído de la revista Libre Pensamiento Nº 104

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